El delito de
prevaricación o prevaricato del juez casi no tenía antecedentes en nuestra
historia judicial. Es que resultaba inconcebible que un juez fuera capaz de
dictar una sentencia o resolución fundada a sabiendas en hechos o derecho
falsos, que de eso se trata en este delito. Y mucho menos si semejante conducta
se ejercitaba en causa criminal.
Aquel jurista notable
que fue Sebastián Soler enseñaba, en efecto, que el prevaricato consiste en
hacer pasar como derecho algo que positivamente se sabe que no lo es. Por eso
advertía que no existía ni existe un prevaricato objetivo o inadvertido por el
juez. El prevaricato es siempre y necesariamente doloso –no hay prevaricato por
descuido o negligencia, afirmaba Soler– y, por ende, inspirado por pasiones
tales como el favor, la enemistad, la bajeza: vengar un resentimiento,
favorecer a quien puede otorgar ventajas.
Pues bien, la
prevaricación judicial ha dejado de ser una rareza para los argentinos, por más
que en apariencia la mayoría de ellos no se haya dado cuenta. Hace más de diez
años que se ha instalado como conducta habitual entre los jueces a cargo de las
causas llamadas de lesa humanidad, de la Corte Suprema para abajo. Con el
agravante de que aquellos con la obligación de reaccionar frente a tamaña
ofensa a la administración de justicia –jueces en lo penal, Consejo de la Magistratura, Colegios
de Abogados, Asociaciones de Magistrados o de ex Magistrados– guardan público
silencio, mientras que en privado varios de sus integrantes admiten el crimen
masivamente cometido y reconocen las tremendas consecuencias que los argentinos
sufriremos por ello.
Ya habrá ocasión en
que diremos cuáles serán –algunas ya están a la vista– las consecuencias para
nuestra sociedad de las aberraciones cometidas en nombre de teorías o
ideologías como la de los derechos humanos. En esta ocasión queremos señalar la
última y brutal prevaricación cometida por los jueces que en Tucumán impusieron
prisiones perpetuas o por larguísimos años a militares y policías que,
cumpliendo órdenes de la Presidente de la nación elegida democráticamente,
combatieron y derrotaron al terrorismo comunista en esa provincia… ¡hace más de
40 años!
Se pudo ver en ese
juicio a ex terroristas, cuyas manos están manchadas de sangre, prestando
testimonio bajo juramento contra los acusados. Se pudo escuchar a un fiscal de
pacotilla afirmando a los gritos que el ejército argentino había actuado en
Tucumán como una fuerza de ocupación. En cambio, lo que no pudo verse ni oírse
fue una sola palabra de condena a estas monstruosidades del fiscal –representante
del Estado– por parte de la gente que hoy gobierna –ni siquiera del Presidente,
que creemos que todavía es el jefe supremo de las fuerzas armadas– y de los que
fungen como dirigentes políticos y sociales.
Parece que, a
propósito de lo que ha sido bautizado como el caso Maldonado, el Presidente
Macri se ha mostrado asombrado o indignado –no se sabe bien– porque hay
testigos que mienten abierta e impunemente, incluso ante un juez. Esta
ingenuidad presidencial nos causa preocupación. Nos suena como si se dijera que
el Presidente de la nación ha inventado la pólvora o descubierto América. Pero
como nosotros no somos los que quieren que a su gobierno le vaya mal, nos
sentimos en la obligación de decirle –y nos ofrecemos a demostrarle– que la
pólvora ya fue inventada y América lleva siglos descubierta.
Presidente Macri: un
breve repaso de los llamados juicios de lesa humanidad le revelará que no
solamente son centenares los testigos mentirosos, sino que además lo son
también los jueces que llevaron aquellos y protegieron a los perjuros. Y, de
paso, empezará a vislumbrar que la farsa de esos juicios es causa principal de
que la Argentina se esté quedando sin Estado, hecho puesto en evidencia por
colegios tomados, juzgados federales invadidos, calles y rutas ocupadas,
fuerzas armadas y de seguridad en ruinas, símbolos nacionales ultrajados,
políticas de defensa abdicadas y un largo etcétera del cual seguiremos
conversando.
