¿Hasta cuando el silencio?

El 29 de Junio planteamos este tema, que ahora publica La Nación a través de un nuevo artículo escrito en su editorial del día de la fecha. Cada día son más las voces que se alza contra el atropello que diariamente sufren nuestras Fuerzas Armadas… Nos preguntamos ¿Quieren cumplir acabadamente con el objetivo de la indefensión nacional? ¿Hasta cuando la sociedad soportará en silencio este aniquilamiento de una de las instituciones fundamentales de las repúblicas?

Desde el regreso a la democracia se viene atacando sistemáticamente a las Fuerzas Armadas, ese ataque no tiene otro objetivo que su degradación como instituciones. Ya no podemos permanecer callados ante esa flagrante acción destructiva… tampoco lo pueden hacer las mujeres del personal de las Fuerzas Armadas, pero el poder de turno pretende amedrentarlas a través de truncar las carreras de sus esposos.

Un tema más para sentir el dolor de la vergüenza ajena o propia.

Editorial II

Nueva discriminación

No puede impedirse el ascenso de un oficial porque su esposa haya manifestado ideas distintas de las del Gobierno

Se han repetido en estos años los casos de postergación de ascensos y de pases a retiro de oficiales de las Fuerzas Armadas en razón de sus apellidos o también por manifestaciones de sus cónyuges.

El hecho es que la Junta de Calificaciones de la Armada había propuesto el año pasado el ascenso al grado inmediato superior del capitán de fragata Marcelo O. Toulemonde. La recomendación había superado la clarificación sobre la ausencia de responsabilidad del oficial en la avería de un buque hidrográfico. Sin embargo, el Ministerio de Defensa decidió, de acuerdo con lo manifestado en una carta de lectores publicada en este diario el 4 de junio del corriente año por el propio secretario de Estrategia y Asuntos Militares, Alfredo Forti, que "este ministerio no considera que el capitán Toulemonde cuente con la idoneidad profesional requerida para el ?desempeño de las funciones de responsabilidad que demanda el grado de oficial superior, ya que fue probadamente negligente en el ejercicio de funciones correspondientes a su grado actual".

El burócrata de turno, Forti

Hay un hecho que parece explicar esta particular situación. Durante un acto realizado en 2007, en el que recibían su sable dos hijos del capitán Toulemonde, y cuando la presidenta Cristina Kirchner hacía uso de la palabra, la esposa del capitán, Mónica Liberatori, preguntó en voz alta "¿Y Larrabure?" Luego del acto, el jefe de Inteligencia de la Armada le comunicó a Toulemonde que habían identificado a su señora como la persona que hizo la pregunta. En razón de ello, se le ordenó al oficial presentarse ante el almirante Godoy para recibir una sanción, lo que efectivamente ocurrió. La sanción se fundamentó en "no controlar debidamente a su señora esposa respecto de las normas a seguir, dando lugar a que las incumpliera en una ceremonia de entrega de espadas a oficiales de las tres fuerzas con motivo de sus egresos, la cual era presidida por la señora comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas".

El Capitán Toulemonde y su esposa Mónica

De esto se desprende que las esposas de militares deben contar con la autorización de sus maridos para poder expresarse, sea que cumplan o que alteren reglas protocolares. Sería interesante saber qué piensa la Presidenta de esta regla frente a su permanente preocupación por la igualdad de género. De la misma forma habría que preguntar cuál debería haber sido la reacción inmediata del Instituto Nacional Contra la Discriminación (Inadi) frente a este episodio, que debería haber conocido por la vía oficial. Pues bien, no hubo reacción y este organismo sólo respondió con el silencio ante la posterior denuncia efectuada por la propia señora del oficial afectado.

Sería también de interés saber si ¿la reacción y la sanción hubieran ocurrido si la expresión de viva voz hubiera tenido un signo afín a la sesgada visión oficial sobre la dramática historia de los años setenta? Sin duda el nombre del coronel Argentino del Valle Larrabure expone por sí solo todo lo que esa visión oficial no quiere recordar. La diputada Patricia Bullrich ha presentado un proyecto de resolución en la Cámara de Diputados de la Nación, pidiendo informes sobre este episodio. Es importante que sea aprobado y que se comience a poner coto a estas graves arbitrariedades.

El Coronel Larrabure continúa brindándoles batalla

La preservación de las instituciones, deben ser defendidas por todos... especialmente sus integrantes

Uno de nuestros socios fundadores, nos acercó hoy una “joyita” de archivo… se las dejamos más abajo de nuestros comentarios.

¡Qué memoria flaca tenemos los argentinos! Seguramente al leer nuevamente esta nota, más de uno sentirá el sabor amargo de la injusticia, del engaño, de la mentira, de esos jueces probos que supo tener la República Argentina y que hoy parecen ausentes de los estrados.

