Coincido con el
título de la nota de Julio Montero, "El
contrato del Nunca Más nunca existió", pero no tanto con la
fundamentación. Es que el supuesto contrato no fue redactado por toda la sociedad argentina, sino por un
sector. Además, tenía limitaciones
fácticas (investigar desapariciones y apropiación de niños, pero no todos los crímenes y estragos y
temporales (solo lo ocurrido en el Proceso) que fueron tan estrictas que llevaron al eminente doctor René Favaloro a
renunciar a la Conadep, en una actitud poco recordada. Otro sector muy
importante de la sociedad argentina rechazó la versión del informe Nunca Más a tal punto que el ministro del Interior de Alfonsín
prometió un segunda parte, promesa que cayó en el olvido. Y luego hubo
levantamientos, leyes e indultos, y ataques terroristas como el de La Tablada.
La investigación de la Conadep sobre las desapariciones fue muy encomiable,
pero no así el informe Nunca Más, al
que calificamos como parcial y sesgado en el libro Definitivamente Nunca Más[1]
(1985), que escribí con Enrique V.
Del Carril[2],
pues es lo que ocurre cuando se intenta evaluar las consecuencias desvinculadas
de las causas. Por la falta de un documento oficial completo e imparcial, 40 años después nuestra sociedad continúa
dividida y con incongruencias: ex-terroristas (que también atacaron un
gobierno constitucional) gozando de puestos y reconocimientos públicos, de
sustanciales indemnizaciones -y hasta,
en algún caso, erigiéndose en censores de la vida institucional-, en tanto
los represores, calificados de genocidas[3],
padecen decisiones judiciales inverosímiles que afectan sus derechos humanos, y
en ocasiones son juzgados por magistrados que fueron guerrilleros o
simpatizantes y sufren una corrosiva discriminación en una situación que definí
como “El gulag
argentino” (la nacion, 16 de junio de 2016).
Horacio
M. Lynch[4]
NOTA:
Las imágenes, referencias y destacados no corresponden a la nota original.
[1] La otra cara de la CONADEP.
[2] Abogado egresado de la
Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Católica Argentina,
Buenos Aires, 1970. Miembro del Colegio Público de Abogados de la Capital
Federal. Fue Presidente del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires
(2006-2010), habiéndose desempeñado anteriormente como Director y miembro del
Consejo Asesor del Directorio. Actualmente es presidente de la Comisión de
Justicia del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires.
[3] No se conoce ninguna sentencia
por genocidio en los mal llamados juicios de lesa humanidad.
[4] Abogado, (UCA) desde1966
ejerce la profesión en su firma Lynch & Asociados- Abogados.
Fundador de FORES en 1976, presidió la entidad por
veinte años, hasta 1996.
El Foro de Estudios sobre la Administración de
Justicia, es la primera institución de América Latina creada para el
mejoramiento de la Justicia y la reforma judicial.
Como Presidente de FORES, fundó la Escuela de
Abogacía de Buenos Aires (1984), dedicada a la formación práctica de los
abogados.
Tiene trabajos e investigaciones sobre: plan de
reforma judicial, la Corte Suprema, educación legal y formación de abogados en
la Argentina, ética de la abogacía y magistratura, la profesión de abogado, la
seguridad jurídica y desarrollo económico, Justicia y economía.
Ha integrado el Directorio del Colegio de Abogados
de la Ciudad de Buenos Aires, y ha dirigido su Centro de Investigaciones
Es miembro del Consejo Consultivo de la Escuela de
Derecho de la Universidad Torcuato di Tella desde 1996.
También está especializado en las nuevas
tecnologías de la información y de las comunicaciones. En 1996 fundó ITCENIT,
Centro de Investigaciones en investigaciones en Information Technology
En este campo ha efectuado investigaciones sobre
en a) ingreso de la Argentina en la Revolución Digital; b) impacto de las TIC
sobre el Derecho, c) comercio electrónico y firma digital.
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