MACRI Y EL ARTE DEL ACUERDO

Después de años de arrogancia y poder omnímodo, el nuevo presidente ha pedido volver a unirnos para recobrar los valores y la institucionalidad perdidos

VIERNES 11 DE DICIEMBRE DE 2015

El discurso de Mauricio Macri tras su jura como presidente de la Nación ha sido una muestra contundente de la necesidad que se observa en nuestro país por volver a resignificar determinadas palabras y acciones. Después de 12 años de un poder político arrogante, pendenciero, avasallante, irrespetuoso para con los críticos y, muy especialmente, vengativo, apelar a la reconciliación, al diálogo y a la unión para alcanzar objetivos termina siendo necesariamente una de las principales demandas que se le hace a nuestra maltratada democracia.

"Convoco a todos a aprender el arte del acuerdo", sostuvo Macri, cuya llegada al poder es, precisamente, producto de una alianza entre diversas fuerzas políticas, las que, a juicio de la mayoría de los ciudadanos que votaron en el ballottage del mes último, mejor representan el cambio que demanda la hora.

Macri hizo girar su discurso de ayer sobre los principales ejes de la campaña de Cambiemos: unir a los argentinos, derrotar al narcotráfico, combatir la corrupción, garantizar la independencia de poderes y reducir al máximo posible la pobreza y la indigencia. Para ello, será necesario dar varios pasos impostergables, que fueron enunciados durante el acto ante la Asamblea Legislativa. El flamante presidente se comprometió a trabajar para todos los argentinos, sean del signo político que fuesen; aseguró que se sincerarán las estadísticas y que la información pública será realmente pública, al alcance de todos; dijo que será implacable con quienes se apropien del Estado para su beneficio personal o partidario, y que no habrá jueces militantes, que será la Justicia la que deba hacer su propia limpieza, porque no existe democracia sin una justicia independiente. Al respecto, agradeció a quienes desde ese poder han impedido que nuestro país sea irreversiblemente tomado por un proyecto absolutista, tarea con la que -cabe destacar- también han contribuido, y mucho, los medios de prensa independientes.

Son, en sí, grandes objetivos. Seguramente, las precisiones de cómo se llevarán adelante vendrán con el correr de los días, cuando el nuevo gobierno tenga mayor acceso a la enorme cantidad de información que le fue vedada por la administración saliente. Lo que no puede objetarse es que todas esas metas figuren en su agenda como verdaderas declaraciones de principios. No es poco que un gobierno manifieste su compromiso público de acatar la ley y que pida a los gobernados trabajar en conjunto, aportando, disintiendo, marcando los errores, sumando diferentes visiones, trabajando todos los días un poco mejor y sin esperar milagros ni recetas mágicas. Los argentinos hemos venido padeciendo en los últimos 12 años los nefastos efectos de transitar por el camino contrario, con autoridades que han hecho culto de los personalismos, que han puesto su voz por encima de la de los demás, que han usado al Estado para su exclusivo beneficio, privilegiando el amiguismo por sobre la capacidad y la eficiencia. Han sido muchos años de enfrentamientos inútiles, con resultados lamentables para todos.

Entre otros enunciados del nuevo mandatario merecen destacarse la universalización de la protección social, la urbanización de villas, la ampliación de la economía mediante la generación de nuevos empleos y una inversión inteligente y expansiva, con infraestructura y oportunidades. También, el combate contra la inseguridad, que tantas vidas se ha cobrado ya en nuestro país. Un párrafo muy especial le ha dedicado Macri a la educación, poniéndola a la par de los otros grandes objetivos. Prometió una revolución en la calidad de la educación pública, basada en una ética del crecimiento y de la superación, prestigiando y valorando al docente. Su discurso también incluyó una breve referencia, pero no menor, al vetusto sistema de votación que sigue rigiendo en nuestro país.

Realizó un llamado a consolidar y ampliar los acuerdos con América latina, abriendo también la posibilidad de generar entendimientos con países de otras regiones, al tiempo que hizo público su reconocimiento al resto de los candidatos a presidente que compitieron en los últimos comicios.

La forma en que ha quedado dividido el mapa político del país durante las últimas elecciones, advierte también sobre el esfuerzo que deberá poner el gobierno nacional para establecer diálogos francos y abiertos con los gobiernos de cada uno de los distritos. La circunstancia de que ahora los gobiernos nacional, bonaerense y porteño se encuentren gestionados por equipos del mismo sector partidario abre una nueva esperanza de trabajo coordinado para hacer frente a las acuciantes demandas de seguridad, salud e infraestructura, y crea un compromiso todavía mayor de parte de aquellos administrados por Cambiemos.

