CONFLICTO DE INTERESES

Cuando Tirso de Molina pone en boca del personaje de Don Juan Tenorio la famosa frase “No hay plazo que no se cumpla ni deuda que no se pague” le agrega lo de “cuan largo me lo  fiais” descartando que la justicia, en este caso la divina, llegará tarde, luego de una larga vida de burlas  y engaños. Sin embargo, la estatua de piedra de una de sus víctimas lo arrastra  a los infiernos más temprano que tarde.

 Don Juan Tenorio

En el fondo, la idea de la lentitud y aun de la incapacidad de la justicia para castigar los agravios de los taimados o de los poderosos, subyace en la mente de todo aquel que cruza el umbral de las leyes, las normas y la ética. Si algunas veces la lenta justicia finalmente lo alcanza, es porque la sensación de impunidad y la embriaguez del poder llevan al personaje a aferrarse tanto tiempo a su cargo, que fatalmente  no puede escapar a las consecuencias de sus actos.

Si Cristina Fernández, viuda de Kirchner, no se hubiera presentado a la re elección en el 2010, otro gobernante podría o no haber salvado a la nación, pero ella no estaría ahora enfrentando la posibilidad de  un nuevo “default”, la recesión, la inflación del 40 por ciento, los despidos, el vandalismo, las huelgas y piquetes,  el juicio imparable de quien designó como vicepresidente y, sobre todo,  no hubiera tenido que tirar por la borda tantos párrafos de su insustancial pero convincente relato. Pero se presentó, ganó y pretendió ir por más, exactamente “por todo” según sus propias palabras,  y ahora se ve obligada a enfrentar los gruesos errores cometidos y con ello,  el riesgo de terminar su segundo mandato  en medio de un desastre generalizado.

El conflicto más grave e inmediato surge de la posibilidad de caer en una nueva situación de incumplimiento de la deuda externa, comúnmente conocida como “default”. La falla principal del oficialismo fue ignorar al grupo de deudores que no habían aceptado el canje y menoscabar el imperio de la justicia a la que voluntariamente se había sometido la resolución del conflicto. El juez Griesa, convocado de su retiro para abocarse a este problema, agotó su buena voluntad en fallidos intentos por lograr que la parte argentina se aviniera a considerar soluciones aceptables antes del fallo. Azotado y maltratado por la señora presidente en discursos públicos terminó por  negarnos toda razón y cerrar todos los caminos para demorar el cumplimiento de su sentencia. Esta demora que el gobierno argentino considera vital, para evitar un generalizado  asalto de todos los deudores, tanto los que no entraron como los que entraron al canje, ahora depende de la buena voluntad de un juez que no la tiene en absoluto.

Ahora bien, quien esto escribe, como  la enorme mayoría de los argentinos, no posee bonos de la deuda externa. Somos conscientes de que el gobierno podrá experimentar un gran fracaso, tanto si se vuelve a caer en “default” como si  le doblan el brazo y concede el cien por ciento del valor de la deuda a los tenedores de bonos, sean ellos buitres o palomas. Pero quienes tendremos realmente  que pagar la deuda, con los impuestos o las retenciones o las devaluaciones, somos y seremos nosotros, los argentinos de a pie, los “laburantes” y eternas víctimas de los errores de  los gobernantes ineptos o corruptos. Por ello,  deseamos intensamente que el gobierno sea exitoso en su gestión, que logre pagar lo justo y que ello sea lo menos posible, porque cada dólar de deuda que se sume será en detrimento de nuestro bienestar y de nuestro patrimonio.

El problema que observamos, sin embargo, es que quienes llevan adelante nuestro caso tienen  un enorme conflicto de intereses. Por un lado comprenden las consecuencias de caer en un  nuevo “default” pero por el otro no pueden dejar de lado la posición de absurda rebeldía e insensatas niñerías pseudo revolucionarias con que llenaron los oídos de sus  seguidores  y “aplaudidores”. ¿Cómo justificar que además de indemnizar a REPSOL  por las acciones de YPF,  de saldar la deuda con el  “Club de París” en condiciones mucho más desventajosas que las obtenidas por otros negociadores o de pagar los juicios ante el CIADI de empresas anteriormente vapuleadas, ahora también le vamos a pagar todo a los sanguinarios capitales “buitres” que se vienen denunciando ante cada foro internacional que debió soportar  nuestras diatribas?

Pues bien, ese es el nudo del problema,  y lo que podría haberse solucionado en forma discreta y eficaz con el pago rápido a los “holdouts” bajo la cobertura legal de la obligación de cumplir una sentencia,  ahora se ha transformado en un monstruo que fue inventado por nuestros negociadores y que amenaza con devorarnos.

Es posible y probable que el gobierno de Cristina Fernández se refugie en el discurso de que el “default” será producido por el fallo judicial y no acuerde, arrojándonos nuevamente al vacío. Puede que a último momento se encuentre una fórmula que permita evitar ese extremo pero en todos los casos queda claro que hemos llegado a una situación de suma gravedad por el conflicto de intereses entre las mezquinas necesidades políticas del gobierno y los verdaderos intereses de una nación que pretende recuperar su condición de país serio y respetable.

Solo por eso, el oficialismo merece el repudio y la descalificación, además de sus errores conceptuales y morales. El tema está abierto y queda poco tiempo para solucionarlo o al menos postergarlo.

