Miércoles 10 de
septiembre de 2014 | Publicado en edición impresa
Por Joaquín Morales
Solá | LA NACION
El gobierno de
Cristina Kirchner se ha resignado a muchas cosas, menos al control de la
Justicia. Tal vez porque presiente que el futuro encontrará al kirchnerismo más
cerca de los tribunales que de la política. O quizá porque aspira a una
revancha después de la derrota política que significó su frustrada reforma
judicial.
Sea por lo que sea,
la administración cristinista sigue exhibiendo una notable habilidad política
para avanzar en el control de instituciones cruciales. Ahora, por ejemplo, está a sólo un voto de lograr la mayoría de
los dos tercios en el Consejo de la Magistratura, aun después del esperado
triunfo opositor de ayer en las elecciones de los abogados porteños.
Esa mayoría especial,
los dos tercios, le permitiría al Gobierno, por fin, disciplinar a los jueces.
Con esos votos a favor podría proteger definitivamente a los jueces amigos y
destituir en trámites rápidos a los magistrados que intenten investigar al
poder.
Uno de los aspectos
clave de los últimos progresos de causas que indagan en presuntos hechos de
corrupción de funcionarios ha sido la certeza de los jueces de que el
oficialismo no tiene la mayoría necesaria para echarlos de sus cargos. Esa
certeza comenzó a debilitarse en las últimas semanas. El Gobierno cuenta con
ocho de los nueve votos necesarios para llegar a los dos tercios.
En la elección de
ayer entre los abogados de la Capital, las dos principales candidatas, Adriana Donato y Alejandra García, expresaban distintas corrientes opositoras al
kirchnerismo. Ganó Donato, cuya
candidatura contó con el apoyo de Pro; del Colegio Público de Abogados; de su
ex presidente, el influyente Jorge Rizzo, y hasta de Sergio Massa, ya en la
fase final del proceso electoral. No obstante, García, que fue respaldada fundamentalmente por el radicalismo,
salió segunda, a sólo cinco puntos de Donato.
Sin embargo, el voto
número nueve para el oficialismo podría venir de la próxima elección, el 26 de
septiembre, que seleccionará al representante de los abogados del interior. Ni en la Capital ni en el interior la
oposición pudo alcanzar un acuerdo que unificara sus candidaturas. Incluso,
hubo por este tema una reunión entre el presidente
del radicalismo, Ernesto Sanz, y el
líder de Pro, Mauricio Macri, las dos fuerzas con mayor representación
entre los abogados. Ambos hablaron de un acuerdo amplio, que incluyera la Capital
y el interior, pero los intentos fracasaron cuando los detalles se trataron en
la segunda línea de dirigentes de ambos partidos. En la Capital, el radicalismo y Pro fueron divididos. Pasará lo mismo
en el interior.
Gran
parte de la oposición ha cerrado filas para la elección del próximo 26 detrás
de la candidatura de Miguel Piedecasas, oriundo de la
provincia de Buenos Aires y radicado en Santa Fe. Ejerce la profesión en las
dos provincias y su discurso es muy crítico sobre la manipulación de la Justicia
por parte del Gobierno. A Piedecasas
lo apoyan importantes abogados vinculados al radicalismo, otros partidos de
UNEN, el massismo, sectores judiciales cercanos al presidente de la Corte
Suprema, Ricardo Lorenzetti, y una parte de la Federación Argentina de Colegios
de Abogados (FACA).
VERSIONES
No obstante, el principal contrincante de Piedecasas es
Carlos Andreucci, presidente de FACA. Piedecasas
teme que Andreucci haga uso de esa
entidad para lograr el cargo en el Consejo
de la Magistratura. Andreucci es
un viejo amigo del ministro de Justicia,
Julio Alak. El viceministro de
Justicia, Julián Álvarez, se mostró sonriente a su lado en Posadas, hace
pocos días. La virtual adhesión de Álvarez
a la candidatura de Andreucci
significa también un aval de La Cámpora,
donde milita el viceministro. Es
habitual escuchar en el Consejo de la Magistratura las versiones que vinculan
la candidatura de Andreucci con La Cámpora.
