Por Mario Cadenas Madariaga • 25/12/2015
Dedico el presente artículo al Dr. James Smart,
injustamente condenado por delitos de lesa humanidad.
Introducción
En el presente artículo, nos referiremos a una cuestión de
gran trascendencia, que es la situación de los miembros de las FFAA y de
Seguridad, y de algunos magistrados, profesionales y clérigos, que sufren
detenciones injustas, con procesos irregulares, bajo la acusación de haber
cometido delitos de lesa humanidad, que no existieron, conforme al Estatuto de
Roma, sin perjuicio de que pueden haber cometido otros, como el de crímenes de
guerra, por los que no son procesados, porque ello llevaría también a la
sanción de los terroristas subversivos que originaron la guerra interna de las
décadas de 1960 y 1970 en la Argentina.
La verdad es que sufren castigos por haber luchado contra la
subversión marxista, de aquellos años, cumpliendo órdenes recibidas del Estado
Nacional argentino.
Esta situación que afecta a casi 2.000 personas -entre las
cuales se encuentran dos ex Presidentes de la Nación, uno de ellos fallecido-,
y a los más altos jefes de las FFAA como a los más humildes, habiendo muerto en
prisión más de 320, se cumplen en peores situaciones de detención, que los
delincuentes comunes, rehusándoseles derechos vigentes, como la prisión
domiciliaria. Al mismo tiempo que los autores de la guerra terrorista iniciada
en esos años, no existe ninguno que haya sido sometido a proceso, y por el
contrario han recibido compensaciones económicas de cuantiosos montos.
Fuera de la situación personal violatoria de las garantías
constituciones, y de convenciones internacionales, plantea un caso excepcional
de deslealtad del Estado para sus FFAA porque luego de ordenarles la represión
las juzga por la función cumplida, que fue exitosa, en un caso evidente de
deslealtad del Estado con sus servidores.
Esta situación real es la más grave violación de los
derechos humanos en todo el ámbito de la América Latina y uno de los más graves
en el mundo, pues si hay casos en que las FFAA de los países occidentales, por
orden de sus Estados, han cometido violaciones a los derechos humanos, en
protección de su seguridad, no hay casos en que una vez realizadas esas tareas,
las FFAA hayan sido sancionadas por los mismos Estados que las ordenaron.
La última guerra mundial en la que perdieron la vida,
alrededor de 50 millones de personas, sin perjuicio de la devastación de las
economías de los principales contendientes, en el Tribunal Principal de
Nüremberg, fueron acusadas 24 personas, y sancionadas 18, y en el conjunto de
los Tribunales de este enjuiciamiento fueron acusados 611 personas.
En el Tribunal Internacional de Crímenes de Guerra de Tokio,
se juzgó a 25 altos jerarcas, y en los tribunales locales, a muchos más, sin
alcanzar al número de los miembros de las FFAA de Seguridad de la Argentina.
En nuestro país, por una guerra interna no declarada, en la
que perdieron la vida no más de 7 mil personas, iniciada por el terrorismo
marxista, se han encarcelado a 2.000 personas todas pertenecientes a las FFAA y
de Seguridad y algunas civiles, ex magistrados y profesionales representantes
del Estado, y a ningún terrorista miembro de las fuerzas subversivas. Estas
cifras de por sí revelan la absoluta nulidad de los procesamientos por
discriminación de toda evidencia.
Esta circunstancia confirma que en la Argentina subsiste una
situación de violación de los derechos humanos, de los más graves del mundo y
que carece de todo reconocimiento, con la excepción de sectores minoritarios,
que mantienen un activo reclamo de justicia en la que sobresale la ONG de
abogados, Justicia y Concordia.
Esta situación ha sido obra de los tres mandatos
presidenciales del matrimonio Kirchner -2003/2015- pues en los dos mandatos
presidenciales de los Dres. Raúl Alfonsín y Saúl Menem -1983/1998-, habían
quedado debidamente resueltos.
Qué sucedió en las
décadas de los 60 y 70, en que se quebrantó la paz en íbero-América
Fomentadas desde Cuba, comprometida con el comunismo
soviético, se inició en varios países de la región, una guerra interna dirigida
a deponer sus respectivos gobiernos, en la misma forma que se había hecho en la
isla caribeña, mediante la acción militar de grupos subversivos. Fueron
particularmente eficaces en Nicaragua, Colombia, Perú, Argentina, Uruguay,
Chile y Brasil, porque si bien sólo lograron dominar la situación interna en el
primer país, alteraron profundamente la paz interna de los demás.
Debemos diferenciar las luchas partidarias que por
diferentes motivos alteraron la paz interna de los países de la región
desatando guerras internas, de esta acción deliberada de una nación americana
que instigada por la Unión Soviética, para debilitar la influencia de los EEUU
con quien sostenía una guerra mundial que se llamó Fría, pero tuvo muchos
escenarios de gran violencia, fomentaba, instruía, armaba y dirigía la acción
subversiva en toda la región. Se diferenciaba de las luchas partidarias, porque
además de formar parte de una acción bélica internacional, llevaba el propósito
de alterar el sistema de repúblicas democráticas, plena de deficiencias, que
las caracterizaban, para sustituirlas por una democracia popular marxista y de
partido único.
