martes, 8 de noviembre de 2016

REPUESTA A CARLOTTO POR EL NÚMERO DE DESAPARECIDOS

EL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA ES UN DERECHO HUMANO

Por José Lucas Magioncalda


En relación a las declaraciones públicas de la Sra. Estela de Carlotto respecto de nuestra ONG, Ciudadanos Libres por la Calidad Institucional Asociación Civil, y con motivo de la solicitud de información que efectuáramos a la Secretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural de la Nación, nos vemos en la necesidad de manifestar lo siguiente:

La Señora de Carlotto ha cuestionado nuestro requerimiento de información al Estado por carecer de “justa demanda” y ha cuestionado, también, que el Estado nos brindara la información solicitada, así como que lo haya hecho “urgentemente”, en tanto seríamos, según dijo “un grupo desconocido de abogados”.

Con todo el respeto que nos merece la incesante lucha de la Sra. Estela de Carlotto, consideramos que en este caso se equivoca.

En primer lugar, todo ciudadano tiene derecho a requerir información que se encuentra en poder del Estado, porque la información en poder del Estado le pertenece a la ciudadanía, no al gobernante, y ello es así, independientemente de que la Señora de Carlotto conozca o no al requirente de información. El acceso a la información pública es un derecho humano reconocido por las normas internacionales.

En segundo lugar, es falso que la respuesta se haya suministrado de modo urgente. Por el contrario, la solicitud de información fue cursada el 16 de agosto de 2016 y recién nos fue concedida la semana pasada, pese a que la Secretaría de DDHH tenía un plazo de diez días para responder. Por tal motivo, debimos denunciar esta situación ante la Oficina Anticorrupción, sin cuya efectiva intervención, aún seguiríamos sin respuesta.

En cuanto al fondo del asunto, y tal como lo hemos dicho en nuestra solicitud de información pública, “la historia reciente y, en particular, la que refiere al terrorismo de estado, no debe ser un instrumento para ejercer revanchas o justificar agresiones, sino por el contrario, ha de ser un punto de partida para el aprendizaje colectivo. Por ello, resulta imprescindible que los hechos históricos sean reconstruidos a partir de la verdad o, en su defecto, a partir de los datos que más se acerquen a ella." Ahora bien, la verdad no sólo se construye con la información en poder del Estado, pero el hecho de hacerla pública permite que la Sra. de Carlotto la pueda cuestionarla o contrastarla con los datos que obren en su poder.

Afecta la calidad institucional de nuestro país que un ciudadano, un funcionario local o un Presidente de la Nación, deban soportar escraches, agresiones o ser tildados de “negacionistas” por no repetir un número de desaparecidos que una gran luchadora por los derechos humanos, como es la Sra. Graciela Fernández Meijide, considera simbólico.

Respetemos el derecho al acceso a la información pública, respetemos el derecho de TODOS a opinar según su convicción, y estaremos garantizando el respeto a los derechos humanos para los tiempos venideros.

DESDE EL GOBIERNO DICEN QUE LOS DESAPARECIDOS REGISTRADOS SON 7.010

De a poco se descorre el velo de la mentira de las Organizaciones de Derechos Humanos y que fuera sostenido a rajatabla por el gobierno kirchnerista.

Con el informe oficial brindado por la Secretaría de Derechos Humanos, queda zanjada la cuestión… a pesar que Claudio Avruj diga que la cifra no es definitiva. Nunca podrán demostrar que fueron 30.000 y simplemente porque no lo fueron. El general Jorge Rafael Videla dijo la verdad.


Ahora falta terminar con el “curro de los Derechos Humanos” para lo cual la secretaría a cargo de Avruj, en un acto de transparencia pública, debería informar públicamente las siderales cifras pagadas por el estado a los deudos de los desaparecidos, muertos en combate, fusilados por los mismos terrorista y personas resucitadas que cobraron indemnizaciones, como la fallecida ex jueza integrante de la Suprema Corte de Justicia Carmen Argibay… solamente para poner un ejemplo emblemático.

Sinceramente,

Pacificación Nacional Definitiva
por una Nueva Década en Paz y para Siempre



INFORME DE LA SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS

Es la respuesta al pedido de un abogado en nombre de una ONG. También se contabilizan 1.561 asesinados entre el 12 de octubre de 1973 y diciembre de 1983. Sin embargo, el registro "no es definitivo".

 
El secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, durante un acto
en agosto por la desclasificación de documentos de Estados Unidos
sobre la dictadura. Foto: Rolando Andrade Stracuzzi.


