Discriminan nuevamente a las Fuerzas Armadas

Desde estas páginas hace mucho que venimos insistiendo que en la República Argentina no se cumple el principio de la “ley igualitaria”, de la misma manera que venimos destacando la discriminación y plan sistemático de pasar al olvido a todas las víctimas del terrorismo en el país.

En su momento desde el Ministerio de Defensa empezó la desmantelación de las Fuerzas Armadas, hasta llegar a punto de la indefensión nacional, luego se inició la persecución por portación de apellido e inclusive religiosa al adoptar medidas que impidieron el ascenso de destacados oficiales que por ser el hijo o familiar de algún antiguo miembro de las FF.AA. o el caso de un Director de la Escuela Naval Militar que fue relevado del cargo por invitar a un hijo sacerdote a una ceremonia.

A esos atropellos se le sumaron la sanción, luego quitada, al señor Teniente Coronel Don Víctor Manuel Paz por rendir homenaje a héroes de la Guerra de Malvinas, siendo finalmente relevado de su cargo y pasado a disponibilidad, casi simultáneamente el presidente del consejo deliberante del Partido General Pueyrredón –Mar del Plata- dispuso el retiro de la foto que recordaba al heroico primer caído en la Operación Rosario, el señor Capitán de Fragata de I.M. Post Mortem Don Pedro Edgardo Giachino.

Hoy uno de nuestros socios fundadores nos acercó la carta de una esposa de un Oficial Jefe de la Armada Argentina, quién está viendo truncada su brillante carrera naval, por que su señora esposa osó recordarle a la Presidente de todos los argentinos que su discurso olvidaba a un soldado muerto en democracia por manos de terroristas. Su clamor ¡Larrabure! fue el desencadenante de una pesadilla de persecución y hostigamiento… como ella misma describe en su carta. Este tema nos trae a la memoria que la señora Cecilia Pando y su esposo el señor Mayor (R.E.) Don Pedro Rafael Mercado fueron objeto de una persecución similar.

Seguramente nuestra memoria nos falla en este momento y estamos olvidando muchísimos episodios de discriminación, ofensivos, lesivos y de venganza hacia las Fuerzas Armadas como instituciones fundamentales de la Patria. No podemos dejar de recordar a los detenidos como “presos políticos” y que están siendo juzgados y condenados por una “justicia a medida” de la venganza de los terroristas derrotados por las armas. A ellos se suman los camaradas  fallecidos durante su juzgamiento y encarcelamiento por no haber recibido la debida atención médica. Tener en cuenta que esos soldados cumplieron las órdenes que emanaron de las más altas autoridades políticas del país y hoy son ancianos, algunos enfermos, sujetos una prisión preventiva en cárceles comunes y que el estado no puede garantizar el cuidado de sus salud y vidas, pudiendo caer en el delito de “abandono de personas” u “homicidio por omisión”.

Que no se llamen a engaño los actuales miembros de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, también vienen por ellos y buscarán cualquier excusa para avergonzarlos públicamente, no proveerles el equipamiento adecuado, provocando accidentes fatales en más de un caso, interrumpir sus carreras, corromperlos y hacerles olvidar todo el legado de San Martín, Belgrano, Güemes, Sargento Cabral, Brown, Espora, Rosales y tantos próceres más de la lucha de la Independencia de las Provincias Unidas del Río de la Plata, aquellos que supieron vencer al enemigo terrorista que quería tomar el poder por la fuerza para instaurar un régimen marxista decadente, de los valientes pilotos y todos los Veteranos de Guerra, que lucharon denodadamente contra las Fuerzas Inglesas en Malvinas. Señores ellos –sus ancestrales camaradas- no solo le han dejado un legado, también tienen el mandato histórico de defender a la República Argentina de sus enemigos… ¿están preparados para ello?

Antes de continuar dejamos expresa constancia que esta reflexión para el personal de las Fuerzas Armadas y de Seguridad no tiene la más mínima connotación golpista, es solo ayudarlos a que recuperen la dignidad y sus derechos adquiridos como instituciones que nacieron con la Patria y hoy son continuamente bastardeadas por el poder de turno.

