domingo, 2 de diciembre de 2018

DECLARACIÓN DE LA ACADEMIA NACIONAL DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES DE BUENOS AIRES


29 de noviembre 2018

Estimados amigos y camaradas:

Ante la injusticia que continúan sufriendo cientos de nuestros camaradas, sabiendo que la única solución que existe es el total cumplimiento de la ley, les hago llegar la declaración de la Academia Nacional de Derecho de Buenos Aires, pidiéndoles la máxima difusión para que esta realidad llegue a conocimiento de quienes como árbitros finales deberán decidir sobre el derecho en nuestro país: los jueces de la Corte Suprema de Justicia.

Con ojos de lego, resumo la declaración de la Academia, muy acertada y precisa: defiende la aplicación lisa y llana del derecho, en este caso la llamada ley del 2x1 que los distintos tribunales negaban su aplicación en las causas militares, violando todas las normas del derecho positivo nacional e internacional citadas en la declaración de la Academia.

La Corte Suprema en su actual composición cuando hubo de fallar en lo que sería para ella en este tema un caso testigo, caso Muiñas, lo hizo fallando en función de las normas del derecho positivo aplicable y no en función de las voluntades, conveniencias o presiones políticas.

El fallo fue visto inicialmente en forma muy positiva por el gobierno nacional, como pieza de un progreso en la concordia argentina, pero la reacción negativa y estruendosamente manifestada por algunos querellantes, hizo que el gobierno reviera su posición y adoptara una actitud políticamente correcta, criticando el fallo e instruyendo a sus partidarios en ambas cámaras del Congreso para la aprobación de una nueva ley tendiente a formalizar la no aplicación del beneficio en los juicios militares. Ley -27362- que por su concepción discriminatoria y de aplicación retroactiva es inconstitucional.

La semana próxima la Corte emitirá su fallo en el nuevo entorno legal.

Sabremos entonces si la República Argentina respeta la Constitución Nacional, o si por el contrario deberemos convivir con un sistema de justicia que se aplica a todos los habitantes del territorio nacional, excepto a los militares, para quienes solo cabe la venganza.

Señores Jueces, con su fallo quedará en claro si nuestro país se inclina por el derecho o el reino de la venganza.

Los saluda con todo respeto:
Enrique E. Molina Pico
Almirante -R-




CARROZAS DE FUEGO



"Leyes hay, lo que falta es Justicia".
Ernesto Mallo

El innegable éxito que tiene la reunión del G-20, traducido en la presencia de tantos líderes mundiales, en la eficacia de la organización y, sobre todo, en la tranquilidad con que pudo desarrollarse -en marcado contraste con lo que sucediera en Hamburgo, en Seattle y en tantas otras ciudades en las que la violencia de los grupos anti-globalización desataron verdaderos infiernos- trajo a mi memoria una frase de Leopoldo Lugones: "Temple moral debía tener el pueblo que mandaba el general Rosas cuando fue capaz de producir Caseros".

Lo único negativo fue que el protocolo nacional, como siempre, haya llevado a mandatarios extranjeros, muchos de los cuales han soportado atentados en sus propios países, a tirar flores al río en memoria de los asesinos; me sigo preguntando si Mauricio Macri, al visitarlos, también homenajea a los terroristas de Londres, de Madrid, de Niza o de Nueva York.

Al gobierno de un país tan poco influyente como el nuestro no se le podía pedir más resultados de la cumbre, aunque fungiera de anfitrión, por la marcada crisis del multilateralismo que, tan bien descripta por Andrés Cisneros en Infobae, resulta determinante. Las posiciones de Donald Trump contra China, de Vladimir Putin en Crimea  y los problemas internos de Theresa May, Emmanuel Macron, Angela Merkel y Mohamed bin Salman, a lo cual debe sumarse el inminente fin de los mandatos de Enrique Peña Nieto y Michel Temer, auguraban un flaco resultado concreto de la reunión. Mañana lo confirmaremos, por la falta de un compromiso por el calentamiento global.

La semana próxima someterá a la Corte Suprema de Justicia a una prueba de fuego, puesto que ha fijado para el martes la decisión sobre la inconstitucionalidad de la Ley 27.362, con la cual el H° Aguantadero pretende seguir violando los derechos humanos de los militares que derrotaron al terrorismo después del fallo "Muiña", que determinó una reducción en la pena de uno de ellos por aplicación del cómputo de dos días por cada uno pasado en prisión preventiva, o sea, el famoso "2x1".