Por Lucio Fernández Moores

A pedido de un abogado presentado en nombre de una ONG que preside, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación informó ayer que el número de casos registrados de personas desaparecidas entre octubre de 1973 y diciembre de 1983, cuando terminó la dictadura, es el de 7.010. También se informó que existen en los registros oficiales otros 1.561 casos de personas que estuvieron desaparecidas durante esa época y que fueron "víctimas de asesinatos".

De esta manera, según el reporte oficial, el número total de personas que fueron desaparecidas durante la dictadura y el gobierno previo del general Juan Domingo Perón es de 8.571 víctimas. La información, y por esos períodos consignados, había sido reclamada a través de un expediente administrativo por el abogado José Lucas Magioncalda, titular de la Asociación Civil Ciudadanos Libres por la Calidad Institucional.

"Se debe destacar que bajo ningún concepto debe considerarse este Registro como definitivo en la medida que permanentemente se siguen recibiendo nuevas denuncias y declaraciones testimoniales. En razón de lo expuesto, el número de personas desaparecidas continúa siendo a la fecha indeterminado y toda cifra que pueda informarse resulta parcial y provisoria", aclaró a través de un comunicado la Secretaría de Derechos Humanos a cargo de Claudio Avruj.

El número de desaparecidos había generado una controversia entre el Gobierno y los organismos de derechos humanos e incluso derivó en la renuncia de un funcionario que había hablado de ello públicamente, el ahora ex director del Teatro Colón Darío Lopérfido[1].

Avruj zanjó luego la discusión con la defensa del simbólico número de 30 mil desaparecidos reivindicado por los organismos de derechos humanos. Sin embargo, el comunicado difundido hoy por la secretaría a su cargo reflota el número que existe en los registros oficiales y que Clarín debidamente informó la década pasada.

A través de un pedido de acceso a la información pública, el abogado Magioncalda había solicitado el 16 de agosto pasado saber “la cantidad de personas que se encuentren en situación de desaparición forzada o que, habiéndose encontrado en esa situación hayan sido luego halladas sin vida”, según informó la Secretaría de Derechos Humanos.

"El período sobre el cual se requiere dicha información corresponde al comprendido entre el 12 de octubre de 1973 y el 9 de diciembre de 1983", añadió la dependencia gubernamental en el comunicado difundido ayer.

La consulta fue evacuada a través del Registro Unificado de Víctimas de Terrorismo de Estado (RUVTE), creado en 2013 en el ámbito del Área de Investigación de la Secretaría de Derechos Humanos, y luego formalizado como programa ministerial en 2014 por Resolución N° 1261 del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, según consignó la secretaría a cargo de Avruj.





[1] Darío Loperfido actualmente es Director Artístico del Teatro Colón. Él renunció al cargo de Ministro de Cultura de la C.A.B.A.
Fuente: http://www.teatrocolon.org.ar/es/autoridades

lunes, 7 de noviembre de 2016

PRESOS POLÍTICOS: DAVID REY VISITÓ EL PENAL DE SAN FELIPE EN MENDOZA


Por David Rey

Queridos amigos, he estado ausente por estos días y esto se debe a una razón que suscribo inmediatamente: realicé un viaje a la ciudad de Mendoza tanto para asistir a uno de los llamados “juicios de Lesa” como para conocer el Penal de San Felipe, que actualmente tiene ilegalmente apresados a unos 22 Presos Políticos y Prisioneros de Guerra en paupérrimas condiciones de vida.

Desde ya se trató de un viaje que, a pesar de cuán involucrado estoy en este asunto, ha generado un importante vuelco adentro mío. ¡Ni yo pensé que fuera tanto el DRAMA que vive esta gente!

Pero por otro lado siento un verdadero orgullo de argentino (el que pocos pueden lucir) tanto por ser parte de esta lucha como por no ser otra sombra más dentro de esa enorme muchedumbre huérfana e insolidaria que mira para otro lado mientras pasan estas cosas. Mendoza me ha cambiado: hoy mi compromiso con los Presos Políticos es sencillamente el doble que antes.

Si antes pensaba que era una injusticia lo que hacen con “los viejos”, después de conocer San Felipe les aseguro con toda franqueza que en realidad se trata de un crimen. Un crimen horrendo, un crimen alevoso no sólo cometido contra los Presos Políticos sino también apuntado contra sus familias, también presas de toda esta situación, de tanto palpable dolor, de tanta injusticia y -quizás lo peor- de tanta cobardía circundante.

