Por Martín Casares [1]
Este año, la
Argentina ha reafirmado su compromiso con la Corte Penal Internacional de La
Haya mediante la aprobación en el Congreso de las enmiendas de Kampala. El
punto más importante de estas reformas es que se otorga a la Corte Penal
Internacional la posibilidad de investigar y juzgar agresiones entre Estados.
Dicho de forma más llana: si un país agrede a otro, la Corte Internacional
tendrá la facultad de investigar a los agresores y establecer sanciones.
La aprobación de las
enmiendas, que fue una iniciativa de la canciller Susana Malcorra y del
ministro de Justicia y Derechos Humanos Germán Garavano, no es la única acción
que impulsa el Gobierno nacional respecto a la Corte. También se ha firmado un
acuerdo de colaboración para la protección de testigos que brinda a la Corte un
aporte concreto y necesario.
Asimismo, el jueves
pasado se realizó un seminario de capacitación sobre el sistema de justicia
penal internacional creado por el Estatuto de Roma destinado a legisladores,
jueces, fiscales y funcionarios. Allí se explicó el funcionamiento de la Corte
Penal Internacional y el modo en que los Estados pueden colaborar para que su
funcionamiento adquiera una relevancia internacional mayor y así terminar con
la impunidad de quienes cometen los peores crímenes.
El conjunto de
acciones referidas a la Corte Penal Internacional forma parte de la reinserción
de la Argentina en el mundo. Debe destacarse que el apoyo de nuestro país llega
en un momento delicado para este importante tribunal internacional, ya que en
2016 Rusia ha tomado distancia de la Corte, y también se han retirado de ella
Sudáfrica, Gambia y Burundi.
¿Por qué es relevante
mantener la apuesta por La Haya? La Corte Penal Internacional juzga crímenes de
guerra, agresión internacional, genocidios y lesa humanidad. Para la Argentina,
este tipo de juicios tiene un impacto cultural y estratégico muy grande. En lo
cultural, el apoyo al juzgamiento de los crímenes de lesa humanidad reafirma el
compromiso con los derechos humanos que nuestro país ha asumido desde la vuelta
de la democracia.
En lo estratégico, el
apoyo en este momento crucial ubica a la Argentina como una referencia para la
Corte Penal Internacional tanto en Latinoamérica como entre los países
emergentes. El liderazgo de nuestro país es relevante para brindar un sostén a
la Corte en la región y en el hemisferio. En un mundo globalizado y con
escenarios de conflictos por los recursos naturales, no es menor que la
Argentina afiance su relación con una organización encargada de defender a
quienes reciben agresiones.
La presencia en La
Haya también tiene un contenido positivo para la política nacional. De la
última visita a la Corte participaron tanto representantes del Gobierno como
miembros de la oposición, como la diputada Margarita Stolbizer, presidente de
Parlamentarios para la Acción Global (PGA). Esta es otra señal importante de la
disposición al diálogo y a la construcción de políticas de Estado que presentan
en la actualidad tanto el Gobierno nacional como los representantes de otros
espacios políticos relevantes. De este modo, Argentina reafirma su compromiso
internacional y su solidaridad con las víctimas de los más graves crímenes
contra la humanidad que se cometen en todo el mundo.
[1] El autor es subsecretario de
Política Criminal, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.
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