Cuando las Fuerzas Armadas tenían
el poder, las garantías de los detenidos se perdían en los reclamos de las
organizaciones de derechos humanos. Hoy la realidad invirtió los papeles y, con
una edad promedio de 73 años, los militares que cumplen condenas o están
procesados por delitos de lesa humanidad en la dictadura denuncian que no se
cumple el principio de igualdad ante la ley.
No hay salidas transitorias, no
pueden trabajar en la cárcel, no hay libertad condicional y son muy limitadas
las detenciones domiciliarias, contempladas para la población carcelaria mayor
de 70 años. Se les niega el derecho a estudiar carreras universitarias, como sí
lo pudieron hacer Sergio Schoklender y unos 1300 presos en unidades
penitenciarias federales, denuncian sectores cercanos a los militares
detenidos.
Desde que Néstor Kirchner reabrió
en 2003 los juicios por delitos de lesa humanidad, 2054 militares y civiles
pasaron por los tribunales. De ellos, 644 están condenados (294 cumplen la pena
en prisiones comunes) y hay 1095 procesados (320 en penales comunes). A ellos
se suman 315 muertos "en
cautiverio", según la estadística que lleva la Unión de Promociones,
constituida en 2005 para "incidir
ante la opinión pública para el esclarecimiento de la verdad histórica
completa", detalló a LA NACION el coronel retirado Guillermo Viola.
Viola no duda en señalar que los
detenidos son presos políticos y estima que "todo
está teñido de una grosera venganza ideológica".
"La deshumanización del derecho contrarió todos los principios penitenciarios,
de los cuales la Argentina siempre fue líder", advirtió el abogado
Ricardo Saint Jean, cuyo padre -el general Ibérico Saint Jean, ex gobernador
bonaerense de facto- murió a los 90 años en octubre de 2012, con una severa
crisis cardíaca e inmovilizado y en silla de ruedas. Falleció en medio de una
fuerte puja con el Tribunal Oral Federal N° 1 de La Plata, que le negaba la
detención domiciliaria por "peligro
de fuga", a pesar de que informes forenses decían que no estaba en
condiciones de afrontar un juicio.
En diálogo con LA NACION, Saint
Jean lamentó que los jueces hayan dejado de lado "la filosofía de la penitenciarista española Concepción Arenal,
citada por la Corte Suprema en el hábeas corpus que el periodista Horacio
Verbitsky presentó para denunciar el estado de las cárceles en la provincia de
Buenos Aires".
"A este grupo de detenidos se les aplica un derecho de segunda.
Los expedientes de las causas de derechos humanos llevan un sello rojo para
identificarlos y mostrar que deben tener un tratamiento distinto",
explicó. E insistió en que "sólo a
este grupo no se le aplican los principios de legalidad y de inocencia, el
criterio de la ley más benigna ni la irretroactividad de la ley penal".
Saint Jean cuestionó la doctrina
aplicada por la Corte Suprema. En rigor, el criterio que impide la prescripción
está fijado en la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de
Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad. La Corte lo aplicó por primera vez
en 2004, en el fallo Arancibia Clavel. Los militares detenidos lo rechazan
porque el principio no regía cuando se produjeron los hechos.
SALUD DETERIORADA
Donde más sienten los familiares
de los detenidos la fragilidad del sistema es en la atención de la salud. "Hay 300 presos políticos con más de 80
años y 460 tienen entre 70 y 79", dijo Viola. "Como muchos todavía afrontan juicios, cada vez que tienen que
presentarse en el juzgado los despiertan a las cuatro de la mañana, los llevan
esposados en camiones que pasan por distintos penales (Marcos Paz, Ezeiza,
Villa Devoto). Muchos no tienen estabilidad y hay quienes se hacen encima.
Llegan al tribunal en condiciones deplorables", relató.
Las visitas son fragmentadas y no
pueden recibir a todo el grupo familiar. En Marcos Paz, por ejemplo, los
hombres pueden ir de 8.30 a 11. Las mujeres, lunes y jueves, de 14 a 17. Sólo
pueden ir los fines de semana si presentan certificado de trabajo.
"El 60% de la justicia federal está abocado a investigar hechos
que ocurrieron hace 40 años y para ello se gastan más de 6000 millones de pesos
por año", precisó Aníbal Guevara, hijo del teniente coronel Aníbal
Guevara Molina, condenado por detenciones y privación ilegítima de la libertad
cuando tenía 23 años, hechos similares a las acusaciones contra César Milani,
ex jefe del Ejército, que nunca fue citado a declarar.
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