Perdonen que les sea tan sincero, pero San Felipe me ha puesto en vereda: Y YO HOY PIENSO QUE TODA PERSONA QUE MIRA PARA OTRO LADO MIENTRAS MILES DE FAMILIAS ARGENTINAS SUFREN LA PEOR INJUSTICIA ES SIMPLEMENTE CÓMPLICE DE LA MISMA. Así de sencillo y así de claro.

María Giovarruscio. Tiene 90 años y es la mamá de Juan Giovarruscio.
Su hijo está ilegalmente detenido en el Penal de San Felipe.

Si tu viejo o tu abuelo, o tu esposo o tu hijo fuera el que por venganza tiene que estar injusta e ilegalmente encerrado en un lugar tan horrendo… te aseguro que no sólo entenderías que no exagero sino que también te resultaría despreciable el silencio de los medios y la distracción de gran parte de la ciudadanía.

No te dejes engañar por los medios de comunicación ni por aquellos que evitan hablar de Presos Políticos.


SON PRESOS POLÍTICOS porque se los juzga, encierra y condena por cuestiones meramente políticas e ideológicas;

SON PRESOS POLÍTICOS porque para encerrarlos hubo que violar la Constitución nacional y aplicar de modo retroactivo leyes naturalmente irretroactivas;

SON PRESOS POLÍTICOS porque son sistemáticamente violadas todas las garantías constitucionales con las que cuenta cualquier preso en Argentina;

SON PRESOS POLÍTICOS porque se los juzga por haber formado parte de una guerra, mientras que las personas que formaron parte de la misma guerra, aunque del otro bando (Montoneros, ERP, etc.), no sólo que no han sido ni molestados por la Justicia sino que han sido indemnizados y premiados con cargo públicos.

Romina Escudero. Hija de Julio Escudero, Preso Político en San Felipe.
Ha intentado allegarse a los medios mendocinos, pero los mismos le han dado vuelta la espalda.

En fin, hay cien razones distintas por las cuales puede afirmarse con total seguridad eso mismo que muchos se niegan a ver y otros tantos se empeñan en negar: en Argentina hay más de dos mil Presos Políticos, de los cuales cuatrocientos ya han fallecido en cautiverio.

En el Penal de San Felipe, en la ciudad de Mendoza, prácticamente todos superan la edad de 70 años (por lo que deberían, dado el caso, cumplir prisión domiciliaria), como asimismo todos están detenidos con “prisión preventiva”, la cual no puede excederse de los tres años (lo que arroja otra ilegalidad más, ya que casi todos los Presos llevan más de cuatro años detenidos).

En fin, como saldo de mi viaje a Mendoza y mi vista a San Felipe entrevisté a una veintena de Presos Políticos en cautiverio; también hice lo propio con dos Presos en domiciliaria. Por último, me traje a Rosario el testimonio de tres abogados y de varios familiares que se han animado a ilustrarme cómo es vivir con ese padecer que tanto duele.

www.DAVIDREY.com.ar asistió a uno de los llamadas
“juicios de lesa” en el Tribunal Federal de Mendoza.

Deberé agradecer el trato que he recibido en todo lugar donde estuve como asimismo el hecho de haber conocido gente tan amable y bondadosa.

Párrafo aparte, debo también agradecer a mi mujer por haberme acompañado, por haberme ayudado y por haberse emocionado al oír el sufrimiento en boca de los mismos familiares entrevistados.

Queridos amigos, noviembre, para mí, va a ser el mes de los Presos Políticos Argentinos, y gracias a todo el material que traje de Mendoza y que será publicado en www.DAVIDREY.com.ar

"Sacalos de acá", me dijo, en San Felipe, la esposa de un Preso Político, mientras me abrazaba bañada en lágrimas. Hago extensivo, pues, este mismo desesperado pedido a toda la ciudadanía: TENEMOS QUE SACARLOS DE AHÍ.


domingo, 6 de noviembre de 2016

LO QUE ESTÁ FALTANDO


En su carta del jueves pasado, referida al editorial del 28 de octubre, titulado "Un símbolo emblemático de la mentira", la señora Graciela Fernández Meijide afirma: "¿Qué está faltando? Nada más ni nada menos que la información sobre el destino de miles de personas, información que ocultan aquellos que sí lo saben. El reclamo a la respuesta ¿qué pasó con los desaparecidos? se mantiene en trágica vigencia".


Creo que algo tan o más grave como no saber el destino de los restos de muchas víctimas de la dictadura es la impunidad que gozan los autores de los crímenes del terrorismo que destruyeron miles de familias. Padres, hijos, hermanos y abuelos han sido asesinados por los subversivos, y está todo probado, solo falta dictaminar que fueron delitos de lesa humanidad como tendría que ser y así hizo el fiscal de Cámara de Rosario, doctor Palacín, en 2007, en el caso Larrabure. Pero luego todo se paralizó por orden del entonces procurador general.


