Después
de leer y analizar brevemente la nota de Héctor Gambini, publicada el 12 de
diciembre de 2019 por Clarín, podemos
concluir -que sin conocer el término y su mutación al uso inescrupuloso de las
clases políticas progresistas del mundo- la
República Argentina fue una precursora en el uso del ahora conocido Lawfare.
Si Lawfare es la continuación de la guerra
por otros medios, en este caso la justicia, no tememos equivocarnos si
afirmamos que la destrucción de las Fuerzas Armadas de nuestra Nación fue
iniciada durante el gobierno de Raúl Alfonsín, continuado con Carlos S. Menem y
recrudeció desde Néstor Kirchner a la fecha.
Casi
al final del siglo XIX en adelante la clase política argentina utilizó a las
Fuerzas Armadas de la Nación, para resolver los conflictos que ellos mismos
creaban por un uso ineficaz/corrupto del poder que le habían otorgado sus
representados. El Golpe de Estado Cívico-Militar
fue la herramienta utilizada por los políticos para satisfacer sus ambiciones o
tapar sus ineficiencias y golpearon -sin titubear- las puertas de los
cuarteles. Recordemos:
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La revolución
de 1874 fue uno de los últimos intentos del Partido Liberal, continuador ideológico
y político del Partido Unitario, de
imponerse en el gobierno nacional.
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El 4 de
febrero de 1905, en la Capital Federal, Campo de
Mayo, Bahía Blanca, Mendoza, Córdoba y Santa Fe, se produjo un alzamiento armado fallido con el
propósito de derrocar a las autoridades nacionales.
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| Al lado de Uriburu se encuentra Juan D. Perón |
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El golpe militar
del 6 de septiembre de 1930 fue liderado por el general José Félix Uriburu y derrocó al
presidente Hipólito Yrigoyen de la Unión Cívica Radical.
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La Revolución
Radical de 1932 fue el intento de
derrocar al régimen fraudulento de Agustín
P. Justo y su remplazo por una Junta Revolucionaria transitoria.
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| Golpe militar del 4 de junio de 1943, Farrell y Perón juntos |
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La Revolución del 43
fue un golpe de Estado militar producido en Argentina el 4 de junio de 1943,
que derrocó al gobierno constitucional y fraudulento del presidente Ramón Castillo, poniendo fin a la Década Infame.
Todos los grupos militares que
lucharon por el poder durante la Revolución del 43 eran marcadamente
anticomunistas y mantenían estrechas relaciones con la Iglesia católica que
recuperó una sólida. Las luchas internas desencadenaron dos golpes de palacio,
sucediéndose en el poder tres generales que llevaron el título de “presidente”:
Arturo Rawson, Pedro Pablo Ramírez y
Edelmiro Farrell. Durante este período los sindicatos argentinos,
principalmente los socialistas y los sindicalistas revolucionarios, realizaron
una alianza con un sector de oficiales jóvenes del ejército liderado por el
coronel Juan Perón, adquiriendo el
nombre de peronismo. Hay que tener presente que en 1938, pocos meses
después de su regreso de Chile, Perón
enviudó por primera vez y pronto se presentó otro viaje. Esta vez a Europa, a
estudiar la guerra, experiencia decisiva en su camino. Según él mismo, sería otro Perón el que volvería. Y la Argentina
también sería otro país. El caudillo contaría a los periodistas españoles
cómo conoció al mismísimo Duce: “No
me hubiera perdonado nunca al llegar a viejo, el haber estado en Italia y no
haber conocido a un hombre tan grande
como Mussolini. Me hizo la impresión de un coloso cuando me recibió en el
Palacio Venecia. No puede decirse que fuera yo en aquella época un bisoño y que
sintiera timidez ante los grandes hombres. Ya había conocido a muchos. Además,
mi italiano era tan perfecto como mi castellano. Entré directamente a su
despacho, donde estaba él escribiendo; levantó la vista hacia mí con atención y
vino a saludarme. Yo le dije que,
conocedor de su gigantesca obra, no me hubiese ido contento a mi país sin haber
estrechado su mano”. Esa admiración por el Duce tuvo una importante influencia
en la doctrina e ideología de su futuro movimiento político, populista y fascista.
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El día 28 de
septiembre de 1951 efectivos del Ejército, la Marina y la Aeronáutica al
mando del general retirado Benjamín
Menéndez fallaron al intentar derrocar al gobierno del presidente general Juan Domingo Perón.
