"Terrorismo Cambiario"

Una vez más la presión de de la corporación de los derechos humanos, liderada por el CELS de Horacio Verbitsky, logra media sanción en el Congreso Nacional. Los otrora “jóvenes idealistas” ahora temen que nuevos tipos penales contra el terrorismo den pie para que en el futuro se revisen, como se hizo con los militares, las acciones de los grupos guerrilleros locales, que podrían ser consideradas delitos de lesa humanidad y, por tanto, también imprescriptibles.

La presidente Cristina Fernández Vda. de Kirchner reincide con este intento de volver a la subversión económica a través de la nueva normativa antiterrorista. En su momento se opuso tenazmente a la derogación de la Ley 2.840, durante la presidencia efímera de Eduardo Duhalde.

Por caso, el gobernador de Santa Cruz, Néstor Kirchner, envió el pequeño jet de su provincia a Corrientes para traer a Buenos Aires al senador del Partido Liberal, Lázaro Chiappe, que pretendía votar en contra, pero había perdido la opción de tomar un vuelo de línea antes de que terminara la sesión.

En ese entonces la senadora Cristina Fernández de Kirchner argumentó que esa acción se justifica en la necesidad de impedir la sanción de una ley que "instalará la impunidad".

La subversión económica es una figura penal creada por la ley 2840 de Proceso de Reorganización Nacional, pero pulida luego por el Congreso de la Nación a través de la ley 23.075, que suprimió los artículos que habilitaban la represión estatal. A los ojos de los fiscales de la Nación, ese tipo delictivo ofrece al menos dos ventajas. Una, es que puede fundarse en una serie de hechos que, en sí mismos, pueden no ser delitos, pero que resultaron lesivos para la salud patrimonial de la empresa (por ejemplo, haber vendido toda la flota para rearmarla, luego, con leasing). Otra, es que, los delitos incluidos en el encuadre de subvertir no prescriben.

Sería muy bueno que la señora presidente le devolviera a la provincia de Santa Cruz los famosos fondos de la provincia que fueran sacados del país, por el entonces gobernador de la provincia Néstor Kirchner y de los cuales hasta ahora continúa el más hermético silencio y misterio… con ese dinero el gobernador Peralta podría pagar el aguinaldo a los trabajadores de la provincia.

22.12.2011 | Legislación | Por: Guillermo Cherashny

EL CRISTINISMO, CON NOSTALGIA DEL PROCESO MILITAR

Vuelve la subversión económica de la mano del

“terrorismo cambiario”

Por Guillermo Cherashny para el Informador Público

En mayo pasado, se sancionó la reforma de la ley de lavado de dinero, impulsada por el gobierno nacional para evitar las sanciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), una organización dedicada a coordinar el combate mundial contra el blanqueo de activos.

El GAFI no estuvo conforme con la tipificación del delito de lavado de dinero y decidió entonces mantener a la Argentina en una lista gris hasta tanto no se sancionara legalmente al terrorismo y su financiamiento. Entre las razones de la demora del Congreso gravitaba fundamentalmente la presión de la corporación de los derechos humanos, liderada en este caso por el CELS de Horacio Verbitsky.

Éste públicamente argumenta que el proyecto que acaba de obtener media sanción abre la puerta para la criminalización de la protesta social. Pero en realidad, Verbitsky, el Secretario de Derechos Humanos Eduardo Luis Duhalde y otros muchos temen que nuevos tipos penales contra el terrorismo den pie para que en el futuro se revisen, como se hizo con los militares, las acciones de los grupos guerrilleros locales, que podrían ser consideradas delitos de lesa humanidad y, por tanto, también imprescriptibles. En distintos tribunales argentinos y extranjeros ya hay presentaciones en este sentido.

La reincidente

Así fue entonces que el gobierno se pasó meses y meses sin impulsar el tratamiento legislativo de las reformas. Pero finalmente, en la última reunión que el GAFI realizó en París en octubre pasado, CFK asumió un compromiso formal y, mal que le pese a Verbitsky, remitió el proyecto al Congreso. Como un parche incongruente e inédito en el derecho comparado, se agregó un párrafo especifico que excluye la criminalización de la protesta cuando ésta es el resultado del ejercicio de un derecho constitucional. En otras palabras, que se admite legalmente que se puede ejercer un derecho constitucional en forma abusiva y hasta violenta.

Las exigencias del GAFI sobre sus países miembros se acentuaron después de los atentados terroristas masivos de la última década y de ésta y que ni remotamente se vincularon con manifestaciones masivas para derrocar un gobierno o por reclamos sociales. En efecto, nadie osó calificar como acto terrorista a las grandes movilizaciones de la primavera árabe que ya provocaron la caída de los gobiernos de Egipto, Túnez y Yemen y que amenaza a otros más, para empezar al régimen sirio. Es obvio que el interés del GAFI no es otro que cortar las fuentes de financiamiento del terrorismo fundamentalista internacional y de las organizaciones locales como las FARC, el IRA o la ETA.

Sin embargo, apareció una sorpresa. El nuevo artículo 41 quinquies podría abrir una nueva caja de Pandora. La norma dice: “Cuando alguno de los delitos previstos en este Código hubiere sido cometido con la finalidad de aterrorizar a la población u obligar a las autoridades públicas nacionales o gobiernos extranjeros o agentes de una organización internacional a realizar un acto o abstenerse de hacerlo, la escala se incrementará en el doble del mínimo y el máximo”. El titular de la UFI, José Sbatella, ve, con la aprobación de Olivos, la posibilidad de que la norma sea aplicada a los que fomenten corridas cambiarias o cambiarias. De llegarse a semejante tergiversación de los fines de una ley y por obra y gracia de la paranoia del cristinismo, se podría llegar a invocar penalmente que los que en el mercado apuestan a una devaluación son verdaderos terroristas, ya que intentan destruir el valor de la moneda. Estaríamos, entonces, en presencia de un tipo penal abierto, contrario a nuestro sistema penal y más afín al derecho nacionalsocialista. También se emparenta con la Ley de Subversión Económica, que rigió desde 1974 pero fue usada con mayor intensidad por los funcionarios de la última dictadura militar para penalizar delitos que se habrían cometido en el manejo de empresas y que, después del 2001, algunos jueces utilizaron para procesar a banqueros en causas vinculadas con el corralito financiero.

Cuando durante la presidencia de Duhalde se debatió en el 2002 la derogación de la norma, hubo una férrea oposición de la entonces senadora Fernández de Kirchner, la que utilizó un avión sanitario de Santa Cruz para trasladar a Buenos Aires a un senador correntino y que éste la acompañara en su postura. CFK no pudo evitar entonces la derogación, pero ahora reincide con este intento de volver a la subversión económica a través de la nueva normativa antiterrorista. Obviamente -y pese a la escasa vocación de los jueces para sostener su independencia- no será fácil encontrar magistrados para semejante despropósito.