Es pues necesario cerrar el capítulo “última dictadura militar”, porque se están cometiendo injusticias
y porque se necesitan todas las energías para resolver problemas actuales y,
quizá lo más importante, porque la sociedad argentina tiene necesidad de amigarse
consigo misma.
Este artículo tiene
por objeto contribuir al debate sobre el modo y continuidad de los juicios
penales a los implicados en “crímenes de
lesa humanidad” durante la dictadura militar 1976/83, llamada a sí misma
Proceso de Reorganización Nacional. También al debate paralelo sobre la
responsabilidad de las organizaciones armadas que nacieron durante otra
dictadura militar (1966/73), en los años que siguieron. Este último aspecto no puede dejar de considerarse por sí mismo, pero
mucho menos aquí: el firmante, un periodista profesional con muchos años de
experiencia, militó en 1972/76 en una de esas organizaciones, el Partido
Revolucionario de los Trabajadores (PRT), cuyo “brazo armado” era el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP). Me
caben pues las generales de la ley (ver recuadro).
Este
gravísimo asunto, que tuvo un comienzo democrático, legal y legítimo de
resolución con la acusación del Presidente Alfonsín a las cúpulas militares y
algunos jefes guerrilleros y el consecutivo Juicio a las Juntas, evolucionó a
lo largo de los siguientes 30 años de un modo confuso y contradictorio, hasta
llegar a la situación actual. La de una democracia que en ese punto -y en
tantos otros- se niega a sí misma al impartir mala y tardía justicia y la de
una sociedad que agrava sus divisiones, en un marco de problemas económicos,
políticos y sociales de una extrema gravedad.
Es pues necesario
cerrar el capítulo “última dictadura
militar”, porque se están cometiendo injusticias y porque se necesitan
todas las energías para resolver problemas actuales y, quizá lo más importante,
porque la sociedad argentina tiene necesidad de amigarse consigo misma.
Es necesaria una
síntesis que reconozca, aclare y deslinde responsabilidades y haga realmente
justicia. Este capítulo negro de nuestra historia -tenemos varios- debe
cerrarse cumpliendo con la ley argentina y los pactos internacionales; pero
además ejerciendo tanto la crítica como la autocrítica ciudadanas; sino para
justificar, al menos para comprender lo ocurrido y dejarlo atrás, en la
categoría de experiencias históricas a no repetir.
La
cronología desde el Juicio a las Juntas hasta hoy es conocida y los argumentos
políticos y legales esgrimidos en los sucesivos vaivenes del asunto exceden
largamente este espacio. Pero la síntesis es que más de tres décadas después el
tema no solo no se ha resuelto, sino que se complica cada vez más.
Resumiendo, después
de la ejemplar condena inicial a las Juntas, vinieron los indultos -que
incluyeron a ex guerrilleros a punto de ser juzgados; o sea que se “indultó” a quienes aún no tenían
condena-; luego se anularon los indultos; se extendió la posibilidad de acusar
de crímenes de lesa humanidad más allá de “los
altos mandos” y se limitaron las posibles acusaciones a “lo actuado” por la dictadura militar
76/83.
Sobre esto último, si
los eventuales crímenes cometidos por las organizaciones guerrilleras estaban
prescriptos, no era el caso de la “Triple
A”, organizada por el gobierno peronista desde el Estado y por lo tanto
pasible de ser acusada de crímenes de lesa humanidad, no prescriptibles.
Actualmente hay más
de 1.100 ciudadanos entre procesados y detenidos sin sentencia y sentenciados
que se encuentran procesados en otras causas. Hay 970 imputados detenidos, ya
sea en unidades penitenciarias (57%), sus domicilios (40%), dependencias de la
fuerzas de seguridad (1,5%) y en hospitales (0,5%), mientras que los condenados
son 563. O sea, que hay numerosos presos sin condena. El constitucionalista
Roberto Gargarella sostiene que se deben evitar estas condiciones para todos
los detenidos: “Implican violaciones de
derechos sobre personas concretas, por más que se trate de las personas a las
que menos queremos”.
