El país
mantiene una vieja deuda con quienes 43 años atrás defendieron el Regimiento de
Monte 29 y con otras víctimas de la acción terrorista
En ocasión de
cumplirse un nuevo aniversario del ataque terrorista al Regimiento de Infantería de Monte 29 de Formosa, en octubre de 1975, no podemos dejar de traer
a la memoria a aquellos diez[1] valientes soldados que, con no más de
20 años, defendieron con su vida el
cuartel en tiempos de democracia, ante un feroz ataque de Montoneros.
Sus familiares
cobran hoy una exigua pensión mensual de 4800 pesos, ejemplo de un sistema perverso que relega a las
víctimas y ensalza a los victimarios, como si la condición de víctima
admitiera escalafones o valoraciones morales diferentes.
El traidor Luis Roberto Mayol |
Partiendo de
la base de que hubo excesos y crímenes condenables en ambos bandos, los
tratamientos de unos y otros siguen siendo muy diferentes. Un ejemplo lo
constituye el soldado entregador y
militante del ejército montonero Luis
Roberto Mayol, quien traicionó a sus
compañeros y habilitó con su acción el copamiento del regimiento y el asesinato de 12 soldados, y que hoy es recordado con una placa en la Universidad
de Santa Fe como víctima del terrorismo de Estado. No es el caso de Hermindo Luna, valiente defensor de la
bandera argentina, que entregó su vida sin dudarlo. No hubo para él ningún
reconocimiento póstumo.
Distintas
leyes habilitaron además a los integrantes de las fuerzas terroristas que actuaron
durante la década del 70 a cobrar del Estado nacional indemnizaciones pecuniarias
compensatorias. Según cálculos extraoficiales, ya se habrían pagado indemnizaciones por unos 75.000 millones de pesos
a moneda de septiembre de 2018, esto es, el equivalente a unos 1700 millones de dólares. “Mentirás
tus muertos” es el título del documentado libro de José D'Angelo que trae luz sobre las listas falsamente armadas que
pretenden justificar estas asignaciones. Ante más de 13.000 reclamos, la industria de las indemnizaciones
favoreció a 7800, además de a inescrupulosos abogados y funcionarios.
Sin un mínimo de transparencia pública, la
ciudadanía no conoce los criterios utilizados para abonar aquellas
indemnizaciones ni los nombres de sus beneficiarios. Dado lo abultado de la cifra, sí puede inferirse que los controles no fueron
los adecuados y que las normas que rigieron y aún rigen al respecto deberían revisarse.
En tiempos de restricción de gastos, enoja saber que las flacas arcas del Estado
destinan mes tras mes fondos a estos fines alejados de toda razón de justicia,
retaceándolos de otros destinos mucho más necesarios y justificados.
Hablamos de información que, por su significación,
debería ser pública
ya que refiere a un capítulo de nuestra historia particularmente duro y
ciertamente muy penoso, caracterizado por conductas aberrantes que tendrían que
conocerse plenamente en todas sus aristas y consecuencias, para evitar su
repetición.
Los 1355 muertos y los 2735 heridos que han sido
víctimas de aquella violenta acción terrorista que atentaba contra las
instituciones de la república siguen al día de hoy totalmente ignorados. Lejos de los
cargos, de los jugosos subsidios e indemnizaciones, apartadas de la historia
por un relato tan parcial como falaz que prefirió ensalzar el "joven idealismo"
que cercenó miles de vidas, esas víctimas y sus familias transitan la
ignominia y el abandono. Como si no hubiera auténticos responsables de todas
esas dolorosas tragedias.
La presencia
del secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj , en Formosa el pasado
viernes, durante la conmemoración del ataque al Regimiento 29, merece celebrarse
y no nos sorprende, aunque cabe lamentar que sean algunas organizaciones de
derechos humanos las primeras en repudiar esas tan sanas como postergadas
manifestaciones.
Afortunadamente,
desde espacios como el Centro de
Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas (Celtyv)[2]
se trabaja para revertir este estado de cosas.
Pero no
alcanza con voces que parecen alzarse solas en el desierto; como sociedad debemos movilizarnos para
corregir estos groseros errores y omisiones que continuamos arrastrando desde
el pasado, pero que impactan en nuestro presente, en un clamor masivo que
demande cambios, haciendo honor a la
verdad, sin venganzas ni odio y solo con justicia.
NOTA: Las imágenes,
referencias y destacados no corresponden a la nota original.
[1] Durante este
violento hecho murieron doce integrantes del Ejército –en su mayoría soldados
que estaban realizando el servicio militar obligatorio–, doce integrantes de la
organización terrorista montoneros y un policía de la provincia.
[2] Es justo
reconocer también el trabajo incansable de Asociación
de Familiares y Amigos de Víctimas del Terrorismo en Argentina (AFaViTa),
ONG que hace muchos años trabaja por el reconocimiento de las víctimas
ignoradas y mencionadas en este editorial.
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