La presentación la
realizó Ana María Carolina Lucioni, viuda del Capitán Oscar Abel Lucioni,
asesinado por Montoneros en octubre del ‘76. Éste es el texto completo:
PRESENTA DENUNCIA POR
CRÍMENES DE LESA HUMANIDAD. SOLICITA REACTIVACIÓN DE CAUSAS
Señor Juez:
ANA MARIA CAROLINA
LUCIONI, por mi propio derecho, con domicilio real en ———– y constituyéndolo
legal en Esmeralda 1376, piso 4 (Estudio del Dr. Bernardo Menéndez) con el
patrocinio letrado del Dr. Edgardo Frola – T 34 F. 672 – a V. S. me presento y
digo:
I.
OBJETO DE ESTA PRESENTACIÓN
Que vengo a presentar
formal denuncia contra todas aquellas personas que hayan estado vinculadas con
la organización terrorista “Montoneros”, y que serán mencionadas a lo largo de
esta presentación por asociación ilícita y por la participación que hubieran
tenido directa o indirectamente en la serie de asesinatos, secuestros, toma de
rehenes y otros hechos cometidos por ese grupo, a partir del 25 de mayo de
1973, de acuerdo con las constancias y fundamentos que se enuncian a
continuación.
Asimismo, solicito la
reactivación de todas las causas en las que se hubiere decretado sobreseimiento
o, simplemente, hubieren finalizado merced a indultos, habida cuenta que los
delitos cometidos por la citada organización constituyen crímenes de lesa
humanidad, como seguidamente se demostrará.
También solicito la
reapertura de todas las causas en las que se hubieren decretado indultos en
favor de la organización “Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP)” y “Partido
Revolucionario de los Trabajadores (PRT)”, requiriendo sean imputados los
miembros de esas organizaciones que no hubieren sido sometidos a juicio, por la
comisión de delitos que también deben considerarse de lesa humanidad, conforme
los argumentos que se exponen seguidamente.
Que esta presentación
la efectúo a pesar de mi opinión personal acerca del valor absoluto de la
irretroactividad de la ley penal. habida cuenta que la Corte Suprema de
Justicia y otros tribunales han violentado ese principio para los casos de
juzgamiento de militares, en orden a la lucha contra la subversión en la década
del ‘70, por una cuestión de elemental igualdad ante la ley, que demanda el
artículo 16 de la Constitución Nacional, se impone el juzgamiento de quienes
han sido nada menos que los agresores en esa contienda. De lo contrario,
llegaríamos al absurdo de contemplar que la ley penal puede o no ser aplicada
de manera retroactiva, según la ideología o posición política de aquellos a
quienes se pretende imputar.
Si la retroactividad
de la ley penal es injusta, más injusto resulta que se aplique exclusivamente
contra una sola de las partes de una contienda y la otra quede preservada para
siempre.
II.
EVIDENCIAS DE LA RELACIÓN “MONTONEROS” – ESTADO NACIONAL Y PROVINCIAL
La jurisprudencia de
nuestros tribunales demanda, hasta ahora, para que un delito sea considerado en
la categoría de crimen de lesa humanidad y tenga carácter imprescriptible, la
relación con un Estado Nacional o extranjero que haya de algún modo intervenido
o ayudado en su comisión. No compartimos esa limitación, como más adelante lo
expondremos brevemente; pero aun si aceptamos ese estrecho criterio, existen
pruebas que vinculan a la organización Montoneros con el Estado nacional
argentino y con el gobierno de la Provincia de Buenos Aires, entre 1973 y 1974.
Evidencia
Nº 1
En su libro “Diario
de un clandestino”, el señor Miguel Bonasso reconoce expresamente que hacía
inteligencia para la organización Montoneros, mientras trabajaba para la
Presidencia de la República, en 1973 [1],. Los párrafos correspondientes a tal
admisión dicen textualmente:
“(Fines de mayo y
primeros días de junio de 1973)
“Ya está: por primera
vez en mi vida soy oficialista y trabajo en la Presidencia de la República.
Mario Cámpora me convocó y me dijo que su tío quería tenerme cerca porque venían
momentos complicados. Me muevo como asesor libre, aunque reviste formalmente en
la Secretaría de Prensa que ocupa el veterano José María Castiñeira de Dios.
Allí, uno de sus segundos, el periodista profesional Oscar García Rey (que
nunca fue peronista y está allí respondiendo a José Gelbard) me pide que
organice un grupo de ‘inteligencia’. Le digo que sí, por supuesto y me cago de
risa. O el tipo es un cabrón y me está gastando porque sabe algo o es un gil a
la acuarela. Porque yo ya realizo tareas de inteligencia pero para la
Organización Montoneros. (…)
“En la Organización
Montoneros, hay un nuevo ámbito ‘de gobierno’, para atender a los compañeros
que nos movemos en esta difícil ‘superestructura’. No debería ni pensarlo, pero
me dio en los huevos encontrarme allí a un oportunista que hace seis meses era
del PRT-ERP y se burlaba de Dardo y de mí, diciendo que no sabía si defendíamos
al socialismo nacional o al nacional socialismo y ahora -que es tan cómodo y
vistoso- ha decidido ‘encuadrarse’ en Montoneros. O, mejor dicho, en el
funcionariado montonero”.[2]
Ese “funcionariado
montonero”, del que habla Bonasso, llegó hasta tal nivel de poder que incluso
los montoneros expulsaron del Ministerio de Educación a sus propios compañeros
que adhirieron al grupo “JP Lealtad” o “Montoneros Lealtad”, como lo relatan
Eduardo Anguita y Martín Caparrós en su libro: “La Voluntad”. Según esa
descripción, la orden llegó desde la cúpula misma de Montoneros y los
funcionarios que ejercían la autoridad formal no podían resistir la
directiva.[3]
Como V.S. puede
fácilmente observar, del reconocimiento de Bonasso y demás bibliografía citada,
se desprenden las siguientes conclusiones:
a) El señor Miguel
Bonasso trabajaba para la Presidencia de la República, a partir de mayo de
1973.
b) Desde ese cargo,
hacía inteligencia para “Montoneros”
c) Había un
funcionario del E.R.P. trabajando para la presidencia.
d) Había ya no un
funcionario, sino un “funcionariado montonero”, como expresamente lo admite el
autor.
e) La coordinación
entre ese “funcionariado” y la organización terrorista era tan estrecha que
“Montoneros” había creado un ámbito para atender a “sus hombres” en el gobierno
y, además, la organización terrorista tenía verdadero poder sobre áreas de la
administración.
