martes, 20 de diciembre de 2016

"LA CIDH NO ACTÚA CON MI PADRE IGUAL COMO LO HACE CON MILAGRO SALA"

Por Silvia Mercado - 19 de diciembre de 2016












Aníbal Guevara y Ricardo Mikulan, de Puentes para la Legalidad, son hijo y nieto de oficiales detenidos por crímenes de lesa humanidad durante la dictadura. La organización fue creada para lograr que se respeten los derechos humanos de sus familiares que "son violados por los mismos jueces y fiscales" que intervienen en los juicios. No piden amnistía ni decretos especiales, solo igualdad ante la ley.

"La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) actuó con celeridad en el caso de Milagro Sala, pero mi padre está con prisión preventiva desde hace diez años y todavía no pudo analizar el caso", dijo Guevara en el piso de InfobaeTV, dejando en evidencia la doble vara de la CIDH para medir los casos o intervenir en los mismos, según de quien se trate.

A continuación, la entrevista:

— Ustedes vienen bregando por el respeto a los derechos humanos de sus familiares que están presos por delitos de lesa humanidad. ¿Cómo es el caso de tu padre?

— AG: Mi padre Aníbal Guevara está procesado, tiene condena en primera instancia, no tiene condena firme. Está preso desde 10 años sin condena firme en distintas condiciones de detención, hace 6 años que está en cárceles comunes.

— ¿Y el caso de tu abuelo cómo es?

— RM: Mi abuelo Cayetano Fiorini falleció el 19 de setiembre último en el contexto de la mega causa III que transcurría en Santiago del Estero, con un fuerte deterioro de su salud en el último mes de vida como producto de los tironeos y manoseos judiciales. El tenía un cáncer totalmente manejado y un aneurisma a la altura del abdomen, que podía explotar en cualquier momento y morir. Una de las últimas juntas médicas que le planificaron, los médicos cuando lo vieron llegar dijeron que era un riesgo haberlo trasladado así. Está certificado. Lo trasladaron en un móvil del Servicio Penitenciario, esposado y sentado. Y ni hablar de la situación de stress que tuvo 10 días antes cuando le extirparon un riñón cuando una patrulla le toca el timbre a la una y media de la mañana para decirle a los 86 años que se vuelva a la cárcel de Santiago del Estero, a pesar de que tenía prisión domiciliaria en firme.

— ¿Por qué no nos hablan de la organización que integran?

— AG: Puentes para la Legalidad es una asociación de hijos y nietos de imputados en causas de lesa humanidad que nos juntamos ya hace muchos años cuando empezamos a notar que en los procesos que nuestros padres y abuelos eran sometidos tenían muchas irregularidades en el proceso penal y violaciones a los derechos humanos.

— ¿A quiénes representan?

— RM: Tenemos alrededor de 2400 imputaciones, son más de 2100 las personas que están perjudicadas en estos procesos, 1100 de esas personas están cumpliendo detención en una cárcel o domiciliaria, la gran mayoría de ellos lleva más de cinco años en promedio en detención preventiva, que es un exceso entre dos y tres años en el límite que pone la ley 24390, que dice que el máximo que puede estar esperando una persona son dos años, o máximo tres años.

— AG: Hay casos que han llegado hasta 14 años de prisión preventiva. Solo 54 o 55 del total de casi 2200 personas tiene condena firme. Mi viejo tenía en el momento de los hechos por el cual fue acusado 24 años de edad, más allá de su bajo nivel jerárquico de responsabilidad no le probaron participación en delito alguno, más allá de dos testigos que dicen que él los detuvo de día, de uniforme, labrando actas, informándoles a los familiares dónde quedaban detenidos, que eran los calabozos de tribunales de San Rafael. Y por eso salió con una condena a cadena perpetua, que es más grande que la condena al brigadier Agosti en el Juicio a las Juntas que tenía la responsabilidad en un 33 por ciento de haber dado el golpe militar.

— ¿El caso de tu abuelo cómo es?

— RM: El era el segundo jefe del Batallón 141 de Santiago del Estero. Lo acusaron de ser parte de una asociación ilícita y lo acusaron de ser autor mediato de la desaparición de 45 personas. Lo que decían los jueces es que no podían no haber sabido lo que estaba sucediendo, no hay sustento probatorio concreto.

— ¿Ustedes dirían que el tratamiento legal es distinto al habitual del código penal?

— AG: tanto es así que en Tribunales circulan los expedientes con un sello rojo que dice "Derechos Humanos" no vaya a ser que el funcionario que lo agarre se vaya a confundir y lo trate como un expediente normal. Van señalizados con un sello rojo.

— Ahora, ustedes hablan de casos de más de 10 años de prisión preventiva. ¿Hicieron alguna presentación a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos?

