por Informador
Público • 02/11/2017
El gobierno estudia
una medida general que beneficiaría a todos los condenados, con o sin sentencia
firme, mayores de 70 años. Posteriormente se revisarían las causas.
Elisa Carrió dio el
primer aviso: “hay condenados por delitos de lesa humanidad que lo fueron sin
pruebas” dijo la diputada nacional, acostumbrada como está a patear
hormigueros.
¿Lo hizo por las
suyas?, ¿sabía Macri que su aliada iba a lanzar semejante bombazo? Esto se
preguntaban por estas horas no solamente muchos hombres del gobierno sino las
organizaciones defensoras de los derechos humanos que atisban en el horizonte
un escenario no deseado por ellas.
Muchas veces Carrió
habla sin consultar y en esas ocasiones suele despertar la furia del
presidente, aunque siempre logra que éste ponga en la balanza el precio de una
ruptura y opte por “tragarse el sapo”.
Pero no es este el caso…
Macri tiene en su
escritorio un proyecto trabajado por su Ministro de Justicia y que ya pasó por
las manos del titular de la Corte Ricardo Lorenzetti. En él se dispone otorgar
por razones humanitarias el arresto domiciliario a todos los procesados y
condenados en causas de lesa humanidad, aunque en el Palacio de Justicia se
afirma que este será solo un primer paso para la revisión de todas las
condenas.
Macri prefirió que
fuese Carrió quien hiciese en este caso de “punta
de lanza” ya que la pésima relación de la diputada con Lorenzetti lo
convencieron de pagar el costo de que el proyecto saliese del Ejecutivo -bien
pudo ser por una interpretación jurisprudencial del alto tribunal- y que no se
corriese el riesgo de un debate público entre los viejos enemigos.
¿Cómo sería entonces
el camino elegido? El Ministerio de
Justicia y Derechos Humanos solicitaría a la Corte un dictamen del nuevo
Procurador General de la Nación (quien suplante a la renunciada Gils Carbó)
acerca de la aplicación del derecho a prisión domiciliaria de los mayores de 70
años.
Lo que se ha acordado
es que ese dictamen sea favorable al otorgamiento del beneficio y que el máximo
órgano de justicia en la república aconseje a todos los jueces su aplicación,
inclusive en los casos de delitos de lesa humanidad.
La idea es que no más
allá de febrero de 2018 todos los detenidos vuelvan a sus casas y que a partir
de mayo, con otro dictamen del nuevo Procurador, se comience la revisión de cada causa para anular aquellas en las que
las pruebas presentadas eran insuficientes pero que en definitiva, y por
cuestiones que se presumen de presión política de la anterior administración,
terminaron en condena.
Parece que, fiel a su
costumbre, Argentina se dispone a escribir una vez más su propia historia.
NOTA:
Los destacados no corresponden a la nota original.
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