jueves, 4 de diciembre de 2014

¿PASO CERRADO PARA UNA AMNISTÍA O UN INDULTO?

Estimados Amigos:

Una copia de la carta escrita y firmada por Juan Francisco Ramos Mejía (Padre e hijo) la recibimos hace tiempo y no la hicimos pública en nuestro blog, estábamos a la espera de una señal o palabra de la Iglesia en respuesta a este pedido reiterado ante sus máximas autoridades.

Como la Iglesia tiene sus tiempos, los cuales muchas veces no coinciden con las urgencias humanas… una nueva iniciativa del poder de turno, nos lleva a movilizarnos y alertar sobre un nuevo peligro anticonstitucional que se cierne sobre las cabezas de nuestros Presos Políticos. Nos referimos al trámite express que el oficialismo, una vez más aplicará para sancionar una nueva ley que cierra el camino a una amnistía o indulto presidencial a toda persona condenada por delitos de lesa humanidad.


El 19 de noviembre de 2014, la Cámara de Diputados dio media sanción a un proyecto de ley del oficialismo que le cierra el paso a cualquier intento de “amnistía, indulto o conmutación de pena” a los condenados por los delitos de genocidio, lesa humanidad y crímenes de guerra. La propuesta fue definida como “una norma general para que ningún presidente futuro pueda tener el atrevimiento” de revisar las condenas por violaciones a los derechos humanos, además de “un pronunciamiento por la continuidad de los juicios por delitos de lesa humanidad”, en los que se “empiezan a juzgar las complicidades civiles”. El radicalismo salió al cruce de las “objeciones formales” al proyecto y se plegó a favor de la iniciativa. Desde el PRO consideraron la propuesta como “inconstitucional” porque “se inmiscuye en una decisión privativa del presidente de la República” y propuso que el proyecto de ley derivara en una “declaración” parlamentaria.

El proyecto obtuvo 173 votos a favor, ninguno en contra y 16 abstenciones de los diputados macristas, que arrastraron detrás de su postura a un puñado de radicales.

El único artículo del proyecto expresa que “las penas o procesos penales sobre los delitos de genocidio, de lesa humanidad y crímenes de guerra contemplados en los artículos 6, 7 y 8 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional y en los tratados internacionales de derechos humanos con jerarquía constitucional, no pueden ser objeto de amnistía, indulto o conmutación de pena, bajo sanción de nulidad absoluta e insanable del acto que lo disponga”.

Es bien conocido que la Corte Penal Internacional se rige por el Estatuto de Roma, el cual encomienda a la Corte con una jurisdicción y un mandato muy específicos y cuidadosamente definidos. Una característica fundamental del Estatuto de Roma, en su artículo 11° es que la Corte sólo podrá ejercer su competencia respecto de los crímenes cometidos después de la entrada en vigor del Estatuto de Roma, el 1 de julio de 2002. Todos los hechos por los que se acusa e imputan delitos a nuestros Presos Políticos, ocurrieron en la República Argentina con anterioridad al 1 de julio de 2002. El Estatuto de Roma recién entra en vigencia legal en nuestro país el 1de julio 2002, en consecuencia constituye un aspecto más y muy importante para declarar la inconstitucionalidad del proyecto de ley que pretende limitar a la propia Constitución Nacional.

Siendo la Constitución Nacional nuestra Ley Suprema, ninguna ley puede estar por encima de ella, a pesar de ser legos en la materia no se nos escapa que el proyecto de marras es a todas luces inconstitucional.

Como expresara oportunamente el Dr. y académico Jorge Reinaldo Vanossi[1]:

“Uno de los objetivos de la amnistía y del indulto es alcanzar ‘la paz interior’ que señala el Preámbulo de la Constitución Nacional como uno de los fines más excelsos de nuestro estado y nuestra sociedad. La oportunidad y la conveniencia de los indultos a los condenados no es materia de apreciación judicial. Su acierto o desacierto es una incumbencia presidencial”.

Aclarada nuestra ignorancia en la materia, a continuación les dejamos la carta, mencionada en el primer párrafo, y cuyos autores nos dejan sus muy buenas reflexiones. No podemos permitir más atropellos a la Constitución Nacional y sus instituciones por leyes anticonstitucionales y por lo tanto ilegales.

Sinceramente,

Pacificación Nacional Definitiva
por una Nueva Década en Paz y para Siempre



Buenos Aires, 10 de julio de 2014
Su Santidad
Francisco
Citta del Vaticano
Roma – Italia

De nuestra mayor consideración:

Le escribimos con motivo de la respuesta pública que venimos dando desde la Iglesia a la politización de los derechos humanos en la Argentina.


Muchos laicos venimos cuestionando el espíritu de venganza que inspira la política de derechos humanos del gobierno. Los juicios contra la represión de los 70’ se han llevado adelante por una justicia parcial violando garantías constitucionales de un estado de derecho. Entre ellas, el principio de legalidad según el cual el Estado no puede imponer penas de “lesa humanidad”, más gravosas que las que aplican para el homicidio calificado, por hechos que no preveían esas sanciones en su momento; y el instituto legal de la prescripción u olvido que se sustenta en un principio de sana convivencia cristiana de paz social, máxime cuando se trata de hechos ocurridos en medio de una guerra sucia hace casi cuarenta años.


Es especialmente grave la derogación del principio de inocencia. En estos casos es suficiente una prueba de indicios y no aplica el principio de que debe “demostrarse la culpabilidad más allá de una duda razonable”. A esto se agregan la prisión preventiva en cárceles comunes mientras se sustancian los juicios para hombres mayores que de ningún modo representan un peligro actual para la sociedad y la negativa encarnizada a otorgar el beneficio de la prisión domiciliaria a las personas mayores o enfermas que se otorga normalmente en otros casos, tal como ha denunciado la Asociación de Abogados por la Justicia y la Concordia de Argentina. Son presos políticos.


