sábado, 28 de mayo de 2016

JUICIO EN TUCUMÁN


La ocupación del monte tucumano por parte del ERP fue un acto de guerra del terrorismo internacional al que el gobierno constitucional de Isabel Perón respondió con los decretos de aniquilamiento 261/75 et alts poniendo en marcha el Operativo Independencia. La mayoría de las opiniones políticas y periodísticas de la época aceptan que el país había entrado en guerra, estado de guerra que posteriormente es aceptado por quienes juzgaron a las juntas en 1983. Quienes firmaron los decretos -salvo Isabel Perón, presidente y comandante en jefe del Ejército, y Carlos Ruckauf, ministro- están muertos, al igual que la mayoría de diputados y senadores de todo pelaje que aplaudieron la medida de aniquilamiento; quienes comandaron militarmente la operación y sus unidades, salvo el jefe del Tercer Cuerpo de Ejército, Luciano Benjamín Menéndez -que arrastra su enésima e infame condena- también han muerto, así que cabe la pregunta: ¿por qué se ha armado esta causa que solo busca condenar, porque ése es el objetivo, a hombres que en 1975 ni siquiera eran jefes? ¿Por qué poner en los jueces del TOF, ignorantes en lo que respecta a la sustanciación de presuntos crímenes de guerra ya que ése fue el teatro en que se dieron los combates el destino de hombres que solo cumplieron el mandato de ir a la guerra por orden de un gobierno constitucional?

El objetivo, y digamos las cosas como son, es hacerles pagar a los 5000 hombres del Operativo Independencia -no solo a los oficiales y suboficiales- el haber desbaratado la idea del "Criminal de la Cabaña" de crear el primer Vietnam de Sudamérica. No en vano, la concejal del PO y factótum de la destrucción del monumento al Combate de Manchalá, Gabriela Cerrano, acusó a los trece conscriptos que combatieron en Manchalá de "genocidas".

José Luis Milia