Esa alianza electoral se ha impuesto en numerosos distritos, entre ellos, los que concentran el mayor número de habitantes, pero no contará con mayoría propia en ninguna de las dos cámaras del Congreso de la Nación.

Macri deberá construir poder: su llegada a la primera magistratura encarna los reclamos de quienes lo eligieron por convicción, pero también de quienes lo votaron espantados de las prácticas kirchneristas, exacerbadas hasta lo impensable y hasta segundos antes del recambio presidencial.

Hará falta mucho esfuerzo y delicadeza para desactivar la bomba de tiempo que deja el kirchnerismo en lo económico y social. También el desquicio que deja en lo cultural, en los modos y en las formas. Conseguir poner al país en la senda de la normalidad perdida es una meta razonable, aunque ciertamente difícil. Con ella debemos colaborar todos como sociedad, unidos en la diversidad, con respeto por las instituciones y con la verdad como punto de partida.

FUENTE: http://www.lanacion.com.ar/1853186-macri-y-el-arte-del-acuerdo

NOTA: La imagen y destacados no corresponden a la nota original.

LOS JUICIOS DE “LESA HUMANIDAD”: UN DESAFÍO PARA LA JUSTICIA

Autor: Romero, Luis Alberto[1]

Los juicios de “lesa humanidad”: un desafío para la justicia

El autor reclama imparcialidad en los juicios abiertos sobre el terrorismo de Estado y abandonar la lógica de la venganza por encima de la ley.

Entre los muchos problemas que le esperan al nuevo gobierno hay uno que es a la vez urgente y profundo: los juicios de lesa humanidad, que se vienen realizando desde 2005. Diez años después, de los 2200 imputados, sólo 700 recibieron sentencia, en un 90% de los casos condenatoria. Los juicios no tienen perspectiva de terminar, y la lista de imputados sigue abierta. La mayoría están detenidos, y más de 300 ya han muerto en las cárceles, sin recibir el beneficio de la prisión domiciliaria, concedida por ejemplo a Arquímedes Puccio. La persecución a los imputados y su discriminación –tan lejos de cualquier principio de los derechos humanos– llega al extremo de que no se les permite ser atendidos en el Hospital Militar o el Hospital Naval.

Por otro lado, muchos testimonios indican que estos juicios distan de ser impecables, como sí lo fueron los juicios a las Juntas de 1985. Aunque pocos se atreven a expresar públicamente una opinión contraria a la corrección política dominante en los últimos años, las hay en ese sentido a partir de testimonios de peritos y funcionarios intervinientes, así como de familiares, referidas tanto al juicio como a las condiciones de detención. También están, para ser examinados, los expedientes, con sus sentencias.

No estoy opinando acerca de la culpabilidad de los imputados y de las penas que merecerían, ni de otro tema igualmente importante: qué aportaron estos juicios acerca del destino de los desaparecidos. Aquí me ocupo sólo de la justicia y de los derechos humanos, las dos bases del sistema democrático institucional construido en 1983. Un balance global indica que estamos ante una flagrante violación de los derechos humanos y ante un ejercicio del poder estatal de punición muy alejado del estado de derecho.

El punto de referencia sólido son los juicios a las Juntas de 1985. Raúl Alfonsín se comprometió a juzgar y castigar, en el marco estricto de una justicia independiente, a los principales responsables del terrorismo clandestino de Estado y de las organizaciones armadas. Con ello afirmó la legitimidad y potencia de la justicia, piedra angular del estado de derecho, e instrumentó una solución posible, ejemplar, rápida y definitiva para un conflicto cuya perduración afectaría la construcción de la democracia.

Pese al momento, quizá proclive al jacobinismo, los procedimientos judiciales se respetaron a rajatabla. No hubo “tribunales especiales”; la fiscalía seleccionó, de entre todas las denuncias, un número reducido de casos adecuadamente probados; cada parte fue escuchada; el fallo desechó muchos de los casos presentados, sopesó las pruebas, y aplicó condenas diferentes para cada acusado. Los fundamentos fueron enjundiosos.

El fallo castigó a los principales responsables del terrorismo de Estado, demostró que la justicia podía acabar con la impunidad y reveló los horrores a los que una sociedad se expone cuando abandona el camino de la ley y la justicia. Pero además, mostró de manera concreta qué cosa es el gobierno de la ley, pilar sobre el que debía sustentarse la nueva democracia.