Por si existiera
alguna duda, el capítulo citado se titula “EL GABINETE DE LOS MONTONEROS”.
Evidencia
Nº 2
Esas tareas de
inteligencia involucraban -entre otras cosas- escuchas telefónicas realizadas
por el grupo, como surge de la conjunción de párrafos de dos libros de Bonasso.
En el mismo capítulo
del libro “Diario de un clandestino” citado en la “Evidencia Nº 1”,
precisamente en un párrafo situado entre los dos que fueron transcriptos, y
separado aquí por razones metodológicas, el señor Bonasso dice:
“Al mismo tiempo,
ando cerca de otro grupo interesante que se reúne en el Ministerio del
Interior, en torno de dos subsecretarios muy piolas: Domingo Mercante, hijo del
mitológico coronel Mercante a quien en los cuarenta llamaban ‘el corazón de
Perón’, y el excelente jurista Leopoldo ‘Polo’ Schiffrin. Por allí andan
también tres destacados colegas: el Perro Verbitsky, Luis Guagnini y Pablo
Piacentini, que es secretario de prensa del ministro del Interior, Esteban
Righi, para quien escribe un excelente discurso dirigido a los jefes de la
Policía Federal, condenando la tortura.” [4]
Por otro lado, en su
libro “El presidente que no fue”, al describir la confrontación de Ezeiza,
durante el arribo de Perón, y un diálogo con la viuda de John William Cooke,
Bonasso escribe:
“…Walsh opinaba
exactamente lo mismo. Ayudado por el ‘Perro’, había hecho ‘escuchas’ antes,
durante y después de Ezeiza, para tratar de hacer entender a la conducción de
FAR y Montoneros lo que se estaba cocinando a nivel de contrainsurgencia y que
no se detenía así nomás, sólo exhibiendo capacidad de movilización”.[5]
Por tanto, de las
citas transcriptas de los libros “Diario de un clandestino” y “El presidente
que no fue”, ambas referidas al período “mayo-junio” de 1973, surge:
a) Que las tareas de
inteligencia eran compartidas con Rodolfo Walsh y Horacio Verbitsky (“el
Perro”)
b) Que, como mínimo,
Verbitsky pertenecía a un grupo centrado en el Ministerio del Interior, al que
se integraba también Bonasso
c) Que Walsh y
Verbitsky hacían escuchas telefónicas para esa época
Por otro lado, no
constituye un secreto que Walsh y Verbitsky pertenecían al área de
“inteligencia” de Montoneros.
Además de esto, está
claro que los miembros de Montoneros colaboraban con dinero obtenido de sus
sueldos en el Estado en favor de las arcas de esa organización terrorista, como
surge -entre otros elementos- del libro La Voluntad, de Eduardo Anguita y Martín
Caparrós, al referirse a tres “guerrilleros notorios”, asesores de Mario
Kestelboin en la facultad de Derecho, durante la presidencia de Cámpora; lo
cual implica -además- financiamiento del terrorismo y es contrario a la
convención internacional que pide reprimir esa actividad.[6]
Evidencia
Nº 3
Juan Gasparini,
primero militante de las FAR y después de Montoneros, escribió -entre otras
obras- el libro: “Montoneros: final de cuentas”. Al tiempo de la publicación,
según la portada del libro, el autor trabajaba como periodista independiente
desde Suiza y estaba acreditado como corresponsal de las Naciones Unidas en
Ginebra.
En la obra citada,
transcribe una autocrítica de Enrique Gorriarán Merlo, realizada en un
reportaje para la Agencia Latinoamericana de Información, en Cali, Colombia,
1984, en la que el terrorista del ERP sostiene que la lucha armada de esa
organización, durante el gobierno democrático nacido en 1973, “fue utilizada
por parte de los derechistas para adelantar el desplazamiento de sectores
positivos del aparato del Estado como fue el caso de Oscar Bidegain (obligado a
renunciar a la gobernación de Buenos Aires después del copamiento de la Unidad
Militar de Azul) y el de Julio Troxler, en aquel momento subjefe de la Policía
de Buenos Aires”.[7]
Como V.S. puede ver,
Gorriarán Merlo se lamenta de haber contribuido al desplazamiento de Bidegain y
Troxler del “aparato del Estado”. Tal vinculación entre las acciones del ERP y
la renuncia de Bidegain y Troxler fue incluso consignada por el propio
Gorriarán Merlo en su libro “Memorias de Enrique Gorriarán Merlo – De los
setenta a La Tablada”, donde el guerrillero del ERP señala que el ataque al
regimiento de Azul “fue el argumento que utilizó el gobierno para pedirle la
renuncia a Oscar Bidegain, el gobernador de la provincia de Buenos Aires. En
ese momento, Julio Troxler -que era uno de los sobrevivientes de los
fusilamientos de José León Suárez- era subjefe de la policía de la Provincia de
Buenos Aires”.
Y agrega:
“Directamente Perón
habló después de lo de Azul y acusó a Bidegain de haber favorecido la
acción”[8]
Los diarios de la
época indican que efectivamente Perón culpó a Bidegain -quien además tenía su
casa en Azul- por lo ocurrido.
Los hechos y las
propias palabras de Bonasso en el ya citado libro: “Diario de un clandestino”,
parecen mostrar que las sospechas de Perón no estaban centradas en una mera
negligencia del entonces gobernador de Buenos Aires. En efecto, Bonasso relata
en esa obra que Bidegain participó activamente de una reunión del Consejo
Superior de Montoneros, realizada en Managua, durante la revolución sandinista
(abril de 1980), y que propuso incluso pasar ciertas cuestiones a votación,
como efectivamente se hizo.[9] Además, él mismo era miembro del Consejo
Superior de Montoneros.
Por otro lado,
Eduardo Zamorano, en su libro: “Peronistas revolucionarios”, revela que Troxler
impartía entrenamiento militar a los Montoneros:
“Pero seguramente lo
que más molestó a Perón, aquello que activó sus alarmas de viejo militar, fue
el proyecto de las ‘milicias populares’.
“Es sabido que el
Delegado de la Juventud, Rodolfo Galimberti, se desdijo rápidamente de su
exabrupto y, para mayor humillación, fue destituido de su cargo.
“Menos conocido es
que el proyecto no por eso fue desactivado.
“Montoneros comenzó a
brindar instrucción militar masiva a todos sus cuadros. Ello se extendió
incluso a los ‘aspirantes’.
