Estimados Amigos:
Así como siempre hemos predicado
que la solución al grave problema de las secuelas de la Guerra Civil Limitada
de los años ’70 es “política” y no “jurídica”, también hemos señalado que una “Amnistía”
amplia y generosa, parece ser la mejor solución a la que puede echar mano el
próximo gobierno nacional… pensamos que quienes “lucraron” con el dolor ajeno y
se enriquecieron en forma ilícita, no deben ser objeto de perdón alguno y debe
caerles todo el peso de la ley.
Sinceramente,
Pacificación Nacional Definitiva
por una Nueva Década en Paz y para Siempre
El fraude ideológico sobre el
número de personas desaparecidas esconde
un verdadero fraude económico, que le ha costado una suma sideral al Estado
Como tantas veces señalamos desde
estas columnas, la historia reciente llega hoy desde el relato distorsionado de
quienes han mendazmente optado por dar prevalencia a la ideología por sobre la
verdad. La épica de los derechos humanos
impuesta por quienes nos gobiernan instaló una visión ciertamente parcializada,
ligada al endiosamiento de lo actuado por las organizaciones armadas
terroristas en la década del 70, que justificó indebidamente, entre otras
cosas, la reinserción pública de muchos de sus oscuros protagonistas.
 |
| José D'Angelo |
El fraude ideológico que
pretenden imponernos esconde además un espectacular fraude económico del que
poco se habla. Distintas opiniones se alzaron en los últimos tiempos buscando
aportar a la verdad. El negocio de los derechos humanos fue el título del
reciente libro del periodista Luis Gasulla referido a la estafa, estimada en
750 millones de pesos, detrás de los planes de vivienda del binomio Sergio
Schoklender-Hebe de Bonafini. Por su parte, otro autor, José D'Angelo, presentó un análisis particularmente detallado y
fundamentado con documentación respaldatoria de dos cuestiones clave. Desde su
título, Mentirás tus muertos, este
libro se plantea lo desmesurado del
controvertido número de 30.000 desaparecidos, al tiempo que se ahonda en el custodiado
misterio de los montos destinados a la reparación histórica de las víctimas.
El libro de D'Angelo desmenuza el listado que se anexó en 2006 al informe final
de la Comisión Nacional sobre la
Desaparición de Personas (Conadep) conocido como Nunca Más, publicado en 1984. Reeditado con una sustancial
modificación al prólogo original que escribió Ernesto Sabato y asignaba responsabilidades compartidas a ambos
bandos, la nueva versión promovida por la Secretaría
de Derechos Humanos de la Nación señalaba que el listado original sólo
consignaba desaparecidos y no muertos, por lo que fue "revisado, corregido, ampliado y actualizado".
La reciente obra de D'Angelo detalla que un 28% de los desaparecidos del primer
listado no figuraba en el segundo, ya fuera por inexistentes o por haberse
comprobado que estaban con vida, y que tras 22 años habían surgido 677 nuevos
desaparecidos, lo que arrojaba un total de 7089 personas en situación de
desaparición forzada, a los que se sumaban 1279 muertos. Recordemos que luego
del informe de la Conadep continuó
vigente la posibilidad de denunciar desapariciones.
Podría suponerse que con estos
cambios, la lista revisada de 2006 daría un considerable aumento en el número
de víctimas, pero extrañamente no fue así. El informe de la Conadep registraba 8961 casos de
personas desaparecidas, mientras que en el de 2006, que agregó los muertos, se
llegó a un total de 8368 víctimas. Ante estos guarismos, cabe preguntarse por
qué la misma Secretaría de Derechos
Humanos, en el prólogo de la revisión, vuelve a denunciar que fueron 30.000
los desaparecidos, si uno solo constituye de por sí una tragedia. Agregar casi 22.000 nombres, imposibles de
justificar, argumentando una ausencia de denuncias por temor a represalias,
resulta inconsistente y esconde una aviesa intención, pues convierte el número
en un fraude oficializado. En pos de ubicar históricamente el origen de
aquella cifra, se ha citado tanto a Hebe
de Bonafini como al ex montonero
Luis Labraña en relación con su funcionalidad coyuntural cuando se buscaba
favorecer acciones internacionales que requerían argumentos numéricamente
suficientes para poder hablar de genocidio, eliminación sistemática o
exterminio.
El libro Mentirás tus muertos expone la realidad de quienes, figurando como
desaparecidos en el listado de la Conadep
pero luego aparecieron con vida,
dejaron de figurar en el listado de 2006, como el ex procurador general de la
Nación Esteban Righi, la fallecida ministra de la Corte Suprema Carmen Argibay,
el juez de garantías de Morón Alfredo Meade y el intendente de General Lamadrid
Juan Carlos Pellita, entre los 2549 casos similares que fueron excluidos. Pone
en evidencia las contradicciones surgidas de los nuevos "criterios" adoptados por la Secretaría. Se cuestiona la
inclusión de los que murieron en enfrentamientos armados, pues no figuraban en
el documento de la Conadep, ya que
se sabía que estaban muertos, tal el caso de los fallecidos en el ataque al
regimiento de Formosa y en el intento de copamiento del Batallón de Monte
Chingolo, durante la presidencia de
Isabel Perón, que son catalogados por la Secretaría de Derechos Humanos como víctimas de "desaparición forzada" o de "ejecución sumaria". Se deduce
que este órgano aplicó este último concepto a toda muerte a manos de un
integrante del Estado sin tener en cuenta qué hacía la víctima al momento de su
muerte. No se distingue entre épocas de gobierno constitucional o de facto, ni
si mediaba el ataque a un cuartel, el asalto a un camión de caudales o si en el
enfrentamiento armado el fallecido había dado muerte previamente a un policía,
soldado o civil.
