Por: Ceferino Reato
En un sorpresivo
allanamiento a la Secretaría de Derechos
Humanos de la Nación, el juez federal Claudio
Bonadío incautó una treintena de legajos, entre ellos el de Fernando Rubén Haymal, un montonero
cordobés de 26 años fusilado en 1975 por el grupo guerrillero al que
pertenecía, acusado de traición y delación.
Así fue explicado en
su edición de octubre de aquel año por Evita Montonera, la revista mensual que
funcionaba como el órgano oficial de la guerrilla peronista. Lo que Bonadío
quiere saber es cómo fue que Haymal fue
convertido luego en una víctima del terrorismo de Estado, por lo cual sus
familiares cobraron la indemnización dispuesta por ley en los años noventa.
Es una de las irregularidades en los pagos a supuestas
víctimas de la dictadura o de grupos paraestatales. En total, Bonadío
ordenó el viernes pasado que se incautara una treintena de legajos de
guerrilleros muertos en ataques a cuarteles y comisarías.
Voceros de la
Secretaría indicaron que Bonadío pudo llevarse parte del material que buscaba y
que ellos le enviarían el resto de la información en los días sucesivos.
El allanamiento fue
originado por una denuncia penal presentada por Julio César Aráoz, ex secretario de Energía y ex ministro de
Desarrollo Social, entre otros cargos, contra el secretario de Derechos
Humanos, Martín Fresneda, por los
presuntos delitos de abuso de autoridad, violación de los deberes de
funcionario público y administración fraudulenta.
Durante más de dos
años, Aráoz reclamó el pago de la indemnización prevista para los ex “presos
políticos” ya que entre 1970 y 1973 estuvo detenido por su militancia en la
Juventud Peronista.
Aráoz sostiene que no
le pagan “al no ser adherente al actual gobierno y especialmente al grupo
denominado La Cámpora, que maneja
dicha secretaría”.
Al principio, esta
reparación económica beneficiaba solo a los presos durante la última dictadura,
pero luego leyes sucesivas, apoyadas por la oposición, fueron ampliando la
indemnización hasta alcanzar ahora a todos los detenidos por razones políticas,
gremiales o estudiantiles desde el 16 de junio de 1955.
Bonadío también
incautó el legajo de Aráoz.
Fresneda, abogado, es
hijo de desaparecidos y llegó a la Secretaría de Derechos Humanos con el
auspicio del también cordobés Carlos
Zannini, el secretario de Legal y Técnica de la Presidencia.
El Caso Haymal es uno de los más oscuros
de la trayectoria de Montoneros. Fue “ajusticiado” porque entregó a la policía
(bajo torturas, según sus parientes) la dirección de una casa de Montoneros en
la cual fueron apresados varios jefes guerrilleros.
Luego de esa redada,
Haymal fue liberado por la policía; Montoneros formó un “tribunal
revolucionario”, que decidió su ejecución. Así se hizo: el martes 2 de
septiembre de 1975, cuando la presidenta era Isabel Perón, es decir, antes del golpe de Estado, Haymal fue
muerto y su cuerpo arrastrado varias cuadras desde un automóvil hasta que fue
abandonado, cerca de la cancha del club Instituto.
Con el tiempo, Haymal
pasó de traidor y delator en víctima del Terrorismo de Estado, como figura en
los anexos del Nunca más, que fue “actualizado” en 2006, durante la
presidencia de Néstor Kirchner.
Su hijo menor, Marcos Haymal, creyó la versión oficial
e incluso militó en HIJOS, en Córdoba, junto a Fresneda, hasta que supo la
verdad, de boca de un ex compañero de militancia de su padre.