“En las agrupaciones
políticas la formación militar abarcaba el ‘orden cerrado’ y la organización
por pelotones de cinco personas.
“El manual militar
tenía como guía la instrucción que recibían las tropas de infantería de las
fuerzas armadas regulares, incorporándose los elementos acordes con la
especificidad de la situación.
“Los campamentos y
las actividades desarrolladas en ellos, si bien procuraban una cierta
discreción, no eran clandestinos; en la provincia de Buenos Aires, el Sub-Jefe
de la Policía -Troxler- conocía y facilitaba estos emprendimientos”.[10]
Más aún, José Amorín,
otro ex montonero, en su libro: “Montoneros: La buena historia”, revela que las
armas que utilizó la organización para asesinar a José Ignacio Rucci fueron
transportadas por Gustavo Lafleur, por orden de Roqué, “en un auto oficial del
gobierno de la provincia de Buenos Aires”[11]. Este dato, que ya de por sí es
indicio suficiente de complicidad de ese gobierno con el asesinato, podría
indicar también que las propias armas fueron proporcionadas por el Estado
bonaerense.
Pero además, también
Bonasso publicó que “en 1973 Juan Carlos ocupó un cargo formal en el gobierno
de la provincia de Buenos Aires que conducía Oscar Bidegain. El puesto era sólo
una tapadera de su real actividad: la conducción de la columna La Plata de
Montoneros”.[12]
Son varias las
pruebas de este género que ofrece Bonasso. En otra parte del mismo libro
revela:
“En una reunión con
mi ‘respo’ [es decir: el responsable, el superior de Bonasso], el Cabezón
Habegger, y con el Pinguli, trasmito alborozado la buena nueva. Pinguli, en su
estilo parco e introvertido, se muestra complacido y establece que el Cabezón
va a supervisar los preparativos. Tiene credenciales para hacerlo: ha sido el
responsable del Operativo Dorrego donde la Juventud Peronista desarrolló una
tarea de asistencia a la comunidad junto con el Ejército, ha conducido detrás
de las bambalinas a los cuadros que trabajaron en la gobernación de Oscar
Bidegain y tiene muy buenas relaciones con el empresario Miguel Nazar, que
conduce la CGE bonaerense”.[13] (el subrayado es mío).
En
conclusión:
a) Entre 1973 y 1974,
hubo un gobernador de la Provincia de Buenos Aires -Oscar Bidegain- que
pertenecía a la organización Montoneros, integraba su Consejo Superior,
participó de sus decisiones y, como mínimo, resultaba confiable para otras
organizaciones terroristas; además de la acusación elíptica de Perón sobre su
complicidad en acciones como el ataque al Regimiento de Azul.
b) Simultáneamente,
hubo un Sub-Jefe de la Policía de la Provincia de Buenos Aires -Julio Troxler-
designado por el propio Bidegain, quien no sólo era confiable para las
organizaciones terroristas sino que les facilitaba campos de entrenamiento e
instrucción militar.
c) Esa instrucción
militar se impartía a todos los miembros de Montoneros, sin excepción.
d) El apoyo logístico
bonaerense se extendía incluso a los atentados, como el asesinato de José
Ignacio Rucci, para el cual el gobierno de la provincia de Buenos Aires
proveyó, como mínimo, un auto oficial.
e) El gobierno de la
Provincia de Buenos Aires funcionaba como cobertura y apoyo de las actividades
terroristas, muchos de sus cuadros estaban insertados en el escalafón
bonaerense.
III.
EVIDENCIAS DE LA RELACIÓN “MONTONEROS” – ESTADOS EXTRANJEROS
Aun en el estrecho
contexto limitado por la jurisprudencia argentina hasta el momento, para
considerar a un delito entre los crímenes de lesa humanidad, la participación
de un Estado extranjero resulta determinante. Así se ha decidido en el caso de
Arancibia Clavel y también en la reciente resolución sobre el atentado contra
la AMIA.
En orden a ese
criterio, abundan pruebas que demuestran la relación de la organización
terrorista Montoneros con Estados extranjeros, como el Líbano y Cuba, y con la
Organización para la Liberación Palestina, la cual estaba estrechamente
vinculada con el estado libanés y era poseedora de status propio en las
Naciones Unidas.
Evidencia
Nº 4
En el profusamente
difundido libro de Marcelo Larraquy: “Fuimos soldados – Historia secreta de la
contraofensiva montonera”, hay decenas de citas que demuestran la estrecha
cooperación entre Montoneros, el Líbano y la OLP, en ambas direcciones; es
decir, tanto para la comisión de actos terroristas en la Argentina como contra
blancos israelíes.
La colaboración
llegaba a tal punto que los Montoneros recibían instrucción militar y contaban
con campos de entrenamiento en el Líbano y, por su lado, montaron allí -con
tecnología y asistencia tecnológica propia- una fábrica de explosivos plásticos
(que, naturalmente, estaban destinados a cometer atentados en Israel y contra
blancos judíos en el mundo).
Así, el libro citado
describe que “Mendizábal [miembro de la conducción montonera] acababa de hacer
pública la alianza entre Montoneros y la OLP en una conferencia de prensa en
Beirut. La revista Cambio/16 había recogido el tema en un artículo. Allí
Mendizábal revelaba que había instalado una fábrica de explosivos plásticos al
servicio de la OLP y los árabes pusieron sus instructores militares para los
montoneros que comenzaban a entrenarse en El Líbano”.[14]
Más adelante, se
confirma este acuerdo con algunos detalles más:
“Montoneros se
estableció en Beirut en el año 1977, después de cuatro años de relaciones con
la Organización de Liberación Palestina (OLP). Al principio fueron contactos
políticos con un delegado palestino en Europa, luego se firmaron acuerdos de
logística, documentación y transporte de armas. Finalmente la cooperación mutua
se hizo pública en mayo de 1977 cuando el líder árabe Yasser Arafat recibió en
Beirut a los comandantes Mario Firmenich y Fernando Vaca Narvaja. Montoneros,
que sumaba el apoyo internacional de partidos y organizaciones socialdemócratas
y de izquierda, presentó la foto como una victoria política.
