Por Jorge P. Mones Ruiz
Cuando algunos advertíamos, pocos
años atrás, que la Argentina transitaba “cuesta
abajo en su rodada” hacia un destino caricaturesco o similar al de
Venezuela, no fueron pocos los que nos consideraban alarmistas, carentes de
realismo político o de sostener una falaz percepción de las circunstancias que
caracterizan a los países englobados en el Socialismo del Siglo XXI.
Hoy, esa comparación entre ambos
países bolivarianos (estamos dejando de ser sanmartiniano) es un “lugar común”, al cual apelan muchos políticos y los principales analistas
y periodistas de nuestro país.
Acaba de darse a conocer un Decreto
del Poder Ejecutivo que establece una nueva “Doctrina
de Inteligencia”.
Más allá de la críticas
formuladas desde distintos medios por las nuevas funciones estalinistas y
orwellianas del máximo órgano de inteligencia de la Nación, hay algo que, hasta
ahora, parece haber pasado desapercibido.
El decreto de marras nos cambia
la forma política del Estado que por nuestra Constitución Nacional es
Representativa, Republicana y Federal; el orden constitucional nace allí, y
desde allí se establece que es lo que subvierte o atenta contra él.
Esta nueva doctrina de
inteligencia kirchner-maoísta o “zanninista”
(como prefieran), sostiene: “La
Inteligencia nacional es una actividad que se inscribe dentro del marco del
Estado constitucional, social y democrático de derecho orientada a…”
(Capítulo I – Inteligencia para la Defensa y Seguridad Democráticas). Es,
prácticamente, una burda copia del Artículo 2 de la Constitución de la
República Bolivariana de Venezuela, que define al estado venezolano de la
siguiente forma: “Venezuela se constituye
en un Estado democrático y social de Derecho y de Justicia…”
A partir de estas definiciones,
el orden constitucional a que hace referencia el decreto es similar al
venezolano. Adquiere, pues, coherencia, para esta extraña doctrina de
inteligencia, el establecimiento de nuevos requerimientos informativos y
eventuales acciones represivas de tipo político y económico, según lo
interprete el Poder Ejecutivo.
Por otra parte es claramente
anticonstitucional, ya que un decreto, norma de jerarquía inferior, modifica lo
que establece una norma de carácter superior, la que además, para ser
modificada, requiere de la declaración de una necesidad de reforma puntual, y,
además, avalada por una mayoría especial del Congreso.
Este decreto, al igual que otras
leyes y decretos inicuos de este gobierno, sí es atentatorio contra el orden
constitucional, pero de nuestra Constitución.
Falta poco, si no se evita antes,
para que a los argentinos se nos prohíba exclamar esa expresión popular y tan
nuestra: “Macanudo”. Se nos impondrá
el término caribeño: “Chévere”. Y
entonces… “andá a cantarle a Gardel”,
o en su defecto, al “Comandante Chávez”.
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