Uno de los principios rectores del derecho penal establece que siempre se debe aplicar la ley más benigna al reo, y eso fue lo que hizo la Corte entonces; la izquierda, siempre comprometida y masivamente presente, salió a la calle para acobardar a nuestros valientes legisladores, que no tuvieron mejor idea que "interpretar retroactivamente" la ley vigente.

Pero eso no es nada nuevo, porque a los mismos militares que aún no han tenido el gesto de morirse y dejar de ser un problema, no se les reconoce ninguno de los derechos humanos que sí se reclaman para los asesinos de los '70s, ni siquiera el límite máximo a la prisión preventiva, violado en la mayoría de los casos.

La Constitución Nacional, en su artículo 18, establece que "ningún habitante de la Nación puede ser penado sin juicio previo fundado en ley anterior al hecho del proceso". Ese texto refleja un principio que rige en todo el andamiaje legal de Occidente, a punto tal que se repite en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y en el Estatuto de Roma, bajo el cual fue creada la Corte Penal Internacional, con sede en La Haya.

Ello significa, lisa y llanamente, que nadie puede ser juzgado criminalmente por hechos que no se definían como delito a la fecha de su comisión. Para que se entienda mejor, usted sale hoy con un saco blanco y, días después, se pena con cárcel el uso de esa prenda; acto seguido, usted es detenido y sometido a juicio por esa razón. Eso es, precisamente, lo que aquí se sigue haciendo.

El Congreso había sancionado, durante la presidencia de Raúl Alfonsín, las leyes llamadas de "obediencia debida" y de "punto final". El objetivo de las mismas era cerrar las heridas que habían quedado en la sociedad, y limitar el juzgamiento por los excesos en la represión a los comandantes que integraron la Junta militar en sus sucesivas conformaciones. Luego, Carlos Menem, indultó a quienes habían sido condenados, incluyendo en esa medida a los líderes de las organizaciones terroristas que estaban en la cárcel, comenzando por Mario Firmenich, jefe de Montoneros.

Los períodos de Fernando de la Rúa y de Eduardo Duhalde no produjeron novedades en la materia pero, al llegar Néstor Kirchner a la Casa Rosada en 2003, se disfrazó de progresista y consiguió transformar al Congreso en una mera escribanía, apoyado por la mayoritaria bancada peronista que, para ello, olvidó las diferencias y se encolumnó, como siempre hace, detrás del nuevo jefe. Acto seguido, fueron derogadas las leyes de Alfonsín y los indultos de Menem, en este caso sólo para los militares.

A partir de entonces, se generaron la infinidad de juicios que aún continúan, realizados por jueces "especiales" que retroactivamente aplicaron la ley penal común para juzgar actos cometidos bajo el derogado Código de Justicia Militar, olvidando que nadie puede ser juzgado dos veces por los mismos hechos, con falsos testimonios "construidos colectivamente", ignorancia de las claras pruebas exculpatorias, etc.

Espero, en concordancia con la declaración de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales, que la Corte actúe nuevamente conforme a derecho e ignore la reacción de quienes sólo buscan perpetuar el negocio monstruoso montado alrededor de unos derechos humanos tuertos, como sucede con el reciente caso Maldonado, que tanto dinero nos ha costado.

Bs.As., 1 Dic 18

Enrique Guillermo Avogadro
Abogado

viernes, 30 de noviembre de 2018

NO SON LOS BARRAS BRAVAS



Por Mauricio Ortín

26/11/2018

El problema no son las barras bravas, Sr. Presidente. Barras bravas, piqueteros, matones, sicarios y escrachadores nazi hay en todos lados. La especie humana, el homo sapiens, es común en Noruega, Chile, Japón, Argentina o cualquier lugar del mundo. El porcentaje de la población que está dispuesta a avasallar la vida, la propiedad y la libertad de terceros es más o menos el mismo en cualquier sociedad sin importar sus altos o bajos índices de educación, pobreza o salud.

