Nuestro amigo periodista de origen español, pero sin fronteras, nos hizo llegar un artículo de su autoría y que fuera publicado el pasado viernes en Revista Atenea Digital de España. En el que efectúa un análisis críticos de los juicios a los militares en Latinoamérica y los califica como una suerte de “revisión histórica”… justamente en la República Argentina
Los juicios a los militares en Iberoamérica: a vueltas con la memoria histórica
viernes, 16 de diciembre de 2011
Ricardo Angoso
En casi todos los países de América Latina se asiste en los últimos tiempos a una suerte de revisión histórica de lo que aconteció en las últimas décadas. En Argentina, Brasil, Chile, Uruguay, e incluso en países sin largas dictaduras o que no las padecieron, como los casos de Colombia, decenas de militares se han sentado en los últimos tiempos en el banquillo de los acusados y, en muchos de estos casos, estos uniformados fueron condenados. ¿Es realmente el deseo de cumplir con un anhelo de justicia tras unas supuestas violaciones de derechos humanos o una simple vendetta política?
Argentina, por ejemplo, es el mejor caso de las contradicciones y diferencias en las que vive este país cuando han pasado más de 35 años desde el golpe de estado que abrió el camino a un período de gobierno dominado por juntas militares. Los militares que participaron en aquellos sucesos, que iniciaron el denominado "Proceso de Reorganización Nacional" que se llevó a cabo entre 1976 y 1983, han sido perseguidos, encausados y una buena parte, condenados, pese a que muchos de ellos fueron juzgados por segunda vez y gozaban incluso del perdón presidencial que les otorgó el presidente Carlos Menem, allá por el año 1989.
El asunto, desde luego, rompía con todas las normas jurídicas al uso y tenía como principales impulsores a los dos presidentes Kirchner, marido y mujer. El emblema de estos procesos argentinos contra los militares es el general y jefe de Junta Militar de entonces, Jorge Videla, condenado en el 2010 a cadena perpetua por los sucesos que ocurrieron en los tiempos de la dictadura. Para muchas víctimas del terrorismo en aquellos años, Videla es un héroe, mientras que para los colectivos que exigen "justicia" es un genocida. ¿Quién tiene razón?
Los casos de Brasil, Chile y Uruguay
En Brasil, cuya presidencia está en manos de una antigua guerrillera confesa, se creará próximamente una Comisión de la Verdad que investigue y elabore un informe sobre los años de la dictadura militar (1964-1985) y sobre los acontecimientos que se sucedieron en aquellos tiempos. Siendo la primera de las dictaduras de la época de la doctrina de la seguridad nacional, en la que se utilizó el ejército para luchar contra el terrorismo y la subversión, las víctimas de las dos partes difieren acerca del alcance que pueda tener esta Comisión, aunque habrá que esperar hasta leer el informe final para que se escuchen las reacciones. Las asociaciones de derechos humanos de izquierda, muchas cercanas a la antigua guerrilla, consideran que fueron asesinadas y desaparecidas en su país más de 500 personas. Las víctimas del terrorismo consideran a tales víctimas, en su gran mayoría, como activistas criminales.
Respecto a Chile, como era de prever tras la victoria de la antigua oposición antipinochetista en las primeras elecciones libres habidas después de la salida de Augusto Pinochet, varios militares, incluidos un jefe de la policía política del régimen, la temida DINA, fueron procesados, juzgados y condenados por la justicia chilena. El caso más conocido fue el de su jefe, Manuel Contreras, quien más tarde acusaría al difunto Pinochet de haberse enriquecido con el narcotráfico y de estar detrás de todas las violaciones de derechos humanos perpetradas por la dictadura.
En Uruguay, de la misma forma, varios militares han sido juzgados por sus responsabilidades durante los años de la dictadura uruguaya (1973-1985) y cinco de ellos por la muerte de María Claudia García de Gelman (nuera del poeta argentino Juan Gelman), en un proceso bastante discutible y en condiciones difíciles, ya que han pasado más de dos décadas desde aquellos hechos y muchos de los testigos han fallecido. De la misma forma, el que fuera presidente constitucional y después máximo responsable durante una época de la dictadura (1973-1976), Juan María Bordaberry, también fue condenado, en el año 2010, a cadena perpetua, que no cumpliría porque moriría un año más tarde. La imagen de un hombre enfermo y decrépito ante los tribunales, sin apenas capacidad de respuesta, dio la vuelta al mundo.
Colombia, también en el punto de mira
Respecto a Colombia, los juicios a los militares tienen otro sesgo bien distinto: los uniformados procesados tuvieron un papel destacado y decisivo en la lucha contra la subversión y los dos casos más significativos, el general Arias Cabrales y el coronel Luis Alfonso Plazas, fueron los responsables de la toma del Palacio de Justicia, allá por el año 1985. Aunque hay otros, estos dos casos son los más paradigmáticos de ese período turbulento de la historia de Colombia -aún no concluido-, en el que las fuerzas terroristas del M 19, el ELN y las FARC campaban a sus anchas sembrando el terror en las calles colombianas. Ambos procesados siguen reclamando su inocencia, en la que también creen muchos colombianos, y debemos señalar que el máximo responsable de aquellos luctuosos hechos, el presidente de la república de entonces, Belisario Betancourt, está en la calle y no para de recibir homenajes.
En cualquier caso, al día de hoy ambos militares siguen presos, el ejecutivo se inhibe ante el caso y la opinión pública tampoco parece mostrar un gran interés en el asunto. Para muchas víctimas del M 19, los dos son considerados como unos héroes que contribuyeron a la liberación de casi tres centenares de rehenes y posibilitaron la liberación del Palacio de Justicia tomado por los terroristas. Según los abogados de la parte acusadora, que es deslegitimada por sus supuestos nexos con el M 19, en esta "retoma" fueron desaparecidos varios de los rehenes liberados, ni más ni menos que once, y nunca aparecieron sus restos. Estos desaparecidos -uno de ellos asumido por el coronel Plazas, que asegura que fue llevado en un coche de un ente del Estado ese fatídico día a un lugar desconocido- salieron con vida y fueron después dados de "baja", usando el argot utilizado por el ejército colombiano. ¿Verdad o mentira? Muchas son las dudas que asombran sobre el caso y los testigos, todo hay que decirlo, no son muy fiables.
¿Qué esperas para reclamar justicia verdadera en tu patria?
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