Llegar a este final fue una verdadera hazaña, pues las resistencias fueron muchas, desde la intención del candidato justicialista de aceptar la autoamnistía militar a la intransigencia de las principales organizaciones de derechos humanos, que finalmente no integraron la Conadep. Los militares no aceptaron juzgar a sus camaradas, y en 1987 se negaron a que oficiales en actividad fueran citados a juicio. El levantamiento de Semana Santa reveló la impotencia de un poder civil todavía no consolidado; su consecuencia fueron las leyes de Punto Final y de Obediencia Debida, juzgadas por la opinión pública, no sin algo de razón, como un fracaso del gobierno civil. En la memoria social, la ley de Obediencia Debida es considerada más relevante que el Juicio a las Juntas.

Cuando se reabrieron los juicios, en 2005, la idea de justicia había sido desplazada por la de retaliación o revancha. La acompañó otra: exhibir la capacidad del poder político para ponerse por encima de las leyes que lo regulan, o dicho de otro modo, su capacidad para la arbitrariedad.

El deslizamiento de la justicia a la venganza resultó de la gradual confluencia de dos grupos: el sector más intransigente de los militantes de derechos humanos y aquellos que retomaron, al menos simbólicamente, la tradición ideológica y política de los años setenta. Las “víctimas inocentes” del terrorismo de Estado fueron reivindicadas como militantes heroicos, y sus herederos cambiaron la defensa de los derechos humanos, la ley y la vida por el reclamo de la justicia del Talión.

Néstor Kirchner percibió el potencial político de este sector crecientemente faccioso, capitalizó la idea de la venganza justiciera y la integró a su proyecto de construcción de poder. Manipuló ideas imprecisas y sentimientos difusos, se apropió de objetivos, discursos y símbolos y hasta encontró la retribución adecuada –simbólica y material– para que las organizaciones emblemáticas se le sumaran. La llamada política de derechos humanos sirvió para entusiasmar a los partidarios, disciplinar a los indecisos y atemorizar a la opinión independiente.

En muchos de estos juicios la justicia está hoy lejos de la imparcialidad e ignora el principio de igualdad ante la ley, como en el caso del general Milani. La condena parece decidida a priori, y cada uno cumple su papel siguiendo un guión: abogados que orientan a los testigos, fiscales “militantes”, defensores presionados y jueces que se dividen entre militantes y timoratos.

Lo más débil son las sentencias. A menudo, la única prueba es el recuerdo de un testigo; alguien que, casi cuarenta años después, afirma haber visto al acusado en el lugar en donde era torturado. Con ese testimonio único y endeble se ha condenado a muchos, considerados “partícipes necesarios”, sin necesidad de probar qué es lo que hicieron. Se parte de la presunción de culpabilidad y se le pide al acusado que demuestre su inocencia; así se invierte la carga de la prueba, eliminando una de las garantías básicas del debido proceso. Seguramente no todos los casos han sido así. Pero sólo con algunos basta para alarmarse y reclamar que el tema se incluya en la agenda pública.

Por otro lado, en estos juicios hubo una singular teatralización de la justicia. La majestad de la ley dejó su lugar a la exhibición de la discrecionalidad e impunidad de un poder político capaz de controlar cada paso del proceso, y rodearlos de una especie de festival de la venganza, en el que tribunas vociferantes presionan a los testigos y a los jueces, y “escrachan” a los acusados y sus defensores. La teatralización remite al clima faccioso generalizado, a la decisión política de llevar el enfrentamiento al límite, y a la explotación del deseo primario de tomar revancha sobre los antiguos victimarios.

Pero hay algo más. La impunidad y la arbitrariedad son dos de los nombres del poder. Hacer gala de ellas es un eficaz disuasivo y un instrumento disciplinador. Se trató de mostrar y escenificar cuánto valor asigna a la justicia y a las instituciones el gobierno kirchnerista, convencido de que el pueblo con su voto le había confiado la suma del poder. Probablemente allí resida la lógica profunda del gobierno que ahora termina.

En un prolijo informe sobre el estado de los juicios, la Procuraduría General señala que 227 imputados murieron en prisión “con el sello de la impunidad”, casi como si se hubieran escapado. La frase expresa el sentido profundo de estos juicios: los imputados son culpables, deben pagar aún antes de ser condenados, y la punición debe estar por encima de las garantías asentadas en la Constitución, los códigos y la práctica judicial. Todo tiene un amargo regusto a venganza.

