En
la Argentina hay presos políticos, más allá de lo que afirme el 'relato' emergente de los tiempos K (que
incluyen a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que aceptó como
constitucional aún aquello que no lo es). Es menester resolver la cuestión de los
presos políticos, y cerrar una etapa de rencores que ni siquiera se pueden
despejar en el contexto elegido por los K y sus simpatizantes. Hasta ahora,
Mauricio Macri evitó abordar el tema, probablemente a causa de otras
prioridades, pero no puede ignorarse la existencia del problema. Como un aporte
al Presidente de la Nación, aquí algunas elucubraciones:
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| A 40 años de los acontecimientos casi 500 personas continúan detenidas en cárceles comunes y una 600 en prisión domiciliaria. |
A diferencia de
Irlanda, España, Uruguay o Sudafrica, Argentina sigue sin resolver las secuelas
de los enfrentamientos de la década de los 70. A pesar de no pocos intentos
llevados adelante por instituciones religiosas y ONGs, la postura de los
llamados organismos defensores de los derechos humanos, continua pregonando la
teoría de “los santos inocentes” que
se resume burdamente en que en el país no existió ninguna confrontación armada,
solo militares (y civiles) que salían por las calles a secuestrar y matar gente
inocente.
No es relevante que
las organizaciones armadas publicaran sus atentados bajo el rótulo de “partes de guerra” (lo que llevaría a
pensar que ellos se suponían “en guerra”)
o se retrataban en uniformes ad hoc, publicaban sus jerarquías e insignias y
escribían un código de justicia; a pesar de estos elementos y muchos otros una “justicia tuerta” insiste en que solo
las fuerzas armadas cometieron crímenes a los que post-facto llamaron de “lesa humanidad”.
Argentina es, hasta donde sabemos, el único país del
mundo que “anuló” una ley que fue
aprobada por el Congreso de la Nación, cumpliendo todas las condiciones que
marca las constitución. A nuestro entender, una ley que fue aprobada y
promulgada se puede “derogar”
mediante otra ley, también aprobada por el Congreso, lo que implica que sus
efectos caducan, a futuro, pero no se puede anular pretendiendo que nunca
existió.
A esto se suma que a
lo largo de los años se generó un verdadero “negocio”,
una especie de “Derechos Humanos S.A.” que mueve
millones, no solo en las misteriosas indemnizaciones, que permanecen secretas,
sino en inmuebles, cargos, presupuestos, logística etc., todo financiado por el
Estado Argentino.
Estos son algunos de
los factores que hacen tan difícil encontrar la solución a un tema que son
muchos los que prefieren ignorar; en base al mito que no existe solución
posible cuando en realidad, de existir voluntad política, son muchas las cosas
que se podrían hacer y corregir con auxilio de la ley.
Por ejemplo, en todo
juicio criminal, es la fiscalía la que corre con la “carga de la prueba”, porque según la ley existe la presunción de
inocencia. En los casos de los acusados por la violencia de los años 70,
comencemos por señalar que sus
expedientes circulan por los tribunales con un gran sello rojo que se lee
“LESA” (¿no será discriminatorio?) y en la práctica es el imputado el que debe
demostrar su inocencia, por cuanto la mera acusación es indicio
suficiente y muchas veces se acompaña, sin más con la prisión preventiva.
Una persona acusada
de un crimen puede ser mantenida en prisión preventiva, sin juicio, dos años,
que excepcionalmente se pueden prolongar un año más cuando existan razones
fundadas. Se conocen en el ámbito de “lesa”
prisiones preventivas de más de 10 años, siendo cosa común hablar de 5,7 o 9
años.
No son pocos los detenidos de más de 80 años en estas
causas, a pesar que deberían eventualmente estar en prisión domiciliaria y que
en los delitos comunes es difícil encontrar detenidos que superen los 65 años.
Hoy el promedio de edad de los acusados “de
lesa” supera los 75 años.
Para comienzos de 2017 son casi 400 personas las que
murieron en prisión y la cuenta sigue aumentando.
Existen múltiples
casos bien documentados de testigos que fueron cuidadosamente preparados antes
de su testimonio, como así también de impedimentos que el tribunal impone a las
defensas para cuestionar a los testigos, so pretexto que se los estaría “victimizando” si se pone en duda sus
dichos.
Miembros de los
tribunales de justicia que en el pasado lo fueron de las organizaciones armadas
y que aún así no se duda de su objetividad y los intentos de recusación suelen
caer en saco roto.
Otro dato para la reflexión, en el ámbito de los
tribunales de apelación sobre 190 acusados, solo 20 fueron encontrados
inocentes y más de un 35% recibió como pena la cadena perpetua.
A 40 años de los acontecimientos casi 500 personas
continúan detenidas en cárceles comunes y una 600 en prisión domiciliaria.
Hasta el día de la
fecha todos los intentos para llevar ante la justicia a los miembros de las
organizaciones armadas no dieron fruto alguno y no pocos han dado amplio
testimonio de los crímenes cometidos en la seguridad que permanecerán impunes.
¿Existe una solución
mágica? No la hay, pero la aplicación de la ley en forma equitativa y sin
tolerar presiones mediáticas, ya sería un paso muy importante.
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