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La llamada “Revolución
Libertadora” fue una dictadura cívico-militar de
tipo transitoria, originada en el golpe de Estado que derrocó al presidente
general Juan Domingo Perón entre el
16 y el 23 de septiembre de 1955.
La “Revolución Libertadora” contó con la Junta Consultiva Nacional
integrada por la mayor parte de los partidos políticos: Unión Cívica Radical, Partido Socialista, Partido Demócrata Nacional,
Partido Demócrata Cristiano y Partido Demócrata Progresista.
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| Lonardi y Aramburu |
Una de las medidas
institucionales más importantes del gobierno de facto cívico-militar fue emitir
una proclama derogando inmediatamente la Constitución Nacional vigente,
conocida como Constitución de 1949, para reemplazarla por el texto de la
Constitución de 1853. Esta medida sería luego avalada por una Convención
Constituyente elegida con proscripciones, que sesionó bajo el régimen militar y
le agregó el artículo 14.
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El golpe
militar de 1962 en Argentina ocurrido el 29 de marzo de
ese año fue realizado por los comandantes en jefe de las tres Armas presionados
por algunos sectores de las Fuerzas Armadas, que destituyeron de hecho al
presidente Arturo Frondizi. En la
mañana del 29 de marzo fuerzas militares condujeron detenido a Frondizi, con quien habían consensuado
el día anterior las modalidades del procedimiento, desde la Quinta Presidencial
de Olivos a la isla Martín García pero sin haber definido previamente cuáles
serían los pasos posteriores salvo el acuerdo de que el reemplazante sería
un civil.
Esto posibilitó que con el
apoyo de legisladores y funcionarios del gobierno antes de terminar ese día el
presidente provisional del Senado José
María Guido asumiera el cargo vacante invocando una destitución de hecho y
obtuviera que la Corte Suprema de Justicia le tomara juramento en una
ceremonia realizada sin intervención ni presencia de militares.
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| Jura de Juan Carlos Onganía |
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El 28 de junio de
1966 un levantamiento militar liderado por el general Juan Carlos Onganía derrocó al
presidente Arturo Illia perteneciente a la Unión
Cívica Radical del Pueblo. El golpe dio origen a un gobierno de facto
cívico-militar autodenominada “Revolución
Argentina”, que ya no se presentó a sí misma como “gobierno provisional”,
como en todos los golpes anteriores, sino que se estableció como un sistema de
tipo permanente. Este tipo de gobiernos
de facto civiles-militares permanentes, se instalaron por entonces en varios
países latinoamericanos en esos años (Brasil, Chile, Bolivia, Paraguay, etc.).
·
La Revolución Argentina dictó en 1966 un Estatuto que tenía nivel
jurídico superior a la Constitución y en 1972 introdujo reformas
constitucionales, algo que también la distinguió de las dictaduras anteriores.
En general la dictadura adoptó una ideología fascista-católica-anticomunista,
apoyada abiertamente tanto por Estados Unidos como por los países europeos,
eran los tiempos más virulentos de la denominada Guerra Fría.
·
Se puede afirmar que las diferencias
entre la llamada Revolución Argentina
y los anteriores golpes de estado cívicos-militares, dan a luz lo que
posteriormente fue conocido como el “Partido
Político Cívico-Militar”. Una alianza con sectores políticos, empresarios y
las Fuerzas Armadas, que le permitían soñar a los miembros de las más altas jerarquías
militares, que su carrera castrense terminaría en el Sillón de Rivadavia.
Acosado
el presidente general Alejandro Agustín
Lanusse por una insurrección popular creciente y generalizada, su gobierno
de facto organizó una salida electoral con participación del peronismo (aunque
impidiendo la candidatura de Perón), en 1973, en la que triunfó precisamente el
candidato peronista Héctor J. Cámpora,
con el 49,53% de los votos, asumiendo el 25 de mayo de 1973.
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| El peronismo regresa al poder |
Prácticamente
echado por el líder justicialista, Cámpora debió renunciar
para permitir elecciones libres, en las que ganó Juan Domingo Perón con el 62% de los votos, quien moriría menos de
un año después de haber sido electo, y el gobierno peronista, en manos ahora de
la vicepresidente María Estela Martínez
de Perón, sería también derrocada por un golpe militar en 1976[1].
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El 24 de marzo de
1976 una nueva sublevación militar derrocó a la
presidenta María Estela Martínez de
Perón, instalando un gobierno cívico- militar de facto de tipo permanente
(Estado burocrático-autoritario) autodenominado “Proceso de Reorganización Nacional”, gobernada por la Junta
Militar, integrada por tres militares, uno por cada fuerza. A su vez, la Junta
Militar elegía a un funcionario con el título de “presidente”, con funciones ejecutivas y legislativas, designado y
supervisado por la junta mientras no perteneciese a esta.