En España resulta inimaginable que un grupo de simpatizantes del Barcelona o el Real Madrid embosque al vehículo que traslada al plantel de fútbol contrario. Mas no porque en la madre patria no existan barras bravas potenciales con la ferocidad y el salvajismo de los argentinos. Para nada. En España y en todos los países civilizados tal cosa no sucede porque, sencillamente, el Estado, fun-cio-na; entre otras cosas, haciéndoles pagar un costo muy alto al que, por ejemplo, intenta asesinar a pedradas al prójimo. (Arrójele, usted, una piedra a un jugador de fútbol en Inglaterra y después me cuenta).

Los asesinos que atacaron al plantel de Boca el sábado, hoy lunes, ya están todos en libertad. El estado moderno, dice John Locke, y nuestra Carta Magna abreva en su pensamiento, tiene su razón de ser en la necesidad de un ente (el estado liberal) que garantice la vida, la seguridad, la propiedad privada y la libertad de los individuos; quienes, además, ceden al primero el imperio y monopolio de la represión.

Este no es un problema de barras bravas. He visto a unos energúmenos que se autotitulan “mapuches” cortar rutas nacionales, atacar a gendarmes con bombas molotov e, incluso, palpar de armas a policías que entraron a un territorio que aquellos habían usurpado.

También, azorado, he presenciado en directo, en diciembre del año pasado, cómo un millar de delincuentes linchaban a unos pocos policías de la CABA que cuidaban el Congreso. Lo grave del caso es que, con el antecedente de que siete días antes los energúmenos enfrentaron a las fuerzas del orden, usted Sr, presidente, debilitó la defensa del Congreso retirando a última hora a la Gendarmería Nacional.

No me quiero olvidar de las” feminazi” o como se llamen.

Incendiar iglesias, pintarrajear los bienes públicos, agredir con gestos obscenos a quién no adhiere a sus exigencias se ha convertido en parte inescindible del ser nacional.

Sr. Presidente, el gobierno anterior le entregó la calle a su clientela política y usted no hizo, ni hace nada por devolvérsela a la gente decente. Ni la AFA, ni la COMEBOL, ni los dirigentes de River, ni la policía, ni Cristóbal Colón, ni el Gral. Julio A. Roca, ni Carlos V tienen la responsabilidad de garantizar la seguridad de los argentinos.

Eso sí, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos se muestra muy diligente y no escamotea recursos a la hora de querellar a policías y militares por lesa humanidad. Ahora dice usted que trataran en extraordinarias una ley contra los barras bravas. ¿Para qué? Leyes sobran. Lo que a usted y a su gobierno les falta es voluntad para reprimir.

Los que pagan con su cuerpo esa falencia son los policías y gendarmes que hacen de carne de cañón. Sería de gran instrucción pedagógica que usted, Rodríguez Larreta o María Eugenia Vidal cuando dan la orden de contener, en lugar de reprimir, se pusieran al frente de los policías que enfrentan a los que destruyen autos, roban, matan, etc. ¿Cuántas veces vamos a pagar la Plaza del Congreso?

La renuncia de Ocampo es un chiste para tapar la inoperancia de todos los funcionarios. No tiene usted, la oposición menos, una política de Seguridad (tampoco de Defensa) distinta a la que le marca Horacio Verbitsky, Carlotto o, en el mejor de los casos, Durand Barba.

Háganos un favor: impulse una ley que permita a la ciudadanía la libre portación de armas. Usted, sus funcionarios y los jueces tienen custodia. Los jugadores de fútbol y los ciudadanos de a pie no.

martes, 27 de noviembre de 2018

ENTREVISTA A MAURICIO ORTÍN



En el día de la fecha Radio Mitre Salta FM 93.3 entrevistó al profesor y licenciado Mauricio Ortín, socio fundador del Centro de Estudios de Historia, Política y Derechos Humanos de Salta, quién efectúo una breve descripción de las actividades de esa institución e hizo un análisis sobre los mal llamados juicios de lesa humanidad. Inclusive recordó que cumplió el servicio militar obligatorio durante la época del Operativo Independencia del cual participó en su condición de soldado de la Patria.