 Nueva discriminación a un integrante de las FFAA

Periodismo de Verdad

Carta al Director de la señora Mónica Liberatori de Toulemonde

Sr. Director:

El mecanismo de persecución política puesto en funcionamiento en la Secretaria de Asuntos Militares del Ministerio de Defensa ha excluido de la condición de ciudadanos al personal de las FFAA, dado el grado de arbitrariedad con que se vulneran los más esenciales derechos constitucionales.

Mi esposo,  CF Marcelo Toulemonde, fue víctima de una operación que pretendió implicarlo en una maniobra urdida para encubrir la intención de separarlo de su carrera, luego de que fuera sancionado “por no controlar debidamente a su esposa¨ ante el discurso que la Sra. Cristina Fernández pronunciara en el Colegio Militar de la Nación durante una ceremonia de egreso de oficiales.

La mencionada maniobra se vio impedida por el resultado de las investigaciones realizadas por la Armada, que concluyeron en la inocencia de mi esposo, situación que se vio refrendada en la propuesta por parte de la Fuerza para ser ascendido al grado inmediato superior con retroactividad al año 2008, que fuera elevada a la Secretaria que encabeza el Lic. Alfredo Forti durante el mes de diciembre pasado.

La dilatoria en la resolución,  motivó que mi esposo pidiera en  forma reiterada vista del expediente mencionado, cuestión que le fue denegada varias veces, la última por la Directora de Asuntos Militares, Lic. Alejandra Matin, quien lo increpó endilgándole que él estaba en contra del Ministerio, argumento por demás falaz, ya que mi esposo ha demostrado en todo momento su respeto por las leyes, los procedimientos y las instituciones.

Tal fue el sentimiento de impotencia de mi esposo que, al expresarle a la mencionada funcionaria que su actitud era vulneradora de sus derechos constitucionales y que tal arbitrariedad le hacía temer por el futuro profesional, ya no de él, sino de nuestros hijos oficiales de la Armada, sufrió un pico de presión que motivó que fuera evacuado al Hospital Naval.

A resultas de lo narrado, regresamos a nuestro hogar en Mar del Plata, para cumplir estrictamente con el reposo ordenado, circunstancia en la cual pese a estar por orden médica sin servicio y con reposo, recibió una comunicación telefónica de un superior por la cual se le ordenaba tomar conocimiento de una foja de conceptos complementaria a fin de que una Junta de Calificaciones lo considere ahora no propuesto para el ascenso y no propuesto para permanecer en el servicio activo, situación que revertiría en 180 grados lo evaluado el año pasado por el mismo órgano asesor, dejando expedito el camino para el objetivo fijado por la Secretaría de Asuntos Militares del Ministerio: su alejamiento del servicio activo en forma rápida y definitiva.

He mantenido una entrevista con el Jefe de Gabinete del Ministro Puricelli, quien me confirmó que existían errores en la gestión del Lic. Forti que debían diferenciarse claramente de su persona, diciendo que Forti es Forti. ¿Debo entender que Forti es entonces la mano ejecutora de un plan de discriminación de militares con lazos de sangre o de afecto con quienes Forti considera enemigos políticos o ideológicos? ¿Forti puede tener una discrecionalidad superior a la del Ministro u ocultar los dictámenes de las Juntas a la Comisión de Acuerdos del Honorable Senado de la Nación? ¿Es Forti al que le llegan legajos manipulados donde los oficiales propuestos por las Juntas de Calificaciones son eliminados sin explicación?

Me pregunto entonces a dónde puedo clamar por Justicia si mi marido es perseguido y acosado por mi culpa, porque quise recordarle a la Presidente de todos los argentinos que su discurso olvidaba a un soldado muerto en democracia por manos de terroristas. Mi clamor ¡Larrabure! fue el desencadenante de una pesadilla de persecución y hostigamiento.

Como argentina, víctima de una flagrante discriminación, me he visto en la obligación de que mi caso tomara Estado Parlamentario mediante el trámite Nro. 3323/11, para alertar a nuestros Senadores de las mordazas ideológicas y las actitudes de venganza y odio con que algunos funcionarios deslucen la investidura que ostentan, manchándola con su arbitrariedad.

