El Gobierno dio
marcha atrás con una resolución del kirchnerismo. El argumento fue la falta de
equipamiento y personal especializado en cárceles
El gobierno de
Mauricio Macri removió una prohibición impuesta por el kirchnerismo y permitió que los militares presos por causas de violación a Derechos Humanos se atiendan en los hospitales de las
fuerzas. De esa manera, dio marcha atrás con la resolución adoptada por el
ex ministro Agustín Rossi, basada en el peligro de fuga de los condenados tras
un hecho ocurrido en 2013.
Entre los principales
argumentos figuran la falta de
equipamiento y personal especializado en las cárceles, además de una larga
lista de falencias observadas por la Procuración Penitenciaria de la Nación
titulada: "La situación de los
Derechos Humanos en las cárceles federales argentinas".
El ministro de Defensa,
Julio Martínez, modificó la resolución
N° 85 del 26 de julio de 2013 y estableció que se notifique "a los señores jefes del estado mayor
Conjunto, de los Estados Mayores de las Fuerzas Armadas, a los directores de
los hospitales dependientes del Sistema de Sanidad de las FFAA".
El prestador de
servicios médicos asistenciales de los uniformados es el Instituto de Obra
Social de las Fuerzas Armadas, "al
que por imperativo legal están afiliados los que las integran aún en estado de
retiro", establece la resolución.
Ese organismo tiene
en su estructura el Hospital Aeronáutico, el Hospital Naval Pedro Mallo y el
Hospital Militar Central Cosme Argerich, donde los militares presos asistían
para controles y tratamientos ambulatorios de casos complejos. No obstante, eso
fue dado por tierra por el kirchnerismo en 2013 cuando dos uniformados se
escaparon del Hospital Militar Central.
"Con
el propósito de impedir nuevos escapes en vez de corregir las deficiencias en el sistema de traslado de
internos que es el meollo del problema, se coartó el derecho a la
asistencia médica", dijo a en declaraciones
reproducidas por Ámbito Financiero un familiar de un ex militar, quien agregó: "Un preso podría escapar tanto si
concurre, por citar un ejemplo, al Hospital Posadas, a uno privado o uno
militar".
Los fundamentos de la
nueva norma de Defensa resaltaron "la
innegable obligación del Estado nacional de garantizar la salud psicofísica de las personas privadas de
libertad, mandato constitucional y consagrado por la Corte Interamericana de
los Derechos Humanos". "El deber del Estado de proporcionar la
atención médica adecuada e idónea a las personas bajo su custodia es aún mayor
en aquellos casos en que las lesiones o la afectación de la salud provengan de
enfermedades cuya falta de tratamiento puede ocasionar la muerte",
estableció.
"Los
cuadros clínicos y psiquiátricos que presentan los procesados y condenados no
pueden ser atendidos adecuadamente intramuros",
sostuvo en un párrafo la Procuración. "La
insuficiente dotación de los planteles profesionales, de enfermería y de
técnicos y la inadecuada formación profesional y humanística de muchos agentes
penitenciarios representan fundamentalmente el núcleo de la cuestión",
concluyó el organismo.
La Administración
Penitenciaria formuló el Plan Integral Estratégico de Salud 2010-2015 para
abordar el problema. No obstante, ese plan presenta "dificultad para su ejecución, y la imposibilidad para su
aplicación dadas las deficiencias operativas de la asistencia de la salud
dentro de las cárceles", resaltó el organismo.
El informe de la
Procuración fundamentó que "la
situación está corroborada por las opiniones de los responsables de múltiples
servicios de salud del SPF, quienes refieren la insuficiencia crónica del
recurso humano de salud, la desproporción en la relación numérica
internos/profesionales médicos. Ese plan es una muestra de la disociación entre
los proyectos o programas diseñados desde niveles jerárquicos basados en pautas
técnicas y la asistencia de salud en el campo y cotidiana". Por
último, informó que falta instrumental y equipamiento médico disponible para
las urgencias en el penal de Marcos Paz y otras cárceles.
LEER
RESOLUCIÓN PUBLICADA EN BOLETÍN OFICIAL:
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