¿Qué podíamos esperar de un aspirante a tan alto cargo que en la sesión de aprobación de su pliego en el Senado de la Nación, descargó la responsabilidad de no haber cumplido con el requisito de sus declaraciones impositivas en su contador?

¿Qué podíamos esperar de un juez que tiene como asesor a un ex convicto que pasó 13 años en prisión por habérsele probado una larga lista de secuestros extorsivos, y que fue indultado en 1991? El Dr. Jacobo Isaac Grossman asesor, socio y amigo del Juez de la CSJN  Dr. Zaffaroni reunió en 1973 a un grupo de delincuentes y los lideró conformando una banda de secuestradores que se dedicaban a sustraer menores de familias adineradas, cobrando por su rescate cuantiosas cifras.

·        Las crónicas de la época establecen que Grossman había afianzado relaciones con grupos guerrilleros que le señalaban cuáles eran las familias con poder adquisitivo alto, para que efectuara sus raptos.

·        Si bien la actividad de Grossman y sus cómplices no reportaba materialmente ni organizativamente a los grupos guerrilleros, su actividad puramente delictiva colaboraba con el fin de sembrar el terror, y por eso lo ayudaban.

¿Qué podíamos espera de un juez que siempre descarga la responsabilidad de los errores o cosas mal hechas en terceros? La primera versión del Dr. Zaffaroni apuntaba a la responsabilidad de alquilar sus departamentos en la Inmobiliaria –que no otra cosa que una entidad intermediaria- y que no le habían avisado de nada.

·        Según publica el diario Libre, el encargado de tramitar los alquileres de las propiedades del magistrado se llama Ricardo Montivero, tiene 65 años y figura ante la AFIP en el rubro "asesoramiento, dirección y gestión empresarial". De acuerdo a esa publicación, el domicilio de Montivero es el mismo que el de Zaffaroni, que vive en una casona del barrio de Caballito. "Es quien hace todas aquellas cosas que Zaffaroni no le gusta o no puede hacer, desde las compras en el supermercado, hasta firmar los contratos y administrar sus cosas", indicó a revista Noticias un amigo muy cercano al juez.

Como expresa un conocido abogado en el párrafo final de su carta elevada en la fecha a la Corte Suprema de Justicia de la Nación y referida al Dr. Zaffaroni:

“No es el principio de inocencia el que está en juego, es el prestigio de esa Excma. Corte ante la opinión pública el que está gravemente comprometido”.

No nos interesan los escándolos en los que se mete solo el Dr. Zaffaroni, nos interesa la preservación de las instituciones y la justicia merece ser preservada como la mejor de las instituciones republicanas, ella debe garantizar la igualdad ante la ley y la objetividad al administrar ese bien sagrado.

"Estuve frente a frente con él, encañonado"

Una víctima lo identificó por LA NACION 
Douglas Roberts fue secuestrado por Grossman en 1974 
Su cuñado, que pagó el rescate, escribió una carta a LA NACION 
Sorpresa, indignación y desazón 

Jueves 09 de octubre de 2003 | Publicado en edición impresa

Alejandro T. Watts Bollini vio el rostro de Jacobo Grossman en las fotos tomadas a Eugenio Zaffaroni durante su exposición del lunes último ante la Comisión de Acuerdos del Senado, que publicó LA NACION, y reaccionó con asombro. El fue quien entregó en 1974 el maletín con dinero que los secuestradores pidieron para liberar a su cuñado, Douglas Roberts, un ex directivo de la empresa Pepsi Cola en la Argentina.

Escribió el siguiente texto para la sección Carta de lectores de LA NACION, con su firma, su documento de identidad, número 93.183.301, su dirección y su teléfono.

"Me siento enormemente sorprendido al ver sentado junto al Dr. Zaffaroni junto al Dr. Jacobo Isaac Grossman (LA NACION, 7/10/03). A este último, que es ahora asesor de un futuro miembro de la Corte Suprema de Justicia, mi persona haciendo de mensajero tuvo que entregarle en mano, amenazado a punta de pistola, el dinero exigido a Pepsi Cola Argentina SA para rescatar a uno de sus directores, en enero de 1974. El Dr. Grossman, en ese momento Sr. Grossman, junto con otro de sus compañeros, fue tomado prisionero, pero al poco tiempo liberado de este delito", recordó.

"Años más tarde leí en la revista Gente del 28/02/91 la trayectoria violenta que había seguido, así como su vinculación con el Dr. Zaffaroni. El secuestro al que yo me refiero sucedió hace casi 30 años; no guardo rencor, pero estos acontecimientos me recuerdan el calvario que vivieron, durante el mes que duró el cautiverio, mi cuñado, mi hermana y mis sobrinas, apenas adolescentes; y me produce un sabor amargo de desazón y de indignación el imaginar posiblemente sentado cerca de los estrados de la Justicia a este ciudadano", concluyó.

