La saña contra el
doctor Jaime Smart, respetado hombre del derecho, es una muestra contundente de
abuso del poder estatal en violación del marco legal
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| Dr. Jaime Smart |
"Dadme una
persona y yo le encontraré un delito"
es la frase atribuida a Andrey Vyshinsky, el temido procurador general de la
URSS (1935), la perversa mente creativa detrás de la gran purga que llevó a
cabo José Stalin, mediante los célebres juicios de Moscú. Se trataba de falsos procesos públicos, con sentencias
condenatorias preestablecidas, para así eliminar a sus enemigos políticos,
presuntamente respetando las formalidades procesales. Vyshinsky recomendaba
a sus fiscales y a los jueces, guiar sus investigaciones y sentencias conforme
una "perspectiva social más amplia".
Es decir, que cada caso debía ser juzgado en el "contexto" de la doctrina marxista de la lucha de clases.
Como resultado, en esos juicios no era
necesario respetar las garantías del debido proceso legal ni los principios de
la presunción de inocencia, la irretroactividad de la ley, el nulla poena sine
lege o el derecho de defensa, sino que bastaba determinar que el imputado
había sido reticente en adherir a la sociedad sin clases o insistente en
conservar sus hábitos burgueses. O simplemente, por razón de Estado: cuando el
Partido Comunista considerase útil el dictado de condenas ejemplares para
educar a la población en lo que consideraba el recto camino. Es realmente
notable que la teoría del "contexto"
como factor de atribución penal para condenar sólo sobre la base de
presunciones, haya sido también copiada,
80 años más tarde, por algunos miembros de nuestro Poder Judicial que militan
en la agrupación Justicia Legítima.
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| Andrey Vyshinsky |
Como los métodos de
los totalitarismos siempre convergen, cabe recordar que durante la Alemania
nazi fue creado el Volksgerichtshof o tribunal del pueblo, que también edificó
farsas judiciales para condenar a los enemigos del nazismo en función del "contexto" en que los
imputados habrían actuado. Sobre la base de presunciones de corte ideológico,
miles de alemanes sufrieron la pena capital con el argumento de que ponían en
peligro al Tercer Reich, no obstante que los delitos no estaban tipificados ni
existían pruebas de culpabilidad. No sorprende que el presidente del Tribunal
fuese el gélido Roland Freisler, admirador declarado del ruso Vyshinsky, a
pesar de lo sucedido en Stalingrado.
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| ex juez Carlos Rozanski |
En
la Argentina se llevan a cabo cientos de juicios de lesa humanidad contra
militares que intervinieron en la guerra antisubversiva.
Sin embargo existe un solo caso de un civil condenado a prisión perpetua. Se
trata del doctor Jaime Smart, quien fue ministro de Gobierno en la provincia de
Buenos Aires durante la dictadura militar y, por tal razón, la Justicia le
atribuyó, sin probarlo más allá de toda duda razonable, haber sido ideólogo de
un plan de exterminio de la población civil durante aquel período. Smart fue condenado por el Tribunal Nº 1 de
La Plata, presidido por el escandaloso ex
juez Carlos Rozanski, quien renunció a su cargo para evitar enfrentar las
gravísimas denuncias que se habían acumulado en su contra en el Consejo de la
Magistratura.
Al igual que en los
juicios de Moscú, Rozanski dispuso
realizar las audiencias en un teatro, para dar cabida a intimidatorias barras
de militantes que convirtieron una actuación judicial independiente en un circo político, con cánticos
amenazadores más próximos a la violencia que a la razón y al derecho. Smart fue
condenado, no obstante que en el juicio a los comandantes quedó probado que la
policía de la provincia de Buenos Aires no dependía operativamente del
Ministerio de Gobierno, sino del Primer Cuerpo de Ejército. Por tanto, la
gestión de Smart se limitó al ejercicio de las competencias civiles de su
ministerio. El tribunal recurrió a Vyshinsky, sin nombrarlo, y adoptó la
doctrina del "contexto",
señalando que bastaba que Smart hubiese "integrado el aparato organizado del
poder represivo, con independencia del tipo de intervención que hubiese
tenido".
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| "Isabelita" y "el Brujo" |
La saña contra Smart
tiene un claro sentido de venganza, pues en los años setenta, este respetado
hombre de derecho integró la Cámara
Federal en lo Penal que juzgó a los terroristas que asolaban el país aplicando
el Código Penal. Pero su esfuerzo fue abandonado cuando asumió la
presidencia Héctor Cámpora, quien de inmediato dispuso la liberación de presos
de las cárceles. Tal fue el clima de terror a partir de 1973, que María Estela Martínez de Perón ordenó "aniquilar" a aquéllos, dejando de lado al Poder Judicial y
encomendando la tarea a los efectivos parapoliciales de la Triple A. El
tribunal que integró Smart fue un intento de aplicar el debido proceso legal a
quienes atentaban con violencia contra el orden público en democracia y la
forma más adecuada de encarar la tragedia de la lucha armada.
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| Diké, diosa de la justicia |
Ya han pasado 33 años
desde la instauración de la democracia. En ella, la Justicia debe actuar en forma legítima, respetando el debido proceso
legal y las garantías constitucionales. De lo contrario, aunque se denomine
legítima, es sólo una torpe puesta en
escena con fines políticos e ideológicos. Y si los delitos de lesa
humanidad se juzgan conforme la ideología o la política, dejan de ser delitos y
pierden su carga humanitaria. Como lo hemos dicho reiteradamente desde estas
columnas, si las garantías constitucionales son soslayadas en nombre de la
liberación, el socialismo nacional o del hombre nuevo, como hicieran Vyshinsky
y Freisler, no será en el ámbito de Diké, diosa de la justicia, sino en el de
Némesis, diosa de la venganza.
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| Némesis, diosa de la venganza |
Hace más de ocho años
que Smart se encuentra detenido -los últimos en Marcos Paz y en Ezeiza- a pesar
de haber superado los 80 años, habiendo alegado infundadamente el tribunal
presidido por el renunciado Rozanski, que existe "peligro de fuga". Y, más tarde, dado lo absurdo de esa
causal, alegándose el riesgo de que Smart pudiese utilizar su "ascendiente" personal sobre "estructuras aún subsistentes"
de personas con afinidad a la extinguida dictadura militar.
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| jueza Ana María Figueroa, de Justicia Legítima |
Como las causas han
sido apeladas, ahora la Cámara de Casación se encuentra considerando el caso.
Ha correspondido la intervención de la Sala I, presidida por la jueza Ana María
Figueroa, de Justicia Legítima, a quien secundan como subrogantes Gustavo
Hornos y Mariano Borinsky. Cabe ahora recordar que el fundamento utilizado en
la Argentina para distinguir el "terrorismo
de Estado" del accionar de las bandas subversivas se refiere al abuso
del poder coactivo del Estado contra ciudadanos, cuando su finalidad es el bien
común, actuando conforme a la ley. Ese argumento tiene una contracara y
conlleva una obligación simétrica: todos
los órganos del Estado, y no solamente el Poder Ejecutivo, deben apegarse a
derecho. Y los jueces -con más
razón- están obligados a dejar de lado
tanto la política como la ideología, confirmando así que en nuestro país se
ha dado vuelta la peligrosa página de la parcialidad. Es de desear que nunca
más asistamos a un abuso del poder estatal fuera del marco legal como el que
hace años viene sufriendo Smart.
NOTA:
Las imágenes y destacados no corresponden a la nota original.
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