El justo castigo es un principio fundamental. Pero no puede ser el único. Para que los horribles sucesos no sucedan nunca más, no basta con castigar a los culpables; también hay que crear las condiciones para que los crímenes abominables no se repitan. Esto sólo es posible cuando hay una sólida convicción ciudadana sobre la imparcialidad de la justicia y el gobierno de la ley. Una condena es legítima cuando hay pruebas fehacientes, más allá de toda duda razonable. La eventual impunidad de algunos, cuya culpa no pudo ser probada, es un precio a pagar para sostener los principios de la justicia. Hacia allí apuntaron los juicios de 1985, que acompañaron la construcción de una democracia institucional. ¿Cuánto queda hoy de aquel proyecto de 1983?

El nuevo gobierno hereda el problema, que tiene distintos aspectos. Hay uno urgente: la situación de los imputados y condenados ancianos, privados de su derecho a la detención domiciliaria, a un tratamiento médico adecuado y a un digno final de su vida. Ni los imputados ni los condenados pueden seguir muriendo en las cárceles.

Los juicios abiertos tampoco pueden durar eternamente. Hay que acelerar su tramitación, hay que cerrar la lista de imputados –una sociedad no puede vivir con esa espada de Damocles, administrada hasta ahora por personas de dudosa integridad– y sobre todo, hay que poner alguna fecha para que los juicios estén terminados.

También está el problema de la justicia. No se puede construir el estado de derecho sobre la injusticia ni sobre la duda. Son muchos los que objetan las sentencias. Deberían ser revisadas, separando las correctas de aquellas jurídicamente insostenibles, y sería bueno convocar a juristas internacionales, de probada capacidad y ajenos al juego político local, que ha enturbiado las causas.

Lo último, y lo más difícil: hay que iniciar un debate amplio que –sobre la base de la justicia– ayude a encontrar el camino para que una sociedad dividida por el pasado cierre ese capítulo. El debate está hoy obturado por el clima faccioso característico del ciclo que ahora acaba. Es la hora de que se expresen las voces que permitan discutir este problema en términos diferentes a los actuales.

FUENTE: http://www.revistacriterio.com.ar/bloginst_new/2015/12/01/los-juicios-de-lesa-humanidad-un-desafio-para-la-justicia/

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[1] El autor es historiador. Profesor en la Universidad de San Andrés.

¡YO DISIENTO!

Por Andrea Palomas Alarcón

Lejos del inmortal “Yo acuso” de Emile Zolá, en estos tiempos de temples tibios, la acusación esconde su ruda faz tras el disenso.

Un grupo de periodistas (y otras yerbas) manifestaron su hipócrita disenso contra un editorial del diario La Nación que hablaba con toda cordura y soltura de la venganza que se implantó como “política de Estado” a partir del kirchnerismo.

Tras la excusa del “disenso”, una operación de prensa bien montada y orquestada, bien disciplinada: todos los soldaditos al mismo tiempo, más o menos el mismo mensaje. Todos por Twitter. Incluso aquellos que han escrito para el mismo diario más o menos las mismas líneas sobre la venganza y la injusticia que mencionaba el Editorial.

Yo disiento con los periodistas que disienten, porque una cosa es disentir y otra muy distinta es escrachar. El diario que les paga el sueldo nunca les bajó línea ni les indicó que disentía con esto o con aquello que los periodistas escribían. Y sin embargo pudo haberlo hecho porque disentir es sentir distinto, con amabilidad y blandura, con argumentos. Pero no lo hizo, porque tuvieron la libertad para expresarse, libertad que hoy le niegan a La Nación. Porque de eso se trata, de que no se hable más del tema. De la moción de censura y escarmiento.

En 140 caracteres sólo se puede denunciar. Si es al unísono, operar, escrachar pero no disentir. No leí ningún argumento de Alconada Mon ni de De Vedia ni mucho menos de los otros.

También disiento con el diario La Nación porque se negó a publicar las cientos, tal vez miles de cartas que apoyaron el Editorial. Me consta. Sus directivos querían terminar con la polémica. Este es el tipo de operación que los argentinos hemos sufrido tantos años, de un lado nos atacan sin fundamentos y cuando queremos oponer argumentos al ataque, el periodismo nos silencia, en nombre de una paz boba que sólo genera más inquina.