A centímetros

En diálogo con LA NACION, Watts afirmó que reconoció al allegado de Zaffaroni: "Estuve frente a frente con Grossman. Lo vi porque tenía su rostro a 40 centímetros del mío, junto a otros dos que me tenían encañonado. Todo esto lo declaré ante la justicia de San Isidro, pero él tenía siete abogados trabajando, algunos muy vinculados al general Perón", sostuvo.

Roberts evitó hacer comentarios "por pedido de la familia", según sostuvo.

Pero se refirió a su secuestro: "Luego de aquello me tuve que ir del país. Ahora, cuando lo veo a Grossman, veo que por algo pasamos los últimos 30 años que pasamos".

Los secuestradores pidieron 5 millones de dólares para liberar a Roberts. "Mi cuñado fue secuestrado el 3 de enero de 1974. Después de las negociaciones que llevó adelante la propia Pepsi Cola, cuando hubo que pagar el secuestro, los secuestradores me eligieron para que hiciera el pago", comentó Watts. "Entregué el maletín y luego de la captura de la banda se rescató al menos una parte del dinero", recordó.

Hasta el 9 de agosto puede votar en nuestra encuesta. Gracias

¡Una imagen vale más que mil palabras!

Si perseveramos lograremos lo que tanto ansiamos:

Basta de atropellos a las personas, a las instituciones,

Estamos hartos de tantas mentiras, corrupción, injusticias,

inclumplimiento de la ley por sobre todas las cosas,

solo queremos verdad, memoria, justicia y reconciliación.

Nunca es tarde... aún estamos a tiempo

Desde el inicio de nuestra Asociación Civil Pacificación Nacional (en trámite) hemos tenido una prédica constante de la necesidad de la “Igualdad ante la ley”, la “Inmediata libertad de los miembros de las Fuerzas Armadas, Fuerzas de Seguridad y Civiles que combatieron y vencieron al terrorismo” y el “Reconocimiento y reparación de las Víctimas del Terrorismo en la Argentina”, estos tres derechos han sido sistemáticamente violados y olvidados por el poder de turno.

Ahora que en la República Argentina, se respira un aire de generalizada esperanza de terminar, por medio del voto, con el poder manipulador, crispado, totalitario que supo torcer la historia, la moral y la ética de la mayoría de la población… se empiezan a escuchar y leer otros comentarios, frutos de la vergüenza adormecida. Pero no importa, no es tarde para corregir un error… aún estamos a tiempo de salvar a la República.

La Paz y la Concordia son dos bienes fundamentales que debemos conquistar y consolidar, para que juntos como Nación logremos un futuro mejor. Les dejamos el editorial de La Nación en el día de ayer.

Editorial I

La violencia armada de los años 70

Es necesario diseñar un plan integral de reconciliación sin exclusiones, como antes lo hubo de muerte y terror

Sábado 30 de julio de 2011 | Publicado en edición impresa

Desde su irrupción en el escenario nacional, el Frente para la Victoria ha pretendido adueñarse de la bandera de los derechos humanos en la Argentina. En parte movilizados por su absoluta inacción durante el prolongado ejercicio del poder en la provincia de Santa Cruz, donde hicieron muy buenas migas con los militares allí destacados, sus principales figuras han sobreactuado en los últimos ocho años de manera de imponer una única y maniquea visión sobre el complejo problema de nuestra historia reciente.

El giro se produjo al llegar a la Casa Rosada. Incluso después de haber resultado elegido, Néstor Kirchner dio marchas y contramarchas en la cuestión militar, según hay testimonios de su propio entorno inicial.

Desde entonces, el kirchnerismo ha asumido una postura grandilocuente y grotesca, que ha impedido crear el terreno de mínima tolerancia y respeto a fin de que se genere el escenario superador del drama de hace más de treinta años. Así está envilecida la Nación, con los derechos humanos usufructuados para la facturación política y para facturaciones más subalternas, pero igualmente industriosas.

La falta de consideración con la tarea realizada en la materia por el ex presidente Raúl Alfonsín con inigualable coraje cívico y abriendo una experiencia de enjuiciamiento a militares desconocida hasta entonces en el mundo, y los agravios a notorios luchadores por los derechos humanos, como la periodista Magdalena Ruiz Guiñazú o el ex fiscal Julio César Strassera, han sido indicativos de la falsedad del relato oficial de los hechos de aquella época y del armado a medida de los intereses de poder de la versión ahora oficial. La manipulación de las cifras del Indec ha sido la coronación de una obstinada vocación por distorsionar la realidad y la historia.