“El acuerdo con los
árabes tenía una cláusula secreta: su aspecto militar. La OLP, a través de su
fracción interna Al Fatah, ofrecía campos de entrenamiento, instructores
militares y misiles RPG7, entre otros armamentos. Montoneros, por su parte,
instalaría en el sur del Líbano una fábrica de explosivos plásticos cuya
producción quedaría bajo el mando de un técnico argentino, un ingeniero químico
que contaba con un doctorado en explosivos en el exterior. A un año y medio de
la firma, en septiembre de 1978, los acuerdos se estaban cumpliendo…” [15]
Esto significa que
los miembros de la organización Montoneros son responsables no sólo por los
crímenes cometidos en la Argentina sino también por muchos de los crímenes que
las organizaciones terroristas islámicas hubieran cometido en el exterior
contra objetivos israelíes o estadounidenses, con explosivos fabricados por
ellos y con conocimiento expreso de los fines a los que esos explosivos
estarían destinados.
Abundan las
referencias al apoyo de Estados extranjeros de Oriente Medio:
“Las tropas de
Infantería vivieron en forma clandestina durante tres meses en Buenos Aires
diseñando las acciones militares que luego llevarían a cabo, pero antes se
habían instruido durante otros tres meses en Medio Oriente. Había tres bases de
entrenamiento, dos en El Líbano y otra en Siria, para la preparación de tres
pelotones. Una de las bases estaba ubicada en Damour, una aldea a 24 kilómetros
al sur de Beirut, situado sobre una costa rocosa del mar Mediterráneo, que
había sido ocupada por los palestinos en 1976, después de desalojar a los
cristianos. (…)
“Después, en la casa
o fuera de ella, dos instructores árabes que hablaban inglés -y un montonero
que con la ayuda de un diccionario traducía sus palabras al español- los
interiorizaban sobre el armado, uso y manipulación de explosivos, les enseñaban
a proteger las posiciones y a ensayar los desplazamientos adecuados para tomar
un territorio…”[16]
En otras partes del
mismo libro:
“Durante 1979, el
Departamento de Logística y Personal [de Montoneros] había continuado con el
reclutamiento de combatientes en México y Madrid para enviarlos hacia El
Líbano”.[17]
“…Su hijo Gustavo, de
18, que se había entrenado en El Líbano, era correo internacional de la
Conducción. Viajaba por Europa llevando documentos y pasaportes.” [18]
“…Laura viajaría al
Líbano para hacer la instrucción militar y luego volvería a la Argentina con
las Tropas Especiales de Infantería (TEI).”[19]
Evidencia
Nº 5
Tantas o más
referencias a la cooperación de El Líbano y Siria pueden encontrarse sobre la
cooperación e, incluso, instigación del Estado cubano. La guerrilla montonera
no sólo tenía en Cuba bases de entrenamiento sino también el propio comando de
operaciones y la cooperación estrecha del Estado gobernado por el mayor
instigador y organizador de acciones terroristas en América latina.
Sin perjuicio de la
profusión de datos que puede hallarse en casi toda la literatura sobre la
época, el propio libro de Larraquy contiene numerosas referencias que
demuestran, como ya es sabido, que la comandancia montonera funcionaba desde
Cuba:
“…Una noche, incluso,
cuando todos estaban pensando cómo irse del país, le pidió a Julia que hiciera
una interferencia desde la losa abandonada del edificio de enfrente del
Regimiento 1 de Infantería de Patricios, de Palermo. Era un pedido que provenía
de la Conducción en Cuba”.[20]
“A juicio de la
Conducción, el salto cualitativo de los conflictos era de tal dimensión que el
mismo Firmenich había reproducido la localización geográfica de cada uno de
ellos en la mesa de arena de la sede de la Comandancia en Cuba”.[21]
“Los pasaportes y
cédulas de identidad de cada miembro serían preparados por la Secretaría
Técnica, establecida en Cuba, bajo la responsabilidad de Firmenich”.[22]
¿Podía una
organización de este tipo instalarse en Cuba, que no es precisamente un país
libre, sin una coordinación de sus actividades con los intereses del gobierno
de la isla?
Más aún, Cristina
Zuker, en su libro: “El tren de la victoria – Una saga familiar”, relata a
propósito de las vicisitudes de algunos militantes de Montoneros y sus
familiares:
“…Los padres de
Marta, Keco y Luisa Libenson, fueron alertados por una carta de la propia
organización sobre la presencia de su nieta en la guardería cubana. Que
llegaron a México y de ahí se trasladaron a la isla. ‘Era normal, por un
mecanismo de seguridad, una suerte de cobertura para ellos. Llegaron a La
Habana en un avión cubano, y los recogieron en la pista para que no quedara
constancia de la entrada en el pasaporte’, me había explicado Susana,
responsable de la guardería La Casita de Carmelo, en la Habana”.[23]
Nadie, que no fuera
el gobierno de Cuba podría disponer de un avión de esa nacionalidad para recoger
personas de otros países y hacerlas ingresar desde la pista, sin el pase
obligado por las oficinas de migraciones; lo cual demuestra la estrecha
cooperación existente con Montoneros.
Por su lado, Juan
Gasparini, en su ya citado libro: “Montoneros: final de cuentas”, ofrece una
larga lista de militantes montoneros que recibieron instrucción en Cuba. Por
los nombres, podemos deducir que esto ocurrió desde los mismos comienzos:
“…Entre otros, el
‘Zapa’ Piotti, Miguel Angel Bustos, Héctor Bruno, el ‘chino’ Prol, Luis
Rodeiro, César Córdoba, el ´Gringo’ Elvio Alberione, Mariano Pujadas, Héctor
Díaz, el `Churio’ Jorge Escribano, los hermanos Suárez, Fernando Vaca Narvaja,
Alberto ‘Chacho’ Molinas, Cecilio ‘Cheche’ Salguero, el ‘pelado’ Baretta, el
exseminarista Orlando `Negro’ Montero, el ‘Chichilo’ Lujàn, Humberto Orlando
‘Hilo’ Anone, Leticia Jordán, Claudio Ehrenfeld, Susana Lesgart, Jorge Raúl
Mendé, María Leonor Papaterra y los primos Cofre procedían en gran parte de la
Agrupación de Estudios Sociales de la Universidad Católica, de la Federación de
Agrupaciones Integralistas de la Universidad Nacional y la Agrupación barrial
‘Eva Perón’. Raúl Clemente Yagger, Fred Mario ‘Freddy’ Ernst, Roberto
‘Palometa’ Pirles, María Graciela de los Milagros Roldán, Osvaldo Cambiaos, ‘La
Vieja’ Ezpeleta, Roberto Cirilo Perdía, Hugo Medina, el ‘Cara de Lápiz’
D’Ángelo, los hermanos del ‘Chacho’ Molinas, Oscar Boe
ro, Raúl Burzaco,
Ulises Amatti, René Haidar y los hermanos Oberlín, casi todos originarios del
‘Ateneo’ universitario o de la Acción Sindical Argentina, de Santa Fé. Varios
de todos ellos obtuvieron instrucción militar en Cuba, como Norma Arrostito,
Gustavo Lafleur y Fernando Abal Medina. He nombrado sólo a quienes ya no viven
(la mayoría), muchos de los cuales murieron heroicamente”.[24]
En otro capítulo de
la misma obra, Gasparini habla incluso de una relación financiera con el Estado
cubano:
“Por cierto, es
imprescindible refrescar que la primera prueba tangible de la inversión de los
Montoneros en Cuba apareció recién al promediar 1996, con las confesiones de
Filiberto Castiñeiras Giabanes, un agente de inteligencia de la revolución de
Fidel Castro, que defeccionó a los Estados Unidos…”[25]
En el reciente libro
sobre el ERP, titulado: “Los Perros – Memorias de un combatiente
revolucionario”, de Luis Mattini, que es el seudónimo de Arnol Kremer -uno de
los jefes del Ejército Revolucionario del Pueblo-, el autor señala:
“Un día del año 1970
un contingente de veinte miembros del Partido Revolucionario de los
Trabajadores (PRT) y combatientes del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP)
partimos para un curso de dos meses en Cuba, entre ellos Hugo Alfredo Irurzún
(Santiago), Carlos Germán (Mauro), Carlos Ferreira (Lucas), Nëlida Augier
(Pola)”.[26]
Esto indica el
interés de Cuba, que por otro lado es público, por involucrarse con la
guerrilla argentina e impulsarla, desde sus mismos comienzos.
