Por Julio María
Sanguinetti
Abogado, dos veces Presidente
de la República
La justicia uruguaya
continua bajo asedio. Ahora un relator de Naciones Unidas acaba de exigirle a
nuestra Suprema Corte de Justicia –
sin autoridad alguna- que modifique su criterio sobre la inconstitucionalidad
de la disparatada ley que dejó sin efecto los alcances de la ley de caducidad.
Esa ley, según ha sostenido el Dr.
Hebert Gatto en reciente columna, “desconoció
el principio de libertad (lo no prohibido es lícito), soslayó la cosa juzgada y
omitió el principio conexo de legalidad (solo la ley puede limitar derechos)”.
En una palabra, concluye, ignoran “ochocientos
años de garantías jurídicas”.
Estos burócratas
internacionales llegan por iniciativa de nuestro gobierno (abierta o
solapadamente) y mantienen así vivo el acoso a un poder del Estado que ha
sufrido una asonada aún no juzgada, visitas de Ministros del Poder Ejecutivo
para cuestionar sus fallos y hasta aquella insólita recusación que cinco
Fiscales formularon contra los miembros de la Suprema Corte de Justicia: uno
que había expresado un criterio procesal sobre el tema de la discutida ley y
otros cuatro que ni siquiera habían abierto la boca . No hay precedentes de algo así y es notorio que esos Fiscales actúan
corporativamente y han resuelto autoerigirse en la espada inflamada de un
revanchismo que tramposamente se envuelve en la bandera de la Justicia.
Todos los días se
sigue invocando el derecho internacional cuando éste es clarísimo: el Estatuto de la Corte Penal Internacional
(artículos 11 y 24) dice que sus normas se aplicarán a hechos posteriores a su
vigencia y que nunca habrá retroactividad en los delitos. Justamente, ese es el
caso: los dramáticos episodios de la época de la dictadura ocurrieron antes de
ese Estatuto. En cuanto al siempre recordado Pacto de San José de Costa Rica, el artículo 7°, numeral 2, es
claro en prohibir toda acción retroactiva y este también es el caso, pues se
pretende aplicar una categoría de delitos (lesa humanidad) entonces
inexistente.
Nuestros jueces
máximos han actuado conforme a derecho, más allá de la idea y convicción que
cada uno pueda tener. No podían hacerlo de otro modo y, como dice bien Gatto, enterrar la historia de la
libertad.
En cualquier caso,
todos quienes construyen esta ola revanchista ignoran sistemáticamente dos
aspectos fundamentales: 1) que nuestra Suprema Corte de Justicia posee
competencia originaria para interpretar nuestra Constitución y que ninguna
norma internacional está por encima de ella, ya que no se acepta la
supranacionalidad; 2) que hubo dos pronunciamientos de la ciudadanía
ratificatorios de la tan discutida ley de caducidad y que solo alguien que no
es demócrata, por fascista o comunista, puede ignorar ese pronunciamiento del
órgano máximo del sistema democrático, que es el cuerpo electoral.
Olímpicamente
se desconoce también que esa discutida amnistía a los militares fue parte de un
proceso de pacificación que comenzó con una amnistía a quienes habían intentado
por medio de la violencia derribar la institucionalidad democrática. Y
que se acompañó con una ley de reparación que devolvió cargos a funcionarios
destituidos y millonarias indemnizaciones que se pagaron a víctimas de abusos o
familiares de ellos. Todo se hizo bajo el espíritu de reparar —o compensar— lo
reparable y alcanzar un estado de pacificación que fuera la garantía real y
efectiva de que el país no caería nunca más en los excesos del pasado. A 28 años del retorno democrático, sin que
se hayan se producido rebrotes militares o guerrilleros, nadie podrá discutir
la eficacia de las leyes de amnistía, que lograron plenamente su propósito.
Con apoyo comprobado de la ciudadanía, además.
Las amnistías,
histórica solución final a los sangrientos enfrentamientos de nuestra historia,
fueron y son naturalmente discutidas y discutibles. Se trata de una solución racional a un tema pasional. Lo importante
es si logran su objetivo pacificador, como es cumplidamente en el caso.
Eso no implica
detener la búsqueda de la verdad o el rastreo de cadáveres de personas
fallecidas, cosa que la ley de caducidad expresamente previó. Lo que sí dispuso
—con dos ratificaciones de la ciudadanía— fue terminar con los juzgamientos,
del mismo modo que se dieron por precluidos los juicios por los numerosos
crímenes cometidos por los guerrilleros y por los que nadie fue condenado.
Quienes estuvimos sin
vacilación alguna en contra de la violencia antidemocrática de los movimientos
subversivos y —con la misma convicción y constancia— en contra de la dictadura,
no cedemos a nadie la derecha en la defensa de los derechos humanos y del
Estado de Derecho. Por eso contribuimos en su tiempo a la pacificación del país
y hoy nos rebelamos ante el acoso a que se somete a la Corte de Justicia, nos
indignamos ante pronunciamientos legislativos descaradamente inconstitucionales
y no aceptaremos jamás que se instale la idea de que haya norma alguna por
encima de la Constitución de la República.