Queda entonces para el momento de votar la sentencia bíblica: ”Por sus frutos los conoceréis, no puede el árbol malo dar buenos frutos”

Mónica Liberatori de Toulemonde

DNI 14.951.432

Gentileza del Dr. Arturo Larrabure

Fuente: http://www.facebook.com/l/9fd9dO0M0V03mL99BY0Jla049IQ/www.periodismodeverdad.com.ar/2011/06/23/nueva-discriminacion-a-un-integrante-de-las-ffaa/

¿Derechos Humanos... donde?

Habida cuenta de la nueva presión sobre la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que siente jurisprudencia aprobando un aborto que en realidad ya se realizó. Los matadores del niño eliminaron su cadáver, de modo que no se puede ahora por ADN ni siquiera asegurar quién era el supuesto violador...

Pensamos que es importantísimo que todos los fieles católicos conozcan  el alegre y grave deber que tenemos de defender la vida, e incorporen un mínimo de argumentación contra los ataques más comunes de los promotores de la cultura de la muerte y la enorme cantidad de tibios cómplices que les ayudan, incluso dentro de quiénes alguna vez han recibido educación católica.

Con ese fin, un amigo ha casi plagiado un panfleto anónimo de hace varios años de dos carillas, al que le agregó algunas líneas. La idea es que se distribuya ampliamente en todas las instituciones católicas y en la salida de los templos, e incluso que el párroco lo lea y comente.

Seguramente habrá otras muchas y mejores cosas que pueden hacerse, pero lo indudable es que en las últimas décadas en este país, los católicos venimos perdiendo por paliza. Lo peor es las graves consecuencias sobre las almas, y la grave también responsabilidad que a todos nos toca.

Por supuesto que el texto puede ampliarse, modificarse o reescribirse como a cada cuál le parezca para mejorar los resultados.

Les pido la paciencia de leerlo y de pensar en la posibilidad de hacerlo.

Beato Juan Pablo IIº, Ruega por nosotros.

LA VIDA HUMANA AMENAZADA, Y LO QUE LOS CATÓLICOS Y PERSONAS DE BUENA VOLUNTAD NO PODEMOS NEGAR NI DESCONOCER.

Desde hace años se viene intentando de todas formas lograr la legalización del aborto en nuestro país: Es decir el hacer legal el hecho de matar a los niños en el vientre de sus madres. Aunque detrás de este tema se mueven intereses económicos, también existen los promotores de lo que Juan Pablo IIº llamaba “Cultura de la Muerte”, que presentan los más variados argumentos para justificar aberraciones siempre injustificables como el dar muerte a enfermos terminales,  a ancianos, y a niños por nacer o incluso ya nacidos.

Para no dejarse manipular por la argumentación de entrenados enemigos de la vida, debemos esforzarnos por mantener las ideas claras en este tema, para lo cuál puede ser de ayuda el considerar las siguientes preguntas y sus respuestas:

1)    ¿Es el derecho a la vida el principal de los derechos?

SI: Sin este derecho que es la vida no se puede gozar de ningún otro.

2)      ¿Luego de la concepción y antes del nacimiento, hay vida humana?

SI, está científicamente comprobado que inmediatamente después de la concepción hay vida humana, siendo al principio sólo una célula pero claramente distinta a las del padre y a las de la madre.

¿Qué otra cosa podría generarse de la unión de un hombre y una mujer? En efecto, si no es un ser vivo ¿Qué es, una cosa?, y si admitimos que es un ser vivo, si no es humano, ¿Qué es, un animal?

Algunos todavía argumentan que al principio no está desarrollado el sistema nervioso, y que por eso no es un ser humano.  Se les podría responder que además de esgrimir un criterio caprichoso, el sistema nervioso no estará completamente desarrollado hasta los 7 años. Tampoco un bebé recién nacido puede menstruar o dejarse el bigote, o ni siquiera caminar, ¿y alguien piensa que no es un ser humano?

3)      ¿Abortar, ¿equivale a matar una vida humana?

SI. Ni más ni menos. Hablar de un aborto como “interrupción del embarazo”, es tan ridículo como definir al homicidio como “cese de la respiración”. El  aborto provocado es siempre un crimen: suprimir una vida humana inocente.

4)      Pero, ¿No es el embrión una parte del cuerpo de la mujer como si fuera un quiste que se puede extraer?