En un reciente número
de Le Monde Diplomatique, edición para el Cono Sur, el director para el área,
Carlos Gabetta, reconoce que “Cuba recibió de los países socialistas [es decir;
de la URSS] 80.000 millones de dólares de ayuda en sus primeros 30 años de
revolución, sin incluir la ayuda militar.” Y en algo que parece una extraña
disculpa, agrega:
“En honor de la
Revolución Cubana y de sus dirigentes, debe insistirse en que todo ese dinero
no fue a parar, como ha ocurrido sistemáticamente en las `democracias’
latinoamericanas, a manos de una burguesía corrupta y expoliadora. En Cuba se
utilizó para construir hospitales y escuelas, y para mejorar el nivel de vida
de la gran mayoría de la población. También para un generoso esfuerzo
internacionalista -no sólo en dinero, sino en todo tipo de solidaridad, hasta
el sacrificio de vidas humanas- dirigido a los movimientos progresistas y
revolucionarios de América Latina y el Tercer Mundo”.[27] (El subrayado es
nuestro).
IV.
EVIDENCIAS DE LA COBERTURA Y COLABORACIÓN RECIBIDA POR EL E.R.P.
Los miembros de la
organización terrorista “Ejército Revolucionario del Pueblo”, si bien no
estaban en el gobierno de Cámpora, ni en el de Bidegain y otros gobernadores
afines a la guerrilla, en la medida en la que sí lo estaban los “Montoneros”,
gozaban de cobertura y colaboración pública, así como de la cooperación de
“Montoneros”. También ese grupo terrorista recibió apoyo de Estados
extranjeros, fundamentalmente de Cuba.
Por tanto, por las
acciones del ERP son responsables no sólo los miembros de esa organización
terrorista, sino también los funcionarios de gobierno que, a su tiempo, les
hubieren dado cobertura, y los miembros de la organización Montoneros, por la
colaboración que hubieren prestado.
Evidencia
Nº 6
En la sección II,
Evidencia Nº 1, c), se ha aludido, de acuerdo con citas de Bonasso, a un
funcionario del ERP trabajando para la presidencia de Cámpora, en mayo de 1973.
Evidencia
Nº 7
También Bonasso
reconoce que Montoneros tenía un destacamento en el monte tucumano, “donde la
principal guerrilla ha sido siempre la del ERP”.[28]
Evidencia
Nº 8
Como una evidencia
más de la cooperación entre ERP y Montoneros, debe citarse la cobertura que,
según el propio general Juan Domingo Perón, habría dado el gobernador Bidegain
a los terroristas del ERP que asaltaron el regimiento de Azul, donde cometieron
varios asesinatos y secuestraron al teniente coronel Jorge Ibarzábal, a quien
llevaron a “una cárcel del pueblo”[29]. Tiempo después, como es de público
conocimiento, Ibarzábal fue asesinado por sus captores, lo cual encuadra la
acción en las prescripciones del Estatuto de Roma y de los Convenios de Ginebra
y lo convierte en un crimen de lesa humanidad.
IV.
HECHOS
Ha quedado demostrada
la relación de Montoneros con el Estado nacional, durante 1973, y con el Estado
provincial bonaerense, durante 1973 y 1974. Asimismo, quedó también probada la
relación de esa organización terrorista con Estados extranjeros, como el
Líbano, Siria, Cuba y la Organización para la Liberación Palestina, con status
similar a un Estado; en el caso de Cuba, durante prácticamente toda la
existencia de Montoneros, y en el caso de los países de Medio Oriente,
fundamentalmente desde 1975.
Tales relaciones no
resultan imprescindibles, conforme al Derecho Internacional, para considerar un
crimen en el carácter de lesa humanidad, pero la jurisprudencia de nuestra
Corte Suprema se orienta en el sentido de exigir esa vinculación.
Por tanto, solicito a
V.S. la investigación de todos los hechos que haya producido la organización
Montoneros durante las etapas señaladas. Algunos de esos hechos, por su
carácter emblemático, son citados a continuación, pero ellos no agotan la larga
lista de actos terroristas llevados a cabo por el grupo y con apoyo estatal.
También solicito se
reabra, por donde corresponda, la investigación por el asesinato del teniente
coronel Ibarzábal y se indague también la colaboración que los terroristas del
Ejército Revolucionario del Pueblo hubieran recibido de la organización
Montoneros y del entonces gobernador Bidegain.
1)
Asesinato de José Ignacio Rucci
No existe duda sobre
la autoría de Montoneros respecto del asesinato del secretario general de la
CGT, José Ignacio Rucci, en septiembre de 1973, dos días después de las
elecciones que otorgaron el triunfo a Juan Domingo Perón, pero mientras todavía
estaba en la presidencia Héctor J. Cámpora.