Pero más que con unos o con otros disiento con la carta que el Episcopado envió a La Nación manifestando su “sorpresa” por el mismo Editorial. El disenso de los Obispos, en este caso, apuntaría a que el Editorial no trata el tema con la profundad debida.

Aunque Iglesia somos todos los fieles, en mi condición de simple católica exigua les pregunto a mis Pastores ¿cuándo han tratado ustedes el tema con mayor profundidad? La carta que envían a La Nación nos recuerda una serie de frases corteses que se deslizan sobre el hielo de la indiferencia por encima de los cientos de muertos y encarcelados como si no existieran. ¿Cuándo han mencionado el nombre de pila de uno solo de ellos?

En estos tiempos escandalosos, en los que la Iglesia nos otorga tantos permisos a los fieles, voy a utilizar los míos para disentir con su prolongado y doloroso silencio. “Un silencio que aturde” decía uno de nuestros queridos Abogados por la Justicia y la Concordia. Un silencio que mata, digo yo, con menos caridad que decisión.

La Iglesia, estimados Obispos, debió haber roto ese cerrado silencio hace mucho y no venir a criticar a los que, como el diario La Nación, han levantado su voz por los que no tenían voz, muchas veces en soledad.

La Iglesia tenía la obligación de haber denunciado el drama humanitario que significó y significa el encarcelamiento de más de dos mil personas, muchas de ellas ancianas y enfermas. Mártires. Hombres y mujeres, civiles y militares, jueces, sacerdotes que permanecen en prisión sin contar con los más mínimos recaudos para asegurar su vida, su salud y su decoro. Personas discriminadas que carecen de los mismos derechos que se le aseguran a otros presos, como estudiar o ser trasladados para ver a una madre moribunda o asistir al casamiento de un hijo.

Algunos podrían afirmar que la Iglesia no debe opinar sobre cuestiones tan temporales como si en nuestro país hubo una guerra o no. Yo disiento con ese pensamiento, creo que la Iglesia que bendecía las tropas cuando iban a pelear al Monte Tucumano bien podría tener una posición tomada.

Pero lo que ningún obispo o sacerdote me pueden discutir, aunque yo no sea más que una católica incompleta, con más esfuerzo que mérito, con menos formación que voluntad es que la Iglesia no podía ni puede mantenerse en silencio frente a la hecatombe humanitaria que implica mantener en prisión a miles de personas viejas y enfermas. Eso no me lo discute nadie. La Iglesia debió haber hablado, con profundidad o sin ella, hace mucho. Y no me cuenten que realizó buenos oficios en tal o cual caso, que acercó voces, que influyó en funcionarios desde la oscuridad y el anonimato. La Iglesia debió haber hablado públicamente, debió haber gritado en las plazas públicas que se estaba matando gente en prisión. Debió decir que el gobierno de la venganza se negaba a asistirlos, de viva voz y a la luz del día, sin esconderse de nada ni de nadie porque para eso está la Iglesia, para ser la voz de Cristo sobre la tierra y tengan por seguro que Cristo no se habría callado la boca, ni se habría puesto del lado del poder, ni habría abandonado al enfermo, al preso o al sufriente.

Unas palabras de la Iglesia nos habrían ayudado mucho cuando el capitan Scheller pesaba 40 kilos y se negaban a internarlo, o cuando el comisario Alais no fue evacuado a un hospital pese a que el médico del módulo penal lo pidió insistentemente; o cuando al comisario Becerra le fueron cortando en rebanadas primero sus pies, luego sus piernas putrefactas por la gangrena, sin que le suspendieran un solo día la asistencia a juicio o, ahora mismo, en favor del subcomisario Patti quien se encuentra postrado e imposibilitado de recibir la terapia que la ONU ha dictaminado que le debe ser provista.

La voz de la Iglesia, defendiendo una causa humanitaria, no pudo haber sido cuestionada por nadie y habría sido un importante cambio para los perseguidos. Al menos, habría sido un alivio espiritual y un consuelo para ellos y sus familias. Sentir la comprensión de sus pastores habría sido reconfortante para los presos políticos que en su mayoría profesan la Fe Católica.

¿Ven sus Excelencias lo que se saca de darle libertades a estas ovejas deslenguadas? Que un buen día, cuando menos se lo esperan, les decimos unas cuantas verdades que nos muerden el corazón y sin el menor sentimiento de culpa.

Alivian mi conciencia la tranquilidad de espíritu de no haberme callado nunca ante la injusticia y mi gratitud eterna al diario LA NACION que siempre estuvo del lado de aquellos a quienes se les negó todo derecho, en nombre de los Derechos Humanos. 