Se incluye así en estos nuevos y
tan cuestionables listados a integrantes de organizaciones que para los
gobiernos democráticos actuaban por fuera de la ley perpetrando todo tipo de
crímenes; también a muertos ejecutados por dictámenes de los tribunales
revolucionarios de las organizaciones armadas de izquierda, al igual que a
quienes se autoeliminaban ante la inminencia de una detención, cumpliendo
órdenes de sus cúpulas, o aquellos que fueron enterrados por sus propios
compañeros de lucha. El registro menciona incluso a quienes caían por impericia
en el manejo de explosivos, como el caso de una niña de 16 años que pretendía
colocar una bomba en una comisaría de Monte Chingolo, cuya identidad sólo pudo
establecerse en 2005, aunque en 2006 figuraba aún como desaparecida. Hasta se
incluyó a fallecidos en el exterior como Hugo Irurzún, asesinado por la policía
paraguaya en una persecución en Asunción, acusado del asesinato del dictador
nicaragüense Anastasio Somoza. No menos llamativa, por lo incomprensible, es la
inclusión de casos como el de Eduardo Luis Aulet, víctima del clan Puccio en
1983, en un conocido caso de delincuencia común.
Los listados del anexo de 2006
difieren de aquellos de 1984 desde lo conceptual, pues responden a una
filosofía política claramente diferente, según la cual toda muerte de un
guerrillero sería condenable y, por ende, reparable, más allá de las
circunstancias en que se hubiera producido.
Las llamadas leyes
"reparatorias" dictadas por los gobiernos de Carlos Menem y Néstor
Kirchner con el fin de subsanar los atroces errores y excesos cometidos en la
lucha contra la guerrilla de la década del 70 fueron objeto de una discrecional
interpretación. Sus reglamentaciones evidenciaron una clara voluntad de
flexibilizar, hasta límites risueños, los medios de prueba requeridos para la
obtención de los beneficios, dejando en manos de funcionarios de la Secretaría
de Derechos Humanos las decisiones finales.
Una de sus más controvertidas
reglamentaciones establecía que figurar en el listado de la Conadep resultaba
suficiente para que la Secretaría emitiera un "certificado de denuncia de
desaparición forzada" que permitía, a la víctima o a sus allegados,
acogerse por única vez a un beneficio equivalente al sueldo más alto de la
administración pública multiplicado por cien. Curiosamente, la norma no preveía
devolución alguna ante tantas reapariciones con vida. Es así como D'Angelo,
luego de recorrer infructuosa y reiteradamente distintas reparticiones públicas
consignadas en el libro en busca de información fidedigna, termina por
preguntarse cuántos han sido los que accedieron a la suma actualizada
resultante de 240.000 dólares por la desaparición de otro que figuraba con un
seudónimo o un simple "número de Actor" en el informe de 1984, aun
cuando, por confirmarse que no estaba desaparecido, haya sido suprimido en el
informe de 2006.
De los más de 13.000 reclamos,
7800 obtuvieron resolución favorable según da cuenta el Centro de Estudios
Legales y Sociales (CELS), armando una auténtica industria de la indemnización
por derechos humanos que favoreció tanto a funcionarios como a abogados
inescrupulosos. Muchos fueron los millones de dólares pagados y ocultados hasta
hoy con la sola intervención de un área del Estado, la sospechada e
infranqueable Secretaría de Derechos Humanos. Tantos que el autor del libro
citado estima que, a valores de hoy, estaríamos hablando de algo así como 1800 millones de dólares salidos de las arcas públicas con este fin.
La falta de transparencia en el
manejo de los fondos del Estado que caracterizó los últimos 12 años involucra
también los millonarios montos destinados al pago de estas "reparaciones
compensatorias" tan arbitrarias. No cabe entonces ninguna duda sobre cuán
conveniente resulta mantener triplicada la cantidad de desaparecidos para
justificar el oscuro destino de tan cuantiosos recursos negándose a dar
información sobre éstos.
Documentos como los comentados
son de un enorme valor en tanto permiten cotejar las diferencias entre la
realidad y el relato. Somos los adultos quienes, además de recordar, debemos
alentar a los jóvenes para que ahonden en las verdades históricas a través de
registros fehacientes de tristes épocas pasadas. Sólo entonces podrán arribar
por el camino de la verdad a conclusiones ciertas que dejan al desnudo las
verdaderas intenciones de quienes pretenden tergiversar la historia con
espurios fines.
NOTA: Las imágenes y destacados no corresponden a la nota
original.
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