Ha habido en estos años actos de provocación asombrosa, hasta sin la debida consideración del entonces presidente Kirchner con el jefe del Ejército designado por él mismo, a quien colocó en la situación de bajar de una pared del Colegio Militar el cuadro del presidente de facto ante el que se había cuadrado como oficial en actividad. Situaciones de esa naturaleza anticiparon las mañas que habría para avivar el rencor y, allí donde anidara, los deseos de revancha por los años de dictadura, pero también para obstaculizar el sendero de la paz y unión permanente de los argentinos.

La caducidad de las leyes de obediencia debida y punto final, declaradas inconstitucionales por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en 2005 después de más de una década de sancionada, tampoco contribuyó a la pacificación nacional. A partir de esa interpretación, los tribunales inferiores han impedido el juzgamiento de la otra parte esencial del conflicto de los setenta: los guerrilleros que mataron a mansalva a cientos y cientos de argentinos, muchos de ellos civiles y ajenos por completo a la confrontación librada.

Alguien que en modo alguno podría ser catalogada como complaciente con los militares actuantes en la represión antiterrorista puso de relieve en el seno mismo del más alto tribunal del país lo controvertible de aquella decisión judicial. La doctora Carmen Argibay, incorporada a la Corte Suprema por iniciativa del presidente Kirchner, votó en contra de la inconstitucionalidad de los indultos. Se fundó para ello en la doctrina sentada por la Corte Suprema en 1990 que había alegado en la cuestión la existencia del principio superior de la "cosa juzgada". Y así, Argibay sostuvo en su voto que, "habiendo sido respaldado el indulto hace 17 años, ya no puede revisarse su legitimidad".

Tampoco es cierto que el carácter de lesa humanidad de tales crímenes, del que deviene su imprescriptibilidad, sea atribuible sólo a los delitos cometidos por militares. A ello se ha opuesto la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Lo hizo en la causa Almonacid, de septiembre de 2006, en la que sostuvo que deben ser penados los asesinatos ejecutados en un contexto de ataque generalizado o sistemático contra sectores de la población civil realizados tanto por el Estado como por una organización terrorista.

Ese mismo criterio ha sido sostenido por la Corte Penal Internacional en pronunciamientos recientes. Es oportuno señalar que dichos tribunales, como las convenciones y demás instrumentos internacionales a los que la Argentina se ha adherido libremente, tienen jerarquía constitucional en nuestro país, de conformidad con la reforma de 1994.

Estamos, pues, en medio de un escenario político montado por unos en detrimento de otros, con pingües ganancias para los pescadores de río revuelto. No es equitativo que algunas de las víctimas merezcan todo tipo de reconocimientos públicos y sus familiares sean adjudicatarios de costosas indemnizaciones para el erario nacional, mientras que otras sean consideradas por el Estado innombrables y reciban un desprecio que, por procedimientos inadmisibles, se pretende transmitir a parientes y extenderlos de generación en generación. Es la saña ejercida contra jefes y oficiales superiores de las Fuerzas Armadas -algunos de ellos con carreras profesionales brillantes- que han debido pasar a retiro sólo por el apellido que llevan.

El cumplimiento de penas de prisión perpetua en cárceles comunes por parte de los militares condenados seguirá siendo una expresión de enorme injusticia histórica si no es compartida por todos los protagonistas directos de los hechos de barbarie ocurridos hace tres décadas. Entiéndase bien: no puede haber juzgamiento, condena y demonización para unos, cuando ni siquiera hay un tibio reproche o una autocrítica respecto de los crímenes cometidos por los que originaron con su delirio la cruel e ilegal represión militar.

Así las cosas, es necesario diseñar un plan integral de reconciliación, como antes lo hubo de muerte y terror. Es menester convocar a las partes involucradas en forma directa, en primer lugar. Pero también a políticos, legisladores, intelectuales, hombres de la Iglesia y a todos aquellos ciudadanos destacados que sean capaces de contribuir con aportes para cerrar una penosa época de la Argentina.

Ninguna diatriba, ninguna amenaza debe arredrarnos de la voluntad de estimular ese espíritu.

Cambalache en los Putyclubs porteños

El poder ya nos tiene acostumbrados a todo tipo de escándalos, es como si nos hubiera adormecido la moral, la ética y las buenas costumbres. Los argentinos ya soportamos todo tipo de tropelías, engaños, mentiras… y como reza el tango:

¡Siglo veinte, cambalache

problemático y febril!...

El que no llora no mama

y el que no afana es un gil!

¡Dale nomás!

¡Dale que va!

¡Que allá en el horno

nos vamo a encontrar!

¡No pienses más,

sentate a un lao,

que a nadie importa

si naciste honrao!

