OPINIÓN:
KIRCHNER APUNTA A LOS MILITARES POR VENGANZA
Para saldar cuentas de los 70, la
presidenta argentina deja de lado el debido proceso
Por MARY ANASTASIA O'GRADY[1]
April 7, 2014 12:02 a.m. ET
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| Foto: European Pressphoto Agency |
Los líderes populares en América
Latina suelen encontrar poca resistencia cuando les quitan libertades civiles a
ciudadanos impopulares. No obstante, el ejercicio de tan sólo un poco de poder
autoritario es como un aperitivo. Aumenta el hambre.
La Cuba de 1959 fue un ejemplo obvio.
También lo fue la dictadura militar derechista de Argentina, que hizo su propia
ley luego del golpe de 1976.
Ahora la
presidenta argentina, Cristina
Fernández de Kirchner, lleva a su país por el mismo sendero iliberal al negarles su debido proceso a unos 1.600
prisioneros que eran miembros de las fuerzas armadas o la policía en los años
70. Los argentinos y la comunidad internacional han
guardado silencio en gran medida ante esta parodia de justicia, presumiblemente
por lo impopular que fue el gobierno militar. Probablemente lo lamentarán.
El precedente cubano es instructivo.
Dos meses después de que Fidel Castro
derrotó al dictador Fulgencio Batista,
43 miembros de la fuerza aérea cubana, elegidos al azar, fueron juzgados bajo
acusación de haber bombardeado a la población civil durante el conflicto. Un
tribunal revolucionario los exoneró, alegando falta de pruebas.
Sin embargo, Castro no estuvo de acuerdo y anunció un nuevo juicio. Como no se
presentó nueva evidencia, el segundo tribunal no emitió un fallo. Tres días más
tarde, Castro sentenció a los pilotos a 30 años de trabajos forzados. Los
artilleros recibieron 20 años y los mecánicos dos años.
El revolucionario barbudo era un
héroe, había desplazado a un dictador. No
obstante, la nación habría de lamentar el poder que le permitió tener cuando
confinó tanto a enemigos como admiradores a un Estado policial.
Nadie duda que hubo graves violaciones
a los derechos humanos en Argentina por ambos lados cuando los militares
intentaron contener el terrorismo inspirado en Castro que sacudió el país en los años 70. La moralidad, la
reconciliación nacional y la estabilidad de la república requieren que los
responsables sean llevados a la justicia.
Pero
Kirchner no busca justicia. Quiere venganza por las pérdidas que los militares
le causaron a la izquierda, con la que simpatiza.
Luego de que el ex presidente Néstor Kirchner (2003-2007) nombró a nuevos miembros
de la Corte Suprema, el máximo
tribunal anuló la amnistía que gobiernos anteriores habían concedido a
militares desde 1983. En una decisión separada, la corte dictaminó que los
crímenes cometidos por ex miembros de grupos terroristas prescribían. Algunas de estas personas eran empleados
del gobierno de Néstor Kirchner, eran legisladores o lo apoyaban desde los
medios. Luego Néstor Kirchner comenzó a acorralar a
militares y policías que habían prestado servicio durante la guerra de los años
70. La presidenta Kirchner, quien asumió
en 2007, ha acelerado el ritmo de los arrestos.
Según la Asociación de Abogados por la Justicia y la Concordia, organización
sin fines de lucro con sede en Buenos Aires, unos 700 soldados y policías
están en prisión, mientras que otros 900 se encuentran bajo arresto
domiciliario. Los procedimientos
judiciales pueden llevar años. Alrededor de la mitad de los jueces han sido
nombrados por los Kirchner. Defensores de los derechos de los prisioneros sostienen que
todos los jueces enfrentan la posibilidad de perder el cargo o ser transferidos
si sus decisiones no son políticamente correctas.
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| Dr. Alberto Solanet |
Esa
asociación de abogados ha documentado muchos casos de prisioneros de edad
avanzada y enfermos a quienes se les negó el derecho al arresto domiciliario y
cuidado médico.
Alberto Solanet, quien encabeza la
entidad, me dijo por e-mail la semana pasada que 224[2]
de ellos murieron encarcelados.
Las convenciones internacionales
señalan límites para la cantidad de años que el Estado puede mantener en
prisión a personas que aguardan ser juzgadas. No obstante, la asociación afirma
que las cortes han permitido que se violaran esos límites, y algunos
prisioneros han estado detenidos por más de 10 años.
La asociación sostiene que 334 prisioneros han sido condenados por
crímenes cometidos durante la guerra. Algunos quizás sean culpables, pero con
la presión de la presidenta Kirchner sobre la justicia, muchos de
los casos siguen siendo motivo de disputa.
Según abogados defensores y analistas
judiciales, en muchos casos las cortes
ignoran el principio legal de que hacen faltan pruebas más allá de las dudas
razonables para condenar. Los acusados deben demostrar su inocencia. Como
lo señala la asociación de abogados, de unos 400 miembros, "el solo hecho de haber pertenecido a las fuerzas armadas o
fuerzas de seguridad en la época del presunto hecho investigado hace pasible a
sus integrantes de ser procesados y luego condenados". Y agrega: "sin que resulte necesaria la prueba de
su participación efectiva en el hecho del que se los acusa".
En una carta enviada al diario La
Nación el 19 de enero, Aníbal Guevara Bianchi sostuvo que 80% de los
testigos del juicio de su padre afirmaron que no sabían quién era. Un testigo
lo ubicó en un momento y un lugar cuando "ya
no estaba destinado en ese lugar". Otros declararon que había cumplido
con sus deberes de forma apropiada cuando los arrestó. Sin embargo, el padre
de Guevara Bianchi fue condenado "a
cadena perpetua, peor pena que a sus generales en el juicio a las juntas."
El tema del relato de este hijo no es
único entre las familias de los prisioneros. Los argentinos saben sin dudas que no todo está bien en su sistema de
justicia penal. Quizás sean menos conscientes de lo que esto significa para el
futuro de la república.
O'Grady@wsj.com
NOTA: Las imágenes
y destacados no corresponden a la nota original.
[1] Mary
O'Grady (también conocida como Mary Anastasia O'Grady) es una periodista,
editora y columinsta estadounidense, que actualmente ejerce como editorialista
del diario neoyorquino Wall Street Journal. Es miembro del consejo editorial de
este periódico desde el año 1999 y uno de los editores del Índice de Libertad Económica.
Su especialidad son los temas relativos a Hispanoamérica.
[2] El número actualizado de
personas detenidas por presuntos delitos de humanidad ya alcanza a 230
fallecidos –muchos de ellos sin condena– y continuará aumentando por la avanzada
edad y mal estado de salud de los imputados detenidos como presos políticos.
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