MUERTOS MÁS MUERTOS



Hay muertos privilegiados. Tales son los tripulantes del ARA San Juan, a quienes con justicia el país entero honra. Es posible que el submarino haya sido otra víctima del pésimo mantenimiento que tuvieron todas las unidades militares durante el kirchnerismo, a pesar de que la señora le aseguró 30 años de vida. Otros son los ancianos jefes y oficiales que derrotaron al inmundo trapo rojo en combate y se siguen muriendo en prisión. Algunos de ellos participaron del glorioso intento de reconquista de las Malvinas. Todos obedecieron órdenes superiores, como corresponde. Finalmente, los muertos por la represión militar, cuyos familiares recibieron suculentos premios y cargos públicos. Estamos ante un caso flagrante de desigualdad ante la ley, que contradice las garantías expresadas en la Constitución nacional.


Señor Presidente: cierre esta grieta de odios. Sabe cómo hacerlo.

Carlos Llambías
DNI 4.143.811


NOTA: Las imágenes y destacados no corresponden a la nota original.

lunes, 26 de noviembre de 2018

VIGENCIA DE LA LEY PENAL MÁS BENIGNA


El editorial del diario La Nación del día de la fecha y que dejamos a continuación, una vez más pone en evidencia que para poder llevar a cabo la venganza de los terroristas derrotados en la década de los 70… el estado no garantizó el debido proceso legal al que debían ser sometidos todos los imputados y sin discriminación alguna. Las personas e instituciones que fueron investigadas, juzgadas, algunas condenadas y otras aún continúan en proceso; inclusive algunas causas ni siquiera han comenzado.

En la única reunión con representantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el estado argentino, las ONG Puentes para la Legalidad y Asociación de Abogados por la Justicia y la Concordia, quedó en evidencia que el estado argentino permitió la ejecución de juicios reñidos con el derecho penal nacional e internacional, que el colectivo de las personas juzgadas fue discriminado sin igualdad ante la ley, que el Servicio Penitenciario no estaba ni está en condiciones de alojar adecuadamente a internos de esa edad y que en muchos casos se encuentran excedidos los límites máximos de prisión preventiva.

Nada de eso ha sido corregido por el estado argentino, a pesar de las recomendaciones efectuadas por la CIDH para superar las deficiencias señaladas.


EL 2X1 Y LA VIGENCIA DE LA LEY PENAL MÁS BENIGNA
Aun cuando nos encontremos frente a delitos aberrantes, el Estado de Derecho exige la necesaria imparcialidad en la aplicación de las leyes

La Corte Suprema deberá resolver en fecha próxima la validez constitucional de la ley 27.362, sancionada con motivo de la sentencia dictada el 3 de mayo de 2017 en la queja interpuesta por la defensa de Luis Muiña contra el fallo de la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, que había anulado el cómputo de su detención preventiva en el cual se respetó el 2x1 dispuesto por la ley 24.390. Esta norma dice que luego de transcurridos los dos primeros años de prisión preventiva, deben computarse dos días de prisión por cada día de encarcelamiento cautelar.

La Corte Suprema le reconoció por mayoría a Muiña el derecho que la Cámara de Casación le quitaba. De esta forma se respetaban también el artículo 2 del Código Penal y el principio de benignidad consagrado en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Dos academias nacionales y otras entidades jurídicas apoyaron la sentencia por respetar el principio de legalidad y la igualdad constitucional. Otros la cuestionaron haciendo prevalecer visiones sesgadas por afinidades políticas o ideológicas en una intensa campaña mediática. El fallo quedó reconocido como "el 2x1".

Hubo escraches y amenazas a los jueces de la Corte y una intensa actividad intimidatoria que movilizó a la obtención de mayorías en las dos cámaras del Congreso de la Nación para la sanción de una "ley aclaratoria". Se configuró así un menoscabo a la independencia del Poder Judicial, que alteró los principios y garantías establecidos en nuestra Constitución. La ley sancionada y luego rápidamente promulgada con el número 27.362 no es una ley aclaratoria, sino modificatoria de las leyes 24.390 y del artículo 2 del Código Penal, que establece el principio de la ultraactividad de la ley más benigna.

La ley que limitó el 2x1 en 2017 consagró una discriminación indebida con relación a los delitos de lesa humanidad. El Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, que define, tipifica y juzga los crímenes de genocidio, lesa humanidad, guerra y agresión, establece en su artículo 24.2 la vigencia del principio universal de la aplicación de la ley penal más benigna sin distinguir el carácter o la gravedad el delito. No alcanza como justificación el propósito de impedir con carácter retroactivo la aplicación del régimen del 2x1 a Muiña y a otros encausados por delitos denominados de lesa humanidad. Como señalan distintos fallos, la obligación de investigar y sancionar las violaciones de los derechos humanos lo es en el marco y con las herramientas del Estado de Derecho, y no con prescindencia de ellas.