DÍA DEL ARMA DE ARTILLERÍA

Estimados Camaradas y Amigos del Arma de Artillería

Con motivo de celebrarse hoy 04 de Diciembre el Día de la Artillería y el de su Santa Patrona Santa Bárbara, la Unión de Promociones hace llegar a todos los Artilleros y a sus familias un cordial saludo.

Vaya junto al mismo, el deseo de poder ver muy pronto en libertad, a todos y cada uno de los tantos Camaradas de las distintas Fuerzas y Civiles que hoy sufren con estoicismo y vocación de servicio, la injusta, arbitraria e inconstitucional privación de su libertad.

Nuestro inclaudicable compromiso es no dejarlos solos, dar testimonio y continuar trabajando por cada uno de ellos, codo a codo con todas las ONG, Instituciones y compatriotas que se van sumando a esta dura etapa por la que transitamos.

Cordialmente.

Coronel (R) Guillermo César Viola

Unión de Promociones

ARTURO LARRABURE: ENTREVISTA

En esta emisión de Relaciones Humanas, Rolando Hanglin entrevista a Arturo Larrabure, hijo del Coronel asesinado en 1974 durante el copamiento de la fabrica militar.

ENTRE LA ENFERMEDAD Y LA PERVERSIÓN

Diario Castellanos - EDITORIAL

Cristina Fernández nunca pensó que la salida del poder, dejar el cargo de Presidente, las prebendas y los privilegios, fuera una situación que le provocase tan profunda desazón, que la hiciese sentir tan frustrada ante su vocación de permanencia. Su reacción más dispar, pero a la vez más acorde a su sentir, fue el más primitivo amago de venganza.

En su necedad no puede darse cuenta que ni aquellos que la ensalzan y celebran sus tropelías finales también se están vengando de ella, de su mal trato, de su violencia serial.

Se puede elegir entre la luz y la oscuridad, ella prefirió volver a sus orígenes. La venganza no es un camino que lleve a la alegría aunque algunos confundan la carcajada que produce el odio con el júbilo que enaltece el espíritu.

Cristina Fernández ve frustrado su sueño de reina populista y necesita culpables de quien vengarse. No le alcanza con Macri de quien no creyó que llegaría, ni con Scioli que no fue lo suficiente fuerte como para superar las trapacerías que ella misma le puso en el camino. Tampoco eran suficientes los que votaron al primero, entonces sumó los que votaron al segundo. La venganza de la Presidente es contra los argentinos.

Quizá en su delirio piense que no nos la merecemos y que todos debemos pagar por ello. El fallo de la Corte Suprema que ordenó restituir dinero de la ANSeS a tres provincias le vino como anillo al dedo, y su decreto presidencial extendió a todos los distritos el fallo del máximo tribunal, que solo se aplicaba a Santa Fe, San Luis y Córdoba. La venganza: desfinanciar la seguridad social del gobierno entrante.

Así el 15% de la coparticipación a las provincias, dinero que hasta el fin de semana era destinado a la ANSeS, pondrá en peligro el pago a los pasivos. El Gobierno nacional perderá $ 100.000 millones por mes con ese 15 % que no va a tener y pareciera que el flujo no va a alcanzar para cumplir con la responsabilidad del pago de las jubilaciones.

¿Puede alguien entender cómo quien se ha dicho protectora de los humildes no dude en ponerlos en riesgo con tal de llevar a cabo esta vendetta miserable? Esa es Cristina.

En cierto modo la actitud es consecuente con su accionar en los últimos doce años. Hitos como los de los chicos Qom, llevados a la caquexia final por un estado más cercano a la asociación ilícita que a un gobierno democrático, fueron mostrando la existencia de una larga lista de víctimas. No son suficientes, parece querer más.

Poco importa si entregará el bastón de mando o lo enviará por correo, si los serviles de La Cámpora –de quienes también se está vengando– harán lío junto a facinerosos como D’Elía; si Bonafini seguirá llamando a la resistencia o Carlotto sacará un nuevo nieto de su galera. La realidad nos muestra que una persona que no sabemos si es más enferma que perversa o viceversa, esté vengándose del país que dice querer.

Si al odio le sumamos la soledad, no hay un futuro promisorio. Ese es el mañana de Cristina Fernández. Su compañía serán los fantasmas de aquellos que quedaron en el camino, los que no pudieron subsistir, los asesinados, los limados por la droga.

