Estimados Amigos:
Una copia de la carta
escrita y firmada por Juan Francisco Ramos Mejía (Padre e hijo) la recibimos
hace tiempo y no la hicimos pública en nuestro blog, estábamos a la espera de
una señal o palabra de la Iglesia en respuesta a este pedido reiterado ante sus
máximas autoridades.
Como la Iglesia tiene
sus tiempos, los cuales muchas veces no coinciden con las urgencias humanas… una
nueva iniciativa del poder de turno, nos lleva a movilizarnos y alertar sobre
un nuevo peligro anticonstitucional que se cierne sobre las cabezas de nuestros
Presos Políticos. Nos referimos al trámite express que el oficialismo, una vez
más aplicará para sancionar una nueva ley que cierra el camino a una amnistía o
indulto presidencial a toda persona condenada por delitos de lesa humanidad.
El 19 de noviembre de
2014, la Cámara de Diputados dio media sanción a un proyecto de ley del
oficialismo que le cierra el paso a cualquier intento de “amnistía, indulto o conmutación de pena” a los condenados por los
delitos de genocidio, lesa humanidad y crímenes de guerra. La propuesta fue
definida como “una norma general para que
ningún presidente futuro pueda tener el atrevimiento” de revisar las
condenas por violaciones a los derechos humanos, además de “un pronunciamiento por la continuidad de los juicios por delitos de
lesa humanidad”, en los que se “empiezan
a juzgar las complicidades civiles”. El radicalismo salió al cruce de las “objeciones formales” al proyecto y se
plegó a favor de la iniciativa. Desde el PRO consideraron la propuesta como “inconstitucional” porque “se inmiscuye en una decisión privativa del
presidente de la República” y propuso que el proyecto de ley derivara en
una “declaración” parlamentaria.
El proyecto obtuvo
173 votos a favor, ninguno en contra y 16 abstenciones de los diputados
macristas, que arrastraron detrás de su postura a un puñado de radicales.
El único artículo del
proyecto expresa que “las penas o procesos penales sobre los delitos de genocidio,
de lesa humanidad y crímenes de guerra contemplados en los artículos 6, 7 y 8
del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional y en los tratados
internacionales de derechos humanos con jerarquía constitucional, no pueden ser
objeto de amnistía, indulto o conmutación de pena, bajo sanción de nulidad
absoluta e insanable del acto que lo disponga”.
Es bien conocido que
la Corte Penal Internacional se rige
por el Estatuto de Roma, el cual
encomienda a la Corte con una jurisdicción y un mandato muy específicos y
cuidadosamente definidos. Una característica fundamental del Estatuto de Roma, en su artículo 11° es
que la Corte sólo podrá ejercer su competencia respecto de los crímenes cometidos después de la entrada en
vigor del Estatuto de Roma, el 1 de julio de 2002. Todos
los hechos por los que se acusa e imputan delitos a nuestros Presos Políticos, ocurrieron
en la República Argentina con anterioridad al 1 de julio de 2002. El
Estatuto de Roma recién entra en vigencia legal en nuestro país el 1de julio
2002, en consecuencia constituye un
aspecto más y muy importante para declarar la inconstitucionalidad del proyecto
de ley que pretende limitar a la propia Constitución Nacional.
Siendo la
Constitución Nacional nuestra Ley Suprema, ninguna ley puede estar por encima
de ella, a pesar de ser legos en la materia no se nos escapa que el proyecto de
marras es a todas luces inconstitucional.
Como expresara
oportunamente el Dr. y académico Jorge
Reinaldo Vanossi[1]:
“Uno de los objetivos de la amnistía y del indulto es alcanzar
‘la paz interior’ que señala el Preámbulo de la Constitución Nacional como uno
de los fines más excelsos de nuestro estado y nuestra sociedad. La oportunidad
y la conveniencia de los indultos a los condenados no es materia de apreciación
judicial. Su acierto o desacierto es una incumbencia presidencial”.
Aclarada nuestra
ignorancia en la materia, a continuación les dejamos la carta, mencionada en el
primer párrafo, y cuyos autores nos dejan sus muy buenas reflexiones. No podemos permitir más atropellos a la
Constitución Nacional y sus instituciones por leyes anticonstitucionales y por
lo tanto ilegales.
Sinceramente,
Pacificación
Nacional Definitiva
por
una Nueva Década en Paz y para Siempre
Buenos Aires, 10 de
julio de 2014
Su Santidad
Francisco
Citta del Vaticano
Roma – Italia
De nuestra mayor
consideración:
Le escribimos con
motivo de la respuesta pública que venimos dando desde la Iglesia a la
politización de los derechos humanos en la Argentina.
Muchos laicos venimos
cuestionando el espíritu de venganza que inspira la política de derechos
humanos del gobierno. Los juicios contra la represión de los 70’ se han llevado
adelante por una justicia parcial violando garantías constitucionales de un
estado de derecho. Entre ellas, el principio de legalidad según el cual el
Estado no puede imponer penas de “lesa humanidad”, más gravosas que las que
aplican para el homicidio calificado, por hechos que no preveían esas sanciones
en su momento; y el instituto legal de la prescripción u olvido que se sustenta
en un principio de sana convivencia cristiana de paz social, máxime cuando se
trata de hechos ocurridos en medio de una guerra sucia hace casi cuarenta años.
Es especialmente
grave la derogación del principio de inocencia. En estos casos es suficiente
una prueba de indicios y no aplica el principio de que debe “demostrarse la
culpabilidad más allá de una duda razonable”. A esto se agregan la prisión
preventiva en cárceles comunes mientras se sustancian los juicios para hombres
mayores que de ningún modo representan un peligro actual para la sociedad y la
negativa encarnizada a otorgar el beneficio de la prisión domiciliaria a las
personas mayores o enfermas que se otorga normalmente en otros casos, tal como
ha denunciado la Asociación de Abogados por la Justicia y la Concordia de
Argentina. Son presos políticos.
