Por
Mauricio Ortín
Existen
por lo menos dos formas de atraco: el ilegal y el legal. En el primer caso la
exacción de la propiedad puede llevarse a cabo con éxito o no, si la víctima
logra impedirlo. En el atraco legal, en cambio, si el asaltado se resiste al
robo el ladrón (el Estado) lo puede mandar preso o enajenarle la propiedad en
nombre de la ley y a la vista de todos. La razón que justifica el saqueo legal
aduce que el Estado resulta
imprescindible para la vida en sociedad y que, obligación de los ciudadanos, es
financiarlo. Ahora bien, no se aclara algo fundamental: el financiar ¿qué,
cuánto y cómo? ¿Cuánto debería costarnos el Estado argentino? ¿Cuánto debería
gastar la sociedad para mantener al gobierno municipal y al gobierno
provincial? En los últimos diez años quienes
generan riqueza entregan al gobierno la mitad de lo que producen; es
decir, la mitad del año trabajan para ellos mismos y la otra para el Estado. Y, sin embargo,
nunca le alcanza y pide más. Veamos si no. El flamante ministro jefe de
Gabinete, Capitanich, anunció que aumentará los impuestos a los bienes
suntuarios (autos de alta gama, yates, etcétera). La excusa para hacerlo es la
equidad impositiva. Es decir, el ardid intelectualmente deshonesto que suscita
el resentimiento y la envidia generalizada, según el cual es injusto que los
que más tienen paguen casi lo mismo que los que menos tienen y, por lo tanto,
los primeros deberán pagar más. Si de equidad fiscal, y no de saqueo, fuera la
intención el ministro lograría el mismo efecto equitativo bajando los impuestos
a los que menos tienen. Pero el problema de la economía argentina no pasa
porque los ricos paguen más impuestos sino, más bien, porque los manirrotos y
tarambanas funcionarios estatales dejen de dilapidar lo que no les pertenece.
¿Cómo se entiende que, al mismo tiempo que se estruja a los contribuyentes con
impuestos a “los bienes suntuarios”, se prohíje una ley que asegura a diez mil
individuos, por el hecho de habérselos considerado presos políticos, un sueldo
mensual de seis mil pesos (ajustables a los salarios de la administración
pública)? Hay que considerar, además, que: a) Estos señores ya habían sido
jugosamente indemnizados; b) No se discrimina en cuanto al tiempo de detención,
pues el que estuvo una semana cobrará lo
mismo que el que estuvo siete años; c) Tampoco se distingue entre los que
sufrieron prisión sin tener responsabilidad en delito alguno y los que fueron
encarcelados (la mayoría) por asesinar, robar, secuestrar y levantarse en armas
contra el gobierno constitucional. ¿Para mantener a los depravados que
fusilaron a la hijita del capitán Viola es que Capitanich aumenta los
impuestos? Más que una simple iniquidad esto tiene todas las características
de una injusticia envuelta en una burla
dentro de un disparate. Luís Labraña, ex montonero y persona digna dijo, al
respecto: "no combatimos para dejarle una herencia a nuestros
familiares" y "creo que hubo mucha sangre de por medio en ambos
bandos y no podemos darnos el lujo, con la crisis que está sufriendo el país,
de robar el dinero de los contribuyentes". Martín Caparrós, ex de la misma
organización se manifestó en forma parecida. Los 9.998 restantes tienen también
su gran oportunidad para rechazar por indigna, ofensiva y capitalista a los
seis mil pequeños burgueses pesos (¡Con la honra de un revolucionario no se
juega!).
Mientras los políticos opositores y oficialistas hacen beneficencia con nuestra plata con los que ensangrentaron el país, los “estadistas” hacen política internacional con mayúsculas y nos hermanan a través de gestos trascendentes que reflejan la actualidad de los dos más grandes Libertadores de América. Así, la señora presidente Cristina Kirchner, con la sutileza que la distingue hizo público que, en honor al Libertador Simón Bolívar, le puso a un perrito el nombre de Simón. Los venezolanos y la Patria Grande, agradecidos. A su vez (dicen), en homenaje al General San Martín, el presidente Maduro, ni corto ni perezoso, le habría correspondido ungiendo con el nombre de José a un gracioso monito.
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