¡EXPROPIESÉ… EXPROPIESÉ… EXPROPIESÉ!

Antes que nada nos disculpamos por la extensión de la nota, pero la gravedad del tema lo justifica.

¿Será el “plan de reordenamiento territorial”, ahora dirigido por Juan Manuel Abal Medina, el arma secreta del kirchnerismo para vencer en las elecciones legislativas del 2013 y obtener la mayoría parlamentaria que el permita ejecutar el “plan de Cristina eterna”?

Juan Manuel Abal Medina

Al proyecto, todavía en discusión, de confiscar el predio de la Sociedad Rural Argentina, le siguen muchos otros de similar catadura. Tales como el que nos describe Carlos Marcelo Shäferstein en la carta que nos enviara y transcribimos a continuación, como así también la nota del Informador Público, titulada Comienza a aplicarse un plan para desalojar viviendas militares… parecen acciones aisladas y no relacionadas con la sociedad civil o clase media, solo dirigidas contra la Sociedad Rural –el campo- y las Fuerzas Armadas, enemigos seleccionados y predilectos de la presidente en su acción de gobierno –a pesar de la fantochada de la recepción de la Fragata Libertad-… tenga cuidado el próximo puede ser usted, recuerde que “VIENEN POR TODO”.

Carlos Marcelo Shäferstein

El 27 de diciembre de 2012, Pacificación Nacional Definitiva envío un mail invitando a a las 19:00 horas al Predio de la Sociedad Rural a cantar el Himno Nacional en repudio al intento del poder de turno en confiscar por decreto su tradicional predio ferial en Palermo.

predio de la Sociedad Rural Argentina

De la misma manera en más de una oportunidad nos hemos referido a los negocios inmobiliarios entre la ministro Nilda Garré y el general de división César Santos Gerardo del Corazón de Jesús Milan, disponiendo de distintos terrenos fiscales. Ahora ya es un plan nacional y continuará avanzando en la medida que los argentinos seamos pasivos y nos dejemos violar nuestros derechos civiles.

general de división César Santos Gerardo del Corazón de Jesús Milan

Sinceramente,

Pacificación Nacional Definitiva

Por una Nueva Década en Paz y para Siempre

Campo Argentino de Polo

Estimados señores de Pacificación Nacional Definitiva:

A lo que Ud. menciona... nadie dijo nada que el lunes pasado CFK, con la excusa de terminar con el «aristocrático» deporte del Polo, ha ordenado que pasen los terrenos del Campo Argentino de Polo y toda la tierra que le dependa al Estado Nacional. El predio pertenece y es administrado desde hace más de cien años al Comando de Remonta y Veterinaria de la Patria...

Campo Argentino de Polo

O sea que nos chorean ciento treinta mil hectáreas de campos de cría de ganado équido y explotación que siempre administró el Ejército Argentino desde la generación del '80.

Antes se quedaron con el CEMBA (Centro Ecuestre Militar) de Báez y Clay, una manzana que fue a remate y nadie ofertó ni por la base: un millón de pesos, para quedársela gratis... en lo que hoy se conoce como Las Cañitas.

En cualquier momento se quedan con el Club Hípico Militar «San Jorge», de Hurlingham.

Club Hípico Militar «San Jorge», de Hurlingham

Gracias a todos los Directores de Remonta corruptos de los últimos años que no saben más que agacharse y abrir las nalgas.

«Malhaya triste destino los caballos argentinos...»

Un abrazo y a ver si nos reunimos a cantarle el Himno Nacional a quién. Las FFAA fueron destruidas y no pueden presentar recursos de amparo. A sus Ejércitos los debería cuidar el pueblo argentino... que hoy es un populacho descerebrado.

Carlos Marcelo Shäferstein (ex jinete militar)

Comienza a aplicarse un plan 

para desalojar viviendas

militares

enero 11, 2013

By Informador Público

En particular alquiladas por suboficiales retirados, para entregarlas a beneficiarios de planes sociales en función de necesidades electorales.

Con las primeras notificaciones, comenzó a implementarse en la última semana de diciembre la aplicación del decreto 1382/12 del Poder Ejecutivo que contempla desalojar de viviendas propiedad de las FF.AA. y de SS a sus actuales ocupantes -en primera instancia personal retirado que regularmente las alquilaba a cada guarnición- para que sean utilizadas por beneficiarios civiles de planes sociales en función de las necesidades políticas y electorales del Gobierno.

Tiempo Militar pudo constatar el caso de un suboficial principal retirado del Ejército que reside desde hace varios años en un barrio militar de Olavarría.

“La ultima semana de diciembre me llego una nota de la unidad a la cual le alquilo que no me renuevan el contrato de acuerdo a lo establecido en el Decreto Nº 1382/12 publicado en Boletín Oficial Nº 32458 del 13 Ago2012”, dijo el afectado cuya identidad, debidamente constatada por nuestra publicación, es mantenida en reserva.

