Por el
Diputado Nacional Juan Martín Obiglio
El
aumento de los delitos que afronta la sociedad argentina, va de la mano de la
cada vez más extendida inserción del narcotráfico en el país. Esto es algo que
dice el sentido común y que confirman las estadísticas serias. Los delitos
relacionados con el tráfico de estupefacientes, antes y después de cometidos,
disparan los índices de violencia.
Es
la droga, por ejemplo, la culpable de las muertes por enfrentamientos entre
bandas de traficantes en disputa por un territorio; o la que lleva a los
jóvenes a robar, asesinar y secuestrar para conseguir los fondos con los cuales
comprarla. La adicción es la que empuja a miles de jóvenes a la prostitución,
lo que trae aparejada, entre otras cuestiones, la trata de personas.
Pero
es también la droga, a través de las sumas millonarias de dinero que se mueven
a su alrededor, la que busca, y muchas veces consigue corromper a los máximos
responsables de las instituciones que debieran combatirla, como bien saben los
santafecinos luego de ver removido a su Jefe de Policía ahora, pero como
también vienen viendo con el robo de armas de grueso calibre de dependencias
militares de la Provincia.
La
pregunta que debiéramos hacernos es sí existe la voluntad real del Gobierno
nacional, y de los provinciales, de atacar de raíz este problema. Algunos
hechos recientes hacen dudar.
A
mediados de 2011 la Presidente Cristina Kirchner, bajo el pretencioso nombre de
“Operativo Escudo Norte”, anunció un plan de defensa de nuestra frontera Norte
totalmente deficiente e ineficaz. El mismo consistió en el emplazamiento de un
radar de defensa 3D, el despliegue de veinte radares RASIT y en la firma de
contratos con el INVAP para la construcción y desarrollo de seis nuevos radares
de defensa 3D en un plazo de cuatro años.
En
primer lugar, hay que aclarar que los radares RASIT, con un radio de alcance de
apenas veinticinco kilómetros, fueron diseñados específicamente para la
detección de vehículos blindados y formaciones de infantería en campos de
batalla convencionales de planicie. Con las características descriptas,
difícilmente pueda esta tecnología ser aplicada para el rastreo de grupos de
escasa cantidad de personas en zonas de monte denso como el de nuestro Norte,
ni para detectar aeronaves que vuelen por encima de los cuarenta metros de altura.
Es decir, no puede reemplazar a la patrulla de reconocimiento que se desplaza
por el monte en busca de pistas de narcotraficantes y delincuentes, ni suplir
la falta de radares militares 3D para la detección de vuelos ilegales que
obviamente vuelan a alturas muy superiores a los cuarenta metros.
Por
otro lado, y aunque el acuerdo con INVAP sea cumplido, lo cierto es que con tan
sólo seis radares 3D no se logra absolutamente nada en lo que a la protección
de nuestras fronteras se refiere. Para cubrir eficientemente el límite Norte de
nuestro país, con el grado de superposición necesario entre radares, hace
falta, mínimamente, el doble de los previstos por el Gobierno. Si a la escasa
cantidad de equipos previstos se suma el excesivo plazo de casi cuatro años
para completar el programa, queda en claro que no hay real intención de
controlar una frontera que ya se ha convertido en un corredor de la droga.
El
propio Gobierno calcula que hay un promedio de cien vuelos ilegales que cruzan
nuestras fronteras cada día, el programa oficial implica tolerar que en los
próximos cuatro años crucen nuestras fronteras ciento cincuenta mil vuelos sin
control, traficando drogas, personas y productos de todo tipo. Por otro lado,
este programa de radarización, no establece un protocolo para la intercepción,
identificación y, en última instancia, derribo de las aeronaves clandestinas.
Por lo tanto, ni siquiera sirve para amedrentar a los narcotraficantes.
La
frontera Norte de la Argentina presenta gravísimas fallas de control,
terrestre, marítimo y aéreo, que repercuten en todo el territorio de la Nación.
Cabe entonces preguntarnos sí el accionar a medias del Estado responde a una
negligencia inaceptable o es lisa y llanamente complicidad con el delito.
Publicado
en diario La Capital de Rosario. Jueves 22 de noviembre de 2012
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