Asimismo, los derechos y garantías constitucionales y legales han sido establecidos para todos, incluso para aquellos imputados condenados por delitos aberrantes. La humanidad contra la cual fueron cometidos estos crímenes exige del Estado de Derecho la necesaria imparcialidad en la aplicación de las leyes.

En nuestro sistema jurídico y legal, la función del legislador consiste en la elaboración de normas generales y abstractas para regular hechos futuros, reservándose al Poder Judicial la determinación del sentido y alcance de las normas. Por tanto, no debe el legislador invadir el otro poder con la excusa sofista de la sanción de una ley interpretativa. La Corte Suprema ha sido terminante al sostener, de conformidad con el procurador general, que "es atribución del Poder Judicial determinar el carácter de la norma, cualquiera que sea la denominación dada por el legislador, con el fin de establecer si, so pretexto de aclarar, se afectan derechos legítimamente adquiridos al amparo de la ley anterior", y que "el carácter de aclaratorio que el legislador atribuye a la norma no es suficiente para que el órgano judicial lo reconozca, pues el debido resguardo de la independencia del Poder Judicial y el ejercicio consecuente del control de constitucionalidad de los actos públicos impiden acatar un mandato que no es más que una reforma legislativa".

La Corte examinará nuevamente esta cuestión. No debiera revisar ni modificar lo resuelto en su sentencia del 3 de mayo de 2017. Sí debiera abordar la manifiesta inconstitucionalidad de la ley 27.362, la afectación de la independencia del Poder Judicial y el desconocimiento de principios y garantías consagradas en nuestra Constitución nacional.

domingo, 25 de noviembre de 2018

LA VIOLENCIA DE LOS AÑOS 70, UNA DISCUSIÓN IRRESUELTA


La excelente nota del Prof. Romero nos marca un importante problema, el que debe ser solucionado por la política… la justicia ya demostró que es ineficaz en su solución. Es hora que los políticos se hagan responsables de sus obligaciones y tomen las decisiones correctas para lograr la Justicia y la Concordia que los de su casta anteriores no supieron, no quisieron, no pudieron o no tuvieron la valentía de hacerlo en su oportunidad. Esa falta de decisiones políticas correctas es la responsable de la espiral de violencia que ensangrentó a la Argentina y aún hoy persiste profundizando la grieta que nos divide.




LA VIOLENCIA DE LOS AÑOS 70, UNA DISCUSIÓN IRRESUELTA

Pese a los avances en derechos humanos, sigue faltando una reflexión desapasionada sobre la tragedia acontecida durante aquella década (en la foto: conmoción tras el asesinato de José Ignacio Rucci, en 1973) Fuente: LA NACION - Crédito: Adolfo Passalacqua

La violencia en su forma extrema -terrorismo y asesinatos- dominó una década y media de nuestro pasado reciente. Pasaron 35 años, pero sigue viva, en el inconcluso debate sobre culpas y responsabilidades. Su conflictiva memoria está en la base de la brecha que nos divide, y que solo reduciremos si avanzamos hacia una comprensión que no sea facciosa. Con esa intención, en el cierre del ciclo de “Temas polémicos de la historia argentina”, conversé con Sergio Bufano, escritor y periodista, coeditor de la excelente revista Lucha Armada.


El proceso de barbarización de la política, que avanzó de los gestos a las palabras y de estas a los hechos irrevocables, se desarrolló como una espiral, un crescendo en el que cada acción suscitó una reacción más fuerte. Finalmente todos fuimos, a la vez y en alguna medida, partícipes y víctimas.


¿Cuándo comenzó esto? Quizás a comienzos del siglo XX, cuando la política de masas trajo las “pasiones democráticas”. Se aceleró con el peronismo y con la Revolución Libertadora –un buen ejemplo de la acción y la reacción– y encontró su clima propicio en las malogradas experiencias democráticas de Frondizi e Illia.


Bufano señaló dos factores: la Revolución cubana y el golpe de Onganía. La figura del Che Guevara encendió las imaginaciones. Además, Cuba fue un activo organizador de experiencias guerrilleras, que alimentaron dando instrucción ideológica y militar a muchos jóvenes latinoamericanos, que volvían a sus países listos para ensayar su propia aventura.