NO: Como ya se dijo es un ser cuyas células son claramente diferentes a las que forman los órganos de la madre, y que desde un principio tiene actividades propias, comenzando por ejemplo al 6º o 7º día con la inducción de mensajes hormonales que detienen las menstruaciones de la madre. “A los quince días después del retraso  menstrual, a la edad real de un mes, el ser humano mide  cuatro milímetros y medio, y mientras su minúsculo corazón late desde hace ya una semana, sus brazos, piernas, cabeza, y cerebro…., comienzan a ser visibles” (Jérôme Lejeune, descubridor de la Trisomía 21-Síndrome de Down-, y Premio Nobel de Medicina).

5)      Legalizando el aborto, ¿se eliminan los abortos clandestinos que se realizan en precarias  condiciones?

Además de que nunca se eliminan porque aunque estén  permitidos  muchas mujeres prefieren ocultarlo, caeríamos en la disparatada decisión  de brindar la  máxima seguridad a los matadores desprotegiendo a las víctimas inocentes.

6)      ¿No se justificaría el aborto en el caso de que la criatura pueda nacer con Malformaciones?        

          NO.  Es el mismo crimen que matarlo después de nacer o años más tarde.

7)      Los sectores que defienden el aborto, ¿son progresistas?

         NO, retroceden a las civilizaciones antiguas (Roma por ejemplo) que negaban la  dignidad de la mujer y hacían tan absoluta la autoridad paterna, que podía disponer de la vida de sus hijos aún después de nacer. Justamente es signo del progreso de las sociedades el grado de respeto y cuidados que se presta a los más débiles y enfermos.

8)      El rechazo del aborto, ¿es exclusivamente una cuestión de fe religiosa?

         NO. La protección de la vida de los niños debe ser sostenida por todos, tengamos o no creencias religiosas. ¡Cuidado! No entremos en el discurso dialéctico de quienes quieren plantear este tema enmarcándolo en un debate entre la libertad y la fe.

         El verdadero y único debate es entre la vida y la muerte de un pequeño ser humano que no se puede defender.

          ¡Cuidado! Que no se cumpla entre nosotros la ley del dominó: caída una ficha, que caigan las demás. Del aborto a la eutanasia hay un solo paso. Si los padres pueden matar a sus hijos indefensos ¿por qué estos no podrán mañana suprimir a sus padres ancianos o enfermos?

9)      Para los católicos la cooperación formal a un aborto es pecado mortal. Además quién procura el aborto, si éste se produce, queda excomulgado automáticamente.

        Tanto el pecado mortal como la citada excomunión no ocurren si hay ignorancia inculpable al respecto. La absolución de este pecado queda reservada al Papa, al Obispo del lugar, o a sacerdotes autorizados por ellos, salvo en caso de peligro de muerte en el que puede absolverlo cualquier sacerdote. (Catecismo de la Iglesia         Católica).

10)    ¿La votación de partidos o políticos partidarios del aborto constituiría en principio una falta muy grave, implicando responsabilidad sobre todos los abortos criminales que se realizaran en adelante al amparo de leyes promulgadas por los mismos?

Recordemos las palabras de la Madre Teresa de Calcuta al recibir el Premio Nobel de la Paz en 1979:

“Creo, sin embargo, que el peor enemigo de la paz es el aborto, porque es un verdadera guerra, un verdadero crimen, un verdadero crimen que la misma madre realiza….Este es el peor enemigo de la paz hoy en día. Si una madre puede matar  a su propio hijo, qué nos queda a nosotros; bien pueden ustedes matarme…o yo matarlos, ya que nada nos une…”       

DIFUNDAMOS ESTAS IDEAS POR EL BIEN DE LOS NIÑOS Y POR EL BIEN DE TODOS.

Este mensaje no tiene firmas, pues lo importante no es quién lo dice, sino qué es lo que se dice.  

“EL MAS GRANDE SECRETO DE ESTADO DE LOS K”

El pasado fin de semana largo, con el feriado por la conmemoración de la creación de la Bandera Nacional, nos hizo pensar que debíamos esperar hasta pasar el feriado nacional para difundir la excelente editorial del diario La Nación cuyo tema es la “enorme y oscura caja de una gran masa de dinero” que el estado viene manejando desde 2003 a la fecha, sin control o auditoría alguna y dar una opinión propia.

