08/09/15 Por Mauricio Ortín
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Delfor Brizuela |
Otra
noticia, dice: El Ministerio de Educación de La Rioja inició un sumario a la
directora del Colegio Joaquín V. González -ex Colegio Nacional de La Rioja- y
profesora de historia, Alicia Romero, y la
profesora de Formación Ciudadana Fernanda Mejías, a partir de una
denuncia presentada como un recurso de queja ante el Ministerio y la
Secretaría de Derechos Humanos.
Pues
bien, en relación a lo anterior me surgen las siguientes inquietudes:
- Si entre las funciones de la Secretaría de DD.HH. provincial se encuentra la de controlar el pensamiento de los profesores.
- Si es así, entonces, ¿Dónde está estipulado lo que le sea permitido o no decir a un profesor en clase?
- ¿Por qué, según el titular de la Secretaría de DD.HH. de La Rioja, que un docente mencione como “guerrillero” a un guerrillero constituye “apología del delito”? ¿Existe una ley que condene tal cosa o es la Secretaría de DD.HH. la que decide al respecto?
- ¿Los profesores argentinos estamos obligados a sostener ante nuestros alumnos la falsedad de que, en los ’70, aquí se produjo el “genocidio más atroz de nuestra historia” y que los subversivos eran víctimas inocentes asesinadas por pensar distinto? ¿Tenemos, por ejemplo, que negar o mentir acerca de los copamientos de cuarteles, los secuestros extorsivos, los asesinatos de sindicalistas, políticos, militares, policías, niños y empresarios, llevados a cabo por las bandas a las que Juan Perón (máximo líder del partido que gobierna hoy La Rioja y la Argentina) llamó a exterminar?
- Los asesinados por la subversión, ¿no merecen tener un día en que se los recuerde? A la niña María Cristina Viola (de tres años cuando fue asesinada), a Paula Lambruschini (quince años), a los diez soldados formoseños veinteañeros acribillados y tantos policías, políticos y empresarios asesinados por los guerrilleros, ¿se les debe negar el derecho humano de ser recordados?
No
soy especialista en Derecho, ni mucho menos, pero la conducta del secretario de
DD.HH. de La Rioja tiene toda la apariencia de constituirse en una actitud de
censura y de persecución política, desde
y con el aparato del Estado, contra una ciudadana cuyo presunto delito ha
sido “pensar
diferente” de lo que el señor secretario
considera correcto. Reviste más
gravedad aún la circunstancia de que sea, justamente, la Secretaría encargada
de velar porque se respeten los DD.HH. la que haga suya la denuncia contra la
profesora Fernanda Mejías. Párrafo aparte merece la medida del Ministerio de
Educación riojano de iniciarle sumarios administrativos a las profesoras Alicia
Romero y Fernanda Megías. La persecución, desde el Estado, contra un colectivo
de personas por su forma de pensar se considera crimen de lesa humanidad y no
prescribe.
En
el país hay profesores de filiación
marxista, populista, liberal, peronista, radical, desarrollista y de otras
diversas ideologías y doctrinas.. Están los que defienden el gobierno de Juan
Manuel de Rosas y los que lo desacreditan. Los hay, también, quienes reivindican la actuación del ERP, Montoneros
y otras bandas que se levantaron en armas contra el gobierno constitucional de
Perón. La gran mayoría de los profesores
mencionados no está dispuesta (creo) a aceptar directivas sobre lo que es políticamente correcto pensar
proveniente de un Comisario del Pensamiento Político, venga éste de donde
viniere y así se presente con el pomposo
título de Secretario de DD.HH. de La Rioja.
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