La acción de estos grupos subversivos, consistía en cometer
actos de violencia -asesinatos, secuestros, colocación de explosivos, asalto de
comisarías y unidades militares, etc.- para imponerse por el terror, a las
sociedades y a las fuerzas armadas y de seguridad, valiéndose de la
clandestinidad, la falta de identificación y la sorpresa. Actuaban tanto en el
orden rural como en el urbano, según las circunstancias y los países. Tenían
campos de instrucción, estaban organizados en forma de células autónomas, pero
contaban con una organización militar que unificaba la conducción y mantenían
una relación permanente con Cuba, de donde recibían asistencia de toda
naturaleza. (instrucción militar, armas, asesores, y dinero).
Los países de
Latinoamérica y su vulnerabilidad
Esta región -con diferencias por países-, responde en
general a economías en desarrollo, de bajos y muy desiguales ingresos, con
profundas diferencias de nivel cultural, entre sus grupos descendientes de
nativos, negros y europeos, y una inmensa población mestiza.
Es una realidad social muy proclive a la protesta pacífica o
violenta, por las situaciones de injusticia que presenta. Y en las décadas del
60y 70 del siglo pasado esta era la situación, con el déficit de una falta
total de experiencia, sobre la forma de atacar la situación, por lo que
adhirieron al método de la subversión armada, con la idea equivocada de que
podían dominar la situación como había sucedido en Cuba. Sin embargo no pueden
ser considerados como simples idealistas equivocados, sino como responsables de
asesinatos de niños, y ciudadanos inocentes, de toda clase, o de titulares de
las fuerzas armadas y de seguridad que cumplían con sus funciones de custodios
del orden en nombre del Estado. Y por lo tanto fueron responsables de crímenes
que debieron ser castigados.
Sin embargo en la Argentina ninguno de ellos ha sido
castigado, ni siquiera procesado, o simplemente acusado, después de 1983. Y se
estima que han cometidos alrededor de 800 asesinatos. Por una acción similar en
España, fueron perseguidos y encarcelados, y sufren prisión hasta la fecha, con
aprobación de toda la comunidad mundial. ¿Por qué no en la Argentina?
Ésta es una deuda moral, civil y política, de todos los
gobiernos a partir del 10 de diciembre de 1983, incluido el poder judicial. No
existe ni se ha expuesto ninguna razón válida para justificar este
incumplimiento de las responsabilidades constitucionales y legales.
Otra deuda que se
niega -moral, civil y política- a partir de 1983, pero en particular a partir
del 2003
En agosto de 1975 el gobierno constitucional que gobernaba
el país, ordenó a las Fuerzas Armadas el aniquilamiento de las fuerzas de la
subversión en todo el territorio nacional, y el 10 de diciembre de 1983
aquellas FFAA, entregaron el poder al gobierno que había resultado elegido en
octubre de ese año, después de haber cumplido con la obligación asignada.
Después de la Organización Nacional si se exceptúa la
invasión del ejército paraguayo en 1865, nunca en ninguna otra oportunidad las
autoridades constitucionales de la Nación habían sido amenazadas a ser
desplazadas del poder, esta vez por un enemigo interno, con apoyo extranjero,
como en 1975.
La Argentina volvía en 1983 al régimen constitucional de una
democracia republicana, con pluralidad de partidos, habiéndose librada de ser
gobernada por una dictadura del proletariado similar a la de Cuba.
La Presidencia de la Republica fue ejercida por el
representante de la Unión Cívica Radical Dr. Raúl Alfonsín, cuyo jefe político
en 1975, el Dr. Ricardo Balbín, se felicitó de la asunción plena de las FFAA
para reprimir la subversión.
En una democracia consciente de los valores de su sistema
constitucional, viendo el escenario en Colombia, de la guerra civil interna, no
declarada, que hacía más de 20 años había sido iniciada por la subversión del
mismo origen que la argentina,, con la mitad del territorio ocupado, más de
100.000 muertos y varios millones de personas desarraigadas de sus campos,
debió celebrarse como la liberación de Paris, en 1945, o la caída del Muro de
Berlín en 1989,o la liberación de los pueblos de la Europa Oriental.
Se subordinó el
restablecimiento de la Constitución a la conquista de la izquierda popular
Hace tiempo que a la política argentina le falta la
percepción de las grandes ideas que la deben movilizar hacia el progreso. Hace
setenta años que impulsados por rencores sectarios y mezquinos, hemos perdido
el rumbo de los grandes objetivos nacionales.