Esta situación inicua
contrasta con la plena libertad e impunidad con que los ex combatientes de las
organizaciones terroristas acceden a cargos públicos y se vanaglorian de sus
actos. Sus víctimas, que fueron muchas e inocentes, no tienen derechos ni
ningún reconocimiento público, tal como reclama el Centro Legal sobre el
Terrorismo y sus Víctimas de Argentina (CELTYV). No están. No existen.
Los pueblos tienen
derecho a darse la paz y perdonarse los horribles pecados de la guerra cuando
concluyen sus luchas internas. La experiencia de España nos sirve como ejemplo
al igual que la experiencia Argentina luego de la batalla de Caseros que
terminó con la guerra civil entre unitarios y federales. Nuestra Constitución
Nacional sabiamente contempla el instituto político de la amnistía entre las
facultades del Congreso Nacional, que se empleó para pacificar el país con las
leyes de obediencia debida y punto final. También contempla el instituto del
perdón presidencial o indulto, del que también se hizo uso perdonando a los
líderes de uno y otro bando.
Sin embargo, mayorías
coyunturales de un gobierno cuyo eje político es la confrontación declararon
nulas esas leyes (algo que constitucionalmente no está permitido al Congreso) y
esos indultos, pero solamente para un bando, el bando políticamente más débil.
Las víctimas de esta
caza de brujas ascienden en la actualidad a mil setecientas familias, pero
afectan a toda la población. Hoy, la mentira de los “juicios de la verdad”
sirve para presionar magistrados, funcionarios, empresarios y opositores,
militares y civiles. Su Santidad ha sido también víctima de una parodia de
juicio que lo quiso implicar como partícipe de crímenes de lesa humanidad.
La construcción
jurídica que han inventado los terroristas de ayer es que los delitos de los
funcionarios estatales son imprescriptibles e in amnistiables, pero para ellos
hay olvido y perdón. Esa justicia tuerta no tiene, sin embargo, sentido común
ni es entendida así en otras partes del mundo. ¿Qué pasaría en EEUU si sus
tribunales dan a Al Qaeda prescripción y perdón, y para George W. Bush y Barack
Obama cadena perpetua por los abusos en Guantánamo o por haber ejecutado a Bin
Laden sin el debido proceso?
Sin una solución
política, la crisis se agrava y se va preparando el caldo de cultivo para un
estado totalitario o para una nueva guerra fratricida. Y, la Iglesia en lugar
de ayudar pareciera echar más leña al fuego.
Por un lado, se
guarda el más absoluto silencio público por la inicua prisión, basada en
indicios, que padecen miembros de la Iglesia como, por ejemplo, Jaime Smart (ex
miembro de la Cámara Federal que juzgó los grupos subversivos) o, desde hace
años, el Sacerdote y ex Capellán de la Policía, Christian von Wernich. Pero,
por otro lado, la Iglesia homenajea al sacerdote Carlos Mujica como si fuera
prácticamente un prócer cuando lo menos que podemos decir de él es que fue una
persona muy discutida y en muchos momentos justificó la violencia armada de los
ejércitos guerrilleros como una expresión del compromiso cristiano y fue responsable
de que muchos jóvenes abrazaran ese camino trágico. Monseñor Angelelli, ex
obispo de La Rioja, es presentado casi como un mártir cuando sabemos no murió
por defender su fe, sino accidentalmente según todas las pericias y que también
era una personalidad muy discutida por sus posiciones respecto a la violencia
armada, a Montoneros y su pertenencia al movimiento de los sacerdotes para el
tercer mundo.
Con sus acciones y
omisiones públicas el gobierno de la Iglesia Argentina está inclinando la
balanza en un sentido que además de injusto es inconveniente para la paz
social. Va a contramano del último documento sobre la violencia. Hoy, el bien
común requiere de nuestros obispos y sacerdotes que condenen firmemente la
violencia de los grupos subversivos, defiendan los derechos de los presos
políticos de la venganza de los guerrilleros de ayer y acompañen públicamente a
las víctimas de los actos de terrorismo perpetrados por ejércitos clandestinos
como montoneros o el ERP.
La sociedad necesita
de la autoridad moral de Su Santidad para volver a perdonar, cerrar las heridas
y mirar al futuro todos como hermanos en paz y unidad. A veces, daría la
impresión que el perdón de Cristo no vino para los que con medios equivocados
reprimieron la subversión. ¿Quién lava los pies de estos hombres que son hoy
execrados por la sociedad? ¿Pediremos perdón como Iglesia por todos los jóvenes
que nuestros sacerdotes alentaron a tomar las armas para construir el hombre
nuevo no de Cristo sino de Marx? El momento es ahora, luego será demasiado
tarde.
Soy padre de ocho
hijos y escribo esta carta en conjunto con mi hijo mayor ya que es en su
generación y en el legado que les dejaremos en lo que estoy pensando
principalmente. Rogamos a Dios que ilumine a Su Santidad y que tome de esta
carta solamente aquello que encuentre valioso y constructivo. Imploramos la
bendición apostólica,
JUAN FRANCISCO RAMOS
MEJIA (Padre)
JUAN F. RAMOS MEJÍA
(Hijo)
Marcelo T. de Alvear
1173
(1058) Buenos Aires- Argentina
NOTA:
Las imágenes no corresponden a la nota original.
[1] Recomendamos leer: PRESCRIPCIÓN,
LEGALIDAD, AMNISTÍAS E INDULTOS - La demolición de los principios constitucionales
en la materia por Jorge Reinaldo Vanossi.
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