Vilmente las personas encargadas de esta reparación han manoseado la “caja”, con graves sospechas de corrupción en su manejo. Es bien conocido que se han pagado indemnizaciones a personas y familias de “desaparecidos - aparecidos”, y si como afirma Pablo Pócimo en Tribuna de Periodistas: “Cabe señalar que en la lista original, confeccionada por la CONADEP, figuran personas que curiosamente luego aparecieron, entre ellos podemos señalar a: Jueza Argibay de la Suprema Corte de Justicia, Juez Humberto Meade, ex Ministro del Interior Esteban Riggi ahora Procurador General, Daniel Najmanovich en Israel, Miguel Lauletta, Silvia Tolchinsky, Ana María Testa, Eduardo Kurt Fuentes, Guido Pulletti en Bosnia, Alicia D´Ambra, Adriana Chamorro, Carlos Lordkipanidse, Jorge Paladino, Rubén Sampini, Carmelo Vinci.... algunos aquí, otros en Europa, también en México, España, etc. van sumando una tropa todavía desconocida en cuanto a cantidad se refiere. Incluso, el 24 de marzo de 2007 en la ESMA se presentaron varios con la pareja presidencial”. 

No tenemos la plena certeza que todos hayan cobrado su indemnización pero casos como la Jueza Carmen Argibay, es válido pensar que si un miembro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación aún está pensando como devolver los U$D 650.000 que cobró… ¿qué podemos esperar de otros de los “desaparecidos – aparecidos” y de quienes disponen de los dineros públicos?

También llama la atención cómo sube la cifra de los desaparecidos, el  informe la CONADEP era inferior a las 10.000 personas y mágicamente, en poco tiempo, se instaló el número imaginario de 30.000 desaparecidos…

Por ejemplo Hebe Pastor Vda. de Bonafini se llena la boca hablando de sus dos hijos desaparecidos: Raúl Alfredo y Jorge. Su  hijo Jorge Bonafini no figura en CONADEP: Lista Revisada de los Desaparecidos en Argentina

Por favor verificar en:

http://www.desaparecidos.org/arg/conadep/lista-revisada/

Esos manejos pocos transparentes de las cifras de personas que se multiplican como si fueran conejos, la falta de informes, inexistencia de control y auditoría sobre las cifras pagadas por ese concepto… llaman sospechosamente la atención y urge una rendición de esos fondos.

También es válido destacar que el estado no puede solo gobernar en una dirección, efectuando reparaciones morales y económicas a las personas que fueron bajas en la Guerra Revolucionaria-Contrarrevolucionaria, dejando de lado en forma discriminatoria y olvidando en un plan sistemático a las Víctimas del Terrorismo en la Argentina.

Invitamos a reflexionar sobre este grave problema de sospechada corrupción e inequidad de la justicia. Ese manejo irregular de fondos públicos y en época de elecciones generales, puede caratularse como lo hizo un amigo nuestro “EL MAS GRANDE SECRETO DE ESTADO DE LOS K”.

Derechos humanos y transparencia

Ni los argentinos ni la causa de los derechos humanos merecen otro ataque siniestro a su buena fe.

  

Domingo 19 de junio de 2011 | Publicado en edición impresa

El escandaloso desvío de cuantiosos fondos públicos, otorgados a la fundación Madres de Plaza de Mayo para construir viviendas sociales, es fruto de la arbitrariedad con que funcionarios gubernamentales administran la asignación de esos recursos y de una injustificable ausencia de controles por parte del Estado y de las autoridades de dicha asociación civil.

Las gestiones de Néstor y Cristina Kirchner han sido en extremo remisas a aceptar el control por parte de otros poderes del Estado o de los ciudadanos, respecto de los dineros públicos en general y, de modo particularísimo, de aquellos vinculados con asuntos que rozan el área de los derechos humanos.

Se ha montado, como queda demostrado con el caso de la fundación Madres de Plaza de Mayo, una suerte de escudo protector sobre la información básica vinculada a estas cuestiones. Su base es una consigna por demás riesgosa: cuanto se decida y haga en el ámbito de los derechos humanos no es revisable, bajo pena de descalificación para quien pretenda ejercer su derecho a la información pública en estos temas.

