Queridos amigos:
El estudio de un tema
social se puede encarar desde un punto de vista descriptivo, si nos limitamos a
relatar el fenómeno, desde un punto de vista analítico si consideramos sus
causas y consecuencias, y desde un punto de vista normativo si fijamos un objetivo o modelo deseable y proponemos
modos de acción para acceder al mismo.
En Argentina asistimos a una grave crisis integral que se evidencia en una
rápida decadencia económica, un descalabro en el funcionamiento de las
instituciones y, recientemente, una suerte de estado insurreccional en potencia
que deviene en acto a través de estallidos de violencia, saqueos, robo y
vandalismo en cuanto encuentra una
concentración humana o un relajamiento del aparato represivo, para
manifestarse. Lo más grave del tema es
que el gobierno que ha generado estas situaciones, con su incompetencia y su
ideología, al enfrentar las consecuencias de sus errores se limita a describir
y buscar culpables, sin un atisbo de
responsabilidad ni una propuesta seria
de solución alguna. Esta actitud es una lápida para cualquier esperanza
de cambio.
Sabido es que las
fuerzas policiales, las fuerzas de seguridad y las fuerzas armadas no están
legalmente habilitadas para agremiarse. Sus problemas salariales y demás
condiciones laborales llegan al poder político a través de sus superiores
jerárquicos, pero estos, que son nombrados o despedidos sin necesidad de
trámite o justificación, carecen de capacidad negociadora. Imaginen que en una
paritaria la parte patronal pudiera echar al delegado gremial si no le gustan
sus planteos y tendrán una idea de lo endeble de esta situación.
Esta cuestión puede
solucionarse fácilmente “enganchando” a los servidores públicos uniformados con
otro escalafón, de modo que sus incrementos salariales sean automáticos.
También se pueden fijar las escalas salariales a partir de la equiparación de
los jefes de las fuerzas con los funcionarios civiles. Como dato, les aporto
que “El Orden de Precedencia Protocolar de la República Argentina” establecido
por el Decreto 2072/93 y sus
modificaciones, en su Artículo 2°, ubica al Jefe de Estado Mayor Conjunto y a los Jefes de Estado Mayor de las
Fuerzas Armadas inmediatamente por debajo de los Ministros del Poder Ejecutivo
Nacional y encima de los Ministros de la Corte Suprema de Justicia (excepto su
presidente) y de los Secretarios de Estado (¿sorpresa?). Por su parte, el Jefe de la Policía Federal, el Director General de Gendarmería y
el Prefecto Nacional Naval, están inmediatamente a continuación de los
Subsecretarios de los Ministerios del Poder Ejecutivo Nacional. Esto brinda un
parámetro de comparación inicial a partir del cual se podrían fijar las escalas
salariales sin mayor conflicto.
Sin embargo, lo que
hicieron las autoridades nacionales y los gobernadores a su nivel, fue aprovechar la debilidad negociadora de los
uniformados para fijar sueldos básicos que, según se hizo evidente, eran
absolutamente inapropiados para la dureza y naturaleza de sus sacrificadas y
riesgosas funciones. Por ello, el
reclamo que surgió en la policía de Córdoba tuvo su origen en la mezquindad de
los gobernadores y la forma en que se manifestó fue propia de quienes no tenían
alternativas dentro del sistema orgánico. La extensión posterior del problema
debe atribuirse a la decisión inicial
del gobierno nacional de no enviar a la gendarmería para brindar
alternativas de control, por razones políticas, obligando al Gobernador De la
Sota a negociar desde una base de debilidad lo que no había querido tratar
buenamente y abriendo la posibilidad del
reclamo a todas las policías provinciales
que estaban en similar situación que la cordobesa.