Es lo mismo el que labura

noche y día como un buey,

que el que vive de los otros,

que el que mata, que el que cura

o está fuera de la ley...

Ahora le toca el turno nada menos que a un Juez de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, institución que debería estar integrada por los mejores hombres y mujeres de la justicia argentina, sin embargo parece que ya nadie está exento de ser salpicado por su propia mugre.

La denuncia la formula “La Alameda” una ONG que se ocupa de denunciar los casos de “trabajo esclavo”, si dese leer las mismas por favor ingrese a http://laalameda.wordpress.com/. Según las últimas informaciones ya son seis (6) departamentos afectados a esta actividad prostibularia.

Zaffaroni explicó el caso de los polémicos departamentos

29/07/2011 - 17:32 | El juez Eugenio Zaffaroni reiteró hoy que no conocía el destino que se había dado a varios departamentos de su propiedad en los que presuntamente funcionaban prostíbulos, en tanto que una ONG lo denunció en la justicia en el marco de una investigación sobre una red de prostitución.

El juez de la Corte Suprema, sin embargo, aseguró que si bien es dueño de 15 propiedades en Capital Federal, como no puede "ejercer actividad comercial ni administrarlos personalmente", tiene "un apoderado y una inmobiliaria que los alquila", y agregó que se limita a recibir lo que le pagan y ni siquiera revisa "mucho las cuentas".

Zaffaroni, tras explicar que todas sus propiedades están "debidamente asentadas" en su declaración de bienes, señaló: "nunca firmé un contrato de locación personalmente y nunca conocí a ninguno de los inquilinos".

El magistrado quedó envuelto en el escándalo, cuando algunos medios revelaron que "en al menos cinco" departamentos de su propiedad funcionaban prostíbulos.

"Nunca recibí una carta documento de ningún consorcio notificándome de algo anormal", aseguró Zaffaroni en declaraciones al matutino Página 12 y remarcó que ya dio las instrucciones "para verificar lo que pasa" y hacer "lo que sea para que cese toda actividad".

Al mismo tiempo el juez denunció que es blanco de una campaña.

"Es para desequilibrarme emocionalmente, aprovecharse de una situación desgraciada para provocar una reacción agresiva en mi o en mis colaboradores más cercanos", sostuvo.

Continuó explicando que "La noticia no sería que la inmobiliaria alquiló irresponsablemente" sino que él "sería un energúmeno que reaccionó como el pobre Maradona", haciendo referencia al episodio en el que el ex jugador atacó a la prensa con un rifle.

"La noticia fue el rifle", aseveró Zaffaroni y completó: "pero yo no pienso utilizar ningún rifle".

Entre tanto, la fundación "La Alameda" mediante un extenso escrito amplió una denuncia previa que había hecho en diciembre de 2009 donde pedía investigar el funcionamiento de unos seiscientos lugares donde se ejerce la prostitución en la Capital Federal.

En el escrito, la ONG "La Alameda" critica duramente al integrante de la Corte y además reclama que se le inicie un proceso de juicio político en caso que se compruebe la acusación.

Los denunciantes criticaron el "desentendimiento" por parte del juez al referir sobre las quejas de los vecinos ante la oferta de sexo en los respectivos lugares, en declaraciones periodísticas las cuales están volcadas en la denuncia, sobre que es "un problema de consorcio", y que él "no firma los contratos ni conoce a los inquilinos”. “No resulta muy claro ni comprensible que los apoderados y administradores del patrimonio del magistrado no lo hubieran puesto al magistrado al tanto de esa clase de quejas sabiendo que se arriesgan a una demanda y a las consecuencias de una gestión desacertada que los afectaría en lo profesional y comercial", según el escrito que recibió en persona la Procuradora Laura Monti, quien se encuentra trabajando durante la feria judicial que finalizó este viernes.

Fuente: Jornadaonline - Mendoza

28.07.2011 | Justicia | Por: Eduardo San Emeterio

EN SU ALEGATO EN EL JUICIO POR LESA HUMANIDAD EN VIEDMA

Un defensor de militares acusa al kirchnerismo

Eduardo San Emeterio sintetiza del siguiente modo su postura ante 

el actual juzgamiento de cientos de oficiales de las Fuerzas Armadas.

