16 de Septiembre 2011
Por Mauricio Ortin, profesor
de Filosofía (UNSa)
La Argentina no tiene
política de seguridad. Pero no es que no la tiene porque el Gobierno no quiera
tenerla. No la tiene porque Gobierno y oposición están presos de la
incoherencia de pensar como “progres”
y actuar como capitalistas. El marxismo militante, antes de la implosión y
derrumbe del mundo socialista, todavía creía que la revolución era posible.
Pero cayó el velo y la realidad ya no pudo ocultarse.
En la URSS, China,
Corea, Camboya, Alemania del Este, Polonia y demás países-prisiones comunistas,
dictaduras feroces y genocidas, redujeron a las personas a la condición de
esclavos. El terror estatal fue eficiente y la única política de seguridad. En
nombre del pueblo y la clase proletaria, el
comunismo asesinó a cien millones de personas y condenó a una vida miserable a
generaciones enteras.
En América Latina,
también el comunismo hizo su ensayo de tomar el poder (Fidel Castro,
públicamente, afirmó que, salvo en México, lo intentaron en todos los países). En el nuestro, en particular, ello tuvo
lugar en la década del 60 y, principalmente, en la del 70, cuando las
organizaciones armadas marxistas declararon e hicieron la guerra al Estado
nacional (conducido, por entonces, por el Partido Justicialista y sus aliados).
Son de Juan Domingo Perón las escalofriantes
palabras que siguen: “(...) el repudio unánime de la ciudadanía
hará que el reducido número de psicópatas que van quedando sea exterminado uno
a uno para bien de la República” (en una carta dirigida a los
oficiales, suboficiales y soldados de la Guarnición Azul que habían sido
atacados por el ERP).
También, por cadena
nacional (20/1/74) y vestido con su uniforme de general, manifestó: “Ya
no se trata de contiendas políticas parciales, sino de poner coto a la acción
criminal que atenta contra la existencia misma de la patria y sus
instituciones, y que es preciso destruir antes de que nuestra debilidad
produzca males que puedan llegar a ser irreparables en el futuro”.
Pero si alguna duda
quedaba, Perón se encargó de
disiparla designando jefe de la Policía Federal al comisario Alberto Villar (jefe de la Federal, durante el gobierno
de facto de Lanusse). Los
trascendidos periodísticos cuentan que Villar
no aceptó en la primera instancia. “No
soy peronista”, se justificó ante el presidente. A lo que Perón, hábilmente, respondió que lo
convocaba no por peronista, sino porque “la Patria lo necesita”. (El comisario Alberto Villar y su señora,
meses después, fueron asesinados cuando Montoneros
hizo volar la lancha en la que se desplazaban).
El Congreso Nacional no quiso ser menos.
Los mismos legisladores que meses atrás habían derogado las leyes del gobierno
militar contra los actos subversivos se disponían a aprobar otras mucho más
duras. Mas, estas, según parece, no bastaron; porque el gobierno justicialista
dio la orden y “carta blanca” a las
Fuerzas Armadas para que se hicieran cargo de aniquilar a la subversión[1].
Esto es,
técnicamente, sin dar cuenta a los jueces jurisdiccionales y/o a los
legisladores nacionales, de las acciones de combate, toma de prisioneros,
muertos, interrogatorios, etc., que surgían del estricto acatamiento de lo
ordenado en cuestión. Ninguna autoridad pública, magistrado, ministro o
parlamentario se opuso a la voluntad del gobierno peronista. Ni Eugenio Raúl Zaffaroni[2], quien
por ese entonces ya era juez y siguió siéndolo durante el gobierno militar.
Hoy, “otros gallos
cantan”. El Gobierno nacional peronista honra y enaltece a los que Perón
llamaba “psicópatas que hay que exterminar”, y condena, juzga y persigue a los
militares y policías a los que Perón, Isabel, Luder, Videla, Viola, Galtieri y
Bignone habían utilizado como exterminadores. El peronismo debiera hacer una
autocrítica severa sobre la responsabilidad que le cabe en la represión
terrorista y contraterrorista de los últimos cuarenta años. Porque, señores
peronistas, ustedes son cualquier cosa, menos víctimas.
NOTA: La presente nota fue escrita en 2011, sin embargo mantiene una vigencia aterradora. No aprendemos de nuestros errores, persistimos en ellos.
Las imágenes, destacados y referencias no corresponden a la nota original.
Las imágenes, destacados y referencias no corresponden a la nota original.
[1] Todas las declaraciones
altisonantes de los representantes del pueblo de esa época se encuentran
transcriptas en el libro de sesiones de la Cámara de Diputados.
[2] Siendo juez del Proceso de
Reorganización Nacional jamás cursó un habeas corpus. En 1976 Zaffaroni juró fidelidad a los objetivos
básicos y al estatuto del Proceso de
Reorganización Nacional. En su libro Derecho
Penal Militar, publicado en 1980, justificaba
la represión e inclusive “la muerte del delincuente”.
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