Dicho esto nos
preguntamos, ¿debemos aceptar con naturalidad que el hecho de que las fuerzas
policiales estuvieran coyunturalmente fuera de las calles justifique la ola de
saqueos, violencia y devastación que se desató sobre la ciudadanía en cada
provincia? Por cierto que no. Es previsible que si no está la policía en la
calle los que viven del delito puedan operar con impunidad. Pero lo que vimos,
no fue a pequeños grupos de delincuentes sino a
miles de vándalos lanzados contra los bienes de los ciudadanos sumando
violentas agresiones, incendios y un nivel de crueldad que desbordaron toda
previsión. En Tucumán, provincia en que se
llegó a los más altos niveles de desenfreno, se atacaron casas de particulares
y los vecinos y comerciantes tuvieron que armarse y repeler por sí mismos las agresiones, volviéndonos a
un estado de salvajismo y primitivismo inconcebible para el desarrollo de nuestra civilización.
Atribuir esto a los
auto-acuartelamientos policiales es una burda excusa y un lamentable engaño. En
la Ciudad de Buenos Aires, pese a la confluencia de policías de dos
jurisdicciones, el festejo del día del “hincha del Club Boca Juniors” facilitó
el marco de concentración humana
propicio para que los vándalos rompieran, rapiñaran y devastaran el centro de la ciudad,
demostrando que cualquier excusa es buena para que aflore la enfermedad social
que afecta a una parte significativa de nuestra población, que fue incentivada
durante años a salir a las calles con la garantía de impunidad que le otorgó un
Estado permisivo y ausente a la hora de brindar seguridad.
Si es duro y doloroso
reconocer estos síntomas en nuestra propia gente, en una parte de nuestros
conciudadanos, en compatriotas y habitantes de un mismo suelo y una misma
patria, lo que más nos perturba son ciertos signos de que este gobierno ha
cerrado toda posibilidad de cambio mientras dure su imperio. Uno de estos
signos, muy visibles, lo dio la señora presidente durante el Acto de
celebración de los 30 años de democracia. Luego del ya clásico rosario de
excusas en que se acusó a los policías de extorsionar a los gobernadores y
debilitar a la democracia y de la aún más clásica retahíla de elogios a su
propia gestión, Cristina Fernández se permitió tañer instrumentos de percusión y
bailar, expresando una insólita alegría, cuando los muertos en los
enfrentamientos ciudadanos ya sumaban más de diez y el vandalismo seguía
sembrando la zozobra en toda la
Argentina. Fue como si luego de recitar su parte en la escena presidencial,
diera suelta a su verdadera naturaleza,
irreflexiva y desconectada de la realidad nacional, rodeada de artistas
que poco tenían que hacer en esa jornada que debió ser de compromiso y
reflexión.
Si ese signo nos
consternó, porque fue la evidencia de que
no podemos esperar del gobierno una digna asunción de sus
responsabilidades, el gesto de la procuradora Alejandra Gils Carbó de apartar
al fiscal José María Campagnoli de la investigación del caso del empresario
Lázaro Baéz y pedir su suspensión y juicio, nos demostró que ese mismo gobierno no está dispuesto a permitir que la justicia
lo investigue mientras tenga poder para
evitarlo. Con una mayoría en la Cámara de Diputados y Senadores que lo libra del riesgo de un juicio político,
que en otras circunstancias sería ineludible, el Frente para la Victoria marcha
impávido entre saqueos y denuncias de corrupción no investigadas hacia su
destino final.
Ese destino, que
tiene fecha de vencimiento en el 2015, deberá todavía enfrentar la dura prueba
de la decadencia económica agravada ahora
por la puja salarial que los aumentos policiales han incentivado.
También en el área económica las expectativas de una racionalidad, que el
cambio de gabinete había alentado, se derrumbaron al observar que el nuevo equipo económico insiste en ocultar
los índices de inflación (2,4 por ciento de las consultoras privadas contra el
0,9 el INDEC en noviembre) al menos hasta que
el FMI los obligue a asumir la
realidad en marzo del 2014. Los cambios del Jefe de Gabinete, del Ministro de Economía, del presidente del Banco
Central, del odiado Secretario de Comercio, del irrelevante Ministro de
Seguridad y el incomunicado Ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, diluyeron su efecto en menos de un mes y de paso se llevaron el prestigio del precandidato presidencial
Jorge Capitanich. Pocos deben recordar el nombre de la ignota Ministra de
Seguridad, María Cecilia Rodríguez, a pesar de haberse vivido una crisis propia
de su área, y todavía faltan más de dos semanas para que comience el año 2014,
posiblemente el más difícil en la historia del gobierno del matrimonio
Kirchner.