¿Se pueden imaginar qué sintió Maby Picón de Viola, al ver que en 30 segundos mataron a su hija de tres años y a su marido? ¿Qué sentirán miles de familiares que hoy ven que quienes mataron a sus hijos y demás familiares son homenajeados e indemnizados y quienes juzgan a militares son ex montoneros, o sea, ex terroristas? Estos crímenes fueron cometidos en democracia por organizaciones terroristas. El Estatuto de Roma, la doctrina internacional y la jurisprudencia sostienen que los crímenes de lesa humanidad pueden ser cometidos por un Estado o una organización y que el terrorismo es un crimen de lesa humanidad.

Alejandro Olmedo Zumarán


ENVIDIOSA, HIPÓCRITA Y SUICIDA ARGENTINA


"La decadencia argentina empezó cuando
las clases ilustradas abandonaron la política"
Juan LLach

Después de la tormenta desatada a raíz de la tenencia accionaria de Shell que mantenía en su patrimonio Juan José Aranguren, actual Ministro de Energía, producto de su prolongado trabajo como presidente de la petrolera holandesa y resuelta con la venta de esa participación, alguna oposición sigue haciendo ruido con la calificación de "gobierno de los CEO's" para denostar a la gestión de Cambiemos.

Creo que ha llegado la hora de preguntarnos, como sociedad, a qué se debe nuestra desconfianza -¿envidia?- hacia aquéllos que han tenido éxito y por qué pensamos que las pequeñas fortunas se hacen con infamias y, las grandes, con canalladas. Y también por qué hemos creído tanto tiempo que involucrarnos en política significa arriesgarnos a tirar nuestra honra a los perros y revolcarnos en el fango.

Esta gestión ha conseguido algo impensado desde hace muchas décadas: que se incorporaran a ella muchos ciudadanos que, habiendo obtenido enormes triunfos personales en la actividad privada, en un momento dado han decidido renunciar a la comodidad y al bienestar, inclusive familiar, para brindar desinteresadamente sus conocimientos y su experiencia para intentar mejorar la vida de los demás. No me refiero exclusivamente a Mauricio Macri, que encabezó esa movida cuando se alzó con la Jefatura de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; por el contrario, los gabinetes nacional, provinciales y municipales están plagados de ejemplos que confirman esta nueva posición, tan generosa, de muchos otros.

Algunos ejemplos sobresalen: Mario Quintana es, tal vez, un caso especial; con orígenes sumamente humildes, pero demostrativos de la permeabilidad social que imperaba en nuestro país hasta hace relativamente poco tiempo (su abuela era mucama, pero tanto su padre como su madre médicos), dejó sus altas posiciones empresariales -la Presidencia de Farmacity y del grupo de inversión Pegasus- para asumir como Vice Jefe del Gabinete, con las enormes complicaciones que trae aparejado el cargo. Por su parte, el otro segundo de Marcos Peña, Gustavo Lopetegui, abandonó la Presidencia de Lan Argentina cuando se sumó al esfuerzo. Y qué decir de Isela Constantini, ex Presidente de General Motors Argentina, que aceptó el gigantesco desafío de encabezar Aerolíneas Argentinas, la empresa "pública" más conflictiva desde el punto de vista sindical y totalmente deficitaria.

Lo mismo sucede con la legión de jóvenes profesionales, que no nombraré pero todos conocemos, que han hecho de la gestión pública su nuevo objetivo de vida, a sabiendas de los enormes sacrificios que conllevará para sus entornos familiares, en general formados por pequeños hijos.

Porque en este campo demostramos cuán hipócritas somos los argentinos. Partamos de una certeza: no hay una "empresa" mayor que el propio Estado, en cualquiera de sus niveles. Sin embargo, nos rasgamos las vestiduras cuando alguien simplemente sugiere llevar sus niveles de remuneración hasta equipararlos con los que rigen para los gerentes y directores que se desempeñan en la esfera privada. Parece que olvidamos un viejísimo apotegma: "quien paga a sus empleados como a monos, tiene monos como empleados".

Esto, por supuesto, no explica ni justifica que los diputados hayan pretendido aumentar sus dietas en un 47%, mientras el país exhibe la purulenta llaga de un 32% de miseria, ni que se busque que cobren un monumental salario quienes fueron electos para integrar el Parlasur, un organismo fantasma, que sólo comenzará a funcionar en 2020 y no podrá adoptar decisiones vinculantes para los gobiernos. En ambos casos, se trataría, lisa y llanamente, de un verdadero robo.

