21/09/2014
Por Mauricio Ortín
Hasta qué punto los argentinos, cada uno en cada
caso, somos efectivamente dueños de la soja almacenada en los silos bolsa, las
vacas que pastan en los campos, las mercancías que producimos, la casa en que
vivimos o la retribución por los servicios que prestamos. Acaso todavía no advertimos que el Estado, que un principio contratamos
para que nos brinde fundamentalmente los servicios de seguridad y justicia, ha
pasado de empleado a patrón y accionista mayoritario de esas empresas que en
cada caso son nuestras propias vidas. Sacarle
cada vez más plata a la gente que produce riqueza a través de las retenciones a
la soja, el impuesto a las ganancias, el robo de los ahorros depositados en las AFJP sin mejorar (todo lo
contrario) los servicios de seguridad y justicia es estafarla. Es absolutamente
falso que (como dice la propaganda oficial) “el
Estado somos todos”.
Para nada. En la Argentina, por lo menos, el
Estado son Cristina Kirchner, los gobernadores, los intendentes, los legisladores y los jueces.
Son políticos con nombre y apellido los que administran y deciden,
fundamentalmente, el destino de la masa dinero que aportan los ciudadanos
comunes que no pertenecen al Estado. “Juan
Nadie” no tiene el poder, por
ejemplo, para entregarle a Hebe de
Bonafini mil millones de pesos para que haga casas o para sobreseerla por
un faltante de 300 millones. Hebe
puede amenazar con tomar la Corte Suprema, llamar turros a los magistrados o defecar en el altar de la
Catedral metropolitana y seguir como si nada, lo más campante. “Hebe
es así”, la disculpó Zaffaroni
(Zaffaroni también “es
así”, con sus departamentos alquilados a prostíbulos). Ser “así”,
en este contexto, debe entenderse como ser del Estado K. Vaya cualquier hijo de vecina a defecar en la sede de las madres de Plaza
de Mayo y a ver cómo le va (¡ni hablar si es militar!).
La verdadera
contradicción social en nuestro país no es pobres contra ricos, como nos venden
el kirchnerismo y los otros “ismos”.
La oculta y verdadera contradicción es entre funcionarios que se benefician del
poder y ciudadanos de segunda que los mantienen; los empresarios entre estos
últimos, los de verdad, no los truchos. Esos que ganan dinero cuando mejor
producen las cosas y le sacan plata a la gente cambio de nada. También, los que
más dinero aportan a las arcas públicas. La retención leonina a la soja, por
ejemplo, es del 35% de su valor puesta en el puerto. Dudo que todos
funcionarios kirchneristas juntos (incluida nuestra millonaria presidente)
paguen en impuestos la cantidad de dinero que paga un empresario sojero de
primer nivel. Sin embargo, el oficialismo los presenta a los empresarios del
campo como los malos de la película, los oligarcas que se abusan de los
débiles. El argumento demagogo según el cual
“la ley de Abastecimiento” defiende a los consumidores no resiste el menor
análisis ¡Están defendiendo el régimen
que se viene a pique! Necesitan plata ya para tapar los agujeros del
Titanic. Por ello, en el debate por dicha ley, la diputada Di Tulio, presidente del bloque de diputados nacionales K,
dijo: “La discrecionalidad de
un funcionario público siempre es estar del lugar de los más débiles nunca de
los más poderosos”. Diana Conti, a su vez, sostuvo que los empresarios "…
acopian materias primas que son necesarias para satisfacer necesidades básicas
y lo hacen con afán de lucro desmedido". "Y si el Estado quiere
disponer de la mercadería, ¡ustedes griten que esto es inconstitucional!”.
Por su parte, el senador radical Nito
Artaza se quejó porque los productores se muestran reacios a discutir la
rentabilidad de sus empresas con el Estado. La oposición legislativa, para bien
de todos, no acompañó esta vez al kirchnerismo. Argumentó, con sentido común,
las consecuencias negativas para la economía nacional y votó de contra de la
ley. Ahí está el espejo del desabastecimiento de Venezuela para mirarse,
señalaron los opositores.
La principal objeción que
debe hacerse a la ley, sin embargo, no es de orden político-económico sino
moral. Que el Estado, con o sin ley, disponga arbitrariamente de la mercadería
que le pertenece a otros (poderosos o débiles) tiene un solo nombre: se denomina
robo. Sostener, insolentemente, que un funcionario público debe
poseer discrecionalidad para quedarse
con lo ajeno es incurrir en apología del delito. Por otro lado, ¿quién le dijo
al senador Nito Artaza que entre sus atribuciones está la de decidir cuánto
debe ser la rentabilidad de las empresas en las que ni él, ni el Estado agregó
ni un tornillo? En lugar de semejante pretensión debería presentar un proyecto de ley para que, por
ejemplo, sean los maestros quienes
establezcan su sueldo de legislador.
Demonizar y excitar resentimiento social hacia el empresario por el sólo
hecho de haber ganado mucho dinero es pervertir la política. Además, si tuviera
que elegir en función del bien que hicieron al país entre los Kirchner y cualquier
empresario sojero me quedaría mil veces con éste último. Ni la riqueza ni
la pobreza son parámetros para evaluar la moral de nadie. Ser empresario
exitoso no es sinónimo de ser H de P (parafraseando a Martín Fierro: “no es vergüenza ser empresario y es
vergüenza ser ladrón”.)
NOTA: Las imágenes no corresponden a la nota original.