El suboficial señalo que ninguna autoridad le pudo informar las razones de tal medida, señalado que sólo se limitaban a obedecer una orden del Comando de Brigada transmitida por Mensaje Militar Conjunto (MMC).

Cuando vio la luz el año pasado, inicialmente se especuló con que el decreto 1382 sólo afectaría terrenos deshabitados de las fuerzas o antiguos cuarteles. Ahora, la cruda realidad es que -a juzgar por lo que se invoca en la comunicación enviada- involucra a viviendas de los barrios militares, tradicionalmente alquiladas a sus usuarios, en especial personal de suboficiales que suele fijar residencia definitiva en su lugar de destino, en particular cuando deja la actividad.

periodista Mariano Obarrio 

En este marco, y para comprender la trama de la espinosa cuestión, es útil traer e la luz un artículo del periodista Mariano Obarrio publicado en la edición impresa del diario La Nación, el 3 de septiembre del año pasado, cuyos términos son los siguientes:

La presidente Cristina Kirchner les quitó a las Fuerzas Armadas y de seguridad todas las facultades de administración y la disposición de sus propios inmuebles, competencias que ahora pasarán a la Agencia de Administración de Bienes del Estado.

En el artículo 19 del decreto 1382, por el que se creó esa agencia el mes pasado, derogó dos leyes, cuatro decretos y un artículo de una ley que fijaban esas competencias de las fuerzas sobre las tierras militares, que comprenden grandes extensiones que podrían ser loteadas.

Según confiaron a La Nación fuentes castrenses, “todos los cambios están muy herméticos en el Ministerio de Defensa, pero todos los altos mandos ya descuentan que deberán ceder los terrenos”.

“No se sabe aún cuáles, pero lo cierto es que los generales están resignados y cederán todo lo que les pidan y más también para estar bien con la Presidente”, confió a La Nación un alto jefe militar, descontento con la norma. Incluso, se menciona la posibilidad de afectar terrenos de Campo de Mayo al nuevo plan de ordenamiento territorial.

En su artículo 19, el decreto 1382 derogó las leyes 23.985 y 24.159 y los decretos 653/96; 433/2007, 35/2001; 443/2000, y el artículo 14, inciso h de la ley 26.352.

Ellos regulaban las disposiciones a las que se ajustaban los bienes inmuebles de las Fuerzas Armadas, el Ministerio de Defensa, la Gendarmería Nacional y la Prefectura Naval Argentina, la ex Onabe, y la Administración se Infraestructura Ferroviaria (Adif).

La propiedad privada

Tal como informó La Nación el domingo 26 de agosto, un anteproyecto del Ministerio de Planificación facilita la expropiación de terrenos privados por razones sociales. En el Gobierno confirmaron que la intención es rescatar la “función social” de la propiedad privada, al poder declararla de “utilidad pública”.

El ministro de Planificación, Julio De Vido, negó que la intención política del Gobierno fuera expropiar terrenos, aunque luego admitió que se podría hacer sobre la base de las leyes vigentes.

ministro de Planificación, Julio De Vido

No obstante, el proyecto de ley, que se incluye en el plan de ordenamiento territorial, se diseñó en el Consejo Federal de Planificación y Ordenamiento Territorial, que dirige Graciela Oporto, en el ministerio que preside De Vido.

Graciela Oporto, subsecretaria de Planificación Territorial de la Inversión Pública de Nación

El borrador de esa iniciativa facilitará las expropiaciones si lo amerita el interés colectivo, que es, a juicio del texto oficial, el bien superior al cual estarán sujetos el uso y la propiedad del suelo.

Este plan se complementaría con el de distribución de tierras fiscales entre los sectores de bajos recursos, según lo requiera el “interés público”.

Para cada caso de necesidad social, podría así elegir el Gobierno si recurre a terrenos fiscales o de propiedad privada “cuando la situación socioterritorial lo requiera”.

Un segundo artículo de La Nación, firmado por el mismo articulista y que globaliza la nota precedente, también publicado en la misma fecha expresa:

El gobierno de Cristina Kirchner prepara un ambicioso plan para destinar tierras fiscales a la construcción de nuevas viviendas sociales, con el fin de relocalizar familias de bajos recursos que viven en villas de emergencia y asentamientos precarios. El proyecto, que se instrumentará en el camino hacia las elecciones legislativas del próximo año, contempla además la posterior urbanización de las villas beneficiadas, una vez que los habitantes se hayan trasladado.

Villa 31 en Retrio

El Estado se haría cargo de las nuevas construcciones y concedería la escritura a cambio de un pago muy bajo extendido en un plazo prolongado. También planean construir escuelas y hospitales públicos, según confiaron altas fuentes oficiales a La Nación.

Se cubrirían así dos necesidades del Gobierno: por un lado, frenar el crecimiento exponencial de las villas en los últimos años. Por el otro, jugar una carta ganadora para las elecciones del año próximo, vitales para el oficialismo en el objetivo de mantener vigente la idea de la reforma de la Constitución, con la re-reelección de la Presidente incluida.

