En su carta del
jueves pasado, referida al editorial del 28 de octubre, titulado "Un símbolo emblemático de la
mentira", la señora Graciela Fernández Meijide afirma: "¿Qué está faltando? Nada más ni nada
menos que la información sobre el destino de miles de personas, información que
ocultan aquellos que sí lo saben. El reclamo a la respuesta ¿qué pasó con los
desaparecidos? se mantiene en trágica vigencia".
Creo que algo tan o
más grave como no saber el destino de los restos de muchas víctimas de la
dictadura es la impunidad que gozan los autores de los crímenes del terrorismo
que destruyeron miles de familias. Padres, hijos, hermanos y abuelos han sido
asesinados por los subversivos, y está todo probado, solo falta dictaminar que
fueron delitos de lesa humanidad como tendría que ser y así hizo el fiscal de
Cámara de Rosario, doctor Palacín, en 2007, en el caso Larrabure. Pero luego
todo se paralizó por orden del entonces procurador general.
¿Se pueden imaginar
qué sintió Maby Picón de Viola, al ver que en 30 segundos mataron a su hija de
tres años y a su marido? ¿Qué sentirán miles de familiares que hoy ven que
quienes mataron a sus hijos y demás familiares son homenajeados e indemnizados
y quienes juzgan a militares son ex montoneros, o sea, ex terroristas? Estos
crímenes fueron cometidos en democracia por organizaciones terroristas. El
Estatuto de Roma, la doctrina internacional y la jurisprudencia sostienen que
los crímenes de lesa humanidad pueden ser cometidos por un Estado o una
organización y que el terrorismo es un crimen de lesa humanidad.
Alejandro
Olmedo Zumarán
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