Lunes 09 de abril de 2012 |
Publicado en edición impresa
por Alberto Solanet para La Nación
Los derechos humanos como política de Estado. Este concepto ha sido
enunciado más de una vez por el presidente
de la Corte Suprema ,
doctor Ricardo Lorenzetti, y es impulsado por el Gobierno a partir de 2003
en relación con la violencia desatada en el país durante los años 70. La
decisión oficial ha consistido en delegarle toda la responsabilidad y las
consecuencias de su ejecución al Poder Judicial. El resultado es que la política de derechos humanos ha sustituido al
derecho, y consecuentemente se ha minado el Estado de Derecho que debiera regir
en la Argentina ,
y en especial en la administración de la justicia federal en todo el territorio
de la Nación.
La nueva mayoría de la
Corte instalada a partir de 2003 se encargó de "remover los obstáculos" que
se presentaban para la concreción de esta política, y a partir de allí poder
juzgar hechos ocurridos hace 35 años. Para ello arrasó con el principio de
legalidad -pilar de las libertades en el mundo occidental- aplicando con
retroactividad tipos y condiciones de delitos que no existían al momento de los
hechos. Empleó además retroactivamente, en perjuicio de los imputados, leyes
más gravosas; desconoció el instituto de la cosa juzgada y el de la
prescripción, mientras que privó al Legislativo y al Ejecutivo de los dos
instrumentos soberanos -y por ende revisables- que la Constitución les dio
para consolidar la paz interior, esto es, la amnistía y los indultos para cualquier
clase de delitos, especialmente los cometidos en escenarios políticos. La "política de Estado" fijada en
la era Kirchner es aplicada sólo a
sus enemigos, una de las partes de aquella violencia, tomando el cariz de
venganza, sin justicia. No se justifica de ninguna manera el remanido alegato
de que en su momento, en el plano de una guerra revolucionaria, quienes son
ahora juzgados omitieran respetar las garantías de la defensa en juicio. La
sociedad fue atacada sin contemplaciones, con prescindencia de cual fuera el
carácter del gobierno de turno, constitucional o de facto. Si la derrota militar del ataque terrorista hizo posible que finalmente
rija la Constitución
y el estado de derecho, es obligación de quienes hoy gobiernan asegurarlo
plenamente.
Los precedentes judiciales resueltos por la Corte , útiles para esta
llamada "política de Estado", abrieron las puertas para la
persecución ilimitada de los opositores. Así
es como estableció una sinuosa jurisprudencia, mediante la cual sólo los actos
protagonizados por los miembros de las fuerzas armadas y de seguridad
constituirían delitos de lesa humanidad y por ende imprescriptibles e
imperdonables. No así los cometidos por los terroristas del ERP, Montoneros,
ETA, cualquiera fuera la aberración de sus acciones; sólo éstos fueron
prescriptibles y perdonados.
Esta "política de
Estado" está encaminada no sólo a encarcelar a cientos de oficiales,
suboficiales y hasta soldados y policías, sino también a civiles que formaron
parte del gobierno militar. Por ello se abrieron causas sobre quienes actuaron
como gobernadores, ministros o secretarios de Estado, aunque jamás hayan
participado de la lucha antiterrorista, únicamente por haber formado parte de
aquel gobierno. La amenaza se ha extendido al mundo laboral y a la Iglesia. Sindicalistas
fueron acusados de pertenecer en su juventud a la Triple A , mientras
obispos y sacerdotes desfilan en los Tribunales como imputados o testigos para
responder preguntas incriminantes, como presuntos colaboradores o encubridores.
Todas estas personas representan hoy una minoría vulnerable y discriminada a la
cual no sólo se la ha privado de las garantías elementales que asegura la Constitución , los Tratados Internacionales de Derechos
Humanos y el Código Penal de la
Nación , sino que se los juzga con un proceso hecho a su
medida y en su perjuicio. Así, se les niega la detención domiciliaria a quienes
tienen más de 70 años. Se los mantiene sine die, por cuatro, cinco y hasta
nueve años en prisión preventiva sin condena. Se los juzga y pena no por su
actuación sino simplemente por el destino que revistaban en sus legajos, es
decir la supuesta función cumplida en su puesto sin importar si tenían o no el
dominio de los hechos. Se condena a guardiacárceles y agentes de policía por
cumplir órdenes de custodia hace 35 años. Se mantiene en la cárcel o en proceso
a personas discapacitadas, mental y físicamente, de 80 y más años de edad.
Muchos de ellos padecen cáncer, o siendo cardíacos se los lleva a juicio con
oxígeno o con suero. Ya se elevan a 147 los presos en estas condiciones que han
muerto en cautiverio sin haber recibido condena. Se impide que quienes ya
cumplieron sobradamente los requisitos obtengan la libertad condicional,
sometiéndolos a nuevos procesos constantemente, máxime si se trata de presos
"emblemáticos". Ellos saben
que con esta justicia están condenados a morir en la cárcel.
La llamada "política de
Estado" se ha extendido inevitablemente a la prensa. A la permanente
amenaza que sufrió la señora Ernestina
Herrera de Noble se agregaron las denuncias y pedidos de detención para los
titulares de los medios más importantes del país, por hechos acaecidos aún
antes del golpe militar. Tal es el caso Papel Prensa, en el cual algunos jueces
han evitado la disparatada calificación de delito de lesa humanidad,
resistiendo las presiones con la mínima independencia que les queda.
Toda esta tarea requirió disciplinar a la magistratura federal,
acusando, apartando y relegando de ascensos y nombramientos a jueces que no
garantizaran la continuidad de esta "política
de Estado". Mientras tanto, la Justicia Federal ,
responsable en todo el territorio de investigar -entre otros graves delitos- la
corrupción de los funcionarios nacionales y perseguir el narcotráfico que se
enseñorea impunemente en nuestra sociedad, se encuentra ocupada casi en su
totalidad por audiencias que duran y continuarán durando años enteros para
juzgar hechos ocurridos hace 35 años.
No ha surgido entre nosotros un Adenauer, ni un Mandela,
ni senadores y diputados como los que celebraron el Pacto de la
Moncloa. Ellos les dieron a sus países un punto de apoyo desde
donde comenzar la convivencia pacífica posible, la reconciliación, la concordia
verdadera, la amistad política, como legado para los hijos y nietos que no
vivieron el odio, el enfrentamiento y la violencia.
El resultado
de la ausencia del principio de legalidad es que todos los ciudadanos estamos
en libertad condicional, sujetos al arbitrio del poder de turno. Urge que se
ponga fin a esta iniquidad mediante una solución política y jurídica adecuada a
la magnitud de los daños que ya ha producido y seguirá produciendo. La
superación de los hechos de los 70 (s) exige una solución política inmediata.
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