Esta situación inicua contrasta con la plena libertad e impunidad con que los ex combatientes de las organizaciones terroristas acceden a cargos públicos y se vanaglorian de sus actos. Sus víctimas, que fueron muchas e inocentes, no tienen derechos ni ningún reconocimiento público, tal como reclama el Centro Legal sobre el Terrorismo y sus Víctimas de Argentina (CELTYV). No están. No existen.

Los pueblos tienen derecho a darse la paz y perdonarse los horribles pecados de la guerra cuando concluyen sus luchas internas. La experiencia de España nos sirve como ejemplo al igual que la experiencia Argentina luego de la batalla de Caseros que terminó con la guerra civil entre unitarios y federales. Nuestra Constitución Nacional sabiamente contempla el instituto político de la amnistía entre las facultades del Congreso Nacional, que se empleó para pacificar el país con las leyes de obediencia debida y punto final. También contempla el instituto del perdón presidencial o indulto, del que también se hizo uso perdonando a los líderes de uno y otro bando.

Sin embargo, mayorías coyunturales de un gobierno cuyo eje político es la confrontación declararon nulas esas leyes (algo que constitucionalmente no está permitido al Congreso) y esos indultos, pero solamente para un bando, el bando políticamente más débil.


Las víctimas de esta caza de brujas ascienden en la actualidad a mil setecientas familias, pero afectan a toda la población. Hoy, la mentira de los “juicios de la verdad” sirve para presionar magistrados, funcionarios, empresarios y opositores, militares y civiles. Su Santidad ha sido también víctima de una parodia de juicio que lo quiso implicar como partícipe de crímenes de lesa humanidad.


La construcción jurídica que han inventado los terroristas de ayer es que los delitos de los funcionarios estatales son imprescriptibles e in amnistiables, pero para ellos hay olvido y perdón. Esa justicia tuerta no tiene, sin embargo, sentido común ni es entendida así en otras partes del mundo. ¿Qué pasaría en EEUU si sus tribunales dan a Al Qaeda prescripción y perdón, y para George W. Bush y Barack Obama cadena perpetua por los abusos en Guantánamo o por haber ejecutado a Bin Laden sin el debido proceso?

Sin una solución política, la crisis se agrava y se va preparando el caldo de cultivo para un estado totalitario o para una nueva guerra fratricida. Y, la Iglesia en lugar de ayudar pareciera echar más leña al fuego.


Por un lado, se guarda el más absoluto silencio público por la inicua prisión, basada en indicios, que padecen miembros de la Iglesia como, por ejemplo, Jaime Smart (ex miembro de la Cámara Federal que juzgó los grupos subversivos) o, desde hace años, el Sacerdote y ex Capellán de la Policía, Christian von Wernich. Pero, por otro lado, la Iglesia homenajea al sacerdote Carlos Mujica como si fuera prácticamente un prócer cuando lo menos que podemos decir de él es que fue una persona muy discutida y en muchos momentos justificó la violencia armada de los ejércitos guerrilleros como una expresión del compromiso cristiano y fue responsable de que muchos jóvenes abrazaran ese camino trágico. Monseñor Angelelli, ex obispo de La Rioja, es presentado casi como un mártir cuando sabemos no murió por defender su fe, sino accidentalmente según todas las pericias y que también era una personalidad muy discutida por sus posiciones respecto a la violencia armada, a Montoneros y su pertenencia al movimiento de los sacerdotes para el tercer mundo.


Con sus acciones y omisiones públicas el gobierno de la Iglesia Argentina está inclinando la balanza en un sentido que además de injusto es inconveniente para la paz social. Va a contramano del último documento sobre la violencia. Hoy, el bien común requiere de nuestros obispos y sacerdotes que condenen firmemente la violencia de los grupos subversivos, defiendan los derechos de los presos políticos de la venganza de los guerrilleros de ayer y acompañen públicamente a las víctimas de los actos de terrorismo perpetrados por ejércitos clandestinos como montoneros o el ERP.

La sociedad necesita de la autoridad moral de Su Santidad para volver a perdonar, cerrar las heridas y mirar al futuro todos como hermanos en paz y unidad. A veces, daría la impresión que el perdón de Cristo no vino para los que con medios equivocados reprimieron la subversión. ¿Quién lava los pies de estos hombres que son hoy execrados por la sociedad? ¿Pediremos perdón como Iglesia por todos los jóvenes que nuestros sacerdotes alentaron a tomar las armas para construir el hombre nuevo no de Cristo sino de Marx? El momento es ahora, luego será demasiado tarde.


Soy padre de ocho hijos y escribo esta carta en conjunto con mi hijo mayor ya que es en su generación y en el legado que les dejaremos en lo que estoy pensando principalmente. Rogamos a Dios que ilumine a Su Santidad y que tome de esta carta solamente aquello que encuentre valioso y constructivo. Imploramos la bendición apostólica,

JUAN FRANCISCO RAMOS MEJIA (Padre)
JUAN F. RAMOS MEJÍA (Hijo)

Marcelo T. de Alvear 1173
(1058) Buenos Aires- Argentina

NOTA: Las imágenes no corresponden a la nota original.



[1] Recomendamos leer: PRESCRIPCIÓN, LEGALIDAD, AMNISTÍAS E INDULTOS - La demolición de los principios constitucionales en la materia por Jorge Reinaldo Vanossi.