10/05/17
Por Mauricio Ortín
El último y principal destinatario de la brutal
embestida fascista que han sufrido los tres magistrados de la Corte que
fallaron a favor de extender (absolutamente ajustados a derecho) la ampliación
del 2 x 1 a los condenados por crímenes de lesa humanidad es el gobierno de
Mauricio Macri. En la Argentina, que un Juez de la Corte Suprema de Justicia de
la Nación haya alquilado media docena de sus departamentos para prostíbulos,
negado recursos de hábeas corpus a personas desaparecidas durante un gobierno
de facto, publicado libros justificando la represión de dicho gobierno y
falseando su declaración jurada de bienes para evadir impuestos no ameritan el
escándalo de proporciones homéricas y las acciones desestabilizadoras que ha
despertado esta decisión mayoritaria de la Corte. Se trata, lisa y llanamente,
de un golpe de Estado al Poder Judicial de la Nación por emitir una sentencia
contraria a los intereses de una parte. Pero es también una estocada a fondo al
Poder Ejecutivo; pues a él es a quien se le endilga la autoría intelectual del
“infame” fallo (Rosatti, Rosenkratz y
Highton de Nolasco serían meros testaferros). Corrido con la vaina, el
gobierno de Cambiemos reacciona con espanto de amateur sumándose a la condena
del fallo y, por ende, a la criminalización de sus autores. Al respecto, las
opiniones sustancialmente pusilánimes de Gabriela Michetti, Marcos Peña, María
Eugenia Vidal, Daniel Lipovetzky son más que elocuentes. Párrafo aparte merece
la patética agachada de Federico Pinedo y su iniciativa para limitar el alcance
de aquella ley.
Con
el repudio oficial del gobierno, el vacío de poder a la Corte deviene en
tormenta perfecta. No es la primera vez que la oposición debilita al presidente
arrancándole jirones de gobernabilidad. Su propensión a hocicar ante la mínima
presión quedó exteriorizada cuando entregó a Darío Lopérfido por contrariar a
la Carlotto y en la pasividad ante el acompañamiento ¿de? María Eugenia Vidal,
y los diputados provinciales de PRO, a la ley mamarracho kirchnerista que
oficializó la mentira de los 30.000 desaparecidos.
La defección aparatosa del macrismo con el deber
republicano es una señal inequívoca a los carroñeros de siempre. Quienes,
inmisericordes, se lanzan contra Rosatti, Rosenkratz y
Highton de Nolasco. Como jugando de memoria, Marcelo Parrilli lanza la
denuncia por prevaricato y, todavía en el aire, el fiscal Marijuan la toma de
volea madrugando al resto. Rosatti, Rosenkratz
y Highton de Nolasco se lo
merecen. Es que ¡se puede ser tan pavo para fallar de esa manera! ¿No
aprendieron en los últimos diez años que a cualquier militar, policía o agente
penitenciario (da igual, pinche o jefe) al que se le cuelga el sambenito de
“genocida” pierde, automáticamente, su condición de sujeto de derechos humanos?
¿No saben, acaso, que a estos después de cuarenta años, sin pruebas y con el
sólo testimonio de ex guerrilleros se los condena a pudrirse en la cárcel?
¿En qué país creen que viven? Les convenía por
mucho emular a dos de las escasas vacas sagradas del derecho argentino: Ricardo
Gil Lavedra y Eugenio Zaffaroni. Altos funcionarios de la justicia durante el
gobierno militar que, en el momento oportuno de que ésta ¿éste? finalizara,
tuvieron el tino de calificarla de genocida y abominable. Esto es la Argentina,
che. Aquí, tanto Maqueda y Lorenzetti, la abrumadora mayoría de los políticos,
periodistas, curas y no pocos ciudadanos comunes consideran y dan el trato de
ratas apestosas a los que vencieron a los terroristas bancados por Cuba. Ser
héroe de Malvinas no cambia un ápice. Otra cosa, obviamente, es la
consideración a tener ante aquellos “jóvenes idealistas” que haciendo estallar
una bomba asesinaron a 23 policías mientras estos almorzaban. Tipos así merecen
que la democracia les haga el honor de que una estación de subte lleve su
nombre o la presidencia de una ONG de derechos humanos.
A
título de qué, entonces y por más jueces de la Corte que sean, ¿habría de
tolerarse que ese fallo reconociera a los “genocidas” ese derecho, por ínfimo
que fuere, del 2 x 1? Si fue la lógica política de confiar que Macri, Vidal,
Pinedo, Michetti, Peña, en función de su propio interés se jugarían por un
fallo ajustado a derecho, le erraron torpemente. El macrismo tiene más apego a
su imagen de partido políticamente correcto que al poder que despilfarra
enviando jueces probos a los leones.
En
fin, el daño es irreparable y ya está hecho. Rosatti, Rosenkratz y
Highton de Nolasco, en manos de Rafecas, pueden ir haciendo las valijas.
Queda claro a los jueces de todo el país que sus fallos deberán atenerse a la
última instancia de la justicia argentina de Bonafini y Carlotto. Vayan
poniendo las barbas en remojo los que procesan a Milagro Sala y respiren
tranquilos los prevaricadores que condenaron con la “política de Estado” en
derechos humanos en la mano. Sopesando las alternativas (Massa y Cristina)
estamos en el horno. Sólo queda rezar y pedir para que Durán Barba adivine el
rumbo.