De ahí que no sea de extrañar que el rechazo armado de la
subversión, sea visto como un exceso de las FFAA, una vez que se olvidaron los
asesinatos diarios de inocentes de todo origen provocados por la subversión,
para dominar por el terror e imponer un régimen sangriento, que según propia
confesión de subversivos caracterizados, podían haber llegado a 500.000
fusilamientos.
La subversión una vez fracasada la vía de la violencia, la
subversión resolvió cambiar de estrategia, y dirigirla al desprestigio de las
FFAA poniendo el centro de su atención, en la defensa de los derechos humanos,
multiplicando el número de víctimas -de donde de una cifra aproximada a 6100
víctimas- se imputaron 30.000, que nunca se preocuparon de probar, pero al
repetirla hasta el cansancio, la impusieron como ciertas en muchos sectores.
Pero el predominio de la estrategia de la izquierda, fue el
fruto circunstancias casuales. Por una parte la crisis del 2002, la Presidencia
de Duhalde, y una vieja rencilla con Carlos Menem, por lo que haría cualquier
cosa para cerrarle la vuelta a la Presidencia. Así que por las dificultades del
momento, Duhalde encontró solamente la candidatura de Néstor Kirchner, para
enfrentar a Menem, quien se desanimó aunque ganó la primera vuelta. Kirchner fue
el Presidente menos votado de la historia argentina.
Pero ya en el gobierno supo construir poder, para lo que
usaba todos los medios, legítimos e ilegítimos. Tenía una experiencia acumulada
en veinte años en funciones de gobierno en Santa Cruz. Y poseía antecedentes de
haber estado comprometido en su vida estudiantil con la subversión, aunque no
en funciones importantes, rigurosamente ocultadas en Santa Cruz donde comenzó
el ejercicio de su profesión de abogado, representando a entidades bancarias en
juicios ejecutivos contra sus clientes.
Hasta la Presidencia de Kirchner la izquierda sólo había
obtenido la amnistía para sus crímenes, y los militares fueron exentos por
leyes del Congreso (de punto final y de obediencia debida). Era una situación
que satisfacía a todos.
Pero después de la crisis del 2002 hubo una evolución hacia
la izquierda, la cual fue aprovechada por Kirchner con un proyecto de anulación
de las dos leyes de Alfonsín a favor de los militares, manteniendo la amnistía
para los ex subversivos, que en gran número formaban parte de la
administración. Así por sucesivas aproximaciones se creó la doctrina de
violación de los derechos humanos, por delitos de lesa humanidad,
imprescriptibles, como política de Estado, que fue impuesta a los nuevos jueces
de la Corte Suprema. Además se creó una indemnización a cargo del Estado a
favor de las víctimas de la represión de las fuerzas del orden.
La política de persecución de los militares, fue
oficialmente impulsada, presionando sobre el poder judicial y la participación
de múltiples organizaciones privadas, cuyos honorarios en muchos casos corrían
a cargo del Estado.
La violación al
Estatuto de Roma que crea la Corte Penal Internacional
En la situación actual de la justicia no es posible pensar
en una modificación de la jurisprudencia de la CSJ, en materia de derechos
humanos, pues los tres miembros actuales de ese Tribunal, se han comprometido a
sostener aquella jurisprudencia como política de Estado compartida por el Poder
Judicial.
La vía legal tampoco parece la indicada dada la composición
de la Cámara de Diputados y de Senadores de la Nación.
La única vía abierta es la iniciación de una denuncia ante
la Corte Penal Internacional, porque este Tribunal puede aplicar sanciones a
los jueces y fiscales argentinos que se hayan comprometidos en las sentencias
condenatorias. Existe ya una denuncia y se estudian otras.
La violación al Estatuto de Roma está muy clara, porque en
la Argentina hubo una guerra interna no declarada, de donde pueden surgir
crímenes de guerra, pero nuestra justicia la enfocó como delitos de lesa
humanidad, categoría que no corresponde a la realidad, pero lo hizo porque en
la forma de crímenes de guerra, implicaba admitir que se juzgaría asimismo la
conducta de los subversivos, que era lo que se quería evitar.
La vía elegida por la justicia argentina revela el propósito
de evitar la sanción del grupo subversivo, que llevará por discriminación a la
nulidad de los procesos y a la sanción de los jueces y fiscales intervinientes.
Hasta que no se restablezca la lealtad del Estado para con
sus FFAA no habrá garantías para una defensa nacional.
Enmendar la enorme injusticia cometida es indispensable para
restablecer una relación lógica ente las FFAA y de Seguridad con el Estado, ya
que no puede ser que se pretendan contar con FFAA leales a su función y al
mismo tiempo traicionarlas, castigándolas por cumplir con las órdenes
recibidas, máxime cuando implicaban aniquilar al enemigo, y posteriormente se
lo exime de toda sanción.
La política de discriminación con relación a las FFAA por el
gobierno kirchnerista se ha extendido a la política de defensa nacional, y a la
carrera profesional de muchos de sus miembros.
Mario Cadenas Madariaga
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