El diagnóstico
está formulado. Estos funcionarios, con
su mentalidad, su ideología, su obcecación y su obsecuencia, solo pueden
aspirar a administrar la decadencia
hasta que lleguen las próximas elecciones generales y rogar para que los
trastornos sociales no se los engullan antes. Quienes los sucedan, deberán
asumir que además de encontrar un país en una crisis integral tendrán que
encarar un profundo cambio de paradigmas para modificar la destructiva
tendencia histórica a marchar hacia el abismo.
Por razones
personales y familiares este será mi
último informe de este año. Como cabeza de un partido político no quiero
despedirme sin esbozar al menos parte del proyecto por el que
luchamos y seguiremos bregando para avanzar en el cambio que propugnamos.
La crisis social comenzará a revertirse con un cambio en la
formación de los jóvenes. La escuela debe prepararlos para vivir en un ambiente
de normas y leyes, de premios y castigos otorgados según las conductas y el
esfuerzo realizado. La inclusión no se alcanzará porque todo sea gratis y fácil
sino porque a través del esfuerzo y el trabajo, cada uno pueda obtener aquello
que sea capaz de conseguir en un ambiente de igualdad de oportunidades y de
derechos asumidos con responsabilidad.
Tenemos que defender
a la familia, reconocer el valor de la defensa de la vida desde la concepción y
del matrimonio consumado entre un hombre
y una mujer. El Estado no debería arrogarse el derecho de educar
inconsultamente según principios ajenos a los valores morales de las familias
que envían a sus hijos a los colegios públicos o privados.
Debemos unirnos en la
lucha contra la producción, el tráfico y el consumo de drogas y su prevención.
No tenemos que bajar los brazos porque nos digan que es una batalla perdida.
Recuerden que hace 30 años nos mostraban mapas teñidos de rojo y nos contaban
que el triunfo final del comunismo era
ineludible y sin embargo nuestra
generación vio caer el muro de Berlín y colapsar a la Unión Soviética ante el
peso de sus contradicciones.
Volvamos a permitir
que los argentinos liberen el espíritu de empresa y produzcan con libertad en
la industria y en el campo, haciendo que el Estado retorne a su función de
árbitro, regulador y equilibrador de la economía. Nuestro país posee un fuerte
y experimentado sector gremial capaz de defender con firmeza los
derechos de los asalariados y ahora necesita reglas de juego claras para que
las fuentes de trabajo no se extingan.
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| El líder que dejó un legado universal |
Finalmente, pensamos
en un proyecto que no es nacional y popular sino nacional integrador, que debe
unir al país físicamente, económicamente y afectivamente terminando con las
antinomias y los enfrentamientos impropios entre hombres y mujeres que
persiguen un patriótico destino común. Entre esas antinomias proponemos
terminar con los juicios unilaterales
que apuntan solo a los miembros de las fuerzas armadas que combatieron a las
bandas terroristas que luchaban por el poder en los años setenta y cuyo
miembros ahora gobiernan y legislan entre indemnizaciones y pensiones
graciables. La prolongación de esta situación, en tiempos de mirar al futuro
con esperanza, tiene cada vez más sabor a revancha y venganza que a verdadera
justicia.
Como entiendo que somos muchos los que soñamos con una
Argentina como la que proponemos alcanzar tengo la esperanza de que, tarde o
temprano, lograremos alcanzar nuestro hermoso sueño.
Me despido deseando
tempranamente muy felices y cristianas fiestas a aquellos con los que no tenga
más contacto hasta el próximo año.
Un abrazo para todos.
Juan Carlos Neves,
Nueva Unión Ciudadana.
Twitter @NevesJuanCarlos
