La ocupación del
monte tucumano por parte del ERP fue un acto de guerra del terrorismo
internacional al que el gobierno constitucional de Isabel Perón respondió con
los decretos de aniquilamiento 261/75 et alts poniendo en marcha el Operativo
Independencia. La mayoría de las opiniones políticas y periodísticas de la
época aceptan que el país había entrado en guerra, estado de guerra que
posteriormente es aceptado por quienes juzgaron a las juntas en 1983. Quienes
firmaron los decretos -salvo Isabel Perón, presidente y comandante en jefe del
Ejército, y Carlos Ruckauf, ministro- están muertos, al igual que la mayoría de
diputados y senadores de todo pelaje que aplaudieron la medida de
aniquilamiento; quienes comandaron militarmente la operación y sus unidades,
salvo el jefe del Tercer Cuerpo de Ejército, Luciano Benjamín Menéndez -que
arrastra su enésima e infame condena- también han muerto, así que cabe la
pregunta: ¿por qué se ha armado esta causa que solo busca condenar, porque ése
es el objetivo, a hombres que en 1975 ni siquiera eran jefes? ¿Por qué poner en
los jueces del TOF, ignorantes en lo que respecta a la sustanciación de
presuntos crímenes de guerra ya que ése fue el teatro en que se dieron los
combates el destino de hombres que solo cumplieron el mandato de ir a la guerra
por orden de un gobierno constitucional?
El objetivo, y
digamos las cosas como son, es hacerles pagar a los 5000 hombres del Operativo
Independencia -no solo a los oficiales y suboficiales- el haber desbaratado la
idea del "Criminal de la
Cabaña" de crear el primer Vietnam de Sudamérica. No en vano, la
concejal del PO y factótum de la destrucción del monumento al Combate de
Manchalá, Gabriela Cerrano, acusó a los trece conscriptos que combatieron en
Manchalá de "genocidas".
José Luis Milia
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