La primera experiencia argentina, desarrollada en Salta entre 1963 y 1964, fue un fracaso. Pese a que ya abundaban los grupos que se definían como revolucionarios, solo un puñado de jóvenes adhirió al “foco” guevarista. Para Bufano, por entonces la experiencia democrática no estaba agotada, y constituía una posibilidad para quienes, como esos jóvenes, anhelaban un “cambio de estructuras”.


El descontento general de la sociedad de entonces incluía a sindicalistas, militares, religiosos y militantes de izquierda. Algunos vieron una posibilidad en el general Onganía, que prometía una revolución integral en tres tiempos. Pero pronto su política autoritaria generó una reacción casi unánime y una suerte de movilización general de la sociedad, que había encontrado en “la dictadura y el imperialismo” su enemigo común.


Para Bufano, fue el golpe de 1966, más que el “hartazgo democrático”, el factor decisivo que volcó a los jóvenes a la opción armada. Agregó que esta experiencia desencadenó un proceso muy amplio de ilusión colectiva, una suerte de “primavera de los pueblos”[1], en la que cada grupo o sector integró sus demandas particulares en un vago proyecto de revolución. Cordobazo de 1969 desató este imaginario, que se mantuvo vivo, con algunos cambios importantes, hasta 1975.

La atracción de las armas

Este impulso se manifestó en las universidades y en las fábricas. También en colegios, zonas campesinas, villas de emergencia, asociaciones fomentistas o culturales, y hasta en los consorcios de propietarios. Convocó a la militancia a jóvenes de diferentes pasados ideológicos.


Muchos pensaron en alternativas políticas para este impulso, desde una insurrección o un sindicalismo clasista hasta un gran frente electoral contestatario. Pero ninguna de ellas resultó tan atractiva, tan cercana a la idea de la toma del poder, como la propuesta por las nuevas organizaciones guerrilleras.

El ejemplo cubano fue decisivo. Quizás a ello se deba la fascinación por las armas, que Bufano señala como experiencia singular del momento: médicos, abogados, arquitectos, sociólogos, filósofos y periodistas comenzaron las prácticas guerrilleras, y acudieron en alud a las nacientes organizaciones armadas en demanda de instrucción militar.


Las primeras acciones armadas, que emulaban a Robin Hood, atrajeron a los más románticos de esos jóvenes, para quienes ya el asesinato de un enemigo conspicuo -como el general Aramburu- no representaba un límite moral. Surgieron muchas organizaciones armadas, pero luego de depuraciones y fusiones, quedaron dos: el ERP, de origen trotskista, y Montoneros, la más exitosa.


¿Por qué? Montoneros corrió el eje del conflicto del antiimperialismo, quizás un poco abstracto, a un problema muy sentido: la vuelta de Perón y la eliminación de sus enemigos internos, los “gorilas” infiltrados en el movimiento. Esto les permitió sumar a la Juventud Peronista (JP), una organización no clandestina y masiva, que encuadró a una gama de grupos sociales militantes.


A diferencia del ERP, Montoneros tenía una idea precisa de cómo llegar al poder, enancados en un Perón ambiguo. 1973 fue un momento clave. En dos elecciones, se votó masivamente por una alternativa democrática, confiando en la capacidad de Perón para restablecer el orden.

No era fácil, como lo reveló su estrepitoso fracaso con el Pacto Social. Por otro carril, la violencia se desabarrancó.


Señala Bufano: “Una vez que se toman las armas es muy difícil dejarlas”. No lo hicieron ni el ERP -aunque así lo declaró- ni Montoneros, que solapadamente siguió asesinando dirigentes, como Rucci. Pero a la vez, dice Bufano, “el gobierno elegido por las urnas optó por combatir a la guerrilla con métodos clandestinos”[2], convocando a todas las “patotas” disponibles (sindicales, nacionalistas y otras), que organizó desde la Casa de Gobierno en la infausta Triple A.

Los militares se aprestaban a tomar la posta. En 1973 habían salido humillados del gobierno.


