Julio Poch completó cinco años de prisión preventiva y
ahora es juzgado en la mega causa ESMA
II. El juez Sergio Torres dictó el auto de procesamiento en su contra y la
Cámara integrada por los jueces Irurzun y Freiler, lo convalidó. . El
expediente se inició por una denuncia de Tim Weert, compañero de trabajo de
Poch, según la cual éste le relató que habría sido partícipe de “los vuelos de la muerte” en los que se
arrojaba terroristas al mar. Weert no afirmó categóricamente que Poch haya
dicho que tuvo participación directa sino que a él le “dio la impresión que él mismo había estado involucrado”. Ello
habría sucedido en el año 2003, mientras un grupo de pilotos de la aerolínea
holandesa Transavia cenaba en la isla de Bali.
Weert presentó la denuncia en el
año 2006. En diciembre de 2008 el juez
Sergio Torres viajó a Holanda para tomar
declaración a Weert. Éste ratificó a medias sus dichos. Declararon
también otros que o, participaron en la cena o trabajaban con Poch. Ninguno de
ellos afirma que Poch se involucró como partícipe en los “vuelos de la muerte”. Sin embargo, el solo testimonio ambiguo de
Weert expresado en holandés (un idioma extraño para el interrogador) fue
suficiente para que el juez instructor,
Sergio Torres, solicitara la extradición y el procesamiento de Julio Poch. No
existe absolutamente nada más en la causa que vincule al ex marino con el
delito que se le atribuye. Es más, el mismo juez instructor refiriéndose a
dicho testimonio, sostiene: “dicha prueba
testifical es una parte muy importante de esta valoración, podría decirse que
es su núcleo central”. El voluminoso auto de elevación a juicio, de
1130 fojas, abunda en lo sucedido en la
ESMA durante el gobierno militar y en los testimonios sobre lo que
supuestamente habría dicho Poch en esa cena. El objetivo principal del juez
pareciera que es probar que Poch, efectivamente, dijo que participó de “los vuelos de la muerte” en lugar de
probar que Poch, efectivamente, participó de esos vuelos. Cinco años de cárcel
como consecuencia de que alguien dijo lo que supuestamente dijo, y él lo niega,
constituye una atrocidad que subleva a la razón práctica. Con similar argumento
se podría meter preso y juzgar a cualquiera. Bastaría con declarar que el
teniente fulano me dijo que mató a un subversivo y listo. Torquemada era más sutil.
Por otro lado,
resulta escandaloso que los mismos jueces federales que son capaces de actuar
con la velocidad de Aquiles en las causas de lesa humanidad contra militares
diligenciaran como tortugas las miles de denuncias por corrupción efectuadas
contra los funcionarios durante kirchnerato. Los números son abrumadoramente
elocuentes. Los militares condenados por delitos de lesa humanidad son más de
600 y los procesados (muchos con prisión preventiva[1])
más de dos mil. En contraste brutal los mismos jueces y fiscales federales no
investigaron ni condenaron ni a un solo corrupto. Tuvieron que esperar doce
largos años para que, con el cambio de gobierno, procesaran y detuvieran a
Jaime y a otros pocos. Y eso que, no en Holanda sino aquí nomás, pruebas, y no
sólo dichos de terceros, hubo y hay en notoria abundancia. Cuesta creer que a esta persecución infame el
Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti, la caracterice como “Política de Estado” y, también, que el secretario de DD.HH. de la
gobernadora Vidal, Santiago Cantón, la considere ejemplo mundial.
Porque pocos actos
son más viles que encarcelar a inocentes, la ciencia del Derecho ha dedicado
sus mejores esfuerzos para sortear tamaña injusticia. El Estado argentino los
ignora olímpicamente y opta por la barbarie vengativa.
"Si estás de
acuerdo, por favor difunde por mail y comparte en Twiter y Facebook.
No tenemos otra
manera de difundir y presionar sobre esta infamia".
NOTA:
Las imágenes y destacados no corresponden a la nota original.
[1] Se les niega el beneficio de
la prisión domiciliaria a muchos ancianos mayores de 70 años y algunos enfermos
graves… es una sentencia de muerte en prisión.
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