El conflicto de intereses también se evidencia en el plano interno. Tenemos un vicepresidente que registra la inédita situación de ser el primero en ser procesado mientras está en ejercicio. Ello a pesar de las intensas presiones recaídas sobre los jueces que incluyeron la renuncia del Procurador General de la nación y la desafectación del primer fiscal y el primer juez de la causa.  Sin embargo, el peso de la prueba material y los testimonios fueron de tal magnitud que nada logró frenar el lento pero inexorable avance de la justicia.

No cabe duda que resulta pernicioso para nuestra nación que un funcionario en tal delicada situación nos represente en el exterior, reemplace a la señora presidente cuando se ausenta del país y reciba a mandatarios extranjeros. Pero una vez más el conflicto de intereses aparece como factor determinante de las actitudes del oficialismo.

¿Cómo reconocer que la señora presidente se equivocó de medio a medio al elegir sin  consulta  ni consenso a quien habría de acompañarla en la fórmula? ¿Cuánto de lo que hizo Amado Boudou con respecto a la empresa Ciccone fue por su propia iniciativa y cuanto fue a pedido de aquellos a quienes respondía? ¿Cómo justificar la estatización de la empresa cuya apropiación está en cuestión sin saber siquiera quienes eran sus legítimos dueños? Lo que es obvio y natural para la salud  de la república, como sería un pedido de licencia del  vicepresidente hasta que se resolviera su situación procesal, se ve obstruido por los intereses internos del sector gobernante que una vez más están muy alejados de los intereses de la nación.

También en este caso la situación amenaza con precipitarse ante la posibilidad de que Amado Boudou deba enfrentar un nuevo procesamiento, luego de ser indagado en la semana que comienza, por detentar la propiedad de un vehículo con documentación falsificada. Sin duda es un caso vergonzoso y vergonzante en el que la imagen de nuestro país se ve inevitablemente afectada.

El escenario de fondo para estos casos resonantes es el de un creciente deterioro económico y social. El aumento sistemático de precios en las variables que dependen del gobierno tales como impuestos, transporte, servicios, peajes y combustible, se suma a las causas macroeconómicas para disparar la inflación. El gobierno ya reconoce  un 30 por ciento anual y se queda corto ante el 40 por ciento que miden indicadores más confiables. Este es un factor más, que quita competitividad a la producción nacional junto al atraso que ya ha acumulado el dólar desde la última devaluación.

Por si esto fuera poco, el gobierno “kirchnerista” remedando a un personaje de ficción que había sido dotado por el diablo del poder de pudrir todo lo que tocaba, aumentó los impuestos a los autos de alto costo en un momento crítico, desencadenando una reacción en cadena que desestabilizó a toda la industria automotriz. La secuela de despidos y suspensiones sumadas a la incipiente recesión con inflación (fenómeno conocido como “estanflación”) ha empujado reacciones gremiales incentivadas por dirigentes de izquierda que escapan a las mesuradas reacciones de los sindicalistas de origen justicialista. El clima de efervescencia que se traduce en cortes de rutas y ocupaciones de fábricas perturba el desenvolvimiento social y la vida cotidiana. En las próximas semanas, también los grandes sindicatos amenazan con parar el país ante la falta de respuesta a sus pedidos y esto incluye, a su pesar,  a los que aún mantienen diálogo con el gobierno.

Finalmente y quizás representando lo más oscuro del legado de once años de gobierno populista y transgresor, el vandalismo mostró su violencia en pleno centro porteño mientras la ciudadanía pretendía agasajar a su seleccionado de fútbol y por una vez demostrar que se puede valorar una actuación digna, aun en la derrota, si se ha competido con armas nobles y espíritu deportivo. Las hordas que arrasaban la propiedad pública y privada, ante la ausencia de fuerzas policiales que eran contenidas por el invalidante temor de las autoridades a asumir las consecuencias de cumplir con sus deberes y responsabilidades, actuaron con el desenfado   de haber convivido con la cultura de la impunidad durante muchos años de desgobierno populista y “progresista”. Cuando las actuales autoridades hayan dejado su lugar a funcionarios más serios  y responsables pasará mucho tiempo y será necesaria mucha firmeza  y convicción para recuperar los valores de convivencia necesarios para vivir en sociedad. De lo contrario, estaremos condenados a convivir con esta inusitada violencia por generaciones con el riesgo  de que la enfermedad social se torne crónica.

Los candidatos presidenciales afines al gobierno se miran el ombligo y se atemorizan de las consecuencias del deterioro creciente en sus posibilidades electorales pero no sea animan a romper con el oficialismo para no perder el acceso a  “la caja” en sus campañas. Los opositores critican con moderación porque son conscientes de que recibirán un hierro candente y temen que necesitarán del poder residual del kirchnerismo para no ser arrastrados por el legado de descontrol social y económico que encontrarán si acceden al gobierno.

Los ciudadanos, entretanto, se preparan para enfrentar el período más crítico del actual gobierno en que la conjunción  de errores, ineptitud, corrupción, ataduras ideológicas y conflictos de intereses han escalado hasta llevarnos a una situación de extrema gravedad.

Solo nos queda esperar que si Dios hizo el milagro de llevar a un argentino iluminado al sillón papal, nos conceda también la iluminación de  un grupo de dirigentes capaz de trabajar por la Argentina, sin defender otros intereses que los de la Argentina misma.

Buenos Aires, 20 de Julio de 2014

Juan Carlos Neves

Presidente de Nueva Unión Ciudadana

www.nuevaunionciudadana.org  

Twitter    @NevesJuanCarlos