"Leyes hay, lo que falta es Justicia".
Ernesto Mallo
El innegable
éxito que tiene la reunión del G-20, traducido en la presencia de tantos
líderes mundiales, en la eficacia de la organización y, sobre todo, en la
tranquilidad con que pudo desarrollarse -en marcado contraste con lo que
sucediera en Hamburgo, en Seattle y en tantas otras ciudades en las que la
violencia de los grupos anti-globalización desataron verdaderos infiernos-
trajo a mi memoria una frase de Leopoldo Lugones: "Temple moral debía tener el pueblo que mandaba el general Rosas
cuando fue capaz de producir Caseros".
Lo único
negativo fue que el protocolo nacional, como siempre, haya llevado a
mandatarios extranjeros, muchos de los cuales han soportado atentados en sus
propios países, a tirar flores al río en memoria de los asesinos; me sigo
preguntando si Mauricio Macri, al visitarlos, también homenajea a los
terroristas de Londres, de Madrid, de Niza o de Nueva York.
Al gobierno de
un país tan poco influyente como el nuestro no se le podía pedir más resultados
de la cumbre, aunque fungiera de anfitrión, por la marcada crisis del
multilateralismo que, tan bien descripta por Andrés Cisneros en Infobae,
resulta determinante. Las posiciones de Donald Trump contra China, de Vladimir
Putin en Crimea y los problemas internos
de Theresa May, Emmanuel Macron, Angela Merkel y Mohamed bin Salman, a lo cual
debe sumarse el inminente fin de los mandatos de Enrique Peña Nieto y Michel
Temer, auguraban un flaco resultado concreto de la reunión. Mañana lo
confirmaremos, por la falta de un compromiso por el calentamiento global.
La semana
próxima someterá a la Corte Suprema de Justicia a una prueba de fuego, puesto
que ha fijado para el martes la decisión sobre la inconstitucionalidad de la
Ley 27.362, con la cual el H° Aguantadero pretende seguir violando los derechos
humanos de los militares que derrotaron al terrorismo después del fallo "Muiña", que determinó una
reducción en la pena de uno de ellos por aplicación del cómputo de dos días por
cada uno pasado en prisión preventiva, o sea, el famoso "2x1".
Uno de los
principios rectores del derecho penal establece que siempre se debe aplicar la
ley más benigna al reo, y eso fue lo que hizo la Corte entonces; la izquierda,
siempre comprometida y masivamente presente, salió a la calle para acobardar a
nuestros valientes legisladores, que no tuvieron mejor idea que "interpretar retroactivamente"
la ley vigente.
Pero eso no es
nada nuevo, porque a los mismos militares que aún no han tenido el gesto de
morirse y dejar de ser un problema, no se les reconoce ninguno de los derechos
humanos que sí se reclaman para los asesinos de los '70s, ni siquiera el límite
máximo a la prisión preventiva, violado en la mayoría de los casos.
La
Constitución Nacional, en su artículo 18, establece que "ningún habitante de la Nación puede ser penado sin juicio previo
fundado en ley anterior al hecho del proceso". Ese texto refleja un
principio que rige en todo el andamiaje legal de Occidente, a punto tal que se
repite en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y en el Estatuto de
Roma, bajo el cual fue creada la Corte Penal Internacional, con sede en La
Haya.
Ello significa,
lisa y llanamente, que nadie puede ser juzgado criminalmente por hechos que no
se definían como delito a la fecha de su comisión. Para que se entienda mejor,
usted sale hoy con un saco blanco y, días después, se pena con cárcel el uso de
esa prenda; acto seguido, usted es detenido y sometido a juicio por esa razón.
Eso es, precisamente, lo que aquí se sigue haciendo.
El Congreso
había sancionado, durante la presidencia de Raúl Alfonsín, las leyes llamadas
de "obediencia debida" y de
"punto final". El objetivo
de las mismas era cerrar las heridas que habían quedado en la sociedad, y
limitar el juzgamiento por los excesos en la represión a los comandantes que
integraron la Junta militar en sus sucesivas conformaciones. Luego, Carlos
Menem, indultó a quienes habían sido condenados, incluyendo en esa medida a los
líderes de las organizaciones terroristas que estaban en la cárcel, comenzando
por Mario Firmenich, jefe de Montoneros.
Los períodos
de Fernando de la Rúa y de Eduardo Duhalde no produjeron novedades en la
materia pero, al llegar Néstor Kirchner a la Casa Rosada en 2003, se disfrazó
de progresista y consiguió transformar al Congreso en una mera escribanía,
apoyado por la mayoritaria bancada peronista que, para ello, olvidó las
diferencias y se encolumnó, como siempre hace, detrás del nuevo jefe. Acto
seguido, fueron derogadas las leyes de Alfonsín y los indultos de Menem, en
este caso sólo para los militares.
A partir de
entonces, se generaron la infinidad de juicios que aún continúan, realizados
por jueces "especiales" que
retroactivamente aplicaron la ley penal común para juzgar actos cometidos bajo
el derogado Código de Justicia Militar, olvidando que nadie puede ser juzgado
dos veces por los mismos hechos, con falsos testimonios "construidos colectivamente", ignorancia de las claras
pruebas exculpatorias, etc.
Espero, en
concordancia con la declaración de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias
Sociales, que la Corte actúe nuevamente conforme a derecho e ignore la reacción
de quienes sólo buscan perpetuar el negocio monstruoso montado alrededor de
unos derechos humanos tuertos, como sucede con el reciente caso Maldonado, que
tanto dinero nos ha costado.
Bs.As., 1 Dic
18
Enrique Guillermo Avogadro
Abogado
