PROGRAMA
VERDAD Y JUSTICIA / IMPUNIDAD GERONTOLÓGICA
Actualidad Viernes,
08 De Enero Del 2016
Presentamos hoy una
instrucción distribuida, en abril de 2015, entre jueces y fiscales federales
competentes en temáticas de lesa humanidad. Se trata, como puede observarse, de
un libelo que bajo el título de "Impunidad gerontológica",
ha sido editado por el Poder Ejecutivo Nacional, Ministerio de Justicia de la
Nación, Secretaría de Derechos Humanos e impulsado por el Ministerio Público
Fiscal.
Mientras se siguen
cerrando causas en donde los acusados eran terroristas, indemnizados
generosamente por el Estado Nacional en la década fenecida, en esferas
gubernamentales prolíficas en alabarse como cultores de los Derechos Humanos (y
también en Sueños Compartidos) ha existido un manifiesto afán por mantener en
prisión (existiendo opciones legales producidos por el propio gobierno de
entonces pero que aplica a capricho) a varios centenares de ancianos
minusválidos y afectados por toda suerte de patologías.
Esta paradojal
conducta se produce bajo la consigna de "dar
batalla (contra) lo que empieza a constituirse como un verdadero escenario de
lo que podría denominarse como impunidad gerontológica" (SIC, pág. 1,
col. 1ª in fine). En las líneas previas citadas, se califica el campo bélico.
Ello habla con claridad de una decisión del Ejecutivo en pro de imponer en la Justicia Federal una clara
opción por una primacía de la Venganza por sobre la Justicia. No se sabe de
esfuerzo semejante para impulsar la acción fiscal en otras áreas penales o
penitenciarias, magras por cierto en todo género de recursos.
Los frutos de esta
política estatal de perverso desquite, pueden apreciarse en el elevado número
de miembros de las Fuerzas Armadas y de Seguridad sobrevivientes en las
cárceles federales, en condiciones precarias, con elevado grado de sufrimiento
innecesario, todos ellos ancianos -algunos muy avanzados en edad y
minusválidos- debido a la negativa de aplicar la opción de la ley 24.660 que instituye
y perfecciona la figura de "prisión
domiciliar". La lista de fallecidos intramuros en estas condiciones
supera con holgura el tricentenar. Esta barbarie persiste al día de hoy y se
advierte en hechos judiciales innumerables, algunos ya denunciados en el orden
internacional. Sus ejecutores y encubridores persisten indemnes al día de hoy,
cobrando jugosas retribuciones estatales.
En este libelo, de
contenido claramente mediocre desde un punto de vista médico, es posible
apreciar la habitual manipulación conceptual que ha imperado en el reinado K -particularmente
en lo que hace a la temática de los Derechos Humanos y,
sobre todo, se torna innegable por su presentación, que la misma hiende
sus raíces en la cúspide del Poder Ejecutivo, e impulsa una "batalla" en pro de entronizar a la Venganza por sobre el deseo
de Justicia. La primera columna en efecto, define el resto del documento.
De su lectura es fácil deducir que la negativa al otorgamiento de toda
posibilidad de atenuación en la pena (en condenados por esta suerte de delitos)
o de mejoría en el estado de una prisión preventiva (para los procesados)
responde claramente a una Política
Persecutoria por parte del Estado Nacional, impulsada por la hoy muy
cuestionada procuradora fiscal G. Gils Carbó y sus fanáticos seguidores y
aplicada servilmente por magistrados obsecuentes y serviles. El fruto, es
el cercenamiento para esta suerte de detenidos, al debido acceso a la salud,
que protege nuestra Carta Magna y del que es único responsable el Estado Nacional.
De allí a una nueva modalidad de comisión de delitos de lesa humanidad por
promover y concretar a través de un trato inhumano, degradante y cruel a los
detenidos discriminados por considerárselos autores de igual delitos, solo
media una franja imaginaria.
La importancia
otorgada a tal libelo adquiere un resalto notorio, si se advierte que no surgen
a la vista -o al menos no han requerido tanto esfuerzo editorial por parte de
este sector del Estado- instructorios reflejando esfuerzos similares para "dar batalla" en otros campos
criminales crecientes en forma exponencial (narcotráfico, corrupción, blanqueo
de capitales, secuestros extorsivos, etc…), ciertamente actuales, y no
producidos en la década del setenta, o sea más de cuarenta años atrás.
La pre referida
incitación cuasi panfletaria, ha creado el riesgo, lamentablemente ya no
potencial si no también concretado de inducir a que no pocos médicos y funcionarios,
dificulten al máximo -cuando no obstruyan- en "determinados" casos -lo cual es claramente violatorio de
principios constitucionales-, la aplicación de figuras morigeradoras
penitenciarias -como lo es la detención domiciliaria- sancionadas precisamente
por el propio Gobierno nacional, como se dijera de suso (ley 26.472 mod. Ley
24.660).
El resultado de ello
se traduce en dictámenes híbridos que no exponen al HT todo aquello que debería
conocer sobre el estado real de detenidos mayores, ancianos, minusválidos,
crónicos y expuestos -cuando se los mantiene en prisión- a situaciones de
riesgo grave para salud y vida, a los que se evalúa como si se tratase de
ciudadano fuera de prisión, cuando no denegando respuestas acerca de estados
institucionales que conoce cualquier ciudadano o conocedor especializado en
medicina legal y criminología. Así, no pocas respuestas a preguntas periciales,
reiteran pronunciamientos superficiales de algunos profesionales acerca de las
cualidades de los servicios médicos que se brindan intramuros, siendo ya de
público y notorio que se ha removido y/o, trasladado en los últimos tiempos a
no pocos profesionales médicos que defendiendo su juramento hipocrático, han
brindado información no acorde con lo deseado por algunos integrantes de la
Justicia.
Incita de tal modo el
libelo supra comentado, a dar batalla contra la impunidad gerontológica,
reservada en forma exclusiva a los delitos de lesa humanidad, pero ignorando
por completo principios constitucionales básicos de DDHH para detenidos, como
lo son: la no discriminación en la aplicación de penas, la obligación de elegir
al aplicarlas al menor grado posible de sufrimiento existiendo morigeraciones
legales y sobre todo el derecho de todo procesado o condenado a mantener su
salud.
Es hora ya de que
temas como los que hoy denunciamos sean debidamente investigados tanto en el ámbito
del Ejecutivo Nacional, como en el Poder Judicial, como en el área de la
Procuración Fiscal de la Nación. Se continúan dilapidando ingentes recursos en
mantener y hasta a incrementar una lucha contra autores de hechos acaecidos
hace más de 30 años y poco y nada se hace por combatir el delito, ayudar a la
víctimas e intentar recuperar a los presos comunes, en su mayoría también
víctimas de la droga o de la marginación en la que los ha sumido el denominado
RELATO de la década pasada.
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