Lo reconoce el ex
montonero Miguel Bonasso, en su ya citado libro “Diario de un clandestino”[30]
y, aunque ahí se desliga de la preparación del atentado, tal aseveración
debería compatibilizarse con sus confesadas funciones de inteligencia, dentro
de Montoneros e incluso mientras revistaba en la Presidencia de la República.
Mucho tiempo después,
Bonasso dijo que ellos -los Montoneros- se equivocaron, pues debieron haber
matado a López Rega, en lugar de Rucci.[31]
José Amorín revela
-como ya se dijo en este escrito- que las armas con las que mataron a Rucci
fueron transportadas en un auto oficial del gobierno de la provincia de Buenos
Aires, donde gobernaba Oscar Bidegain, miembro de la organización Montoneros,
como también se demostró porque participaba de sus asambleas con voz y voto,
incluso en el exterior, como ocurrió en Nicaragua. Más aún, como lo señala
Gasparini, Bidegain era miembro del Consejo Superior de Montoneros, junto con
Obregón Cano.[32]
La militancia
montonera, en las calles, coreaba: “Rucci, traidor, saludos a Vandor”[33]
Por otro lado, Rucci
venía siendo criticado ácidamente por la revista Militancia, dirigida por el
actual Secretario de Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde, a punto tal que el
primer número de esa publicación, en junio de 1973, ya aparece con una foto de
Rucci en la tapa.
En el capítulo
correspondiente al asesinato de Rucci, José Amorín, citando a Roberto Perdía,
atribuye gran importancia a la influencia de esa revista.[34]
2)
Asesinato del padre Carlos Mujica
Juan Gasparini,
también en su momento miembro de Montoneros, reconoce que esa organización fue
la que asesinó al padre Carlos Mujica, fundador del Movimiento de Sacerdotes
para el Tercer Mundo:
“El mayor montonero
Antonio Nelson Latorre, que se jactó en la ESMA de haber sido quien abatió al
capitán Roberto Máximo Chavarri en Ezeiza (y no Horacio ‘Beto’ Simona),
afirmaba muy suelto de cuerpo que fueron montoneras las balas que desplomaron
al padre Mujica en la noche del sábado 10 de mayo de 1974 a la salida de la
capilla de San Francisco Solano. Según él, el hecho se había justificado por la
conducta que tuvo en el último tiempo quien fuera fundador del Movimiento de
Sacerdotes para el Tercer Mundo en la Argentina; evaluándola como próxima a
López Rega, lo que podía despertar ilusiones contrarias a la política de
ruptura con el justicialismo”.[35]
Este reconocimiento
es coherente con las críticas que, otra vez, la revista Militancia hizo contra
el sacerdote, a quien llegó a situar en su sección “Cárcel del Pueblo”; un
lugar donde aparecían personajes que después solían ser asesinados, como
ocurrió con Mujica, una semana después.[36]
3)
Asesinato de Arturo Mor Roig y David Kraiselburd
Producido el 15 de
julio de 1974, también por Montoneros, a la salida de un restaurante en la
localidad bonaerense de San Justo.
“El día 15, un
escopetaza del ‘Gallego Guillermo’ (Eduardo Molinete), jefe de la columna
montonera del oeste del Gran Buenos Aires, fulminó a Arturo Mor Roig, personero
de la Standard Oil y ex ministro del Interior de Lanusse. El 17, Carlos Alberto
Starita, a quemarropa, abatió a David Kraiselburd, director del diario El Día,
de La Plata…” [37]
4)
Ataque al Regimiento de Infantería de Monte 29, de Formosa
Hecho producido el 5
de octubre de 1975, por la organización Montoneros.[38]
5)
Asesinato del general Cesáreo Cardozo, jefe de la Policía Federal
Cometido por una
militante de la organización Montoneros que se acercó y trabó amistad con la
hija del general Cardozo, al solo efecto de tener acceso a la vivienda familiar
y colocar una bomba bajo la cama matrimonial. El atentado ocurrió el 16 de
junio de 1976.[39]
6)
Asesinato del Teniente Primero Oscar Abel Lucioni
No puedo dejar de
mencionar aquí el asesinato por de mi padre, el Teniente Primero Lucioni, que
fuera abatido por la banda Montoneros en un alevoso ataque perpetrado el 21 de
octubre de 1976 a las 07.20 de la mañana. El grupo atacante – denominado por ellos
GEC (Grupo Especial de Combate)- lo integraban seis terroristas armados
comandados por el Oficial Segundo Montonero Ignacio Pedro Ojea Quintana, que lo
acribillaron por la espalda impactándolo con mas de nueve disparos. Mi padre
agonizó nueve días falleciendo en el Hospital Militar el 30 del mismo mes.
7) Todos los hechos
producidos en la “Contraofensiva montonera”, incluyendo los ejecutados en el
Líbano
Se denominó de tal
forma al período en el cual los montoneros en el exilio, tanto desde Cuba como
desde Oriente Medio, pergeñaron múltiples operaciones terroristas en la
Argentina, con apoyo de los Estados que los cobijaban; fundamentalmente entre
1977 y 1980 y, a la vez, contribuyeron a los objetivos terroristas de la OLP
8)
Asociación ilícita
Además de los delitos
específicos que deberán investigarse, corresponde la reapertura de las causas
tramitadas por asociación ilícita contra miembros de la organización
Montoneros.
V.
LESA HUMANIDAD, IMPRESCRIPTIBILIDAD Y NULIDAD DE LOS INDULTOS
Los atentados terroristas
señalados como ejemplo y todos los que hubieren sido cometidos por Montoneros
durante los períodos indicados constituyen crímenes de lesa humanidad y son,
por tanto, imprescriptibles. Asimismo, debe decretarse la nulidad de los
indultos que hubieren beneficiado a miembros de la citada organización
terrorista.
En el caso específico
de Miguel Bonasso, fue beneficiado con el indulto dispuesto por decreto
1003/89, en la causa 5148, tramitada ante el Juzgado Nacional de Primera
Instancia en lo Criminal y Correccional Federal, por asociación ilícita. Ese
indulto fue declarado nulo por el juez federal Daniel Rafecas, el 25 de julio
pasado. Si bien el magistrado tuvo en vista a otros beneficiarios de ese
indulto, que eran militares acusados de violaciones a los derechos humanos,
parece difícil sostener que un decreto pueda resultar nulo para algunos y no
para otros. De cualquier modo, si así se entendiera, solicito la nulidad en
cuanto respecta a Miguel Bonasso y demás miembros de la organización Montoneros
alcanzados por el beneficio.
También deberá
decretarse la nulidad de todos los indultos que involucren a miembros de la
organización Montoneros.
