Por Nicolás
Márquez
30
de enero de 2017
Las
organizaciones que se arrogan la exclusividad de velar por los derechos humanos
han tenido la sórdida habilidad de imponer no una discutible visión de la
historia sino un dogma de Fe, el cual nadie puede cuestionar y todo aquel que
lo contradiga cae preso de un linchamiento mediático, judicial o político.
Una
vez más retomamos a la polémica sobre "los 30 mil desaparecidos", y
el protagonista de la misma fue el director de la Aduana Juan José Gómez
Centurión, cuyas recientes declaraciones relativas al último gobierno militar
que más enfadaron a los grupos que detentan el monopolio del bien fueron tres
afirmaciones siguientes:
1)
"No fueron 30 mil los desaparecidos". 2) "No hubo un
genocidio". 3) "Lo ocurrido en los años 70 fue una guerra".
Desconocemos
el motivo de tanta ira por parte de sus detractores y lamentamos la
pusilanimidad del gobierno actual, quien obligó a Gómez Centurión a pedir
disculpas por el sólo hecho de opinar ajustándose a la verdad. Vamos por
partes.
1)
Del último listado gubernamental y oficial de desaparecidos actualizado por la
Secretaría de Derechos Humanos en marzo del 2006 (presidencia de Néstor
Kirchner) se confirmó que la cifra real de desaparecidos durante el Proceso de
Reorganización Nacional fue la siguiente: 6.809 (datos luego detallados en la
edición del libro Nunca Más publicada ese mismo año por Eudeba).
2)
La Convención de Ginebra suscripta el 9 de diciembre de 1.948 tipifica el
término "genocidio" en su art.2° y allí se define que es:
"la
destrucción total o parcial de un grupo nacional, étnico, racial o religioso
como tal"
En
consonancia, el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, aprobado el
17 de julio de 1.998 define el "genocidio" en su artículo 6 y allí se
nos dice lo siguiente:
"se
entenderá por ´genocidio´ cualquiera de los actos perpetrados con la intención
de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o
religioso como tal".
Las
circunstancias definidas, obviamente no se dieron durante el conflicto militar
contra el terrorismo en nuestro país, puesto que desde ninguna óptica se
intentó efectuar ninguna destrucción a grupos étnicos, raciales, ni religiosos,
sino a bandas terroristas (fundamentalmente a Montoneros y al ERP –Ejército
Revolucionario del Pueblo) que operaban en el país desde mucho antes de la
existencia del último gobierno militar, en el afán de asaltar el poder del
Estado.
En
efecto, durante el trágico desencuentro de los años 70 las Fuerzas Armadas
combatieron a los integrantes de dichas organizaciones no por lo que eran, sino
por lo que hacían. Que esa guerra iniciada mucho antes del 24 de marzo de 1976
haya contado con irregularidades muy graves por parte de las Fuerzas Armadas no
desnaturaliza en absoluto el carácter contrainsurgente de la misma y la
condición de desaparecido no convierte al terrorista en inocente.
Podría
argumentarse que muchos de los desaparecidos no eran guerrilleros sino simples
ciudadanos pacíficos que portaban ideas solidarias, pero los hechos históricos
parecieran desmentir esta romántica versión del pasado: basta con saber que
Montoneros tuvo al menos 5500 bajas y el ERP 1500, a las que cabe sumar las
padecidas por bandas terroristas de menor envergadura como FAL (Fuerzas Armadas
de Liberación), FAR (Fuerzas Armadas revolucionarias) u OCPO (Organización
Comunista Poder Obrero).
Va
de suyo que no descartamos la existencia de muertos inocentes y ajenos a estas
organizaciones en tan trágico período, pero lo que sí resulta evidente es que
estas desdichadas situaciones constituyeron la excepción y no la norma,
excepciones que por otra parte se registran toda vez que se produce una guerra
civil de carácter irregular.
Y
aquí viene la tercera afirmación de Gómez Centurión que enardeció a los mismos
sectores que en esta materia detentan el acaparamiento de la ética pero que
semanas atrás despidieron al dictador crónico Fidel Castro como si éste hubiese
sido un baluarte de la paz y los derechos humanos: ¿lo vivido en los años
setenta fue una guerra?
3)
"Coincido con Videla, fue una guerra" declaró el máximo jerarca
Montonero Mario Firmenich en reportaje concedido a Javier Vigo Leguizamón.
Afirmación que no sólo se haya fundada por el sinfín de hechos objetivos que
registra nuestra historia reciente, sino en lo establecido por la sentencia de
la Cámara Federal que en 1.985 juzgó a la Junta Militar en la famosa Causa 13.
El fallo, entre otras cosas, determinó:
"En
consideración a los múltiples antecedentes acopiados en este proceso y a las
características que asumió el terrorismo en la República Argentina, cabe
concluir que, dentro de los criterios de clasificación expuestos, el fenómeno
se correspondió con el concepto de guerra revolucionaria…»; «algunos de los
hechos de esa guerra interna habrían justificado la aplicación de la pena de
muerte contemplada en el Código de Justicia Militar…»; «…no hay entonces
delincuentes políticos, sino enemigos de guerra, pues ambas partes son
bélicamente iguales»; «…como se desprende de lo hasta aquí expresado, debemos
admitir que en nuestro país sí hubo una guerra interna, iniciada por las
organizaciones terroristas contra las instituciones de su propio Estado".
Que
lo dicho por Gómez Centurión se ajuste a sobrados argumentos históricos,
jurídicos o políticos no implica necesariamente que el dicente y funcionario de
la Aduana sea portador de la verdad revelada, pero sí implica que no dijo nada
irresponsable, sus afirmaciones se hallan respaldadas por documentos oficiales
y de fácil acceso, y que por otra parte, es hora de que terminemos con la hipocresía
de vivir bajo el yugo de una falsa libertad de expresión, en la cual toda
opinión que se insubordine al arbitrario catecismo progresista deba ser
sancionado, aunque lo dicho sea comprobadamente cierto, como en el caso que nos
ocupa.
Es
autor es abogado, docente y escritor. Su último libro se titula "El Libro
Negro de la Nueva Izquierda. Ideología de Género o Subversión Cultural"
(Ed. Grupo Unión)
