Por: Marcelo
Longobardi
Repasando la agenda
del día destaco una iniciativa que va a venir a corto plazo y que con seguridad
será tema de debate.
Empieza a transitar
su camino la reforma no ya del Código Civil y Comercial sino del Penal.
Hace un tiempo ya que
el Gobierno viene intentando reformar la
estructura jurídica de la Argentina, hasta ahora con poco éxito. Intentó
primero una reforma judicial global que terminó fracasando en la Corte. Luego
avanzó con el Código Civil y Comercial que se frenó en Diputados.
Y ahora va con el Código Penal. No se puede predecir qué
éxito tendrá este proyecto cuando el Gobierno lo mande, en febrero o marzo, al
Congreso.
Este anteproyecto de
reforma del Código Penal, escrito entre otros por el doctor Raúl Zaffaroni, juez de la Corte
Suprema, establece que figuras como la de la reincidencia no se van a aplicar
más en la Argentina. Que la idea de la peligrosidad de un delincuente no va a
ser más un agravante. Reincidencia y
peligrosidad dejan de aplicar como agravantes ante la instancia de un delito
cometido por un individuo con antecedentes y prontuario.
El código va a
establecer además una diferenciación no ya para el asaltante sino para el
saltado. Si el asaltado es un apersona
de altos recursos, eso podría ser considerado como un atenuante y la pena sería
menor. No es lo mismo robarle 1000 pesos a un señor que tiene 2000 que a
uno que tiene 100.000 pesos, por poner un caso.
Esto equivale casi a
investigar al asaltado. ¿Cuánto tenía? ¿Qué porcentaje de sus activos y de su
patrimonio fue robado por el asaltante en cuestión?
En el fondo, este
anteproyecto marca con claridad cómo se
relaciona el Gobierno con el tema de la inseguridad. Lo que revela el texto
es cómo se vinculan el oficialismo y sus principales referentes con el problema
cotidiano de la inseguridad.
La precepción del
Gobierno se traduce en sus proyectos, y este proyecto establece entre otras
cuestiones el hecho de que una persona asaltada tendrá que rendir cuentas al
juez respecto de cuánto le afectó realmente le delito del cual ha sido víctima.
Extremando el
absurdo, podríamos imaginar una franquicia: de 2000 pesos para abajo, el delito
es irrelevante, no cuenta.
Personalmente, creo
que este proyecto no pasará el Senado, pero su espíritu da cuenta del estado de
pensamiento del Gobierno respecto a un tema que es clave para todos los
argentinos.
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