El Poder Judicial
argentino perdió completa objetividad con la ignorancia y parcialidad
demostradas en el juicio en Tucumán por el Operativo Independencia, cuando
desconoció la jerarquía y la responsabilidad del plano político del gobierno de
María Estela Martínez de Perón. La dirigencia política en 1975 firmó tres
decretos secretos con los que ordenó aniquilar a los elementos subversivos que
actuaban en territorio nacional. La semana pasada condenaron a miembros de las
Fuerzas Armadas que cumplieron esa orden, mientras que Isabel Perón nunca fue
citada a declarar. Por la Constitución nacional, ella fue la comandante en jefe
de las Fuerzas Armadas en tal período, por lo que es la primera responsable y
debería haber prestado testimonio. El gobierno de Macri se excusa de "los juicios de lesa humanidad"
diciendo que son competencia de la Justicia, pero se presenta como querellante
y trata de simpatizar con los organismos de DD.HH. que apañan la mentira que
existe en todo este negocio.
David
San Román
DNI 36.346.156
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