Los condenados por la Cámara Federal Penal -un intento de Lanusse para encauzar la represión por la vía legal- fueron liberados inmediatamente. Pero el impulso de las “orgas” se fue agotando. En Tucumán, los militares reprimieron con éxito al ERP, que comenzó a desarticularse. Luego de la ruptura con Perón, Montoneros pasó a la clandestinidad, se desconectó de sus bases en la JP, y en 1975 solo conservaba capacidad para actos desesperados. Pero los militares ya habían tomado una decisión: implantar una dictadura y matar clandestinamente a un número importante de personas.

¿Leviatán[3] o Behemoth[4]? En cualquiera de los dos casos, fueron bien recibidos por una sociedad que había naturalizado la violencia y las armas, que participó de cerca o a distancia del juego de las organizaciones armadas, o que mantuvo una indiferencia no comprometida. En 1976 la mayoría creyó que había llegado la hora del orden, prometido por los militares, y el humor social solo cambió en 1982.


Entonces comenzó la otra parte de la historia, en la que estamos envueltos. Creo que en materia de responsabilidades, la sociedad argentina ganó en esta experiencia una conciencia acendrada y muy valiosa de los derechos humanos, pero la fue perdiendo a medida que las consignas pasaron a fundamentar la revancha y la venganza. En materia de responsabilidades penales, la justicia no ha logrado trazar un camino independiente de las emociones de la sociedad y el Estado; abandonó el camino de los juicios a las Juntas de 1985 y terminó plegándose al juego faccioso[5].

Los bandos siguen existiendo, y nos peleamos por “nuestros" muertos” y “los de ellos”. Es hora de asumir que todos ellos fueron víctimas, sin distingos, y que los vivos fuimos, y quizá seguimos siendo, víctimas y victimarios.

Por: Luis Alberto Romero[6]


NOTA: Las imágenes, referencias y destacados no corresponden a la nota original.


[1] Inspiradas en la Primavera Francesa que se conoce como Mayo francés o Mayo de 1968 a la cadena de protestas que se llevaron a cabo en Francia y, especialmente, en París durante los meses de mayo y junio de 1968.
Esta serie de protestas fue iniciada por grupos estudiantiles izquierdistas contrarios a la sociedad de consumo, a los que posteriormente se unieron grupos de obreros industriales, los sindicatos y el Partido Comunista Francés. Como resultado, tuvo lugar la mayor revuelta estudiantil y la mayor huelga general de la historia de Francia, y posiblemente de Europa occidental, secundada por más de nueve millones de trabajadores. El movimiento estudiantil tuvo influencias del movimiento hippie que se extendía entonces.
La magnitud de las protestas no había sido prevista por el gobierno francés, y puso contra las cuerdas al gobierno de Charles de Gaulle, que llegó a temer una insurrección de carácter revolucionario tras la extensión de la huelga general. Sin embargo, la mayor parte de los sectores participantes en la protesta no llegaron a plantearse la toma del poder ni la insurrección abierta contra el Estado, y ni tan siquiera el Partido Comunista Francés llegó a considerar seriamente esa salida.
El grueso de las protestas finalizó cuando De Gaulle anunció las elecciones anticipadas que tuvieron lugar el 23 y 30 de junio.

[3] Leviatán (del hebreo לִוְיָתָן, liwyatan, enrollado) es una bestia marina del Antiguo Testamento, a menudo asociada con Satanás, creada por Dios (Génesis). El término Leviatán ha sido reutilizado en numerosas ocasiones como sinónimo hoy en día de gran monstruo o criatura.

[4] Behemot o Bégimo (Hebreo: בהמות‎, behemoth (moderno: behemot)) es una bestia mencionada en Job 40:15-24. Las identidades sugeridas para esta criatura mítica van desde un elefante, un hipopótamo, un rinoceronte o un búfalo. Algunos creacionistas creen que es la descripción de un saurópodo, ya que su gran cola se describe como un cedro. Metafóricamente, el nombre se ha llegado a usar para designar cualquier entidad poderosa y extremadamente grande.

[5] Los mal llamados juicios de lesa humanidad se efectuaron y continúan haciéndolo no ajustados al derecho nacional e internacional, en realidad han sido la venganza de los terroristas ejecutara en los estrados de la justicia. Ver el documental Será Venganza!! dirigido por Andrés Paternostro y producido por el Centro de Estudios de Historia, Política y Derechos Humanos de Salta, censurado en la Feria del Libro.

[6] El autor es historiador. Academia Nacional de la Historia, también socio del C.A.R.I. y del Club Político Argentino.