— AG: Sí, desde que tenemos personería jurídica como Puentes para la Legalidad solicitamos un pedido de audiencia temática ante la CIDH. Como nosotros denunciamos que este es un estado de situación general, no errores puntuales de la justicia, una forma de accionar discriminatoria contra esta población, para exponer ante el pleno de la comisión el estado de situación. En junio de este año también hicimos una denuncia en Washington con 8 o 10 casos testigos y 80 que adherían a esta denuncia, porque hay responsabilidad directa de jueces y fiscales que desatendieron situaciones de salud muy concretas, como fue el caso del comisario Juan José Mussere que falleció en su celda a pesar de que tenía un problema cardíaco claramente documentado.

— Este año vino el comisionado de la CIDH, James Cavallaro, al país para ver las cárceles. ¿Pudieron reunirse con él?

— AG: No nos recibió por un problema de agenda porque estuvo poco tiempo y recorriendo cárceles, pero pudimos conversar con él en el aeropuerto y nos dijo que la denuncia podía tardar un año como poco. El problema con los avisos que le hace la CIDH respecto al tema de nuestros viejos, en el Estado no le dan cauce a nuestras denuncias.  Una de las veces nos mandaron a hablar con el CELS, y nosotros no tenemos llegada al CELS, hemos intentado reunirnos, pero sin éxito.

— Me acabo de enterar que hay una declaración "Más 60" de la OEA que protege los derechos humanos de los presos de más de esa edad, que Argentina firmó, pero no se respeta en el caso de los padres y abuelos de ustedes.

— AG: Según la declaración, arriba de los 60 son adultos mayores y tienen consideraciones especiales en cuanto a sus derechos. Pero volvemos siempre al mismo lugar, primero al prejuicio de lo que significan simbólicamente nuestros padres y abuelos. La gran mayoría de los presos, la promoción que más presos tiene de oficiales del ejército es la de mi padre, que tenían veintipico de años en aquélla época. Son los que menos responsabilidades tenían y tampoco pueden pedir prisión domiciliaria porque tienen bastante menos de 70 años. Y los que tienen más de 70 años creo que hay más de 200 que están en las cárceles.

— RM: Alrededor de 600, la mitad de los presos mayores de 65 años en penales de Argentina, son por causas de lesa humanidad están presos en cárceles comunes.

— AG: Debería ser automático, y lo es, salvo en los casos de lesa humanidad. Eugenio Zaffaroni dice en su doctrina que donde dice "puede" debe leerse "debe", porque no puede quedar en la antipatía del juez, pero en ningún caso de lesa humanidad falló de acuerdo a su propia doctrina.

— RM: el espíritu de la ley es que la pena no se vuelva más mortificante de lo que es la privación de la libertad. El PAMI no habilitaría ninguna de las cárceles del país si se aplicasen los mismos requisitos que un hogar de ancianos, rampas, dietas especiales, asistentes, espacios para rehabitación kinesiológica.

— ¿Consideran que hay discrecionalidad de parte de la OEA y la CIDH entre el caso de sus familiares y el de Milagro Sala, donde se pronunciaron incluso antes de constatar sus condiciones de detención?

— AG: Hay un tabú con respecto a las causas de lesa humanidad. Hay una cierta flexibilidad moral para pedir por los derechos humanos en la gente que creemos que piensa más o menos como nosotros y cuando de verdad se ponen en juego los derechos humanos es cuando creemos que piensa muy distinto a nosotros. Nuestros padres son un símbolo y nadie se anima a pedir por sus derechos y nadie se anima a reclamar como en el caso de Milagro Sala. Consideramos que su detención esté ajustada a derecho. Sabemos lo que es pasar muchos años en prisión injustificada y sabemos lo que es estar sometido a un poder inmenso del Estado y no poder acudir a nadie porque, en nuestro caso, son los jueces y los fiscales los que violan esos derechos.

— Si ustedes le pudieran pedir algo a los organismos de derechos humanos nacionales e internacionales, ¿qué les pedirían?

— RM: Nosotros tenemos cuatro pilares como ONG. En primer lugar el tratamiento igualitario de la ley para todos, que haya jueces independientes, que los procesos sean legales e imparciales, que no haya ningún tipo de duda sobre la conformación del tribunal y los antecedentes. Y, por último, que se cumpla la ley que está. No pedimos ni amnistía ni ningún tipo de decreto, ni nada nuevo. Solo que se respete la ley, la Constitución, las reglas Mandela, los derechos humanos.

— AG: que no haya detenidos sin pruebas, que no haya ninguna violación a los derechos humanos ni para nosotros ni para ningún preso en la Argentina.