Este pedido tiene los
siguientes fundamentos jurídicos:
1)
Crímenes de lesa humanidad
El Estatuto de Roma
incluye, entre los crímenes de lesa humanidad, la “persecución de un grupo o
colectividad con identidad propia fundada en motivos políticos, raciales,
nacionales, étnicos, culturales, religiosos, de género…”
Los militares, los
empresarios extranjeros, los miembros de la policía, etc., constituyen cada uno
de ellos, un grupo con identidad propia, muchas veces objetivo de atentados por
su mera pertenencia al grupo.
Las proclamas y
manifiestos de Montoneros y ERP están colmadas de referencias a: “militares
asesinos”, “burocracia sindical”, “empresarios explotadores”, etc.
Los empresarios
Salustro o Samuelson no fueron secuestrados por un problema personal entre
ellos y ciertos terroristas, sino por su pertenencia, respectivamente, a Fiat y
Esso, ambas empresas multinacionales.
El asesinato, la
encarcelación, la tortura, la ya citada persecución de un grupo con identidad
propia, etc. son todas conductas con las que el artículo 7 del Estatuto de Roma
define a los crímenes de lesa humanidad, siempre que esos actos se cometan “como
parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con
conocimiento de dicho ataque”.
Inmediatamente, el
mismo artículo se ocupa de aclarar que “por ‘ataque contra una población civil’
se entenderá una línea de conducta que implique la comisión múltiple de actos
mencionados en el párrafo 1 contra una población civil, de conformidad con la
política de un Estado o de una organización de cometer ese ataque o para
promover esa política”.
No cabe duda de que
el conjunto de acciones del grupo terrorista Montoneros, a lo largo de toda su
existencia, implicó:
a) Una línea de
conducta
b) La comisión de
múltiples actos de los mencionados, tales como asesinatos, torturas,
encarcelamientos, persecución, etc.
c) La conformidad con
la política de una organización, que era Montoneros, grupo al cual ellos mismos
llamaban, y aun denominan, la “Organización Montoneros” (véanse múltiples citas
en los nombrados libros de Bonasso).
Esta definición hace
innecesaria la intervención de un Estado para que un delito sea considerado “de
lesa humanidad”. Sin embargo, vemos que también se cumple esta condición.
2)
Crímenes de guerra
El Estatuto de Roma
no sólo define los crímenes de lesa humanidad sino también, en su artículo 8,
los crímenes de guerra y, dentro de esa categoría, los que se cometieren en
conflictos armados de carácter no internacional.
El citado artículo 8
ofrece una lista de ejemplos de crímenes de guerra, casi todos los cuales
encuadran en acciones cometidas por Montoneros:
“En caso de conflicto
armado que no sea de índole internacional, las violaciones graves del artículo
3 común a los cuatro Convenios de Ginebra de 12 de agosto de 1949, a saber,
cualquiera de los siguientes actos cometidos contra personas que no participen
directamente en las hostilidades, incluidos los miembros de las fuerzas armadas
que hayan depuesto las armas y las personas puestas fuera de combate por
enfermedad, herida, detención o por cualquier otra causa:
i) Los atentados
contra la vida y la integridad corporal, especialmente el homicidio en todas
sus formas, las mutilaciones, los tratos crueles y la tortura;
ii) Los ultrajes
contra la dignidad personal, especialmente los tratos humillantes y
degradantes;
iii) La toma de
rehenes;
iv) Las condenas
dictadas y las ejecuciones sin previo juicio ante un tribunal regularmente
constituido, con todas las garantías judiciales generalmente reconocidas como
indispensables.”
Una lista similar
contienen los Convenios de Ginebra, de 1949, que definen los crímenes de
guerra, pero en el “Protocolo Adicional Relativo a la Protección de Víctimas de
Conflictos Armados Sin Carácter Internacional”, en su artículo 4, inciso 2,
menciona expresamente los actos de terrorismo.
3)
Actos de terrorismo
Como ya hemos visto,
la Convención de Ginebra incluye, entre los crímenes de guerra, los actos de
terrorismo. Debemos saber, entonces, qué se entiende por actos de terrorismo.
El “Convenio
Internacional para la Represión de la Financiación del Terrorismo” define al
terrorismo como: “cualquier otro acto destinado a causar la muerte o lesiones
corporales graves a un civil o a cualquier otra persona que no participe
directamente de las hostilidades en una situación de conflicto armado, cuando
el propósito de dicho acto, por su naturaleza o contexto, sea intimidar a una
población u obligar a un gobierno o a una organización internacional a realizar
un acto o a abstenerse de hacerlo”.
Como reconocen
algunos de los ex miembros de Montoneros, citados en sus respectivos libros, el
asesinato de Rucci y el asesinato de Mor Roig -por citar sólo dos de los tantos
ejemplos- tuvieron como propósito, respectivamente, forzar al gobierno
peronista a una negociación y, en el caso de Mor Roig, ese objetivo estaba
dirigido a la UCR.
Por otro lado, existe
una variedad de convenciones que definen tipos específicos de terrorismo, como
la Convención sobre Actos Terroristas Cometidos con Bombas, por ejemplo.
De cualquier modo, y
más allá de toda definición de terrorismo, las acciones descriptas por el
Estatuto de Roma al describir los crímenes de lesa humanidad, y las acciones
enunciadas por el Estatuto de Roma y los Convenios de Ginebra, para catalogar
los crímenes de guerra, coinciden con las acciones llevadas a cabo por la
organización Montoneros; sean o no tales acciones definidas como actos
terroristas.
4)
Imprescriptibilidad
Resta ahora analizar
si los delitos cometidos por Montoneros son imprescriptibles. La conclusión es
muy sencilla, porque toda vez que esos actos constituyen crímenes de guerra y
crímenes de lesa humanidad, se aplica, como su propio título lo indica, la
“Convención sobre Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los
Crímenes de Lesa Humanidad”.
Dicha convención, en
artículo 1, establece que tales actos son imprescriptibles, cualquiera sea la
fecha en la que se hubieren cometido.
Además, sobre la
retroactividad, ya se ha expedido nuestra Corte Suprema, en los casos Priebke,
Arancibia Clavel, Julián y Lariz Iriondo (a contrario sensu).
Se trata, entonces,
de un mero silogismo:
- Las acciones de
Montoneros corresponden a la descripción de delitos de lesa humanidad y
crímenes de guerra (Estatuto de Roma y Convenios de Ginebra), como demostramos
en los apartados 1 y 2 de esta sección.