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| Jura Jorge Rafael Videla |
Al igual que la Revolución Argentina, la Junta Militar
sancionó en 1976 un Estatuto[2]
y dos Actas de carácter complementario con jerarquía jurídica superior a la
Constitución.
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El “Proceso de Reorganización Nacional” continuó una guerra contrarrevolucionaria,
el iniciada por el Operativo
Independencia que fuera ordenado por el estado gobernado por
el partido justicialista a través de los Decretos
261/75, 2770/75, el 2771/75 y 2772/75, extendiendo
a todo el país y bajo el mando directo de las Fuerzas Armadas, la política
represiva de “neutralizar y/o aniquilar el accionar de los elementos
subversivos”.
La palabra neutralizar según la Real Academia Española (R.A.E.) significa: “Contrarrestar el efecto de una causa por la concurrencia de otra
diferente u opuesta” o “Anular,
controlar o disminuir la efectividad de algo o de alguien considerados
peligrosos”.
La palabra aniquilar según la misma Academia significa: “Reducir a la nada” o “Destruir
o arruinar enteramente”.
Al ser superadas las Fuerzas
Policiales y de Seguridad por la violencia de las organizaciones
político-militares- terroristas (subversión), el estado democrático se vio en
la necesidad de recurrir al empleo de sus Fuerzas Armadas.
El empleo de las Fuerzas Armadas
significa recurrir al empleo de la violencia represiva (potestad[3]
del estado) para solucionar un grave problema, que no pudo solucionar por otros
medios.
La guerra revolucionaria había
sido declarada unilateralmente por las organizaciones
político-militares-terroristas durante el gobierno democrático del período Perón-Perón. El líder del partido
justicialista en el poder después de muchísimos atentados terroristas y
fracasos políticos (asesinato de José
Ignacio Rucci, copamiento de la Guarnición Militar de Azul, regreso a la
clandestinidad de montoneros, fracaso del Pacto Social, etc.) dispuso en
secreto la organización de la funesta triple A, y el enquistamiento en el poder
de un personaje menor y miserable como José
López Rega[4].
También decidió expulsar
de la Plaza de Mayo de la “juventud maravillosa”.
En toda guerra se cometen
errores y excesos no deseados, lo ocurrido en ese período violento de la
Argentina no estuvo exento de ellos. Si no se reconoce que fue una guerra[5],
todo acto que se lleve a cabo para
eliminar al enemigo pasa a ser un delito penado por la justicia civil. Es por
eso que para evitar esa discusión, maliciosamente se anula el Código de
Justicia Militar y así se puede juzgar a las tropas y civiles, que actuaron por orden del Estado –
inicialmente democrático y luego dictatorial– como violadores de los derechos humanos con el
agravante de no incluir a los terroristas que iniciaron la contienda. En la
guerra ambos bandos se matan, torturan y desaparecen personas. En resumen, creamos un sistema inédito a nivel
mundial, que da por tierra con todos los
principios del derecho consuetudinario vigentes en el mundo entero y que como
dijo el Obispo Castrense:” … “en el futuro muchos deberán arrepentirse”.
Internacionalmente, el “Proceso de Reorganización Nacional” contó
con el apoyo activo del Gobierno de Estados
Unidos (salvo durante la administración de James Carter) y la tolerancia de
los países europeos, la Unión Soviética y la Iglesia Católica. Asimísmo, en ese
momento se instalaron con apoyo estadounidense gobiernos de facto cívicos-militares
en todos los países del Cono Sur de Sudamérica (Argentina, Bolivia, Brasil,
Chile, Paraguay, Perú y Uruguay), que coordinaron entre sí y con Estados Unidos
la represión, por medio del denominado Plan
Cóndor[6].
Sin pruebas fehacientes y sin dar lugar a ninguna duda en nuestro país, la
justicia elaboró 15 condenas vinculadas directamente a la desaparición forzada
de 106 personas. Ya es harto conocido
que el estado argentino no cumplió su responsabilidad de garantizar el juicio
debido.