INFORMADOR PÚBLICO

Estimados amigos/colegas/camaradas:

En parte de mi último alegato, en el juicio de “LESA HUMANIDAD” que se desarrolló en Viedma, y en el que mañana tendremos la sentencia, advertí a los señores jueces lo siguiente: “...El derecho ha sido y sigue siendo violado constantemente por nuestras más altas autoridades, la que ha dado funciones a los peores asesinos de los años 70. Entre los que podemos contar como simple ejemplo a:

Miguel Bonasso Diputado y asesor presidencial. Integraba el comando de montoneros en el área de prensa e inteligencia. En los ‘70 dependía directamente de los jefes de la inteligencia montonera Rodolfo Walsh y Horacio Verbitsky, quienes tenían a su cargo la elección de los blancos para sus atentados. Como integrante de la ‘Columna Capital’ de Montoneros habría participado del asesinato de José Ignacio Rucci, dos días después de la asunción de Perón en septiembre de 1973. El objetivo montonero era ‘tirar un fiambre en la mesa de negociaciones de Perón’ ya que este se negó a asignarles 400 cargos electivos que quisieron exigirle en las listas con que ganó las elecciones.

Carlos Kunkel, Diputado, asesor presidencial, Vocero Presidencial y Subsecretario. Fue expulsado del movimiento peronista en 1974 por ‘traidor, contumaz, estafador de los votos de Perón, desleal al justicialismo y antipopular’. Asesino procesado y convicto durante la dictadura militar, fue beneficiado por la Ley del Punto Final durante el gobierno de Raúl Alfonsín en 1984. En 1974 participó de la autodenominada ‘Operación Primicia’ que intentó copar el Regimiento 29 de Formosa, donde asesinaron a 12 integrantes de las FF.AA. (en su mayoría conscriptos) e hirieron a otros 20. En su ‘gloriosa’ incursión mataron a diez civiles, tres de ellos menores de edad. Este intento incluyó la toma del aeropuerto del Puyu y el secuestro de un Boeing 737 de Aerolíneas Argentinas y un Cessna de la Gobernación de Corrientes, hecho donde asesinaron a los dos custodios del gobernador, a quien tuvieron de rehén durante la operación. Fracasado el intento huyeron con ambos aviones y el Boeing debió aterrizar en una pista precaria de la localidad de Susana en la provincia de Santa Fe, mientras que el Cessna se dirigió a Corrientes con varios delincuentes heridos.

Diana Conti, Diputada, ex Miembro del Consejo de la Magistratura, Tribunal de Acusación. De joven, Diana Conti militó en el Partido Comunista Revolucionario, integró la Junta Coordinadora Revolucionaria como Montonera. Luego fue diputada nacional por el Frepaso, más tarde funcionaria de los gobiernos de Fernando de la Rúa y de Eduardo Duhalde.

Eduardo Luis Duhalde, Secretario de Derechos Humanos. Desde su revista ‘Militancia’, en los años ‘73 y ‘74, alentaba, estimulaba, y aplaudía los actos llevados a cabo por las organizaciones que imponían el terror para alcanzar el poder. Desde sus páginas se ocupó de publicar las condiciones de los guerrilleros para liberar un ejecutivo norteamericano secuestrado por montoneros; como así también aplaudió el secuestro de José Scioli (hermano del actual Gobernador de Buenos Aires, quien inmoralmente no tiene problema alguno en compartir ambientes de poder con los secuestradores de su hermano). Su publicación incitaba a la ‘Justicia popular’, a la ‘guerra popular para alcanzar el poder’ y a ‘eliminar de estas tierras a la raza de oligarcas explotadores’. Estuvo en Nicaragua para formar, con Enrique Gorriarán Merlo, el M.T.P (Movimiento Todos por la Patria) que atacó el Regimiento La Tablada en 1989, y habría formado parte del asesinato mercenario del ex Dictador Anastasio Somoza en Asunción, Paraguay, confesado en una entrevista televisiva pública por el asesino Gorriarán Merlo. Hoy defiende los Derechos Humanos de sus camaradas de armas Horacio Verbitsky, Periodista y asesor presidencial. Originalmente reclutado por el ERP, pasó a las filas montoneras formando parte de la cúpula del aparato de Inteligencia con asignación de tareas sobre la Policía Federal. Organizó con Walsh la voladura del Comedor de la Superintendencia de la Policía Federal que costó la vida a 24 personas y quedaron heridas, mutiladas y ciegas otras 70. Era su estructura quien elegía los blancos y los determinaba según su valor estratégico y táctico, evaluando los réditos políticos y militares de llevarlos a cabo.

Jorge Taiana, fue Ministro De Relaciones Exteriores (Canciller). Militó en montoneros participando del sonado caso de la voladura del Bar ‘el Ibérico’ que costó la vida de 2 civiles inocentes que nada tenían que ver con los motivos políticos que a sus jefes les interesaban. Como a tantos otros se le adjudicaron suficientes ‘méritos de guerra’ como para llevarlo al ministerio de Relaciones Exteriores. Fue el autor material del atentado a la playa de estacionamiento de la Jefatura del Ejército, que resultó militarmente un fracaso ya que murieron civiles inocentes por la bomba detonada personalmente por él. Se lo acusa de entregador -principalmente de su Jefe Rodolfo Walsh- por sus propios camaradas de lucha, ya que de los 62 integrantes de la Inteligencia Montonera, sólo sobreviven 7 (él entre ellos).