“Preocupa mucho la presión de las villas. Por eso se conformará un gran banco de tierras fiscales para barrios de viviendas sociales”, confió a La Nación un allegado al jefe del Gabinete, Juan Manuel Abal Medina, que dirige el ahora denominado “plan de reordenamiento territorial”. El jefe de los ministros no respondió las consultas de La Nación por este tema.

Cristina Kirchner firmó el 9 del mes pasado el decreto 1382/12, por el cual creó la Agencia de Administración de Bienes del Estado. Se trata de una “superagencia” a la cual todos los ministerios y organismos de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial le deberán informar sobre los inmuebles que poseen, para conformar en 90 días un registro único de bienes del Estado. Ése será “un gran banco de tierras fiscales” que se distribuirán entre los más necesitados.

Todavía no está definido el criterio de reparto. La Agencia administrará todos los inmuebles de la Presidencia, del Parlamento y de la Justicia, de los ministerios, entes autárquicos, ferrocarriles, Fuerzas Armadas y de seguridad, y del viejo Organismo Nacional de Administración de Bienes (ex Onabe), que quedó disuelto en ese decreto.

El ex Onabe sólo administraba 1800 inmuebles, los que estaban desafectados a ministerios u organismos públicos. Aun así, la Auditoría General de la Nación hizo un informe en 2006 que determinó falta de registros, inventarios, control, y caos administrativo.

Lo llamativo es que la nueva “superagencia” conservará las autoridades del ex Onabe -de hecho seguirá funcionando en el mismo edificio de Retiro, con fuerte influencia de La Cámpora y pasará a gestionar inmuebles, tierras y edificios cuya cifra no está calculada.

Muchos bienes ni siquiera tienen títulos ni escritura y están en situaciones jurídicas complejas: desocupados, subutilizados, cedidos o alquilados por segunda o tercera vez, a préstamo o bajo ocupación de intrusos. Para este plan se está pensando en destinar terrenos lindantes a las villas por dos razones. En primer lugar, para que no haya problemas de desarraigo que desalienten la mudanza. Y en segundo término para que ese traslado permita urbanizar las villas con mayor nivel de población por metro cuadrado, con el ensanchamiento de las calles y el establecimiento de espacios públicos.

No está en análisis la hipótesis de una erradicación de las villas, ya que expondría al Gobierno a fuertes tensiones sociales.

secretario general de la Presidencia, Oscar Parrilli

El presidente de la Agencia, Antonio Vulcano, responde al secretario general de la Presidencia, Oscar Parrilli. Su vicepresidente, Martín Reibel Maier, es el verdadero cerebro del ente y milita en La Cámpora.

El arquitecto Martín Reibel Maier y el abogado Manuel Horacio Baladrón, ambos integrantes de La Cámpora, fueron designados como vicedirector de la Agencia de Administración de Bienes del Estado y subsecretario de Transporte Aerocomercial, respectivamente.

El decreto 1382 estableció que la Agencia definirá el uso y destino de los bienes para lograr “inclusión social”, “políticas redistributivas para la población”, la “incorporación del valor social” y “la afectación de esos inmuebles a políticas públicas como salud, educación, medio ambiente, producción, administración y vivienda, entre otros”.

También buscará la “preservación del patrimonio inmobiliario”, la “puesta en valor de los inmuebles” y “proyectos de desarrollo local y regional”.

Cristina Kirchner tiene en la mira muchos predios de las Fuerzas Armadas o de seguridad que considera en desuso u ociosos.

Pero no sólo recurrirá a tierras fiscales. El plan se complementará con el anteproyecto de ley que se analiza en el Ministerio de Planificación, que habilitaría la expropiación de tierras privadas al declararlas de utilidad pública y privilegiar su fin social y el interés colectivo, sobre el cual informó La Nación el domingo 26 de agosto último.

Si bien se escriturarían a precios simbólicos para los sectores más vulnerables, también una parte de las tierras fiscales se utilizará para el programa de créditos baratos para vivienda Procrear. Otros terrenos se usarán para el Polo Audiovisual, anunciado el miércoles último.

La fase del modelo de la redistribución de la tierra se exhibirá como la natural continuidad de la etapa de redistribución del ingreso. De hecho, el Gobierno no descarta restituir el artículo 38 de la Constitución de 1949, que reivindicaba la función social de la propiedad privada, en un eventual debate sobre una reforma constitucional. Y en el Congreso analiza regular la propiedad privada en la próxima reforma del Código Civil.

La “superagencia” abrirá discusiones con ministerios y organismos. Podrían entrar en conflicto inmuebles que éstos usen y que la Agencia considere que están ociosos o cuyo personal pueda ser reubicado.

Los bienes deberán identificarse, se cuantificarán, se pondrán en valor, se evaluará su situación catastral y jurídica, se loteará y se zonificará, según las fuentes oficiales. Luego de ello se los deberá dotar de infraestructura básica que muchos no tienen: agua, luz, gas y cloacas. (Tiempo Militar)