Desde
este humilde espacio somos de la opinión, que a pesar de los errores/excesos
cometidos, los argentinos le debemos nuestro estado democrático y libertad de
opinión al combate librado por las Fuerzas Armadas, Fuerzas de Seguridad,
Fuerzas Policiales, otros organismos del estado y algunos civiles contra los
grupos terroristas-subversivos, quienes mediante el terror, tuvieron como
objetivo instalar un estado marxista en varias naciones Latinoamericanas. Basta solo recordar cuando vimos arrear la
enseña patria e izar en su reemplazo un trapo rojo, hechos repetidos en cada
objetivo que tomaban transitoriamente la fuerzas terroristas.
En
estos días nos enteramos -no sorpresivamente, se venía venir- que con el Lawfare, de por medio, se lavarán las
causa de los procesados por corrupción en la República Argentina.
Pero
el uso del Lawfare va más allá si el
poder de turno lo aplica para liberar a sus propios corruptos, así está muy
bien. Claro, esa misma política no se usa para
liberar a los hombres que enfrentaron el terrorismo. Ellos, sin condenas
firmes, ancianos y enfermos, pagan el precio de una mayoría de ciudadanos
silenciosos carentes de principios éticos y morales.
No
tenemos ninguna duda que el poder político usó muchas veces al poder judicial
para aniquilar el peso que habían ganado las Fuerzas Armadas, ante la ineficiencia,
corrupción, latrocinio, fraude, etc. que cometieron muchos gobernantes elegidos
democráticamente.
Es
preciso que Argentina retorne a las épocas donde el Poder Judicial actuaba con
absoluta prescindencia de la política. Retorne a valores que hicieron
grande nuestro país, veneren a nuestros verdaderos patriotas y defiendan el
sistema democrático despojado de absolutismos. Eso solo avanzará privilegiando
la educación de nuestra sociedad y aunque ello redunde luego de varias
generaciones, muchos países sobre todo orientales nos han demostrado que ese es
el camino para la PATRIA GRANDE que
soñó nuestro Libertador el General Don
José de San Martin.
Como
ciudadanos hacemos uso de nuestro derecho de peticionar ante las autoridades, a
las que les pedimos que dispongan la inmediata
ejecución de una auditoría jurídica de todo lo actuado en los mal llamados
juicios de lesa humanidad. Que las
partes propongan peritos de intachable trayectoria, que se haga en forma global,
no causa por causa, llevaría demasiado tiempo, la mayoría habrá fallecido y
unos pocos recuperado la libertad por haber cumplido una condena tal vez
injusta. Que se acate el dictamen mayoritario de los peritos intervinientes, no
creemos otro caso Maldonado. Dado la extrema situación que soportan los
privados de su libertad y sus familias damos al presente carácter de MUY URGENTE[7].
[1] En
el caso del último gobierno cívico-miltar de facto existió, por un lado, un
consenso tácito extendido y, por otro, uno explícito más acotado. A diferencia,
por ejemplo, del golpe de 1955, cuando multitudes antiperonistas salieron a
manifestar su apoyo a la autodenominada Revolución
Libertadora, en la noche del golpe militar de 1976 en Buenos Aires, la
Plaza de Mayo estuvo completamente desolada.
No hubo
movilizaciones y mucho menos señales multitudinarias de adhesión al golpe. Sin
embargo, muchísimos argentinos en el ámbito privado aceptaron el hecho como una
«solución» a la crisis de
gobernabilidad que se había creado en los últimos meses del gobierno de Isabel
Perón, seguramente bajo la idea -recurrente en el siglo XX argentino- de que la
única opción frente al fracaso del gobierno constitucional consistía en confiar
a los militares la tarea de recomposición de la autoridad y el orden.
[2] Todos los
funcionarios de distintos partidos políticos, especialmente de la Unión Cívica Radical e inclusive del Partido Justicialista, que asumieron
funciones en los distintos niveles de gobierno del estado en todo el país… al
sumir sus cargos juraron cumplir con este Estatuto.
[3] Potestad, o también
recientemente aceptado podestad, es un término jurídico que contiene un
concepto híbrido entre poder, derecho y deber. La potestad supone una
derivación de la soberanía y coloca a su titular en una posición de
superioridad, lleva implícita una capacidad de fuerza.
[4] Ex miembro de
la Policía Federal con la jerarquía de Cabo, discrecionalmente fue ascendido al
grado de Comisario General.
[6] A pesar de su
inmensa difusión mediática no existen pruebas reales de este plan, cuya
finalidad era el intercambio de información de actividades terroristas y
coordinación para actuar en consecuencia entre los países de Latinoamérica que
sufrían el ataque marxista-cubano (Chile, Argentina, Uruguay, Bolivia y Brasil)
el supuesto ideólogo del supuesto plan habría sido Henry Kissinger.