A pesar de todo, La Cámpora tendrá un auténtico
representante en las elecciones de los abogados del interior, César Grau. "Entre Andreucci y Grau se dirime una interna dentro del
oficialismo", dijeron representantes de Piedecasas. Éstos no descartan que Grau termine bajando su candidatura para fortalecer la de Andreucci.
El cuarto candidato
es Adolfo Alvarado Velloso, que
cuenta con la adhesión del macrista
Miguel del Sel. No se sabe aún si Alvarado
Velloso tendrá el apoyo explícito de Pro. De cualquier forma, los abogados
pronostican que los candidatos con más posibilidades son Piedecasas y Andreucci.
Entre esos dos nombres podría oscilar la posibilidad de que el Gobierno cuente
-o no- durante el próximo año con los dos tercios de los votos en el Consejo de
la Magistratura.
El papel
institucional y político decisivo del Consejo quedó al descubierto en estos
días, tras la muerte del juez federal de
La Plata Manuel Blanco, con competencia electoral. Se trata del juzgado
electoral más importante del país, después del de María Servini de Cubría,
que tiene competencia nacional. "El
juzgado electoral de La Plata puede definir una elección", dijeron
importantes fuentes judiciales. Aunque enfermo de cáncer desde hacía una
década, la muerte de Blanco fue
sorpresiva y sumió en una profunda preocupación a casi todos los dirigentes
opositores. Blanco llevaba casi treinta
años en el manejo de las cuestiones electorales de la provincia de Buenos
Aires.
El juzgado electoral
de La Plata debe decidir sobre casi la mitad del electorado argentino, más de
nueve millones de argentinos empadronados. La designación de un juez titular en
La Plata necesitará de concursos y de los dos tercios del Consejo de la
Magistratura. Lo designará el próximo presidente, aunque el trámite podría
abreviarse si el kirchnerismo lograra la mayoría especial en el Consejo.
Pero la designación
de un juez interino es otra cosa. Una mayoría simple del Consejo, con la que ya
cuenta el kirchnerismo, está en condiciones de designar a un juez subrogante o
trasladar a La Plata a otro juez federal con funciones en la provincia de
Buenos Aires. Se menciona para un eventual traslado al crucial juzgado de La
Plata al actual juez federal de Dolores,
Alejo Ramos Padilla, un kirchnerista que adhiere a Justicia Legítima, y a
Alberto Santamarina, juez de Lomas de Zamora, considerado más independiente.
Para peor, la secretaria electoral de La Plata, María
Vergara, con extensa experiencia, anticipó que se jubilará si se designa a
un juez electoral con inclinaciones partidarias. La oposición política no puede
hacer mucho por la designación de un juez electoral interino en lugar de Blanco. La mayoría simple del
kirchnerismo está en condiciones de nombrar a un reemplazante interino. Con
todo, si el oficialismo careciera de los dos tercios en el Consejo, la
oposición podría intentar una obstaculización política de la designación[1].
El kirchnerismo ha
perdido las últimas elecciones en la provincia de Buenos Aires. Parece
impotente para resolver la enorme crisis económica en marcha. Carece de un
candidato propio y confiable para la sucesión de 2015. La inseguridad es una
tragedia colectiva que abre grietas entre los propios cristinistas. A pesar de
todo eso, su entusiasmo y sus energías están puestos en alcanzar durante el
próximo año una mayoría aplastante en el Consejo de la Magistratura. ¿Por qué? Tal vez la última verdad sea más verdadera
que todas las otras. Un repliegue en tales condiciones necesitará de una
cobertura más judicial que política.
FUENTE: http://www.lanacion.com.ar/1725979-el-control-de-la-justicia-la-madre-de-todas-las-batallas
[1]
Nombraron a dos subrogantes para reemplazar al juez Blanco:
No hay comentarios.:
Publicar un comentario
No dejar comentarios anónimos. Gracias!