Carlos Bettini, Embajador en España. Su extremo compromiso y militancia montonera lo lleva a asesinar por la espalda de varios tiros (operación tipo ETA) al Capitán Jorge Bigliardi en enero. Pertenecía a la Columna Capital de Montoneros. Inexplicablemente España aceptó sus Cartas Credenciales y hoy es el Embajador de todos los argentinos en nuestra ‘madre patria’ de 1975 (durante el Gobierno constitucional), cuando salía de su casa con un hijo menor de edad a hacer compras familiares de domingo por la mañana.

Humberto Tumini, Subsecretario de la Función pública del Gobierno de la Ciudad de Bs. As. Terrorista encarcelado en 1971 por juicio de la Cámara Nacional Federal en lo Penal. Es uno de los miles que salieron el 25 de mayo de 1973 gracias a la apertura de cárceles producida por Esteban Righi y Héctor J. Cámpora. Amnistiado por Decreto 2509/73, pasó a la clandestinidad desde donde retomó sus actividades terroristas. Salió del país en 1976, para volver con su compañero montonero Rafael Bielsa en 1980 trabajando para las Fuerzas Regulares de la Nación como ‘topo’ entregando a sus camaradas que regresaban para la contraofensiva montonera.

Roberto Felicetti, Director de Políticas de Reciclado Urbano. Fue uno de los guerrilleros que asaltó el Cuartel de La Tablada militando en el Movimiento Todos por la Patria de Gorriarán Merlo en 1988, donde hubo 39 muertos.

Recuérdese que el soldado conscripto Tadeo Tadía fue aplastado por el camión robado minutos antes a Coca Cola con el que ingresaron al cuartel ‘en nombre del pueblo’. Fue condenado a prisión perpetua e indultado por el Presidente Eduardo Duhalde en 2002.

Eduardo Anguita Periodista de Revista 7 días. Director de Canal 7. Como integrante del E.R.P. en 1973 asaltó el Comando de Sanidad del Ejército en pleno Gobierno Justicialista de Perón. Su consigna era ‘derrotar a la Burguesía y al Ejército opresor’ (En plena democracia...). Detenido por los hechos del Comando de Sanidad, fue procesado y cumplió prisión hasta 1983 en que fue amnistiado por la Ley de Punto Final dictada por el Presidente Raúl Alfonsín. En 2006 cobró la indemnización de U$S 252.000 por haber atentado contra la Democracia durante el Gobierno de Cámpora. Al día de hoy, su premio como militante montonero es ser Gerente de Canal 7.

Hernán Invernizzi, Funcionario de la Defensoría del Pueblo Gob. de la C. de Bs. As. Terrorista del E.R.P. Cumplía con el Servicio Militar Obligatorio en el Comando de Sanidad del Ejército donde ofició de entregador de la unidad a los subversivos pro-cubanos comandados, entre otros, por Eduardo Anguita. Fue detenido y procesado, bajo el código de Justicia Militar por su estado militar de conscripto bajo bandera, y cumplió prisión hasta 1986 en que fue representado por el Dr. Beccar Varela y logró su libertad.

Marcelo Kurlat, Asesor presidencial. Fue Jefe de la Secretaría Militar de montoneros. Fue quien entregó la bomba ‘Vietnamita’ a José María Salgado que voló el Comedor de la Policía Federal con el ya mencionado saldo de 24 muertos y 70 heridos, quemados, mutilados y ciegos.

Y muchos nombres más integrantes todos de grupos subversivos terroristas denunciados oportunamente por esta defensa, y no en una sino en varias oportunidades, obteniendo el mismo resultado, para éstos todo está prescripto, contrariamente a lo decidido por la Corte Penal Internacional.

El Poder Ejecutivo, lo viola intimidando, amenazando y persiguiendo a los jueces probos, a quienes denuncia por sus sentencias, en tanto y en cuanto éstas sean contrarias a sus pretensiones, ideologías e intereses.

Un antiguo adagio nos previene: “Quien no se inquieta ante la injusticia ajena, será su próxima víctima...”, en tanto otro nos enseña que si malo es “judicializar la política”, significativamente peor es “politizar la justicia” porque conduce al caciquismo tribal, a la muerte del derecho, al fin de la conquista de las maneras civilizadas que conforman el Estado de Derecho.

La genuflexión debe quedar reservada a los ámbitos místicos, sólo de rodillas ante Dios, nunca ante un hombre.

La labor nuestra, la de los abogados, consiste en la colaboración con la Justicia y en la de ser vehículos de transmisión a nuestros clientes de la expresión racional en que se fundan las sentencias de los tribunales.