Cuando los aplaudidores dejan de aplaudir, cuando los aduladores se callan, cuando los lameculos comienzan a hacer gárgaras esperando un nuevo trabajo, todo se complica porque quien sembró cizaña, cosecha cizaña.

Jorge Milia

Director

editorial@diariocastellanos.net

SERÁ INJUSTICIA

Crónica de un calvario: dinero, poder y DDHH – Argentrucha, 26 de noviembre de 2015

Desde ayer estoy pensando en que debo escribir algo. Verdaderamente no tenía ánimo, ganas ni fuerza para hacerlo, pero las cosas me vienen pasando por encima y no debo esperar más.
A fines de 2009 mi papá se enteró que estaba mencionado en un juicio en Bahía Blanca donde se investigaban supuestos delitos de lesa humanidad. Sabiéndose inocente me pidió que lo acompañe para aclarar la situación. Así nos fuimos mi hijo, mi padre y yo, para que se presentara en el juzgado. El 29-11-2009 lo recibió un juez amable, se acompañó la documentación que demostraba que en el año que se investigaba (1976) mi papá estaba en otro destino, con actas, fotos, recibos y hasta una copia del sitio web de las madres de Plaza de Mayo donde se lo mencionaba ocupando el puesto que dijo. El juez agradeció la colaboración, le dio la mano… y le hizo poner esposas para enviarlo detenido a la unidad 4 de Villa Floresta.

Hace 6 años de esto. Hace 6 años que viene pasando por diferentes estadios: excarcelado (muy poquito tiempo), detenido en Marcos Paz, prisión domiciliaria (la actual, por ahora). Hace casi 2 años comenzó el juicio oral. Fuimos a unas 80 audiencias en los tribunales de Comodoro Py, levantándonos a las 4:30 de la mañana para estar a horario, con sesiones maratónicas que han llegado a durar hasta las 21 horas. Tuvimos que viajar a Bahía Blanca cuando hubo que declarar, buscar pruebas -las poquitas que nos dejaron ver-, ampliar declaraciones, escuchar veredictos.

Mi papá tiene hipertensión, sufrió una AIT (una especie de pre-ACV pero temporal), camina con bastón porque tiene una rodilla gastada de la que ya fue operado pero que no tiene cura, e infinidad de pequeños problemas producto de la edad. Claro, tiene 80 años, pero eso no importa para algunos casos, no interesa lo que digan leyes, códigos o tratados internacionales.

Y ni por mucho es el mayor, hay otros de más edad, enfermos, cardíacos, hiper o hipo tensos, algunos con Alzheimer, otros con Parkinson, a los cuales hemos tenido que evacuar de las audiencias en más de una oportunidad, saliendo en camilla o silla de ruedas para llegar a la ambulancia y muchas veces quedar internados hasta conseguir estabilizarlos. Aprendí un montón de enfermedades de gerontes. Y aprendí, de un montón gente mayor con enfermedades, que se puede ser estoico en la adversidad.

Como abogado –aunque no ejerza- no coincido con que sean juicios de lesa humanidad. Esta definición es una creación jurídica, con una definición precisa y que Argentina ratificó recién en 2003. Ergo, y por los principios de presunción de inocencia, ley anterior al hecho, juez natural, irretroactividad de la ley, prescripción, prohibición de juzgamiento por comisiones especiales, la vergonzosa e ilegal anulación de leyes de amnistía, carga de la prueba, plazo razonable, y montones de etcéteras legales, los crímenes que pudieren haberse cometido no deben juzgarse como se está haciendo o están prescriptos.

Comparto que quien cometió un crimen, violó, robó, se apropió de un menor o mató, debe ser juzgado y purgar una condena. Pero no a cualquier precio. Los Estados tienen reglas y principios que deben respetarse, no hacerlo es caer en lo mismo que los organismos de DDHH dicen repudiar. Se juzga a militares por el sólo hecho de serlo. Algo habrán hecho. Tienen que haber sabido. El fin justifica los medios.
Aceptar este tratamiento no es justicia, es venganza disfrazada de ella.

Igualmente, y si cediera a la supuesta potestad del Estado para juzgarlos, hay cientos de otros principios que, en el juicio de mi papá, al que voy a referirme exclusivamente, están siendo conculcados.

No es cierto que se respeten los derechos de los enjuiciados. Cualquier detenido de más de 70 años va a su casa. Y no es aceptable la cantidad de pavadas que se escriben para justificar los presos en unidades carcelarias. La práctica indica que se concede prisión domiciliaria a todos, menos a los presos políticos. Por eso, porque son presos políticos.