Sin embargo, los derechos humanos no pueden otorgar a nadie indemnidad, inmunidad o impunidad ante el delito. Por el contrario, la defensa de semejantes derechos debe estar esencialmente ordenada a impedir cualquier atisbo de corrupción que pueda enturbiar las acciones ligadas a valores cuya vigencia ha costado tan caro a nuestro país.

La sociedad, atónita, reclama sanciones ejemplificadoras para los que son capaces de traficar con el dolor, la pobreza y hasta con la sangre de miles de argentinos. También para sus cómplices y encubridores.

Lo piden, con valorada solvencia y honestidad intelectual, personalidades imposibles de ser sospechadas en cuanto a su genuina defensa de los derechos humanos.

Fue Elsa Quiroz -detenida durante el gobierno militar y actual diputada de la Coalición Cívica- quien, hace ya un año, denunció las graves irregularidades en la fundación Madres de Plaza de Mayo. También la candidata a vicepresidenta de la Nación Norma Morandini -hermana de dos personas desaparecidas- afirmó que "mucha gente tiene miedo de opinar" y que lo que "hizo este señor (Schoklender) es un escándalo espantoso, una cosa monstruosa", para terminar afirmando que "si uno dice que no sabía tiene mucha culpa". Y con un lenguaje sin sutilezas, el periodista Jorge Lanata pidió hace unos meses y desde la tapa de una revista: "¡Paren de robar con los '70!" Hasta el affaire "Sueños Compartidos", nadie parece haberlo escuchado.

La corrupción de algunos funcionarios y sus cómplices privados demuestra no tener ideología ni reconocer límites cuando llegan a usar para su enriquecimiento la memoria de quienes resultaron víctimas de la violencia de los 70. A partir del caso de las Madres de Plaza de Mayo, es necesario asegurarse de que la llamativa reticencia que mantiene el gobierno nacional desde 2003, para brindar información referida a las indemnizaciones pagadas a familiares de desaparecidos y muertos en aquella década, no sea un intento de encubrir manejos similares.

Aquellas indemnizaciones se originaron en leyes promulgadas durante el gobierno de Carlos Menem y, a partir de 2003, el Gobierno ha construido a su alrededor un paredón infranqueable que no permite acceder a información que debiera estar a disposición del público con total transparencia y sobre la que naturalmente se espera una detallada rendición de cuentas.

Infructuosos han sido, en los últimos años, los múltiples intentos destinados a conseguir que la administración gubernamental haga público un listado de los casos de desaparecidos y muertos que fueron comprendidos en la normativa, habilitando de esa manera a que los sobrevivientes, sus familiares o allegados, se conviertan en beneficiarios de tales indemnizaciones.

Cada una de estas indemnizaciones es de aproximadamente 220 mil dólares y determinar quién está en condiciones de percibirla es una atribución de agentes  estatales, sin  intervención previa de la  Justicia. Estas decisiones administrativas, que involucran cuantiosos recursos públicos, por algún motivo se mantienen fuera del alcance de la mirada de la ciudadanía.

Hasta ahora, al escudarse el Gobierno en el derecho a la intimidad de las personas y la ley de hábeas data, lo único que ha podido conocerse es el monto total de lo que se otorgó en indemnizaciones hasta el año 2007. A valores nominales, los casos de quienes permanecieron detenidos entre el 6 de noviembre de 1974 y el 10 de diciembre de 1983 fueron indemnizados con erogaciones de unos 43 millones de pesos y 605,8 millones de dólares; en tanto, los familiares de desaparecidos y muertos en igual período, recibieron alrededor de 293 millones de pesos y 985 millones de dólares. Todo eso suma un total, según el tipo de cambio vigente al momento de cada pago, de entre 1700 y 1900 millones de dólares.

Ante lo que, en el caso de la fundación Madres de Plaza de Mayo, se perfila como una brutal estafa económica y moral que no acaba de asombrar a la ciudadanía, las autoridades deben curarse en salud y transparentar, de inmediato, el manejo de estos otros fondos. Cabe esperar que la reticencia a su publicidad haya obedecido tan sólo a un exceso de celo gubernamental mal entendido, pero bien vale ponerlo a prueba; porque ni los argentinos ni la causa de los derechos humanos merecen otro ataque siniestro a su buena fe.