Estimados Amigos y
Camaradas:
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| Foto no actualizada de Gordillo |
En estos días a causa
de nuestra publicación del llamado Caso del Cnl (R) Roberto E.
Gordillo, hemos recibido comentarios y
preguntas de muchas personas que manifiestan su desconocimiento sobre la real y
triste situación que sufren nuestros camaradas y amigos injustamente detenidos
como Presos Políticos. No pueden
creer los que sus ojos leen, especialmente el informe de perito forense de la
Corte Suprema de Justicia de la Nación… no
es que no creen la noticia, no pueden creer que eso ocurra en democracia.
Para ser más exactos,
el día 27 de enero 2019, el diario La Nación publicó una
carta de Guillermo A.C. Ledesma.
¿Recuerdan quién es el autor? Fue uno de los jueces de la Cámara Federal Penal de la Capital Federal, que realizó el
histórico juicio a las Juntas Militares del PRN. Allí el Dr. Ledesma, manifiesta que "no solo se prosiguió con el juzgamiento de los miembros
de las Fuerzas Armadas y de seguridad, sino también con el de algunos civiles,
omitiendo la aplicación de garantías básicas del derecho constitucional, penal
y procesal que se reconocen, sin distinción, a todos los imputados de
delito" y también
explica claramente porque los mal
llamados juicios de lesa humanidad son inconstitucionales.
En ese mismo
documento, hace referencia a un artículo, publicado en el mismo diario el
16/01/2019, titulado, titulado “El
recurso jurídico de una sociedad avergonzada”.
El excelente análisis efectuado por Jaime
Malamud Goti, practica una encendida cuanto loable crítica a la última
sentencia de la CSJN sobre el tema de la aplicación del “2x1” a los condenados en esos “juicios
de lesa humanidad”. Además,
sostiene que “para
poder salir del círculo punitivista o de derecho penal del enemigo en el que
estamos inmersos es necesario confrontar primero nuestra vergüenza colectiva.
En todo caso, la vergüenza mayor que tenemos hoy en día como sociedad es la de
no querer respetar el Estado de Derecho al denegar garantías constitucionales y
penales básicas, como el principio de la ley más benigna y la irretroactividad
de la ley penal más gravosa" y
también que “la inculpación sostenida a
través del tiempo configura una actitud vindicativa que si bien satisface
nuestro deseo de combatir la impunidad, lo hace al precio de violar garantías
constitucionales básicas”.
Este académico merece
ser leído por su trayectoria como doctor en derecho de la U.B.A., profesor de
ética y derecho en la Universidad de San Andrés y director del Instituto de
Investigaciones “Carlos Nino”. Además fue asesor legal durante el gobierno del
presidente Alfonsín, uno de los principales arquitectos de los juicios a las
juntas militares y fue procurador de la CSJN para la transición democrática
después del último gobierno cívico-militar de facto. Escritor de numerosos
libros, en torno al proceso de transición argentino como Game without end,
state terror and the politics of justice; y Terror y justicia en la Argentina
(Ediciones de la Flor, 2000) y numerosos artículos. También ha sido profesor de
University of Arkansas, Es Consejero Académico de CADAL (CENTRO PARA LA
APERTURA Y EL DESARROLLO DEMOCRÁTICO DE AMÉRICA LATINA).
Es cierto que el
señor presidente de la Nación, Ing. Mauricio Macri, ha enfrentado numerosos
obstáculos para poder concretar el logro de sus tres (3) grandes objetivos
nacionales y una promesa de su campaña política, enunciados el mismo día de la
asunción de su primer período de gobierno… y también es cierto que en estos
días ha demostrado firmeza en el deseo
de enfrentar esos obstáculos, al decidir por decreto la aplicación de la ley de
“la extensión de dominio” que en la
cámara de senadores encuentra una resistencia inusitada…
Creemos que el
artículo del Dr. Malamud Goti, la carta del ex juez Ledesma y abundantes
denuncias contra las irregularidades que forzaron el juzgamiento de personas
que integraban las Fuerzas Legales que se enfrentaron a una guerra de
características inusuales (el caso del Coronel Gordillo es uno de los
paradigmas), debieran servir de argumento más que eficaz para contribuir a que
se puedan adoptar las medidas necesarias para poder cerrar un capítulo negro de
nuestra historia, que abarca al menos 2
períodos (1964 a 1983) y (2003 a 2019).
No desconocemos que
es una decisión que requiere de una gran valentía y que los sectores que desean
profundizar la grieta que separa a los argentinos aullarán como lobos
hambrientos, pero sin dudas esta podría
ser el punto de partida de una nueva oportunidad para un país en el que su
sociedad comience a demostrar que es capaz de contribuir a cimentar
la imprescindible seguridad jurídica.
“Como lo
muestra la historia, la vergüenza es muy mala consejera y lo único que hace es
que nos apartemos cada vez más de la democracia bajo el Estado de Derecho y su
correspondiente respeto por la dignidad humana, el camino que se supone
habíamos elegido retomar en 1983 para no abandonarlo jamás.”
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