¿Puede un militante Montonero
juzgar crímenes de lesa humanidad?
Por Horacio M. Lynch [1]
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¿Usted fue militante peronista, desde la época universitaria, de la JP ligada a
Montoneros?, ¿en noviembre de 1976 los militares lo buscaron en su casa en
Santa Fe donde vivía con otros amigos y lo salvó su amigo Horacio Calciatti?
Responde
Lorenzetti: "Me hace preguntas de tantos años atrás .... [ se toma la
cabeza, la inclina hacia atrás se acomoda en el sillón y puedo percibir que se
emociona... hay unos minutos de silencio y continúa] Fueron tantos, tantos años
atrás ... pero si, así fue. Siempre fui perseguido." (Natalia Aguiar, El Señor de la
Corte" de Ediciones B Argentina SA, 2017)
El libro de donde se
extrae esta cita revela un antecedente del doctor Ricardo Lorenzetti -haber
pertenecido a la Juventud Peronista ligada a la agrupación Montoneros- desconocido
hasta entonces, y revelado al ser confrontado por la autora.
Esta circunstancia no
había sido informada por el interesado en el pliego presentado para el acuerdo
del Senado, en 2004, y hasta la publicación de este libro, había sido ignorada.
Aunque la adhesión de
muchos jóvenes en aquella época a posiciones extremistas no es una rareza, en
este caso ha impactado por el hecho de que es el actual Presidente de la Corte
Suprema de la Argentina, con gran involucramiento en el juzgamiento de los
llamados crímenes de lesa humanidad, es decir, de quienes pertenecían al bando contrario
en el que militaba.
Cabe reflexionar sobre el significado y consecuencias de esta actitud.
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Lo inaceptable es que
quien se incorporaba al más Alto Tribunal de la República para tratar, como
tema más importante, el juzgamiento de la represión, haya ocultado haber
pertenecido o haber comulgado con uno de los sectores que fueron parte del
terrible conflicto que envolvió al país; y, también, no haberse excusado al
momento de intervenir en el juzgamiento.
Todos los hitos que
permitieron el juzgamiento de los llamados 'crímenes de lesa humanidad' fueron
discutibles, por decir lo menos: primero, la conformación del Alto Tribunal con
jueces adictos, luego la anulación de leyes de obediencia debida y punto
final, luego la increíble anulación por la Corte Suprema de una sentencia del
mismo tribunal- dictada décadas atrás - que las declaraba constitucionales (en
una nueva sentencia firmada por un ministro que había intervenido en la
anterior) la calificación de los delitos como crímenes de lesa humanidad sin
una base legal vigente a la época de los hechos y la consecuente declaración de
imprescriptibilidad.
A este cúmulo de
anomalías ahora se agregaría la participación de un magistrado que ocultó una
circunstancia de su pasado que podría afectar su imparcialidad, en lo que sería
un nuevo cuestionamiento a la actuación de la Corte Suprema.
Se trata de un ministro
del Alto Tribunal, luego elegido Presidente, que tuvo activa intervención e
influencia en la construcción de los alambicados razonamientos que tuvieron por
resultado este escandaloso resultado de la condena de quienes habrían afectado
gravemente a los DD.HH. dejando libres de todo reproche al otro sector que
también había cometido este tipo de crímenes.
Lo cierto es que por estos artilugios, los que
llevaron adelante la represión quedaron en la cárcel, en tanto los que
lucharon del otro bando quedaron desinculpados, y, según quien los mire,
exaltados.
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En este caso se
entiende que el antecedente de Lorenzetti debió haber sido conocido primero por
la sociedad cuando lo ungió para el cargo en la Corte, y luego también cuando
no se excusó al intervenir en tales causas. Es que una persona que habría
tenido una posición extrema en aquella época podría no tener la ecuanimidad
necesaria para fallar en estos casos, y menos, para llevar la voz cantante en
las sentencias.
En el caso de Carmen
Argibay se sabía que había estado detenida por un tiempo por los militares del
Proceso, pero se entendió que era una persona, si bien con conocidas posiciones
de izquierda, se coincidía - y lo demostró en sus sentencias - en que era
absolutamente independiente.
La actitud del Dr. Lorenzetti
es particularmente reprochable. Los principios dicen que
"todo juez en relación con el cual puede haber razones legitimas para
dudar de su imparcialidad debe abstenerse de conocer en el caso ya que lo que
está en juego es la confianza que los tribunales deben inspirar a los
ciudadanos en una sociedad democrática." El principio de imparcialidad
como garantía del debido proceso, reviste su importancia, como lo dice el
procesalista costarricense Artavia,
para "garantizar la idoneidad del órgano jurisdiccional y la consiguiente
confianza de las partes en la imparcialidad del juzgador-garantía inherente al
cargo-, la ley ha dispuesto que los jueces y demás funcionarios judiciales,
puedan ser apartados de un proceso, por petición de los interesados -recusación- o
por propia determinación -excusación e inhibición- cuando exista una causa legal
para ellos".
Como afirma Werner
Goldshmit "La imparcialidad consiste en poner entre paréntesis
todas las consideraciones subjetivas del juzgador. Este debe sumergirse en el
objeto, ser objetivo, olvidarse de su propia personalidad".
En síntesis, la actitud del Dr. Lorenzetti,
primero ocultando un antecedente determinante en el juzgamiento, y luego de
no excusándose,es particularmente reprochable.
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Todo esto no son
simples disquisiciones leguleyas pues tienen efectos prácticos, y, de haberse
conocido y planteado oportunamente, podría haber orientado las soluciones hacia
otro derrotero.
De hecho ya se supone
una recusación con causa interpuesta contra Lorenzetti en estos meses. basada en esta
circunstancia determinante.
En alguna
oportunidad expresé que "cuando actúa la Justicia el deber del Estado
es ser neutral. Pero en los mal llamados casos de lesa humanidad, durante la
administración kirchnerista, el Estado hizo lo opuesto: se comprometió a no ser
neutral y se empeñó en buscar condenas a cualquier costo.".
PD: Para quienes piensan,
¿cómo es posible que esto recién salga a la luz? Recomendamos leer las
siguientes notas:
[1]
Fundador
y primer presidente de FORES - Foro de Estudios sobre la Administración de
Justicia, primera ONG de América Latina en abogar por mejorar la Justicia y
la Reforma Judicial.
Abogado argentino con
cinco décadas de ejercicio de la profesión con oficinas en la ciudad de Buenos
Aires y en San Isidro (PBA). En paralelo con la práctica de la abogacía, tuvo
un fuerte compromiso, dedicación e involucramiento con el mejoramiento de la
administración de justicia en la Argentina y en América Latina, y en otros
temas institucionales, como la seguridad jurídica en la Argentina, la
corrupción, el fraude electoral, las compras del Estado.
Además, durante los
años '90, una época inicial de la nuevas tecnologías de la información -la
revolución digital- debido a su relación profesional con empresas de
informática. Pertenece a prestigiosas instituciones profesionales y académicas
en el país y en el exterior.
Es autor o coautor de
varios libros, ha escrito más de cien artículos con temas de su especialidad,
así como también artículos periodísticas y es colaborador del diario La Nación.
Es casado, vive en
San Isidro, tiene dos hijas y cuatro nietos.