Y hablando de inmundicias, una más se sumó esta semana a la panoplia que exhibe los "logros" del kirchnerismo después de gobernar el país durante doce años y medio, que coincidieron con el mejor escenario económico que pudo ofrecernos el mundo en casi un siglo. Me refiero al informe producido por la fundación Techo Argentino (ver en www.techo.org.ar/relevamiento), que determinó que nada menos que tres millones de personas "viven" en villas miseria o en asentamientos, más de la mitad de ellos en la Provincia de Buenos Aires, producto del geométrico crecimiento registrado durante los tres últimos años de la década robada. Recuerdo la furia que me ahogaba cuando, al pasar por la Autopista Illia, leía el cartel que la Presidencia de la Nación había colocado en 2012, precisamente sobre la Villa 31: "Aquí también el país crece".

Una de cada diez habitantes de los centros urbanos carecen hoy de agua corriente (beben de pozos infectados), de acceso a la red de gas natural (lo consumen en garrafas, sideralmente más caras), de cloacas (usan pozos ciegos sin cámara séptica), y rodeados de basura, cuando no asentados sobre terrenos inundables y contaminados, con la carga de enfermedades que eso conlleva, que siempre afectan más a los niños.

Entonces, no puedo menos que preguntarme: ¿cómo no se le cae la cara de vergüenza a Cristina Elizabet Fernández, a Máximo y a Florencia Kirchner, y a tantos otros cómplices que saquearon el país al punto de convertirlo en esto? ¿Cómo pueden ser tan hipócritas en sus discursos y continuar paseándose con tanta falta de pudor entre nosotros? La menor de la familia no tuvo empacho alguno en intentar -fracasó esta semana- que la Justicia liberara la montaña de dólares que encontraron en una caja bancaria a su nombre, sin haber trabajado un solo día en su vida.

Por la magnitud del daño social producido por esa asociación ilícita que montó Néstor y que heredó y perfeccionó su viuda, otra que nunca ganó un peso en la actividad privada, resulta indispensable que se extinga el dominio de todos sus bienes, y que éste revierta al Estado. Contribuirá así a aliviar tantas penas y, sobre todo, podremos exhibir frente al globo un nuevo país, en el cual la impunidad -antigua y actual- ha dejado de existir, y donde la corrupción se paga.

Porque, mientras eso no suceda, mientras no demostremos que la Argentina cuenta con una Justicia rápida, eficaz e independiente, las deseadas inversiones no llegarán y no podremos alcanzar el desarrollo que perdimos, regodeándonos una y otra vez en un suicidio colectivo, inexplicable para el mundo y la Historia.


Por último, le ruego entre en este link (http://tinyurl.com/haftfpc) o lo copie y pegue en el navegador y, si está de acuerdo con la petición, la firme y difunda. Anticipadas gracias.

Bs.As., 5 Nov 16

Enrique G. Avogadro
Abogado

sábado, 5 de noviembre de 2016

SEVERIDAD


Si a los funcionarios corruptos se los juzgara con la misma celeridad y encono con que se lo ha hecho a personal de las Fuerzas Armadas de la Nación que luchó contra la subversión armada, seguramente la conducta de muchos encumbrados y acaudalados políticos hubiera sido diferente. Irónicamente, en este caso, la avidez de venganza ha prevalecido sobre la búsqueda de justicia imparcial que la sociedad espera de sus autoridades.

Carlos Alejandro Arteaga
DNI 10.736.136


LIBERTAD A LOS PRESOS POLITICOS DE ARGENTINA


Solicitamos que la Conferencia Episcopal interceda por la urgente libertad de los más de mil Presos Políticos que sufren injusta prisión,  a causa de Juicios ilegales e inconstitucionales. Insanablemente nulos. Producto de esta trágica situación ya han fallecido 384  personas a las que se les negó sistemáticamente sus derechos, garantías y tratamiento humanitario. En el Año de la Misericordia próximo a finalizar, rogamos a Uds. y por vuestro intermedio al Santo Padre Francisco que  ejerzan la autoridad moral y espiritual sobre los Poderes del Estado, para que cese cuanto antes esta trágica situación que padecen Ovejas del  Rebaño de la Iglesia Católica Apostólica Romana  que están siendo ignorados por la Iglesia a la que pertenecen. Que Dios inspire Piedad y Misericordia a vuestro Magisterio.

Juan Miguel Giuliano
General (R)

Presidente del Foro de Generales Retirados