Este servicio no consiente una justicia a cartabones. El “caso por caso” exige mayor atención y dedicación para ingresar y vislumbrar esa intimidad que es la conducta de los seres humanos.

Sin ello no hay justicia, sino una caricatura, una fachada grotesca.

Señores Jueces, con esta gente que nos gobierna estamos todos en libertad condicional, Uds. yo, todos algún día nos van a venir a buscar, ya han encarcelado y muerto en prisión un Juez Federal, el Dr. Madueño, un Fiscal Federal, el Dr. Flores Leyes, en Santa Fe, está preso el Dr. Bruzza, ahora van por los jueces de Mendoza, Miret, Mestre, Romano, ¿quién será el próximo? ¿Alguno de Uds., yo? Cualquiera, van todos, Papel Prensa, es otro ejemplo. Un antiguo adagio nos previene: “Quien no se inquieta ante la injusticia ajena, será su próxima víctima...”, en tanto otro nos enseña que si malo es “judicializar la política”, significativamente peor es “politizar la justicia” porque conduce al caciquismo tribal, a la muerte del derecho, al fin de la conquista de las maneras civilizadas que conforman el Estado de Derecho. La genuflexión debe quedar reservada a los ámbitos místicos, sólo de rodillas ante Dios, nunca ante un hombre...”

“y seguí con otras palabras mi alegato.”

No me equivoqué, VAN POR TODOS, ahora le llegó el turno a otro Juez Federal, y van a ir por todos. Señores Jueces, y esto se los dije a los de Bahía Blanca, aquél que tenga mi edad, 61 años, y perteneciera a la justicia durante los años 1976 a 1983, ya sea como Juez, Secretario, Prosecretario, Fiscal, Defensor, VA A TERMINAR PRESO!!!!! Pongan las barbas en remojo. Sigan cumpliendo las órdenes de la canalla, el crimen no paga dividendos, y Uds. están cometiendo un verdadero crimen con nuestros soldados.

Esta es la última noticia. Seguramente obra de “mi amigo” Jorge Eduardo Auat. Todos los diarios dijeron que yo reivindicaba el terrorismo de estado y que mi alegato había sido intimidatorio a los jueces, creo que se equivocaron, fue premonitorio.

TIEMPO ARGENTINO

UN EX JUEZ TUCUMANO DECLARA COMO IMPUTADO

El ex juez federal de Tucumán, Manlio Torcuato Martínez, deberá presentarse hoy para declarar como imputado de delitos de lesa humanidad en la segunda parte de la causa conocida como Romero Niklison, en la que se lo acusa de haber participado del fusilamiento de cinco militantes montoneros y de la privación ilegítima de la libertad de otra persona.

El ex magistrado fue citado por el actual juez federal Daniel Bejas a pedido de la Fiscalía Federal N° 1 de Tucumán y de la Unidad Fiscal de Derechos Humanos, por presunto incumplimiento de su función, que derivó en el fusilamiento el 20 de mayo de 1976 de María Alejandra Niklison, Fernando Saavedra, Juan Carlos Meneses, Atilio Brandsen y Eduardo González Paz.

Para la fiscalía existen pruebas suficientes de que el ex magistrado participó en los homicidios de cinco personas y en la privación ilegítima de la libertad de otra, a través del incumplimiento de sus deberes de funcionario como forma de garantizar la impunidad de los policías y militares que cometieron estos hechos materialmente, o que dieron las órdenes para que se cometieran.

En su escrito, el fiscal explicó que con su inacción para investigar a los ejecutores de estos delitos, el entonces juez cumplía con una promesa que había hecho al ser designado en sus funciones por el fallecido general Acdel Vilas, a cargo del Operativo Independencia: no entorpecer la represión ilegal en la provincia. De esa manera, al cometer los hechos ilícitos, “los responsables del aparato represivo en Tucumán podían contar con la anuencia de aquel para organizar la actividad del aparato represivo con riesgos jurídicos minimizados”, señaló el dictamen fiscal.

Además se lo acusa de haber enviado a un detenido a su cargo a un centro clandestino de detención, entregándolo al entonces encargado del Servicio de Informaciones Confidenciales de la policía provincial, “Tuerto” Albornoz; y de haberlo privado de su libertad durante más de un año.

¿ME EQUIVOQUÉ CON LO QUE DIJE EN MI ALEGATO?

SALUDOS Y NOS VEREMOS TODOS EN DEVOTO, MARCOS PAZ, EZEIZA, CAMPO DE MAYO, CACHEUTA, BOWER, EN LA UF3, UF4, O EN CUALQUIER OTRA UNIDAD PENITENCIARIA.

Eduardo San Emeterio