“Por
ejemplo, tenemos procesados sin condena durante largos, imperdonables años,
algo que no aceptamos en ningún caso; personas de edad avanzada y en
condiciones de salud precaria que no reciben, a diferencia de otros ‘presos
comunes’, arresto domiciliario” (http://chequeado.com/ultimas-noticias/zannini-un-hito-son-los-521-acusados-de-crimenes-de-lesa-humanidad-ya-condenados-o-los-1200-en-proceso/).
Otras fuentes indican
que “el promedio de edad de los afectados
en estas causas, es de más de 73 años (73,24 años exactamente) y el promedio de
prisión preventiva de los detenidos en penales es de más de 6 años (6,16 años
exactamente), sumado al altísimo porcentaje de fallecidos (344 al 1-03-16)”
Desde que el
peronismo kirchnerista reposicionó así el problema, la sociedad argentina se
divide, grosso modo, entre los que están dispuestos a llevar las acusaciones y
los juicios más allá de todo plazo y legalidad, y los que, como la señora
Cecilia Pando y muchos otros, no solo niegan culpabilidad, sino que reafirman
objetivos y métodos. En medio, la “resistencia
armada” y sus responsabilidades históricas, políticas y eventualmente
legales, negadas taxativamente por unos y sirviendo así de justificación a
otros. Resultado, una situación concreta extremadamente confusa en lo legal; un
“debate” irracional; un asunto grave
de nuestra historia que ha devenido desvergonzada herramienta política y, una
vez más, una sociedad dividida y al borde del enfrentamiento.
Reflexiones de un ex guerrillero:
A
efectos de precisar criterios, reproduzco párrafos de la introducción de un
libro sobre la “lucha armada” en
los ’70, que vengo trabajando y destrabajando, sumido en mil dudas y
contradicciones, desde hace dos décadas.
“Han pasado
más de 30 años y aún no sé qué hubiera ocurrido si un día un compañero me
hubiese puesto una pistola en la mano ordenándome pegarle un tiro en la
cabeza a ese teniente primero tal que todos los días esperaba su colectivo en
la parada cual. Tengo el sentimiento de que no hubiera podido; no por falta
de valor, sino porque mi educación familiar y política, algún principio muy
profundo anclado vaya uno a saber desde cuándo ni de qué manera, me lo
hubiera impedido. Pero, ¿es seguro que no hubiera obedecido? Estaba de
acuerdo con la lucha armada; aceptaba el principio de matar y morir para
tomar el poder y liberar a los trabajadores y desposeídos de la opresión, por
un mundo más noble y justo, como decíamos con el lenguaje entre épico y
pomposo de entonces. Pertenecía al Servicio de Inteligencia del Ejército
Revolucionario del Pueblo y no puedo ni podré nunca afirmar que no hubiera
cometido un crimen semejante (…).
Lo que estoy
tratando de decir, o mejor, el tema de aquí en adelante, será el de la vieja
cuestión del fin y los medios, de la moralidad de los propósitos y la
eventual inmoralidad de la acción. También, describir las circunstancias
políticas singulares en los que nació y se desarrolló la guerrilla en nuestro
país: todos los que apoyamos la lucha armada en los ’70, tenemos la
justificación moral –y constitucional- de haberlo hecho para luchar contra
otra dictadura. Crecimos aprendiendo “Educación democrática” e “Instrucción
cívica” en el colegio, pero no vimos a ningún gobierno electo acabar su
mandato. No obstante, estoy convencido de que es hora de hablar de nuestra
propia responsabilidad en el drama argentino de este final de siglo. Sabemos
ya qué nos hicieron; se ha hablado mucho menos de lo que hicimos y por qué.
No hubo dos demonios, es verdad, sino sólo uno. Pero tampoco ángeles, sino
mesianismo y en ocasiones violencia injustificada e injustificable. Es hora
de que todo eso comience a decirse, a analizarse”.
|
Por Carlos Gabetta
-socio del CPA- para el Boletín del ICIMISS, 27 de marzo de 2016. ICIMISS:
Instituto de investigaciones de Políticas y Proyectos públicos del Círculo de
Ministros, Secretarios y Subsecretarios del Poder Ejecutivo Nacional
FUENTE:
* 1 8 1 0 – BICENTENARIO – 2 0 1 0 *POR UNAMEJOR ARGENTINA PARA RECUPERAR LA
PATRIA PARA RECUPERAR LA REPÚBLICA Año 8
Nº 279 y
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