- Los crímenes de lesa
humanidad y los crímenes de guerra son imprescriptibles (Convención sobre
Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa
Humanidad)
- Los delitos
cometidos por los miembros de la organización Montoneros son imprescriptibles
5)
El papel del Estado
Aunque no están
claros los motivos y, en cualquier caso, no compartimos el razonamiento, la
Corte Suprema exige, para considerar un delito como crimen de lesa humanidad y,
por tanto, imprescriptible, que haya existido intervención del Estado. Así se
expidió en los casos Arancibia Clavel, Priebke, Julián y, de la misma manera,
pero deducida a contrario sensu, en Lariz Iriondo.
También el juez
Canicoba Corral incluyó al Estado iraní en su resolución por la que se pide la
captura de diplomáticos de la República de Irán en la causa AMIA.
Como se ve, no se ha
hecho distinción entre el Estado en la Argentina (Estado Nacional, Estado
provincial, etc.) y un Estado extranjero.
En el caso Lariz
Iriondo, se habla incluso de “eliminación de opositores”; tal como ocurrió
durante el gobierno de Cámpora en el Estado Nacional y Bidegain en la Provincia
de Buenos Aires, con el asesinato de Rucci, por ejemplo.
Durante la
contraofensiva montonera, en cambio, el apoyo fue externo: el Líbano, Cuba y la
Organización para la Liberación Palestina.
La
imprescriptibilidad alcanza, incluso, al delito de asociación ilícita (Cfr.
Arancibia Clavel).
Adicionalmente, y
habida cuenta del reconocimiento del montaje y operación de una fábrica de
explosivos plásticos en el Líbano, en el curso de la confrontación de la
Organización para la Liberación Palestina contra Israel, deberá investigarse
también qué tipo de atentados pudieron haber sido cometidos con esos explosivos
por el terrorismo islámico, ya que también se trata de delitos de lesa
humanidad para los que la organización Montoneros ha prestado una cooperación
activa y fundamental.
Por tanto, se cumple
aun -en el caso de Montoneros- con el requisito exigido en exceso por la Corte
Suprema; es decir, la cobertura o colaboración de un Estado.
Adviértase, por
ejemplo, en orden a la colaboración que pudieron haber obtenido del gobierno
nacional (inteligencia) y del gobierno de la provincia de Buenos Aires
(inteligencia, logística, entrenamiento, etc.), hasta qué punto son aplicables
a la asociación ilícita Montoneros las prescripciones, por ejemplo, del caso
Arancibia Clavel, en el que la Corte habla incluso de la imprescriptibilidad en
los actos cometidos por los particulares y de la imprescriptibilidad de la asociación
ilícita.
En tal sentido, y a
propósito de la asociación ilícita, el Dr. Petracchi, al tiempo que citó un
fallo de la jurisprudencia de los Estados Unidos, se expresó en favor de la
necesidad de “proceder en contra de aquellos que ya han manifestado
suficientemente su disposición al delito, y al mismo tiempo, para actuar frente
a ‘los peligros particulares y constantes que derivan de la actividad grupal’.
Y en otra parte, en
el numeral 56 del voto del Dr. Maqueda, claramente se señala que: “las disposiciones
de la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de
los Crímenes de Lesa Humanidad se aplicarán a los representantes de la
autoridad del Estado y a los particulares que participen como autores o
cómplices o que inciten directamente a la perpetración de alguno de esos
crímenes, o que conspiren para cometerlos, cualquiera que sea su grado de
desarrollo, así como a los representantes de la autoridad del Estado que
toleren su perpetración”.
Esta tolerancia debe
incluir el encubrimiento de los actos cometidos por las bandas terroristas,
toda vez que miembros de la organización Montoneros participaban del aparato
del Estado, durante el gobierno del Dr. Cámpora (incluyendo tareas de
inteligencia) y del Dr. Bidegain y, no obstante no haber podido ignorar la
identidad de los autores de los atentados cometidos en esa época, faltaron a su
obligación de denunciar.
En consecuencia,
deben ser declarados nulos la totalidad de los indultos que hayan beneficiado a
miembros de la organización Montoneros, incluido el indulto al señor Miguel
Bonasso, si se considerara que no le resulta aplicable la nulidad ya decretada
por el señor juez Daniel Rafecas respecto del decreto 1003/89.
VI.
CALIDAD DE QUERELLANTE
Como más arriba lo
expreso, mi padre fue asesinado por la banda terrorista Montoneros, que me dejó
huérfana cuando contaba solamente con un año y medio de edad. Soy por ende
también una víctima de los actos ilícitos de esa banda terrorista, lo que creo
es suficiente argumento como para que se me considere como persona con
capacidad civil particularmente ofendida por un delito de acción pública y,
como tal, se me tenga en esta causa como querellante particular con las
facultades que determina el art. 82 y s.s. del Código Procesal Penal de la
Nación. Simplemente agrego, como ejemplo, V.S., las diversas causas que se
llevan en la Justicia Federal contra militares o policías por la actuación de
estos durante la represión al terrorismo. En las mismas se tiene por
querellante a cualquier ONG o particular que lo peticiona, sin que los
fiscales, en muchos de los casos, hayan dicho “esta boca es mía”. Por ende,
peticiono que se acepte el carácter de particular damnificado que invoco.
VII.
PETITORIO
Por tanto, a V.S.
pido:
a) Tenga por
presentada la denuncia;
b) Ordene la
verificación del material bibliográfico citado;
c) Se me reconozca el
papel de querellante particular
d) Se dé vista al Sr.
Fiscal a fin de que realice el correspondiente requerimiento de instrucción
peticionando la reapertura de las diversas causas que en su momento se
originaron por los ilícitos cometidos por la banda Montoneros y/o ERP-PRT,
disponiendo la reconstrucción de las que no puedan ser halladas, a los fines de
que se afecte a las mismas a los autores, cómplices, instigadores y
encubridores que puedan ser identificados y detenidos.
e) Se libre oficio a
la Embajada de Israel a fin de ponerla en conocimiento de la circunstancia
relatada en la “Evidencia Nº 4º”, a fin de permitir el ejercicio de la
jurisdicción de ese país, si hubiere lugar.
Proveer de
conformidad:
SERÁ JUSTICIA
Ana
M.C. Lucioni
Edgardo
Frola T 34 F 672
FUENTE: http://site.informadorpublico.com/2014/08/13/denuncian-a-ex-miembros-de-montoneros-por-crimenes-de-lesa-humanidad/
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