No se respeta el elemental principio de que quien alega -acusación- debe probar. Se arman construcciones ideales, literarias y se sentencia en base a ellas aunque no se haya demostrado nada.

No se nos permite acceder a las pruebas. La fiscalía ingresa al juzgado y tiene contacto directo con todos los papeles. Las defensas deben hacer pedidos que no son contestados, solicitudes repetidas hasta el cansancio que nunca tienen respuesta. La excusa más usada es que no tienen personal para revisar. Todo lo que pude obtener fue una copia del Legajo de servicios de mi papá y, recién hace 2 meses, que me autorizaran a ver los legajos de otras 2 personas, bajo vigilancia de un integrante de la gendarmería y con el aviso de que, si quería fotocopiar algo debía ir acompañado con un guardia. Para ello debí viajar a Bahía Blanca por supuesto. Mandar copia no.

Por fin, a mi papá le endosan 5 casos de personas desaparecidas o detenidas entre fines de 1976 y abril de 1977, por haber supuestamente ocupado un destino en el que no estuvo hasta agosto de ese año. Y saben qué es lo mejor: la fiscalía, para acusar a otro detenido, presentó la mejor prueba que podíamos esperar: un despacho radiotelegráfico enviado al verdadero ocupante del cargo con fecha 9 de mayo de 1977. Justo lo que sostuvimos estos 6 años. Listo, nada más que analizar. La parte acusadora, por error, demuestra claramente su inocencia y su ajenidad con los hechos.

Ayer fuimos nuevamente a Bahía Blanca a escuchar el fallo indudablemente absolutorio. Los familiares de los otros procesados, con los que durante dos años escuchamos pacientemente a ¿testigos?, fiscalía, querellas y defensas, coincidieron en felicitarme por la pronta liberación de mi papá ya que es un caso muy claro. No estuvo y fue demostrado rotundamente por la propia fiscalía. Dicho sea de paso, fiscalía que como representante del Estado y titular de la acción, debió haber desistido de la acusación por estar en conocimiento de su inocencia. Pero se portó como querella y siguió para encontrar un culpable. No AL culpable, sino UN culpable.

Se inició el acto, calles cortadas, las agrupaciones con bombos en la calle. El tribunal marcó la cancha y declaró que si ellos querían, podían poner orden. A portarse bien entonces!!

Uno de los inculpados se descompensó antes de llegar a la audiencia. Hasta ayer a la noche estaba internado en el Hospital. Los imputados que podían caminar ingresaron esposados. Así bajaron las escaleras del circo, personas de 80, 90 y más años. Así escucharon los fallos. Cada vez que declaraban una perpetua, las agrupaciones aplaudían, cada vez el presidente del tribunal les daba tiempo deteniendo la lectura para no molestarlos.

Todos los fallos fueron condenatorios, todos de acuerdo a lo que pidió la fiscalía, sin evaluar los argumentos de las defensas. Lo único que le sacaron a los marinos fue el delito de asociación ilícita y alguna pavada menor. El tribunal dio por terminada la sesión y se retiró. Abandonó a los condenados, dejándolos a merced de los insultos de los presentes ya sin control judicial. Los integrantes del servicio penitenciario los sacaron tan pronto como pudieron mientras la barra les gritaba nazis, violadores, asesinos, hijos de puta, cagones, y algunas cosas más que no recuerdo. Lindo todo.

El resultado para mi papá: cadena perpetua, destitución y baja de la Armada (su Armada a la que dedicó su vida), pedido de prisión en cárcel federal, revocación de la prisión domiciliaria (eso si, previo paso por la revisión del cuerpo médico forense)

Los fundamentos: para marzo del año que viene. Mientras tanto a esperar y ver que pasa con las domiciliarias.

Ayer descubrí que a mis 54 años soy un pelotudo. Un pelotudo que creía en las instituciones. Un pelotudo que creía en la justicia. Un pelotudo que creía que en democracia, las reglas de juego iban a ser respetadas. Un pelotudo que realmente pensó que, con el cambio de gobierno, los jueces, por una vez, iban a ser imparciales ya que no deberían temer represalias. Bien, el pelotudo se equivocó. La plata, el poder, la política, manejan también la justicia.

Será Injusticia

José Luis Ripa (h)
Hijo de Preso Político

Abogado

DNI N° 13.916.631